Introducción

En este artículo se analiza el sistema de reclutamiento utilizado en Chiapas, México, a principios del siglo XX, específicamente durante el periodo revolucionario de 1910 a 1920, para cubrir las bajas del ejército federal, sin abordar la formación de las fuerzas rebeldes. La leva se aplicó de manera contundente sobre los sectores más bajos de la población, como artesanos, obreros e indígenas, mientras que los mestizos fueron exceptuados, ya que se les asignaba a las fuerzas locales. En 1891, Emilio Rabasa fue impuesto en el poder local por el gobierno federal y se comenzó a sortear a los mestizos, a pesar de que el sorteo se había establecido ya en 1839. Este cambio se introdujo con el fin de modernizar el ejército permanente, y se exigía que los reclutados se encontraran en buenas condiciones y que supieran leer y escribir.

Los protagonistas centrales de esta historia son hombres tanto mestizos como indígenas. Según Navarrete, los indígenas se identifican por su forma de vestir, su participación en el culto al santo patrono y el uso de una lengua indígena, mientras que los mestizos se distinguen por el uso del español. Otros rasgos distintivos incluyen las formas de alimentación y las decoraciones corporales (Navarrete, 2004: 28). El mestizaje surgió con la llegada de españoles y africanos a América, que en su mayoría eran hombres, lo que propició su unión con mujeres indígenas y dio lugar a descendientes conocidos como criollos novohispanos (Navarrete, 2004: 52). No obstante, es importante diferenciar al mestizo colonial del «mestizo moderno» actual, ya que este último no resulta simplemente de la unión entre indígenas y españoles, sino de un proceso cultural, social e identitario que dio origen a un grupo dominante, el cual ha definido la «identidad nacional mexicana» (Navarrete, 2004: 78-79).

Antes de abordar el papel que desempeñaron en el ejército los hombres mestizos, indígenas y de sectores pobres, es necesario entender que el gobierno porfirista no solo buscaba desarticular el control político de los caciques locales y regionales, sino también su predominio económico y militar, mediante la imposición de Emilio Rabasa en el gobierno local. Los nuevos políticos, afines al porfirismo, se convirtieron en los principales mediadores y ejecutores de las políticas económicas y militares entre el gobierno local y la población. En cuanto al ámbito militar, se continuó utilizando la leva para reclutar a indígenas y a hombres de sectores pobres, mientras que los mestizos eran alistados bajo un sistema de sorteo, que en realidad era la antigua leva disfrazada. Estas prácticas fueron heredadas por los gobernadores rabasistas hasta el periodo revolucionario de 1914. No obstante, durante el carrancismo, entre 1914 y 1920, se dejó de aplicar la leva —aunque sí el sorteo–, ya que perdió relevancia debido a que tanto indígenas como mestizos se sumaron voluntariamente a las filas carrancistas hasta la caída de Carranza en 1920.

El objetivo de esta investigación es analizar el sistema de reclutamiento durante la primera década del siglo XX y el periodo revolucionario para cubrir las bajas del ejército federal, ya sea mediante la leva o el sorteo. Se busca determinar cuál de estos dos sistemas se aplicaba, a quiénes estaba dirigido y por qué. Además, se intentará explicar la discontinuidad en las prácticas de reclutamiento utilizadas por los gobiernos previos —maderismo y huertismo— durante el carrancismo. Dada la falta de estudios locales sobre el tema militar en Chiapas, se tomarán como referencia investigaciones del centro del país para comprender si en la época existían similitudes en los métodos de reclutamiento entre esas regiones y Chiapas.

El estudio se divide en seis apartados. El primero recoge una recopilación histórica y en ella se describe cómo el Estado mexicano formó su ejército desde la Independencia hasta los inicios del porfiriato en 1876. En el segundo se abordan los procesos de modernización del ejército porfirista y los acontecimientos militares durante la Revolución. En el tercer apartado se analizan el sistema de reclutamiento mediante la leva de indígenas y de hombres de sectores pobres, y el sorteo que se aplicó posteriormente a los mestizos, introducido a finales del siglo XIX por Emilio Rabasa. En la cuarta parte se describe cómo los legados porfiristas, la leva y el sorteo fueron reproducidos por los gobiernos revolucionarios de Madero y Huerta. El quinto apartado se enfoca en el proceso de reclutamiento voluntario durante el carrancismo, hasta su consolidación en el poder, sin eliminar el sorteo, aunque su práctica disminuyó drásticamente en comparación con los gobiernos anteriores. Finalmente, la sexta parte corresponde a una reflexión final, donde se analiza la aplicación de la leva, el sorteo y el servicio voluntario en las diferentes clases sociales: indígenas, mestizos y sectores pobres como artesanos, jornaleros y campesinos, entre otros.

Para la redacción de este texto se consultaron diversos archivos, entre ellos el Archivo General de la Nación (AGN), el Archivo Histórico del Estado de Chiapas (AHECH), el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN), el Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco (AHyFT), el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez (ACCJ) y la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa. También se emplearon informes de gobierno y se realizaron entrevistas a indígenas choles de Sabanilla y Tila.

Para comprender las políticas y el tipo de reclutamiento a nivel federal y su relación con el sistema que se aplicaba en Chiapas, se recurrió a la lectura de bibliografías nacionales sobre estudios militares. Posteriormente, se procedió a la interpretación de los documentos históricos disponibles, tales como denuncias, actas de sorteos, amparos, artículos periodísticos de la época y entrevistas. La consulta de estas fuentes permitió visibilizar la complejidad de las prácticas esgrimidas en la leva y el sorteo de la población chiapaneca.

 

Antecedentes históricos del reclutamiento militar

Durante la Independencia, en 1810, tanto los ejércitos realistas como los insurgentes tenían una conformación multiétnica que incluía hombres afrodescendientes, blancos e indígenas. Los últimos participaron en ambos bandos en función de sus intereses: los «comunes» se alinearon con los insurgentes por odio a los españoles, mientras que los «notables» se unieron a los realistas para defender sus propios intereses (Wobeser, 2011: 301-302). La Constitución de 1824 estableció que la defensa de la soberanía estaría a cargo del ejército permanente, mientras que los estados serían responsables de las milicias cívicas (Torres Hernández, 2020: 191). El ejército permanente estaría integrado por contingentes de hombres reclutados por los estados, en un número proporcional al tamaño de su población. El método de reclutamiento para cubrir los reemplazos era la leva; sin embargo, en 1839 se decretó que el enganchamiento se realizaría mediante sorteo con el objetivo de que los reclutas fueran personas de buena moral y no vagos, mal entretenidos o viciosos. A pesar de ello, en los estados se optó por continuar con la leva por temor a que el sorteo redujera la mano de obra en la agricultura y a que las clases pudientes pudieran verse involucradas en el servicio militar (Serrano Ortega, 1993: 41-91).

Cuando el gobierno centralista no logró reclutar suficientes elementos que cumplieran con las condiciones exigidas para el ejército de línea, intentó limitar el poder de las autoridades locales aboliendo la milicia cívica, creada para sostener el orden público y enfrentar amenazas internas y externas. En su lugar, se establecieron las compañías auxiliares o Guardias Nacionales en 1846 con el fin de combatir la invasión norteamericana (Celis Villalba, 2019: 22-24). La población prefería servir en las fuerzas locales, que tenían una duración de solo seis meses, lo que les permitía regresar rápidamente a sus actividades cotidianas. Esta preferencia complicaba el reclutamiento para el ejército permanente (Serrano Ortega, 1993: 120-127). Como consecuencia, se generó deslealtad hacia el presidente de la República, junto con frecuentes sublevaciones y deserciones (Lozoya, 1968: 554-559).

Como menciona Ramírez Rancaño, a finales de mayo de 1869, Benito Juárez intentó aumentar el tamaño de la tropa basándose en el número de habitantes, para lo cual estableció que «se debía seguir la regla de un soldado por cada mil habitantes» (Ramírez Rancaño, 2014a: 46). Según el mismo autor, si esta regla juarista se hubiera aplicado, el resultado habría sido desconcertante, dado que el ejército se hubiera reducido mucho. Juárez estableció que los estados, el Distrito Federal y los territorios debían entregar anualmente a la federación contingentes de hombres sorteados de acuerdo con la cifra poblacional, sistema que podía ser sustituido por el enganche voluntario. En cuanto a la clase acomodada, se le otorgaba la posibilidad de enviar un sustituto a cambio de una gratificación, por un servicio que duraría cinco años. Sin embargo, estos métodos fracasaron debido a la falta de cifras poblacionales confiables y a la escasa voluntad de servir en el ejército (Ramírez Rancaño, 2014a: 46-48).

 

Políticas de modernización del ejército porfirista y revolucionario

Cuando Porfirio Díaz asumió el poder, inició la modernización del ejército permanente con la incorporación de egresados del Colegio Militar, mientras que quienes no sabían leer ni escribir pasaron a formar parte de la tropa conocida como ejército auxiliar, donde eran ubicados los reclutados por leva (Hernández Chávez, 1989: 268-278). Sin embargo, el régimen porfirista no contaba con un ejército suficiente, además de que la institución militar llegó a ser «odiada, detestable y corrupta», lo que dificultaba el reclutamiento voluntario (Ramírez Rancaño, 2014a: 45-51). Para subsanar la falta de interés en las filas castrenses, se recurrió a la leva de indígenas, quienes eran reclutados bajo la retórica de que la institución los educaba y civilizaba (Torres Hernández, 2020: 193-198). Estos individuos eran enganchados en contra de su voluntad, como ocurrió en el caso de los peones acasillados de Chiapas (Wasserstrom, 1989: 140-141).

Al analizar el gobierno porfirista en su condición dictatorial se deduce que contaba con un ejército suficiente; sin embargo, la Revolución de 1910 evidenció que no estaba consolidado militarmente como se suponía. Según Hernández Chávez, la dictadura fue derrotada debido a la descentralización de las fuerzas armadas, los conflictos de poder y la marginación de la Guardia Nacional y los auxiliares. Asimismo, las fuerzas existentes resultaron insuficientes para defender el statu quo y, además, muchos soldados provenían de fuera de la región y desconocían el terreno, lo que provocó que el 50 % desertara durante la guerra (Hernández Chávez, 1989: 287). Existen varias versiones sobre el número de efectivos del ejército porfirista; en algunos casos se afirma que contaba con 25 700 —18 000 del ejército, 2 700 rurales y 5 000 de la fuerza de seguridad del estado (Ramírez Rancaño, 2014a: 67-68)—. Tras el inicio de la Revolución, Díaz intentó atraer hombres al ejército reduciendo el servicio a tres años y duplicando el salario (Torres Hernández, 2020: 204). Sin embargo, este esfuerzo fracasó y su gobierno cayó en manos de los maderistas en mayo de 1911.

Cuando Francisco I. Madero finalmente derrocó a Díaz, se instauró un interinato bajo el mando de Francisco León de la Barra, mientras se celebraban elecciones para elegir al presidente de la República, cargo que recayó en Madero. Una vez en el poder, Madero intentó aumentar el número de efectivos del ejército a 60 000 para sofocar la Revolución, ya que varios grupos se habían levantado en armas, incluyendo los de Pascual Orozco, Benjamín Argumedo, Marcelo Caraveo, Blas Orpinel y Emiliano Zapata, así como los reyistas, los vazquistas y los felixistas. Sin embargo, su intento no tuvo éxito debido al escaso interés de los pobladores en el servicio militar, además de que eran conscientes de que se enfrentaban a grupos bien «armados, audaces y valientes» (Ramírez Rancaño, 2014a: 68). Por tanto, el ejército federal porfirista se mantuvo intacto durante la administración maderista, mientras que una parte del ejército rebelde de Madero, compuesto por 60 000 hombres, se disolvió; solo 16 000 de ellos formaron un nuevo Cuerpo de Rurales para mantener el orden en el norte del país. En el ejército federal destacó uno de los generales porfiristas, Victoriano Huerta, quien se encargó de repeler las rebeliones orozquistas con el apoyo de las fuerzas irregulares y los nuevos Cuerpos de Rurales (Garciadiego, 2014: 15-16).

Poco tiempo después, el general Huerta, aprovechando su jerarquía militar, perpetró un golpe de Estado contra del presidente Madero apoyándose en la fuerza auxiliar (Hernández Chávez, 1989: 289). El gobierno huertista se volvió militarista, y el número de reclutados se aumentó drásticamente con el objetivo de pacificar el país en el menor tiempo posible; sin embargo, este enfoque resultó erróneo, pues se enviaban soldados a la guerra sin entrenamiento ni conocimiento del manejo de armas, lo que trajo como consecuencia que muchos desertaran a la primera oportunidad (Ramírez Rancaño, 2014a: 70-73).

Hasta el momento, se sigue cuestionando si Huerta logró su pretensión de militarizar el país, considerando que su objetivo final era alcanzar un ejército de hasta 250 000 efectivos. Si hubiera alcanzado esa meta, una posible explicación de por qué, tras su caída en julio de 1914, el número de elementos del ejército federal había disminuido es que muchos soldados temían ser ejecutados por los constitucionalistas, lo que llevó a los levados a regresar a sus lugares de origen (Ramírez Rancaño, 2014b: 207). De cualquier modo, el ejército federal no sobrevivió, pues el 13 de agosto de 1914 se disolvió mediante el Tratado de Teoloyucan, y los constitucionalistas se convirtieron en la única fuerza armada del país (Garciadiego, 2014: 21).

Cuando Carranza tomó el control del poder, buscó que la educación del ejército constitucionalista fuera superior a la de los soldados federales porfiristas. En 1916, comenzó un programa para profesionalizar a las tropas. Para el año 1917, se estima que el ejército contaba con 125 823 soldados, 17 552 oficiales, 2 638 coroneles, 138 generales brigadier, 55 generales de brigada y 11 generales de división. Sin embargo, en 1918 la tropa disminuyó a 118 425 (Plascencia de la Parra, 2015: 14-15). Los excedentes del ejército carrancista tenían su origen en el norte del país, considerado el principal proveedor de revolucionarios. Sin embargo, las regiones centro, sur y sureste de la República tuvieron una participación limitada y se incorporaron hasta 1915 y 1916, cuando el constitucionalismo llegó a Yucatán, Chiapas y Oaxaca, bajo las órdenes de los generales Salvador Alvarado y Jesús Agustín Castro. Asimismo, se puede mencionar la participación de varios grupos de indígenas que se unieron a las fuerzas de Alvarado y Castro (Garciadiego, 2014: 22-26).

 

La leva y el sorteo entre 1900 y 1911

No cabe duda de que el porfiriato fue un referente en la modernización del país, ya que facilitó inversiones extranjeras en el campo para la producción de materias primas y su impulso en el mercado internacional. Además, el régimen porfirista se consolidó en los estados mediante la destrucción de los cacicazgos locales y el otorgamiento de cargos públicos a personas afines. En el caso de Chiapas, esto ocurrió a finales de 1891 con la imposición de Emilio Rabasa en la gubernatura (Ruiz Abreu, 1994: 131-132). Díaz se propuso «descaudillar el ejército» mediante la desarticulación de los jefes militares que fungían como caciques locales, quienes contaban con gran prestigio en los estados y poseían la capacidad de levantar guerrillas o crear ejércitos (Bulnes, 1920: 33). En efecto, la política chiapaneca estaba dominada por caciques que habían sido jefes «militares y liberales», como Julián Grajales de Chiapa de Corzo, Sebastián Escobar de Soconusco, José Pantaleón Domínguez de Comitán y Miguel Utrilla de San Cristóbal (Ruiz Abreu, 1994: 132).

Aunque Rabasa no sometió completamente a los caciques chiapanecos, ejerció control político mediante el nombramiento directo de jefes políticos, lo que redujo el poder de los municipios (Benjamin, 1998: 178). Además, contaba con el respaldo de los nuevos empresarios chiapanecos y mantenía nexos con familias influyentes como los Farrera, los Moguel, los Escandón y los Esponda. Posteriormente, durante el rabasismo, hasta su caída en 1911, los cargos públicos de mayor relevancia fueron ocupados por tuxtlecos y terratenientes, las jefaturas políticas por hacendados de la región y las presidencias municipales por parientes y allegados rabasistas (Ruiz Abreu, 1994: 134-152).

Inicialmente, los gobernadores porfiristas eran de oficio militar, aunque no siempre coincidían con las políticas del gobierno federal. En 1877, el gobernador y general Juan José Ramírez se quejaba de la leva, que consideraba intolerable para los chiapanecos, ya que sus oficios eran distintos al del servicio «militar permanente». Para evadir la leva, muchos preferían abandonar sus talleres y tierras, y refugiarse en Guatemala. Ramírez también se oponía al sorteo, que calificaba como un acto «repugnante y antisocial» porque se reclutaba a voluntarios (Ruiz Abreu, 1994: 132). Su oposición a la leva se centraba en la inclusión de indígenas y artesanos; sin embargo, no cuestionaba si afectaba a otros sectores vulnerables, como viciosos, vagos, rateros, ebrios frecuentes, individuos en desacato, vándalos, inmorales y pescadores ilegales, entre otros. Mientras tanto, continuaba ejerciéndose la leva para reclutar a hombres de los grupos más desfavorecidos en las filas del ejército permanente.

El estado de Chiapas no podía estar ajeno a la política de modernización del gobierno federal, por lo que era necesario realizar el sorteo entre las poblaciones con buenas condiciones sociales y físicas. Este cambio en el sistema de reclutamiento se introdujo con Emilio Rabasa, quien asumió la gubernatura del estado en diciembre de 1891. A partir de entonces se comenzó a sortear a los mestizos, práctica que se mantuvo vigente a lo largo de la última década del siglo XIX, hasta que se reglamentó en 1899, durante el gobierno de Francisco León, quien decretó que los reemplazos del ejército permanente serían cubiertos por sorteo. Los mestizos chiapanecos no tardaron en manifestarse en contra de esta ley, e incluso un grupo de 70 comitecos la comparó con una reencarnación de la ley juarista de 1869, pues consideraban que el sorteo era perjudicial y que causaría la destrucción del progreso del estado, sostenido por sus impuestos. Incluso expusieron que, por temor a que sus varones fueran incluidos en los sorteos, «familias enteras habían huido a Guatemala» (Ruiz Abreu, 1994: 148).

Para evitar una mayor confrontación, el decreto fue modificado en 1901 durante la administración del gobernador Rafael Pimentel. No obstante, esta modificación no trajo cambios significativos, ya que el sorteo continuaba siendo el medio para cubrir las bajas del ejército.1 El 24 de mayo de 1904, el mismo Pimentel derogó nuevamente el decreto y lo reemplazó el 15 de junio de ese mismo año. Este nuevo decreto reafirmaba que el sorteo sería la base para el reclutamiento; sin embargo, los mestizos continuaban rehusándose a aceptarlo, y preferían la leva de indígenas, artesanos y hombres de sectores pobres para evitar ser enganchados.2 A pesar de ello, el gobierno federal proseguía con la modernización del ejército permanente y exigía cada vez más el sorteo. Entre los requisitos establecidos se contemplaba saber leer y escribir y poseer aptitudes para ocupar cargos de mayor rango. El servicio para los soldados rasos se había reducido a cuatro años, mientras que para los oficiales de alto rango era de tres años. En caso de reenganche, el servicio sería de tres años para los soldados rasos y de dos para los oficiales.3

Cabe cuestionar por qué el gobierno porfirista exigía reclutas con aptitudes para ocupar cargos de oficiales si se estaban formando personas específicamente para desempeñarse como jefes. Esta estrategia podría interpretarse como un intento por atraer a profesionales de otras disciplinas, a quienes se incentivaba con la posibilidad de ascender si demostraban capacidad en sus respectivas áreas, en lugar de capacitar a quienes egresaban de la educación militarizada. Según Celis Villalva (2019: 103-104), la educación militar facilitó el «arreglo y la modernización del ejército» e inicialmente benefició a más de mil elementos con altos cargos. Sin embargo, esto dejó menos oportunidades para los egresados posteriores, pues todos los puestos estaban ocupados. Con esta premisa, es importante entender que los reclutados de manera forzada por sorteo, a pesar de poseer habilidades como la lectura y la escritura, tenían escasas posibilidades de ascender a altos mandos en comparación con los egresados militares. Por ende, eran relegados a formar parte de las tropas como soldados rasos.

La reducción de los años de prestación no logró atraer a los chiapanecos al servicio militar, de tal modo que nadie se enlistaba voluntariamente, lo que llevó a continuar recurriendo a la leva, que a menudo se disfrazaba de sorteo. Según Celis Villalba, contar con un ejército moderno no se limitaba a asegurar el buen funcionamiento del armamento y los servicios, sino que requería de un ejército permanente, educado en todos sus niveles: clases, oficiales, jefes y generales. Además de fomentar un sistema facultativo y un servicio militar obligatorio que estuvo lejos de consolidarse, es innegable que el porfiriato significó una serie de transformaciones en el ejército y contribuyó a la modernización de la institución (Celis Villalba, 2019: 105-106).

El decreto del sorteo de 1904 garantizaba en Chiapas un reclutamiento equitativo de hombres de todas las clases sociales, aunque excluía a los pertenecientes a clases pudientes. Este nuevo enfoque no se limitaba al reclutamiento entre las clases más vulnerables, como los indígenas y los artesanos, sino que también abarcaba a los mestizos y hombres de otros sectores, incluidos aquellos que tenían licencia absoluta por haber servido en la fuerza de seguridad del estado. Asimismo, se consideraba a los gendarmes y rurales insubordinados, enemigos de las autoridades, y a aquellos acusados de desacato o de generar algún tipo de desorden social, entre otros.4

Los mestizos denunciaban con frecuencia haber sido reclutados mediante leva a través de los jefes políticos, quienes hacían constar en el acta de sorteo que habían sido enganchados de forma voluntaria, a pesar de que este proceso se llevaba a cabo sin su consentimiento. Además, mostraban su oposición al decreto debido a que en este no se especificaban los pasos a seguir para que los reclutas fueran seleccionados al azar. No existe mucho registro sobre cómo se realizaba el reclutamiento, salvo la información proporcionada por el jefe político de Pichucalco. Según este, el procedimiento consistía en establecer un padrón en un lugar público, y el individuo seleccionado tenía la opción de impugnar su nombramiento si lo consideraba ilegal. Las razones válidas para la impugnación incluían haber prestado servicio en la fuerza federal o local, ser hijo único o sostén de la familia, así como ser funcionario público o pertenecer a la clase pudiente. Si el candidato no impugnaba su nombramiento, se le notificaba que había sido sorteado. En caso de rehusarse a aceptar la conscripción, era capturado en su domicilio y encarcelado en la jefatura mientras se aguardaba a otros reclutas. Posteriormente, todos eran trasladados a la capital del estado.5

El modo de invocar justicia en Chiapas guarda similitud con el de otras regiones del centro del país. Los mestizos chiapanecos que se consideraban sorteados injustamente podían protegerse invocando el artículo 5.º de la Constitución de 1857 y la defensa se presentaba ante los jueces distritales o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Ramírez Rancaño, 2014a: 45). Sin embargo, si carecían de razones fundamentadas para eximirse del servicio militar, los jueces distritales negaban los amparos argumentando que servir a la nación era una «obligación de todo mexicano».6

A partir del gobierno de Rabasa se comenzó a reclutar a los sirvientes de los finqueros para cubrir las bajas del ejército permanente. Estos reclutas eran enviados a la capital del estado o a otras entidades, como Yucatán. Los finqueros solían denunciar este abuso, no en defensa de los sirvientes, sino por las consecuencias que implicaba para ellos, como el abandono de las deudas y de las familias, que quedaban desprotegidas en las fincas, lo que se traducía en una carga adicional para el patrón. Además, los bajos salarios que recibían como soldados no eran suficientes para cubrir sus gastos personales ni los de sus familias. Si quedaban incapacitados en el servicio, sus deudas se sumaban a una pérdida total de capital. Por ejemplo, en 1909, en el departamento de La Libertad, dos sirvientes fueron sorteados por el jefe político. Uno de ellos fue enviado a la capital de la entidad, mientras que el segundo fue destinado a Yucatán, donde perdió un brazo en combate y causó baja. En 1911, el finquero pretendía que Madero interviniera para que el otro sirviente fuera dado de baja como soldado,7 aunque no hay registro de que esta petición hubiera tenido efecto.

En ocasiones, los finqueros recurrían al sorteo para deshacerse de sirvientes que se habían rebelado al cambiar de patrón y se negaban a cubrir su deuda. Sirva como ejemplo el caso de un sirviente del departamento de Simojovel, quien se internó en la finca Mumunil de los Kortum Hnos. en el distrito de Palenque. El jefe político de Palenque consignó al sirviente por orden del propietario de Sabanilla, no sin antes exigir una multa al nuevo patrón por incurrir en una falta.8

No obstante, también se sorteaba a personas de diversas clases sociales procedentes de otras regiones. Por ejemplo, en los departamentos de Pichucalco y Palenque se reclutaba a tabasqueños que buscaban trabajo o que eran empleados en las fincas, y en estos casos ni siquiera el gobernador de Tabasco intervenía cuando los sorteados solicitaban su ayuda; por el contrario, sostenía que la ley debía «cumplirse en cualquier punto de la república». También, en las zonas costeras se reclutaba a veracruzanos que trabajaban en la construcción y mantenimiento de las vías ferroviarias.9

Los mestizos solían dirigir sus quejas al presidente de la República, aunque preferían ampararse bajo las leyes locales o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los jueces distritales les negaban la protección. Los hombres de sectores más pobres, por lo general, buscaban la intervención del gobernador del estado, pues no era común que promovieran el costoso proceso de amparo debido a la falta de recursos económicos. Los gobernadores, por su parte, se justificaban fingiendo desconocer el modus operandi de los jefes políticos. Indígenas, artesanos y hombres de otros sectores empobrecidos ignoraban que existía un acuerdo tácito entre el gobernador y los jefes políticos.

Por su parte, cada departamento debía enviar un contingente de hombres a la capital del estado para la federación y, para cumplir con esta cuota, los jefes políticos presionaban al gobernador a fin de que rechazara a los sustitutos; si estos resultaban inadecuados para el ejército, se buscaba que fueran aceptados en la fuerza de seguridad pública del estado durante dos años. Sin embargo, esto no resolvía la situación, ya que la fuerza local también exigía reclutas aptos y en buenas condiciones, lo que obligaba a los jefes políticos a buscar nuevos reemplazos.10 De acuerdo con Ramírez Rancaño (2014a: 59), cuando se requería un mayor número de reclutas, los gobernadores recurrían a la fuerza armada para capturar a más candidatos, sin importar sus condiciones.

A los sorteados se les permitía presentar un sustituto en caso de padecer alguna enfermedad, de modo que la institución militar no sufriera perjuicio y pudiera disponer de personal saludable en cualquier momento en el que se requiriese su servicio.11 Una vez reclutados, los contingentes de hombres eran enviados a la matriz, en Tuxtla, aunque la iglesia de La Merced en San Cristóbal de Las Casas también servía como punto de recepción provisional para los departamentos de Simojovel, Chilón y Palenque. Posteriormente, eran reenviados a la capital del estado, donde se concentraban los contingentes de todos los departamentos. Finalmente, eran trasladados por las fuerzas federales en vagones a Tehuantepec o San Gerónimo, Oaxaca, desde donde se distribuían a otros estados de la República.12

Tras el inicio de la Revolución en 1910, ni el reducido número de efectivos del ejército profesionalizado, bien armado, ni las fuerzas auxiliares lograron sostener el gobierno porfirista, lo que llevó a un atraso en el envío de contingentes. Ante esa situación, el gobierno local intentó reforzar la defensa del orden convocando a la creación de cuerpos de voluntarios. La meta inicial era concentrarlos en la capital del estado, pero, a medida que el gobierno porfirista perdía terreno en el norte del país, se planeó enviarlos a esa región para enfrentarse a los revolucionarios. Sin embargo, el esfuerzo resultó inútil, pues nadie se enganchaba. Posteriormente, se restauró el plan original y se convocó a los chiapanecos, sin distinción de clases, a servir de forma voluntaria; se les aseguraba, además, que no serían enviados a Chihuahua, sino que permanecerían en la entidad. A pesar de esto, el llamado no tuvo aceptación y, finalmente, el régimen cayó.13

 

El legado rabasista y los gobiernos revolucionarios, 1911-1914

A inicios de la Revolución en 1910, Chiapas no experimentó un movimiento revolucionario significativo; sin embargo, a principios de 1911 emergieron algunos grupos maderistas que no alcanzaron gran relevancia ni se manifestaron de manera activa, a diferencia del departamento de Pichucalco, que en febrero de 1911 abrazó la causa maderista uniéndose a los tabasqueños en armas. Juntos atacaron y sometieron la región fronteriza de Tabasco y Chiapas, apoderándose de algunas plazas en Pichucalco y asaltando fincas para obtener provisiones y dinero.

Cuando Ramón Rabasa cedió el poder a Manuel de Trejo, la jefatura política de Pichucalco permaneció bajo el control de antiguos rabasistas. Este hecho se convirtió en un reclamo para los maderistas pichucalqueños, que continuaron en armas, esta vez distanciados de los tabasqueños, dado que en aquella entidad el maderismo había triunfado. Ante la falta de intervención del gobierno federal, los maderistas de Pichucalco adoptaron la postura vazquista y, posteriormente, la orozquista, reclamando a Madero el incumplimiento del Plan de San Luis (Cruz Pérez, 2019: 69-105).

Los habitantes de San Cristóbal aprovecharon la caída del porfiriato para declararse maderistas, aunque sus intenciones no eran reclamar la democracia, sino responder a ambiciones e intereses particulares, como recuperar la sede del poder que Emilio Rabasa había trasladado a Tuxtla en 1892. También exigían que la gubernatura estuviera bajo el control de algún simpatizante de su causa. Para evitar el trastorno social en el estado, el 28 de junio el Congreso local nombró gobernador a Reinaldo Gordillo León; sin embargo, los alteños continuaron en desacuerdo.

A principios de julio, desconocieron a Gordillo León, quien fue sustituido el 11 de julio de 1911 por el guerrerense Policarpo Rueda, bajo la protección del secretario de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez. Rueda intentó solucionar el conflicto incluyendo a los sancristobalenses en su gobierno, pero ni así logró estabilizar la paz, por lo que solicitó una licencia indefinida el 17 de agosto. La sustitución de Vázquez Gómez provocó que Rueda perdiera apoyo y, cuando intentó recuperar su cargo, el Congreso del estado se lo negó y lo sustituyó por Manuel Argüello. Desde entonces, el guerrerense regresó a la Ciudad de México, donde, a finales de octubre de 1911, sería uno de los firmantes del Plan de Tacubaya para desconocer el gobierno de Madero (Gordillo y Ortiz, 1986: 31-35).

Los habitantes de San Cristóbal, inconformes con el gobierno de Argüello, lo desconocieron el 14 de septiembre, lo que desencadenó un conflicto de un mes entre Tuxtla y San Cristóbal. Este enfrentamiento involucró a los indígenas tsotsiles, a quienes se les prometió la abolición de impuestos y el otorgamiento de tierras en caso de obtener la victoria. Sin embargo, fueron derrotados por los tuxtlecos, quienes contaron con el respaldo de las fuerzas federales. El acuerdo de paz se firmó el 13 de septiembre del mismo año. El cargo de gobernador permaneció en manos de Argüello hasta que se celebraron las elecciones los días 5 y 20 de noviembre. Los tuxtlecos apoyaron como candidato a la gubernatura a Gordillo León, y los sancristobalenses optaron por José Antonio Rivera Gordillo. Los primeros resultaron vencedores, aunque inicialmente se alegó que los alteños habían ganado mediante fraude, pues consideraban inválidos los votos de algunos departamentos para otorgar la victoria a los tuxtlecos. Gordillo León asumió como gobernador constitucional el 16 de diciembre de 1911. Sin embargo, su mandato no concluyó, ya que fue nombrado por Madero como ministro plenipotenciario de México en Guatemala. Su sucesor fue Flavio Guillén, quien ocupó el cargo del 29 de enero de 1912 al 20 de febrero de 1913 (Benjamín, 1998: 182-186).

El reclamo de los sancristobalenses contra los tuxtlecos no cesó. A finales de 1911 continuaban denunciando el reclutamiento por sorteo, argumentando que el «sorteo fingido» se había implementado desde que Rabasa trasladó la sede del poder a Tuxtla. Rechazaban este sistema de reclutamiento porque afectaba sus intereses y afirmaban que «se vejaba constantemente a los ciudadanos, haciéndolos parecer como sorteados para cubrir las bajas en el ejército».14

Mientras los mestizos alteños rechazaban el servicio militar, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se propuso un proyecto al gobierno federal para crear una fuerza armada compuesta por entre 50 000 y 60 000 soldados activos, además de reservas encargadas de la persecución de criminales. Esta fuerza estaría conformada específicamente por voluntarios, quienes recibirían «buena alimentación y sueldos».15

Cuando Madero asumió el poder a inicios de noviembre de 1911, el ejército federal quedó bajo el mando del general Huerta, quien se encargó de someter a los orozquistas y zapatistas. Madero pretendía aumentar el ejército a 60 000 hombres para controlar a quienes se mantenían en «rebeldía», para lo cual recurrió a un viejo precepto del antiguo régimen, el reclutamiento mediante la leva. Esta práctica fue rechazada en Nuevo León, donde algunos habitantes huyeron al extranjero o se unieron a las filas rebeldes para evitarla. Asimismo, en los estados de México y Guanajuato, los jefes políticos actuaron como mediadores y solicitaron la suspensión de la leva para prevenir rebeliones (Blanco, 1995: 11-12).

Los sancristobalenses no desaprovecharon la oportunidad de revivir la antigua costumbre de reclutar a los indígenas en grupos. A finales de octubre de 1911, el jefe político Gregorio Culebro, debía cumplir con una cuota de 30 hombres para el ejército federal y, para lograrlo, ordenó la leva de 43 indígenas tsotsiles de Chamula, fingiendo que habían sido sorteados como contingente de San Cristóbal de Las Casas. El número de reclutados superó deliberadamente la meta, pues se anticipaba que varios de ellos podrían resultar «inútiles». De hecho, nueve indígenas fueron rechazados, mientras que 34 resultaron aptos, un número aún mayor al requerido por la federación. El 11 de noviembre del mismo año, el nuevo jefe político, Alberto Pineda, justificaría que el gobernador del estado había solicitado reemplazos el 26 de julio de 1911. Por tanto, la justicia local negó el amparo, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo revocó y liberó a los indígenas, estos obtuvieron su libertad en febrero de 1912.16 El temor se extendió hasta el norte de la entidad, a principios de 1912, cuando la finca Mumunil, en el departamento de Palenque, fue cateada por las fuerzas del gobierno en busca de los vazquistas rebelados en Chilón. Los choles de Tila, que fungían como peones, temían ser reclutados para cubrir las bajas del ejército y «hacerlos empuñar el arma a través de la leva». Por ello, abandonaron su centro de trabajo y huyeron con sus familias.17

Madero, con el propósito de diferenciar su gobierno del antiguo régimen, decretó el servicio militar obligatorio el 24 de noviembre de 1911. Este decreto establecía que los estados debían entregar contingentes de hombres equivalentes a uno por cada mil habitantes, con excepción de los ricos, quienes podían eludir esta obligación mediante el pago de reemplazos. Un finquero rechazó el proyecto, considerándolo incompatible con la Ley Agraria, ya que la agricultura requería una gran cantidad de mano de obra. A su juicio, ni con toda la población disponible se podría cultivar ni la décima parte de la tierra. Argumentó que el servicio militar sustraería del campo a 15 000 hombres, y sugería que esta pérdida podría compensarse fomentando la inmigración.18

El gobernador maderista, Flavio Guillén, consciente del rechazo de la población hacia el sistema de reclutamiento, intentó reglamentar el sorteo para que fuera más equitativo, de modo que los contingentes estuvieran compuestos por «jóvenes vigorosos» y de buena moral, en lugar de ser reclutados mediante leva. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y el reclutamiento continuó bajo las levas y sorteos fraudulentos.19 Mientras se debatía el proyecto de servicio militar obligatorio, el exgobernador chiapaneco Policarpo Rueda buscó aprovechar las viejas rencillas entre Tuxtla y San Cristóbal por la disputa de la sede del poder. Rueda, resentido con el Congreso local por su destitución, convocó en febrero de 1912 a los chiapanecos a unirse al movimiento vazquista contra el gobierno maderista, citando el decreto del servicio militar obligatorio como razón. Incitaba a la insurrección, argumentando que, si luchaban por sus tierras, por la justicia o por sus derechos, serían enviados al norte del país como soldados y tendrían que «disparar contra su propio padre si no desean ser abatidos por la ordenanza».20

No toda la población chiapaneca respaldó el plan vazquista; solamente los distritos que simpatizaban con San Cristóbal, como Chilón, Simojovel y Comitán. También Palenque y Pichucalco estaban en rebeldía, pero de manera independiente de los alteños. Por otro lado, algunos exlíderes maderistas de Pichucalco y Acala ofrecieron su apoyo a Madero a fin de someter a Pascual Orozco y sofocar el movimiento vazquista en la región.21 Para atraer a la población chiapaneca a las filas del ejército, el gobierno local ofreció condiciones más favorables: un servicio reducido a dos años, un salario mensual, vestimenta y asistencia en caso de enfermedad. Además, si un soldado resultara incapacitado durante el servicio o en combate, su familia recibiría una pensión. Al concluir el servicio, el reclutado obtendría una licencia absoluta. Sin embargo, la afiliación era más coercitiva, ya que, una vez realizado el acta de sorteo, el reclutado no podía presentar alegaciones ni recurrir a medios extrajudiciales.22

Pero nadie aceptó tales condiciones por miedo a perder sus vidas, y el reclutamiento continuaba a través de la leva y el «sorteo fingido», lo que resultaba perjudicial para que los reclutados mostraran lealtad hacia la institución militar. En mayo de 1912, en la capital chiapaneca, 60 soldados se sublevaron al grito de «¡Viva Orozco!». Entre ellos se encontraban los recién reclutados, quienes se unieron a 72 prisioneros provenientes de diferentes departamentos. Desarmaron a la fuerza de seguridad del estado, lo que resultó en 11 muertos y seis heridos, y se apoderaron de armas y municiones, además de asaltar la casa comercial Cueto y Cía.23 En el departamento de Pichucalco, 15 federales que habían salido a someter a los orozquistas también se sublevaron y saquearon comercios. Algunos soldados desertaban durante el servicio o morían a causa de congestiones alcohólicas. La falta de espíritu y disciplina militar se atribuía a que muchos estaban en la institución contra su voluntad.24

El comportamiento de los soldados fue objeto de severas críticas, lo que también se atribuía al tipo de reclutamiento. En resumen, se reconocía que esta era la razón por la cual la institución militar era percibida con desprecio, ya que solo «los criminales más empedernidos» se sentían dignos de pertenecer a ella. Se instaba a los gobernadores a considerar la insubordinación como un ejemplo para cuidar la moralidad y fomentar el respeto hacia la institución militar.25

Los obstáculos para el reclutamiento de contingentes fueron recurrentes. A principios de 1913, la entidad recibió 148 reemplazos procedentes de diferentes estados. El gobierno local tenía la intención de aumentar a mil plazas el batallón federal para sofocar el desorden social en los departamentos de Pichucalco y Palenque; sin embargo, el golpe de Estado de febrero de 1913 interrumpió estos planes, lo que condujo al fracaso de varios proyectos tanto federales como estatales. Francisco León de la Barra propuso que, para alcanzar la paz, la libertad y la democracia, era necesario atender las necesidades de la clase pobre, abordar los problemas agrarios, garantizar la justicia, reorganizar los servicios administrativos y cumplir las promesas relacionadas con la educación pública, el ejército y las fuerzas rurales.26

Tras la caída del gobierno maderista, el poder local en Chiapas fue asumido por Reinaldo Gordillo León, quien se encontraba como ministro plenipotenciario en Guatemala. Posteriormente, fue sustituido por el general Bernardo A. Z. Palafox, tras la militarización del país. Los sancristobalenses se unieron al gobierno huertista, a diferencia de lo que ocurrió en otros departamentos como Pichucalco, Tuxtla, Comitán y Chilón, donde surgieron grupos antihuertistas (Benjamín, 1998: 186). Aquellos que habían sido maderistas en Pichucalco y Palenque, tras haberse alineado con los movimientos vazquista y orozquista, volvieron a la defensa de Madero y se declararon antihuertistas, asaltando varias plazas y fincas de importancia (Cruz Pérez, 2019: 164-213).

Durante el huertismo, el reglamento de reclutamiento en Chiapas se volvió inestable, pues se aplicaban leyes o decretos tanto vigentes como derogados para justificar que la leva era un sorteo legal. Para evitar más levantamientos como los de Pichucalco y Palenque, el gobierno local ordenó a los pobladores la entrega de sus armas, municiones y otros artefactos de guerra en el plazo de un mes. Asimismo, se obligó a los jefes políticos a cumplir con el envío de contingentes a la federación para pacificar el país en un lapso de dos meses.27 Huerta buscaba superar al ejército maderista, que se estima que llegó a contar entre 30 000 y 35 000 soldados. Su primera meta era alcanzar los 60 000 efectivos; aparentemente, tras haber tomado el poder, en 15 días ya había superado los 61 000 soldados reclutados, incluidos los rebeldes amnistiados.

Ramírez Rancaño sugiere que este número pudo haber sido «propagandístico» para debilitar a los rebeldes que rechazaban a Huerta (2006: 54). Este plan continuó avanzando, y a finales de abril se pretendía alcanzar los 80 000 soldados para sofocar los levantamientos armados en su contra.28 Esto era especialmente relevante porque Estados Unidos no había reconocido su gobierno y la fuerza serviría para contener la «exorbitante» revolución que se había extendido a lo largo del país (Ramírez Rancaño, 2005: 172). A pesar de ello, Huerta ordenó el retorno a la capital del país de los batallones federales establecidos en Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, para redistribuirlos en distintos puntos de la República.29

Huerta no solo enfrentaba enemigos en el centro y norte del país; el huertismo local también estaba amenazado en el norte de la entidad por los maderistas de Pichucalco y Palenque, quienes desestabilizaban frecuentemente el orden en complicidad con los de Tabasco. El jefe político de Pichucalco expresaba su preocupación por la intranquilidad en la zona, donde se llevaban a cabo asaltos a fincas y ayuntamientos. La falta de personal adecuado complicaba aún más la situación, ya que los pocos elementos con los que se contaba mostraban una conducta inapropiada, eran desleales y, a menudo, se embriagaban al enfrentarse a los rebeldes, lo que resultaba contraproducente. Como consecuencia, eran perseguidos y sus armas eran utilizadas en su contra. El jefe político propuso la creación de una fuerza especial, un «cuerpo de rurales en la frontera», compuesto por individuos de moral más sólida y dirigido por un jefe que prohibiera el consumo de alcohol.30

El gobierno huertista intentó atraer a los mexicanos para mantenerse en el poder, ya fuera por voluntad propia o por la fuerza, y para ello modificaba y creaba decretos cada vez que se sentía amenazado. A principios de mayo de 1913 emitió un decreto que estipulaba que el reclutamiento se llevaría a cabo mediante sorteo, con algunas excepciones. Se excluía a quienes estaban fuera del rango de edad de 18 a 45 años, a los jefes de familia o a aquellos que eran el único sostén económico de su hogar, así como a prisioneros y a quienes ya habían sido reclutados, con el fin de evitar perjuicios al ejército. Asimismo, se prescindía del sorteo para aquellos que supuestamente percibían un salario superior al del ejército, por lo que algunos mestizos con recursos económicos aprovecharon este precepto para eludir el servicio militar. El tiempo de servicio se fijó en tres años en el ejército permanente y tres en reserva. La posibilidad de presentar un sustituto permitía que quienes disponían de recursos pagaran a alguien dispuesto a servir en su lugar, con lo que evitaban el reclutamiento, salvo en situaciones de invasión extranjera.31

Como era de esperar, la convocatoria no tuvo aceptación y nadie se ofrecía voluntariamente. Por tanto, a mediados de mayo se decretó el servicio militar obligatorio, según el cual se exigía a los estados contribuir al aumento del número de plazas y cubrir las bajas del ejército. El decreto resultaba atractivo, ya que convocaba a todos los mexicanos, sin distinción de edad o condición social, a unirse al «nuevo ejército activo». Los soldados recibirían instrucción militar y prestarían servicio en los cuarteles únicamente en los días designados, cumpliendo su compromiso de manera rotatoria hasta completar el tiempo estipulado de enganche. Sin embargo, este proyecto resultó ser utópico, pues en tiempos de guerra no era viable utilizar solo una parte del ejército activo mientras la otra atendía sus asuntos familiares, además de que la convocatoria no encontró eco entre la población. En este contexto, Huerta, que era consciente del desprecio hacia la institución militar y su gobierno, llamó a todos los mexicanos, incluidos los ricos, a servir en ella para que no fuera una obligación exclusiva de la clase pobre:

…la carrera militar ha sido vista con desprecio, pocos son los que han hecho de ella una profesión, y se ha creído que el soldado solo debe ser de nuestra clase pobre. Nada más falso. El pobre como el rico tienen entre las prerrogativas constitucionales, la de servir a la Patria a la carrera de las armas...32

Ante la negativa generalizada de la población a unirse al ejército, se intensificó el alistamiento masivo mediante la leva y el reclutamiento forzoso, una medida que se volvió urgente para garantizar un número suficiente de soldados. Para el gobierno de Huerta no existía otra forma de atraer a la población en general —indígenas, artesanos, mestizos y hombres de sectores pobres— para realizar el servicio militar además de la leva y el reclutamiento forzoso. Por lo tanto, si no aplicaba este método, no lograría su objetivo de alcanzar los 80 000 soldados. Se vio, entonces, obligado a tomar medidas extremas, como negar amparos judiciales e intentar legislar el enganche voluntario para que estos tuvieran mayor privilegio sobre los sorteados. Además, instó a los estados a formar batallones de voluntarios para proteger las plazas y garantizar los intereses tanto nacionales como extranjeros, justificando que eso evitaría distraer al ejército de las operaciones militares.33

El huertismo priorizaba sus intereses por encima de las necesidades y los derechos tanto de los indígenas, como de los sectores pobres y mestizos. Se procedía a reclutar, sin distinción, a menores de edad, personas de la tercera edad, padres de familia, rebeldes, sirvientes de finqueros, pequeños propietarios, individuos con salarios superiores a los del ejército, integrantes del ayuntamiento, jueces mixtos, gendarmes y rurales insubordinados, e incluso a algunos políticos. Por ejemplo, un diputado suplente de Palenque fue reclutado forzosamente debido a su enemistad con el jefe político, quien aspiraba al cargo que aquel ocupaba. La diversidad de personas afectadas por estos métodos de reclutamiento ilustra la magnitud del impacto social que tuvieron estas políticas coercitivas en el marco de la «malhadada leva al hombre laborioso».34

Ante la falta de éxito frente a las diversas facciones revolucionarias, a finales de 1913 Huerta intentó aumentar la fuerza militar a 150 000 efectivos, número que se proponía con el objetivo de llevar a cabo una «campaña para restablecer la paz y la tranquilidad pública» (Ramírez Rancaño, 2005: 191). En este contexto, el servicio en el ejército se había «convertido en una obligación ineludible», ya que se reclutaba, incluso, a trabajadores y obreros ajenos al departamento, siguiendo prácticas similares a las de la época porfirista. En los departamentos fronterizos con Guatemala, como Soconusco, Mariscal y Comitán, e incluso en Palenque, se enlistaba a guatemaltecos. Asimismo, en Pichucalco y Palenque se enviaba a tabasqueños que trabajaban como obreros en las fincas, mientras que en las zonas costeras se reclutaba a trabajadores de origen veracruzano, responsables del mantenimiento de las vías férreas.35

En sus circulares, el gobierno huertista notificaba que el enganche masivo era obligatorio debido a las constantes bajas y deserciones del ejército, y, a medida que avanzaba, especialmente en 1914, el envío de contingentes dejó de ser ordinario y anual, para convertirse en «inminente». En febrero se pretendía alcanzar hasta 200 000 soldados y, para abril, 250 000. Este objetivo tenía como finalidad ofrecer «garantías a los habitantes de las diversas entidades federativas» (Ramírez Rancaño, 2005: 196) y, para lograrlo, se consideró obligatorio el reclutamiento de diversas formas, lo que se convirtió en un obstáculo para los jefes políticos, pues cada vez quedaban menos candidatos para sortear. Sin embargo, la orden federal los facultaba para «sortear a como diera lugar», dado que se requerían reclutas «más que nunca». Para compensar la escasez de reclutas, el gobernador Palafox autorizó el enganche de «laberintosos y alteradores del orden público».

Incluso se requirieron caballos, que eran recogidos en las fincas sin la autorización de los dueños, bajo la promesa de que serían devueltos al final de la Revolución o se pagarían a 40 pesos cada uno. Además, se exigió a los finqueros una contribución especial para el sustento de la guerra. A los indígenas de La Trinidad, en el departamento de Palenque, no solo se les obligó a «sacar café de las fincas», sino que las autoridades se quedaban con la mayor parte de su salario, además de que se les impuso el pago de 25 pesos en plata para la adquisición de armas y el sostenimiento del gobierno, y quienes no podían sufragar tal cantidad estaban obligados a aportar en especie o con animales de corral, que las autoridades se encargaban de vender a precios elevados.36

Para alcanzar los 250 000 efectivos, Huerta facultó a la justicia local para cancelar todos los casos en curso, bajo el argumento de la necesidad de defender al gobierno. Solo se revocaban los casos de hombres de Guatemala que habían sido enganchados y que demostraban ser de ese país, ya que algunas personas usaban la nacionalidad para eximirse del servicio militar. Las altas prerrogativas y la distinción de clases sociales casi dejaron de existir; se sorteaba a todos, incluyendo a servidores públicos acusados de deslealtad y a miembros de la clase acomodada que disponían de buenos salarios. Ante la escasez de personas para reclutar, los jefes políticos suplicaban la intervención del gobernador para que se negaran los amparos con el fin de no entorpecer la concentración de reemplazos.37

Cuando las tropas norteamericanas ocuparon Veracruz en abril de 1914, el gobierno huertista ofreció una amnistía general a todos los rebeldes, excepto a los coahuilenses. Se prohibió la venta a los norteamericanos de todo tipo de metales, pólvora, dinamita e instrumentos de campo que pudieran utilizarse como material de guerra. Además, el gobierno trató de incitar a la población, al difundir la versión de que algunos mexicanos habían invadido e incendiado ciudades del territorio estadounidense, y que gran parte de los rebeldes se habían rendido y se habían unido a su gobierno (Cruz Pérez, 2019: 219-220). Sin embargo, no existen datos que confirmen la existencia de algún grupo rebelde que apoyara a Huerta, por lo que se deduce que esta información pudo haber sido inventada para despertar el patriotismo de los chiapanecos y motivarlos a unirse voluntariamente a sus filas. A pesar del reclutamiento mediante la leva, el sorteo y la coerción de amplios sectores de la población —indígenas, artesanos, mestizos y hombres de sectores pobres—, no se pudo evitar la derrota del huertismo, por lo que, en agosto de 1914, tras el triunfo del carrancismo sobre el ejército federal, se exigió la disolución de este último.38

 

El ejército voluntario de los constitucionalistas, 1914-1920

Cuando los constitucionalistas prevalecieron sobre el régimen huertista, el control local de Chiapas fue brevemente asumido por José Inés Cano el 13 de agosto de 1914. Poco después, los carrancistas, bajo el liderazgo del general Jesús Agustín Castro, llegaron a la entidad el 14 de septiembre del mismo año. La llegada de esta fuerza externa conllevó la militarización de Chiapas, lo que implicó la disolución de las instituciones locales, incluyendo el poder judicial y el Congreso estatal. Uno de los primeros objetivos fue reubicar a los exfederales en las plazas municipales; sin embargo, a los pocos días se sublevaron en Palenque, aunque la revuelta fue rápidamente sofocada.39 Solo dos días después de ingresar al estado, Castro emitió un manifiesto dirigido a la población chiapaneca en el cual exponía los principios revolucionarios e invitaba a todas las personas, sin distinción de clases sociales, a colaborar con su gobierno para alcanzar el progreso (Gordillo y Ortiz, 1986: 91).

Castro no incitó a los indígenas, a los mestizos ni a los hombres de sectores pobres a rebelarse contra sus patrones, sino que se ocupó de liberarlos de sus yugos como peones y de sus deudas, y les prometió que posteriormente les entregaría tierras. Estas condiciones habían sido problemas persistentes y ningún gobierno revolucionario había tomado la iniciativa de abolirlas o modificarlas, ni siquiera Madero, y mucho menos Huerta, a quien se veía como la «reencarnación» de la dictadura porfirista. Los representantes constitucionalistas se desplazaban a los diferentes departamentos para pregonar los objetivos de la Revolución, y en sus discursos destacaban los beneficios que esta traería para los indígenas, mestizos y sectores pobres. En Salto de Agua, departamento de Palenque, el 19 de noviembre de 1914 una multitud, compuesta por personas de todas las clases sociales, «aclamaron al ejército, al primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza y al general Jesús Agustín Castro, gobernador de Chiapas» (Cruz Pérez, 2019: 242). Este mismo modus operandi se repitió en otras regiones, como en Soconusco (Gordillo y Ortiz, 1986: 108).

Sin embargo, no toda la población de Chiapas aceptó la política carrancista, especialmente los pequeños y medianos propietarios del Valle Central, quienes el 2 de diciembre de 1914, mediante el Acta de Canguí, se levantaron en armas reclamando la usurpación de la soberanía de Chiapas y la imposición de diversas reformas políticas y sociales. Los chiapanecos sublevados estaban liderados por el finquero Tiburcio Fernández Ruiz e inicialmente se identificaban como villistas, aunque más tarde fueron conocidos localmente como mapachistas.40 Este movimiento abarcó desde el Valle Central y el Istmo hasta la frontera con Guatemala, en Comitán, y llegó a controlar la mitad del territorio chiapaneco (Gordillo y Ortiz, 1998: 92-95).

En el norte de Chiapas, en Pichucalco, surgieron varios grupos reaccionarios armados. En Palenque y Simojovel, pequeños grupos villistas y felixistas, respectivamente, operaban de manera independiente de los mapachistas del centro de la entidad. En 1916, estos grupos fueron absorbidos por Alberto Pineda Ogarrio, que se rebeló contra los carrancistas. A mediados de 1916, Pineda se levantó en armas como subordinado del mapachista Fernández Ruiz, y su zona de influencia abarcó la región de los Altos y el norte de Chiapas hasta la frontera con Tabasco, pasando por los antiguos departamentos de Simojovel y Palenque, con la excepción de Pichucalco, que operaba de manera autónoma (Cruz Pérez, 2019: 240-245). A principios de ese mismo año, el zapatista Rafael Cal y Mayor llegó a la entidad y controló el noreste del estado a través del distrito de Mezcalapa (Benjamin, 1983: 559-600).

Para el año 1915, el estado de Chiapas contaba con 1 380 soldados de tropa, 145 oficiales superiores y 580 caballos, todos bajo el mando de Castro. De estos, 350 efectivos estaban destinados a la persecución de los mapachistas.41 A pesar de que los carrancistas disponían de una fuerza considerable, Thomas Benjamin señala que no movilizaron a los campesinos para derrotar a los mapaches debido al temor de provocar una guerra de castas (Benjamin, 1998: 190). Sin embargo, desde finales de diciembre de 1914, los mestizos conocidos como «Voluntarios de Cintalapa», originarios de esa localidad, fueron los primeros en ofrecer sus servicios a los carrancistas. Habían sido reclutados por el mayor Luis Espinoza y el capitán Raúl García Gutiérrez, quienes integraron un regimiento.42 Según Gordillo y Ortiz, no solo los «Voluntarios de Cintalapa», grupo compuesto por jornaleros de Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, brindaron apoyo a los carrancistas, sino también los «batallones Belisario Domínguez» (Gordillo y Ortiz, 1986: 107).

Entre las reformas políticas implementadas durante el carrancismo destacó la supresión en 1915 de la figura del jefe político. Con su desaparición, los presidentes municipales asumieron la responsabilidad de enviar contingentes a la federación, reclutados mediante sorteo, asegurándose de que los excesos cometidos durante el huertismo no se repitieran. Sin embargo, el gobierno carrancista local no representó una ruptura total con el sistema anterior, ya que muchos exhuertistas ocuparon cargos como presidentes, secretarios y tesoreros municipales, intentando replicar las mismas prácticas huertistas, como ocurrió en Petalcingo, en el antiguo departamento de Palenque.

Para evitar la repetición de estas viejas costumbres, soldados carrancistas se desplazaban a los municipios. En Palenque, un profesor llamado Raúl R. Román, originario de Simojovel, asistía al capitán Manuel Morales en el reclutamiento en el mismo municipio, así como en Catazajá y La Libertad. El educador reportó que el reclutamiento fue exitoso; incluso abandonó su profesión para enlistarse voluntariamente en el ejército, donde alcanzó el grado de sargento 1º, aunque posteriormente causó baja por problemas de salud.43

En 1915, el general Castro contó con el respaldo de 14 voluntarios provenientes de Jiquipilas y 23 indígenas de Simojovel, quienes ofrecieron su apoyo moral y personal, «con las armas en mano», para combatir a los «enemigos del pueblo» hasta que prevaleciera el orden «civil y militar». Hacia finales de ese mismo año, más de un centenar de indígenas de Simojovel reforzaron las fuerzas constitucionalistas en su lucha contra los mapachistas en Montecristo, en la región de la Frailesca, mientras que 98 mestizos de Cintalapa lograron someter a otro grupo de «mapaches» en el Valle Central.44

Los constitucionalistas reconocieron el valor estratégico de los voluntarios, lo que los llevó a considerar la necesidad de reorganizar el ejército, así como a otorgar mayor autonomía a los estados y municipios para disminuir su dependencia del gobierno central. Ante el aumento del número de rebeldes finqueros, respaldados por sus peones, los indígenas mantuvieron su firmeza en colaborar en la pacificación del estado. En abril de 1916, más de 14 tseltales de Sibaca, Bachajón, perdieron la vida defendiendo la plaza frente a los pinedistas.45

El mayor contingente indígena, armado con escopetas y rifles, se encontraba en San Juan, municipio de El Bosque, donde se refugió el alcalde de Simojovel cuando los pinedistas atacaron la plaza a mediados de septiembre de 1916. Según Jan Rus (2004: 73), El Bosque funcionaba como un cuartel general carrancista. En cuanto a los voluntarios mestizos, estos se encontraban principalmente en áreas bajo control mapachista, como Motozintla, Mazapa y La Grandeza; en este último municipio, más de 200 mestizos sometieron a los mapachistas y les confiscaron 90 novillos, 14 mulas y 10 caballos.46

Ante el incremento de grupos insurgentes y los ataques contra las fuerzas carrancistas, en julio de 1916 el ayuntamiento de Tuxtla emitió una convocatoria a la población para que se uniera a la «defensa del honor» frente a los reaccionarios. Más de 70 tuxtlecos respondieron al llamado, a quienes se sumaron personas de distintas clases sociales de localidades cercanas como Totolapa, Chiapa de Corzo y Chicoasén.47 Asimismo, un contingente de cien voluntarios provenientes de Copainalá, previamente designados como auxiliares, se integraron a la causa, y una columna de indígenas de Simojovel también marchó hacia la capital del estado para ofrecer su respaldo a los carrancistas. En el municipio de Suchiate, en la frontera con Guatemala, operaba otro grupo de voluntarios mixtos que se encargaba de contener y dispersar a los rebeldes que, desde el país vecino, incursionaban en la zona con intenciones de desestabilizar la región.48

Durante la gestión de Blas Corral, en agosto de 1916, se requirió de contingentes de hombres a través de sorteo. Los presidentes municipales convocaban a los habitantes de diversas clases sociales al palacio municipal, donde se les informaba sobre la obligación de servir a la nación y su deber de integrarse al servicio militar. De hecho, no todos los ciudadanos se enlistaban de manera voluntaria. En Amatán, el presidente municipal comunicó al general Corral que los vecinos desobedecían la convocatoria por ser «gente ignorante y carente de patriotismo», además de que muchos se ocultaban cuando las fuerzas militares llegaban a los municipios para registrarlos en el padrón.49

La falta de simpatía era comprensible hasta cierto punto, dado que la región era fronteriza. El mayor Hipólito Rojas, del ejército tabasqueño, ingresaba a Chiapas para reclutar, donde logró un «número regular de enganche» para enviarlos a Tabasco y Yucatán, y por este motivo, cuando el ejército carrancista de Chiapas solicitaba reclutas, no tenía éxito debido a la intromisión tabasqueña. Además, otros factores influían negativamente, como la composición demográfica de la población, que en su mayoría estaba integrada por personas de edad avanzada, mientras que el reducido número de hombres en edad de servir era destinado a combatir plagas de chapulines o langostas con el objetivo de evitar la pérdida de cosechas y prevenir futuras carestías de cereales como las que se experimentaban en ese momento. Estas circunstancias limitaban considerablemente su capacidad para contribuir al reclutamiento.50

El método de reclutamiento por sorteo durante el carrancismo no era muy habitual; el primero se realizó en febrero de 1915 y tuvo que transcurrir más de un año y medio para que se llevara a cabo el siguiente, en agosto de 1916 —en los gobiernos anteriores se realizaban de dos a cuatro veces al año, como ocurrió durante el huertismo—. La implementación del sorteo probablemente se debió a la necesidad de cubrir bajas en otros estados, entendiendo que algunos indígenas se comprometían a servir al carrancismo. Por ejemplo, en Sabanilla algunos indígenas choles se enlistaron voluntariamente en el ejército carrancista y regresaron una vez que la entidad recuperó la paz (G. P. Martínez, entrevista, 15 de abril de 2024), mientras que otros tardaron hasta 10 años en regresar, tal vez para servir al régimen posrevolucionario (A. P. Méndez, entrevista, 15 de abril de 2024).

En 1917, cuando las fuerzas constitucionalistas se transformaron en el Ejército Nacional (Garciadiego, 2014: 22). El gobierno carrancista intentó reorganizar la fuerza militar debido a la sobreabundancia de jefes, oficiales y clases; los jefes y oficiales formaron una corporación denominada Legión de Honor del Ejército Nacional, mientras otros se integraron a la Colonia Agrícola Militar y a la vigilancia de las vías férreas en todo el país51 (Loyo Camacho, 2003: 45). Dado el excedente de efectivos en el ejército a nivel nacional y local, no fue necesario realizar el sorteo como se estipulaba en la Constitución de 1917, debido al enganchamiento voluntario de indígenas, mestizos y hombres de sectores marginados. Aquellos que se unieron al gobierno carrancista lo hicieron tras ser liberados de sus deudas y de su condición de peones perpetuos en las fincas, con lo que buscaban someter a sus antiguos adversarios, los pequeños y medianos finqueros.

Desde el segundo semestre de 1917, bajo el control de Pablo Villanueva, se intentó alcanzar la pacificación de la entidad mediante la regulación de las armas. Sin embargo, esta medida no garantizó la paz, lo que llevó al gobierno carrancista a implementar otros métodos, como el control de los productos de primera necesidad. En particular, en el departamento de Palenque se estableció que todos los productos que circulaban en la zona debían llevar la leyenda «Enterado», que equivalía a un permiso otorgado para su tránsito, proveniente de un «pueblo de paz» (Cruz Pérez, 2019: 289).

Ninguna de las medidas anteriores resultó efectiva. En 1918, durante el gobierno de Villanueva, que fue reemplazado por Manuel Fuentes en su ausencia, se implementó un enfoque más riguroso que consistía en concentrar a las poblaciones en las cabeceras departamentales y municipales, y quienes no obedecían eran considerados rebeldes y debían ser atacados. Esta política de concentración fue dirigida por el general Salvador Alvarado, cuyo objetivo principal eran los mapachistas del Valle Central, reconocidos como los acérrimos enemigos de los carrancistas. Alvarado persiguió a estos rebeldes tenazmente, dividiendo la región en dos bandos: rebeldes y gobiernistas, siendo el río Grijalva el límite entre ambos, específicamente en Chiapa de Corzo (Gordillo y Ortiz, 1986: 141-144). Esta estrategia se implementó en todo Chiapas, y en ella los indígenas desempeñaron un papel crucial en tareas de espionaje y recopilando información sobre noticias y el paradero de los rebeldes pinedistas, que era transmitida diariamente a las autoridades militares. Los municipios organizaron guardias locales para proteger sus jurisdicciones, hogares e intereses, y los grupos que no contaban con guardias eran reubicados en las cabeceras departamentales, que estaban resguardadas por las fuerzas gubernamentales.52

En las plazas donde se encontraban guarniciones militares o voluntarios se permitía a la población salir a trabajar en el campo siempre y cuando informara sobre la aproximación de los rebeldes a sus milpas. A los indígenas de los Altos y de Comitán no se les concentró, bajo la condición de que no sirvieran como focos de aprovisionamiento para los rebeldes y, en caso de incursiones de estos en sus lugares, tenían la opción de armarse o de ser reconcentrados.53 Hasta el momento, solo se ha registrado un caso de 21 mestizos de Tapachula que denunciaron haber sido obligados a participar en un segundo servicio voluntario de una semana. Por el contrario, los indígenas mantuvieron su ánimo de servicio gratuito al gobierno, al punto de denunciar cualquier prohibición por participar como voluntarios. Un ejemplo de ello fue un grupo de indígenas de Pueblo Nuevo Solistahuacán, que denunció al presidente municipal por prohibirles apoyar al ejército, después de que entre 80 y 100 de ellos ayudaron a recuperar Simojovel de los pinedistas.54

A pesar del respaldo voluntario de indígenas, mestizos y hombres de sectores desfavorecidos, la táctica de Alvarado fracasó debido a la falta de lealtad de sus colaboradores más cercanos, a la amnistía concedida a los prisioneros de guerra y a la beligerancia generalizada en la entidad. Se centró en la formación de batallones y regimientos organizados con personal selecto, hasta lograr armar 50 pueblos y haciendas con un total de 2 175 hombres, además de que estableció nueve “guerrillas gobiernistas” compuestas por 393 voluntarios. Estos voluntarios no percibían salario, a menos que participaran en expediciones fuera de su localidad. En contraste, las «guerrillas gobiernistas» recibían un sueldo, ya que poseían conocimiento sobre los rebeldes, sus guaridas, costumbres, familiares y cómplices, además de que tenían menos propensión a enfermarse (Cruz Pérez, 2019: 293). Un indígena chol relató que su padre sirvió en el carrancismo, periodo en el que pasó horas en posición de combate en puntos estratégicos, «cazando felixistas». Utilizaban tácticas ingeniosas, como el uso de troncos verdes de corcho para dificultar el paso de las balas, ya que estos se enfriaban lentamente y la resina del árbol provocaba que las balas se alojaran en la madera (M. D. Martínez, entrevista, 12 de abril de 2024).

Mientras se buscaba pacificar el estado, se recibió una orden federal para dar de baja del Ejército Nacional a los menores de entre 12 y 17 años de edad, «por razones morales y materiales», con la excepción de aquellos que habían estado activos desde 1913 hasta 1915, que serían transferidos a la escuela militar de tropas para servicios especiales y, una vez alcanzada la mayoría de edad, podrían ingresar al ejército. Esta versión es confirmada por Loyo Camacho (2003). El gobierno local intentó modernizar el ejército bajo su mando mediante la implementación de ejercicios contemporáneos y la difusión del conocimiento de la ordenanza militar con el objetivo de dignificar la institución y ofrecer garantías a la sociedad. En este sentido, se procuró retirar de las filas del ejército a los elementos indeseables que se dedicaban a robos, asaltos y escándalos.55

A finales de 1919, durante el gobierno interino de Pascual Morales, se mantuvo el espíritu voluntario. Por ejemplo, un contingente de mestizos de Acala llegó a Suchiapa para colaborar con el gobierno carrancista en su esfuerzo por someter a los mapachistas, y, en Chamula, cuatro «guerrilleros gobiernistas» de la «tropa guerrilla número 1» defendieron la plaza de los pinedistas cuando estos intentaron tomarla. Para 1920, con el último carrancista, Alejo González, en el poder, se registró otro evento significativo: un grupo de mestizos voluntarios de Zapaluta logró someter a los pinedistas en Ocosingo, forzándolos a huir hacia San Quintín y Guatemala.56

Tras el asesinato de Carranza en mayo de 1920, en Chiapas el poder fue asumido por la familia mapache hasta que el jefe mayor Fernández Ruiz ocupó el cargo constitucionalmente en diciembre de ese año. Mientras tanto, Pineda y el zapatista Cal y Mayor continuaron en rebeldía contra el gobierno mapachista, aunque eventualmente se sometieron tras negociar algún puesto político. Parte de las tropas rebeldes se integraron al Ejército Nacional y fueron reubicadas en Tuxtla, San Cristóbal, Comitán y Villa Flores, mientras otros grupos fueron disueltos. Pineda cesó sus actividades armadas en octubre de 1920, cuando aceptó el cargo de general en Tabasco. Incluso la tropa mapachista, conocida como División Libre de Chiapas, pasó a formar parte del Ejército Nacional.57

Con el ascenso del mapachismo al poder, los indígenas se vieron obligados a enfrentar condiciones similares a las del pasado, ya que se reanudó la práctica de la leva. En este sentido, indígenas de Jitotol, Sabanilla y diversas fincas de Simojovel denunciaban que eran forzados por agentes militares a prestar servicios en las cabeceras municipales, además de que se les exigía entregar productos básicos y aves de corral a precios injustos y, quienes se negaban, eran amenazados con ser reclutados como soldados o forzados a trabajar en las fincas como peones.58

 

Consideraciones finales

En Chiapas, el servicio militar, o servicio de las armas, constituyó una estrategia de control social empleada por las autoridades departamentales y municipales para mantener a la población —principalmente a indígenas, mestizos y personas de sectores desfavorecidos— sometida a un comportamiento aceptable. A principios del siglo XX, durante la última década del régimen porfirista, Chiapas experimentó la implementación de un nuevo sistema de reclutamiento, el sorteo, que había sido iniciado por Emilio Rabasa a finales del siglo XIX. Esta medida generó un profundo descontento entre los mestizos, ya que implicaba abandonar su vida cotidiana durante un periodo de cuatro años, de los cinco estipulados inicialmente, separados de sus hogares y corriendo el riesgo de ser enviados a otros estados de la República, sin garantías de poder permanecer en la capital del estado.

La persistencia del antiguo modus operandi y la inquietud de los mestizos no se desvanecieron con el ocaso del régimen porfirista-rabasista ni con el ascenso de Madero y Huerta; por el contrario, continuaron las mismas prácticas. Cada gobierno revolucionario intentó mejorar o superar a su predecesor en políticas militares y en la magnitud del ejército, pero ninguno logró romper por completo con las viejas prácticas porfiristas. Incluso Madero permitió la leva para aumentar su ejército, mientras que los sancristobalenses, ávidos de revivir esta práctica, recurrieron a la leva masiva de los tsotsiles de Chamula, omitiendo incluso la aplicación del sorteo que se había utilizado en años anteriores. Esta práctica persistió durante la espera por la aprobación del servicio militar obligatorio, aunque quedó en suspenso debido al golpe de Estado perpetrado por Huerta en contra de Madero.

Con el huertismo, el sistema de reclutamiento mediante leva y sorteo se intensificó de manera notable. Se abolieron las prerrogativas y ni siquiera los mestizos pudieron eludir el sorteo premeditado, cuyo objetivo era reclutar entre 60 000 y 250 000 soldados en el lapso de un año. Las leyes y decretos promulgados por el huertismo fueron ignorados, se transgredieron las facultades de las autoridades locales y se violaron los derechos de los mexicanos. En una sociedad que carecía de simpatía hacia el ejército, el ambicioso proyecto militar huertista enfrentó numerosos obstáculos. Los reclutamientos forzosos se triplicaron, o incluso cuadruplicaron, en un año. Ante la apremiante necesidad de aumentar las filas del ejército y cubrir las bajas, el gobierno recurrió a medidas extremas, como la leva y el sorteo fraudulento, incluyendo a personas de otros estados y de Guatemala.

Tras el ascenso de los constitucionalistas se produjo un quiebre con las antiguas prácticas porfiristas que habían sido replicadas por los gobiernos anteriores. La llegada de los carrancistas a Chiapas en septiembre de 1914 marcó el fin de la leva, que dejó de practicarse y, en su lugar, se mantuvo vigente el sistema de sorteo, aunque su aplicación carecía de peso significativo dado que grupos de indígenas, mestizos y sectores desfavorecidos, como jornaleros y campesinos, se enlistaban voluntariamente para someter a los finqueros, a quienes consideraban enemigos. Desde su llegada en 1914 hasta su caída en 1920, el gobierno carrancista contó con el apoyo voluntario de la población, que desde los primeros días manifestó la expectativa de lograr beneficios de las reformas políticas y sociales, como la liberación de mozos y la cancelación de deudas, entre otros.

Este gobierno se caracterizó por utilizar voluntarios sin forzarlos a prestar servicios civiles y militares, y se destacó por el empleo de «guerrillas gobiernistas». A pesar del respaldo popular, no se logró la pacificación total de la entidad debido a cuestiones políticas, la deslealtad de los funcionarios públicos y a las guerras generalizadas. Tras la muerte de Carranza en mayo de 1920, el poder local quedó en manos de los mapachistas, mientras que el Ejército Nacional se mantuvo intacto, con ciertos grupos rebeldes integrándose a la institución, mientras que otros fueron suprimidos.

 

Archivos consultados

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AHECH Archivo Histórico del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez

AHSDN Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México

AHyFT Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, Villahermosa

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