Nueva reforma agraria neoliberal y multiculturalismo. Territorios indígenas, un derecho vuelto a negar

Resumen

En México, las «recomendaciones» en materia agraria emitidas por el Banco Mundial fueron plasmadas fielmente en las reformas legislativas aprobadas en 1992. Con estos cambios se ha pretendido otorgar certeza jurídica a los grandes inversionistas, a las inmobiliarias y trasnacionales, a través de diversos mecanismos como la desincorporación de la tierra del régimen social y su conversión en propiedad privada. Pilares de este proceso han sido los programas PROCEDE y PROCECOM, que han certificado y titulado algo más de 90% del total de los núcleos agrarios de nuestro país.
Una demanda reiterada del movimiento indígena impulsada principalmente a partir del levantamiento zapatista es la modificación del artículo 27 constitucional, en particular lo que refiere al reconocimiento del derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales. Un referente jurídico importante al que ha aludido el movimiento indígena es el Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por el gobierno mexicano en 1990.

En 2006, en la Cámara de Diputados se discutió una Iniciativa de una nueva Ley Federal Agraria en la que se proponía que los ejidos y comunidades que así lo desearan pudieran acogerse al procedimiento establecido para que sus propiedades fueran declaradas Tierras Indígenas, sin embargo, no se instituyó como nuevo régimen de propiedad ni se contempló el contenido jurídico de territorio señalado en el Convenio 169. Precisamente, en este trabajo intentaremos aportar algunos elementos que contribuyan al análisis sobre los alcances legales de esta Iniciativa.