En el año 2005 el PROIMMSE IIA UNAM, en combinación con la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica México, RELAJU, organizaron el congreso «La antropología jurídica en México». El objetivo central consistía en la realización de un balance crítico sobre los aportes y retos de la antropología jurídica, con el fin de destacar y discutir los grandes temas y problemas que han alimentado el debate de esta disciplina así como las nuevas perspectivas que entonces se planteaban. El evento perseguía dos fines fundamentales: el primero de ellos constituiría en sí el encuentro preparatorio al IV Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica que tendría lugar en el estado de Oaxtepec, Morelos, México, en el año 2006 —véase la memoria en CD-ROM de dicho evento publicada en octubre de 2006—; el segundo consideraría la posibilidad de publicar en esta revista digital los aportes del precongreso RELAJU México.

Este documento pretende mostrar una problemática macrosocial al considerar la construcción de derechos humanos religiosos y de los pueblos indígenas en los ámbitos internacional y nacional, y cómo son o no retomados por las instancias nacionales no solo para la solución de conflictos religiosos sino también para garantizar los derechos humanos religiosos de los pueblos indígenas. Desde esta perspectiva interesa también, a la luz de los conflictos religiosos, observar cómo son ejercidos los derechos políticos y sociales por los indígenas y si los operadores de la justicia los toman en cuenta.

El entender la consulta como derecho ciudadano que conlleva el consentimiento previo e informado sobre temas que afectan a la ciudadanía, y sobre todo como derecho colectivo de los pueblos indígenas, incluidos los de México, no ha sido desarrollado hasta el momento. La intención de este trabajo es argumentar la necesidad del reconocimiento de este derecho y cómo en la práctica los pueblos indígenas han sido afectados en sus territorios al no ser consultados. En el mismo sentido, se hace un análisis que toma como referentes el Convenio 169 para Pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente se comparte una propuesta de consulta a pueblos indígenas.

La cuestión a dilucidar es la ética que debe prevalecer en el desempeño antropológico, un tema que si bien tiene fuentes filosóficas subyace en la antropología de la manera en que ésta se acerca al problema de estudio. El texto que se presenta intenta ubicar una posible relación entre la ética, la antropología, los derechos humanos, y la política, frente al «problema del otro», con el fin de acercarlo al contexto mexicano desde los postulados de Enrique Dussel en su Introducción a una Filosofía Latinoamericana de la Liberación. ¿Qué relación existe entre ética y antropología? ¿Cuál debe ser la conducta ética del antropólogo? ¿Es posible una ética o debemos considerar muchas éticas dada la diversidad cultural? ¿Los derechos humanos son —como propuesta de valores— universales o esto es un imposible? ¿Existe una ética para la política frente a la diversidad?

El estudio de las comunidades indígenas en la búsqueda de la descripción de sus sistemas normativos, en México, al menos, muestra que el tema de la propiedad es central para entender el contenido de estos sistemas. El pensamiento antropológico, en cambio, dejando de lado la estructura social, en este caso la no propiedad sobre la tierra, quiere encontrar la explicación de la normatividad propia de esas comunidades en el sentimiento de pertenencia a la comunidad. El análisis de las normas relacionadas con el control sobre la tierra muestra que ese sentimiento comunitario tiene que ser explicado al mismo tiempo, y eso solo puede hacerse a partir del estudio de las relaciones sociales propias de una sociedad agraria no capitalista. Por otra parte, no cabe dejar de decirse que el contenido de la normatividad comunitaria es lo que explica la pervivencia de la comunidad, y de igual manera explica la terquedad y la fuerza conque los sabios de esas sociedades insisten en la conservación de su modo de vida —es decir, de sus normas— para reproducirse como comunidades que intentan pervivir al margen de la sociedad capitalista, a la cual ven como
enemiga de esa pervivencia. En suma, la propuesta dice: no se puede explicar el contenido de las normas observadas en las comunidades sin recurrir a las formas de control sobre la tierra. La actitud comunitaria, ese sentimiento de pertenencia, es una necesidad en orden con la reproducción de su vida, determinada primordialmente por el control sobre la tierra.

En México, las «recomendaciones» en materia agraria emitidas por el Banco Mundial fueron plasmadas fielmente en las reformas legislativas aprobadas en 1992. Con estos cambios se ha pretendido otorgar certeza jurídica a los grandes inversionistas, a las inmobiliarias y trasnacionales, a través de diversos mecanismos como la desincorporación de la tierra del régimen social y su conversión en propiedad privada. Pilares de este proceso han sido los programas PROCEDE y PROCECOM, que han certificado y titulado algo más de 90% del total de los núcleos agrarios de nuestro país.
Una demanda reiterada del movimiento indígena impulsada principalmente a partir del levantamiento zapatista es la modificación del artículo 27 constitucional, en particular lo que refiere al reconocimiento del derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales. Un referente jurídico importante al que ha aludido el movimiento indígena es el Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por el gobierno mexicano en 1990.

En 2006, en la Cámara de Diputados se discutió una Iniciativa de una nueva Ley Federal Agraria en la que se proponía que los ejidos y comunidades que así lo desearan pudieran acogerse al procedimiento establecido para que sus propiedades fueran declaradas Tierras Indígenas, sin embargo, no se instituyó como nuevo régimen de propiedad ni se contempló el contenido jurídico de territorio señalado en el Convenio 169. Precisamente, en este trabajo intentaremos aportar algunos elementos que contribuyan al análisis sobre los alcances legales de esta Iniciativa.

Este artículo aplica un enfoque de antropología jurídica a la exploración y desarrollo de nuevas prácticas de investigación en el campo de los derechos humanos, a partir de la experiencia acumulada en los últimos años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El proceso ha implicado revisar y reorientar las tendencias de investigación en este tema para favorecer, de una parte, un camino de salida al privilegio que han tenido los análisis sobre violación de los derechos e incorporar otros senderos de exploración que atienden las variaciones en su promoción y protección; y, de otra parte, un balance adecuado entre la perspectiva jurídica y las perspectivas políticas y sociales de los fenómenos relativos a los derechos humanos y la democracia.
Se muestran encuadres sobre el desarrollo de la antropología jurídica y de los enfoques de investigación en derechos humanos, ejemplos de algunas aplicaciones que han implicado adecuaciones en la definición del objeto, en las aplicaciones metodológicas y en el tipo de resultados, además de una reflexión sobre el punto de encuentro entre estas dos tradiciones.

El presente escrito es parte de un trabajo más amplio que tiene como propósito reflexionar lo que significa ser indígena en un entorno urbano y citadino como el de San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas. En términos generales, el contenido del ensayo corresponde al análisis de lo que representaba ser indio en el ambiente tradicional de la llamada comunidad, lo cual, según consta en la literatura antropológica regional, fue entendido como sinónimo de participar en los sistemas de cargos.

Reseña

Reconfiguración de los espacios socioeconómicos.  La NESTLÉ en el proceso histórico de Lagos de Moreno, Jalisco. Gutiérrez Casillas, Patricia y José Rubén Orantes García .PROIMMSE-IIA-UNAM, México, 2006. Historia del impacto de una empresa global en la reorganización regional de los Altos de Jalisco, México

La obra que nos ocupa reúne textos presentados en el Committee on the Sociology of Law of the International Sociology Association en Ámsterdam, Holanda, de 26 a 28 de junio de 1991. Reseña de: Contested states. Law, Hegemony and Resistance. Lazarus-Black, Mindie y Susan F. Hirsch (Eds.). Routledge, New York, 1994.