Introducción

 Las estadísticas vitales incluyen la enumeración de nacimientos, defunciones, muertes fetales, matrimonios y divorcios. En México, su generación recae en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Incorporan información esencial para el estudio de fenómenos demográficos como fecundidad, mortalidad y nupcialidad. Dada su importancia en el campo demográfico, algunos autores han realizado notables esfuerzos por ofrecer diagnósticos que establezcan rutas para mejorar el corpus de datos y, a su vez, la comprensión de las problemáticas poblacionales (Ordorica, 1978).

Los temas de investigación que consultan las estadísticas vitales han centrado su interés en fenómenos demográficos vinculados a la población mexicana residente, y se ha dedicado menos atención a los hechos vitales de la población extranjera. Esto puede deberse a que tradicionalmente México se ha cncebido como un país de emigración (Giorguli, García y Masferrer, 2016) y, por lo tanto, la identificación de personas extranjeras (inmigrantes y migrantes en tránsito) pareciera no ser estadísticamente prioritaria. Sin embargo, en décadas recientes el país ha experimentado importantes cambios en materia migratoria que apuntan a una mayor presencia de población extranjera: 1) el aumento de un flujo migratorio proveniente de Estados Unidos (Zúñiga y Giorguli, 2019; Giorguli, García y Masferrer, 2016); 2) el incremento de centroamericanos que se establecen en el país (Nájera, 2016; Torre, 2020); 3) el crecimiento de la migración en tránsito (Giorguli, García y Masferrer, 2016); y 4) la prolongación del tiempo de establecimiento «temporal» en México de migrantes en tránsito (Nájera, 2016) y solicitantes de asilo a Estados Unidos. Adicionalmente, en 2018 y 2019 el país experimentó la presencia insólita de caravanas de migrantes que se dirigían a Estados Unidos (Nájera, 2019; Gandini, Fernández y Narváez, 2020).

México se convirtió en un país de destino de migrantes provenientes de Estados Unidos, que son principalmente mexicanos adultos que residieron por años en este país (Zúñiga y Giorguli, 2019). Lo destacable de este retorno es que algunos de ellos regresaron con niños menores que nacieron en Estados Unidos (Giorguli, García y Masferrer, 2016), con nacionalidad estadounidense. Adicionalmente, los fenómenos de migración en tránsito e inmigración en territorio mexicano se han incrementado (Giorguli García y Masferrer, 2016) de manera que, progresivamente, el país ha adquirido mayor relevancia como espacio de asentamiento temporal y definitivo de población centroamericana (Nájera, 2016; Torre, 2020). Por otro lado, algunos autores también han destacado la presencia de trabajadores «diarios»1 y «temporales»2 en la frontera sur de México (García, 2013; Nájera, 2013; Martínez, 2014; Rojas, 2018).

En 2018, el desplazamiento de personas en caravana hacia Estados Unidos rompió la invisibilidad con la que los migrantes centroamericanos pretendían cruzar por México en el pasado (Nájera, 2019), y representó una estrategia para viajar de forma acompañada y segura (Gandini et al., 2020; Nájera, 2019). Al respecto, en estas caravanas se destacó un importante cambio en la composición sociodemográfica de los flujos migratorios: se observó mayor presencia de mujeres, niños, niñas y personas adolescentes que viajan sin acompañamiento, familias completas o fraccionadas, adultos mayores y personas con discapacidades y con presencia de migrantes extracontinentales (Gandini et al., 2020). Dada esta mayor presencia de población extranjera en el país, más su diversidad sociodemográfica, es que se acentúa la trascendencia de contar con instrumentos más efectivos en la captación de sus hechos vitales.

Del mismo modo que la presencia de personas de otras nacionalidades en el país va en aumento, el tiempo de establecimiento «temporal» también se ha incrementado. Algunos elementos que han contribuido a prolongar la permanencia de migrantes en México es la necesidad de adquirir recursos para continuar el viaje hacia Estados Unidos, la imposibilidad o el deseo de no regresar al país de origen, así como el fortalecimiento del control migratorio a lo largo de México (Nájera, 2016).

Otro acontecimiento que ha suscitado estancias más prolongadas en el país es el freno de la afluencia de migrantes en la frontera sur, compromiso del gobierno mexicano con Estados Unidos. Así, en junio de 2019 se dispuso el despliegue de 27 000 elementos de la Guardia Nacional para la contención de migrantes (Guerrero, 2019 citado en Alarcón, 2019), lo que puede estar produciendo un tipo de «estancamiento» en la frontera sur.

Desde finales de 2018, el gobierno mexicano estuvo en disposición de colaborar con el desarrollo del programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), que permite a migrantes solicitantes de asilo permanecer en alguna ciudad fronteriza mexicana mientras esperan alguna resolución por parte de Estados Unidos. Si bien la presencia de migrantes en México podría ser beneficioso para el país y para las comunidades de origen, las estancias más prolongadas también han incrementado su vulnerabilidad (Basok, Bélanger, Rojas y Candiz, 2015).

En la academia se ha documentado la vulnerabilidad con la que las personas migrantes, provenientes principalmente de Centroamérica, suelen pasar por México (Ruiz, 2001; Casillas, 2011), pero esta condición se ha visto intensificada para las mujeres (García y Olivera, 2006; Rojas, 2017). Algunos de los principales riesgos que ellas enfrentan en la frontera sur son la violación, el acoso sexual, la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual (Girardi, Reyes, Pérez, Flores y Gómez, 2010; Ruiz, 2001). Para el caso de Chiapas, los riesgos de la migración enfrentados por mujeres y niños son la discriminación y la violencia de género (García y Olivera, 2006).

El nivel de mortalidad observado durante estos procesos migratorios es una manifestación de la vulnerabilidad de las mujeres centroamericanas migrantes en el país; no obstante, su medición se ve seriamente afectada cuando los registros no permiten la identificación y caracterización de las personas extranjeras. En este sentido, el objetivo de este artículo es reflexionar y analizar las principales debilidades de las estadísticas de mortalidad del inegi en la identificación de decesos de centroamericanos3 en tránsito por México, y en particular el de las mujeres.

Si bien México ha incorporado las principales recomendaciones de Naciones Unidas para la constitución de un sistema de estadísticas vitales (Galindo y Ordorica, 2007), aquí se presta atención a aquellas variables vinculadas con la migración que aún se encuentran ausentes en los registros de muerte. Para cumplir con el objetivo se revisaron actas de defunción del Registro Civil en cuatro municipios de Chiapas y uno de Tabasco. Con lo observado se analizan y proponen posibles caminos de mejora en los datos concernientes a las personas extranjeras.

El artículo se divide en cinco partes. En la primera se presenta el marco teórico sobre género, migración y violencia. En la segunda se destaca el nivel de mortalidad como una manifestación de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. En la tercera se expone la metodología implementada para la revisión y captura de las actas de defunción en el Registro Civil. En la cuarta parte se ofrece una evaluación de las estadísticas vitales en la identificación de muertes de centroamericanos y para la quinta se ofrecen algunas consideraciones finales.

 

Género, migración y violencia

La condición de desventaja y riesgo con la que las mujeres centroamericanas salen de sus países y transitan por México ha sido analizada a través del enfoque de «continuo de violencia» propuesto por Bourgois y Scheper Hughes (citado en Willers, 2016; Cortés, 2018). Esta perspectiva es utilizada con el fin de analizar la compleja relación entre diferentes formas de violencia: estructural, simbólica, política o institucional, cotidiana, criminal, sexual y de género.

De acuerdo con Cortés (2018), quien a su vez se basa en Bourgois (2010), el continuo de violencia que enfrentan las mujeres durante el tránsito hacia Estados Unidos opera mediante tres mecanismos invisibles: la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia normalizada. Estos tres mecanismos de violencia «invisible» son un punto analítico de partida para enfatizar los vínculos entre las diferentes manifestaciones de violencia «visible», como es la violencia criminal, delincuencial o la autoinfligida (Bourgois, 2010).

La violencia estructural alude a la represión económica-política y de desigualdades sociales históricamente arraigadas (Bourgois, 2001, citado en Willers, 2016). La violencia simbólica es aquella en la cual el sector de la población dominado naturaliza el statu quo y se culpan por su dominación, de manera que se naturaliza y legitima (Bourdieu, 2000, citado en Bourgois, 2010). La violencia normalizada se refiere a la producción social de la indiferencia ante la brutalidad institucionalizada (Scheper-Hughes y Lovell, 1987, citado en Bourgois, 2010). Este último concepto de violencia normalizada coincide con la noción de «cultura del terror», que apunta a cómo la prevalencia de brutalidad y violación a los derechos humanos crea un «espacio de muerte» que naturaliza la tortura y los asesinatos (Taussig, 1984, citado en Bourgois, 2010).

A pesar de la invisibilidad de la violencia estructural, esta se desarrolla en instituciones claramente identificables, relaciones e ideologías; por ejemplo, los términos de un mercado de comercio desigual entre naciones industrializadas y no industrializadas, leyes discriminatorias, el racismo y la desigualdad de género (Bourgois, 2010). Póngase por caso las desigualdades en salud que manifiestan visiblemente la violencia estructural; estos desequilibrios en salud son resultado de distintos esquemas de morbilidad, niveles de mortalidad y accidentes de trabajo según clase, etnicidad y condición de ciudadanía (Bourgois, 2010). Entonces, la identificación de los decesos toma relevancia como el primer paso hacia la visibilización de una de las manifestaciones de la violencia estructural; es decir, pretende un camino para mostrar cómo los esquemas de mortalidad son diferenciales según la nacionalidad o el estatus migratorio.

Ahora bien, para entender la violencia en las tres etapas de la migración: salida, tránsito y lugar de destino, Willers (2016) estructura su análisis a partir de la violencia estructural, la violencia política y la violencia cotidiana. La violencia política es aquella administrada por el Estado y por las fuerzas armadas o por autoridades oficiales (Bourgois, 2001, citado en Willers, 2016). La violencia cotidiana es la ejercida por los compañeros de viaje, otros migrantes, agentes de las instituciones estatales, choferes de tráiler, garroteros, personas que viven en las rutas de tránsito, personal de los albergues, etc. (Willers, 2016). Todos estos tipos de violencias interaccionan con la violencia de género, la cual es el resultado de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres:

En el análisis de las razones de la migración, se advirtió que factores como la pobreza –los cuales forman parte de la violencia estructural– se entrelazan con formas de violencia de género y de violencia social, y tienen efectos particulares en la vida de las mujeres (Willers, 2016: 176).

La violencia criminal y la violencia de género, violencia visible, en la lógica de Bourgois, operan en combinación con otros tipos de violencia invisible. Dado este entrelazamiento de violencias, las relaciones de género pueden intensificarse para las mujeres de manera desventajosa según el contexto migratorio en el que se encuentren o según el grupo social en el que históricamente han vivido en discriminación. Como Madueño (2010) lo explica: las formas de dominación a través de las relaciones de género no desaparecen en el tránsito, sino que se perpetúan en el contexto de la migración; incluso, estas relaciones de dominación se refuerzan al ser mujer extranjera y no documentada. Así, para Willers (2016: 185) «durante el tránsito, para muchas mujeres centroamericanas la condición de ser mujer, indocumentada, extranjera, sin recursos y tener ciertos rasgos étnicos se traduce en una posición desventajosa».

En este mismo sentido, Pickering y Cochrane (2013) argumentan que, al interior de las familias en los países de origen y tránsito, existen prácticas asociadas con el género que constituyen factores para un incremento en el riesgo de muerte de las mujeres; una de estas prácticas es que ellas son vistas como objetos de deseo y satisfacción sexual, situación que puede agravarse en el contexto fronterizo. Conviene destacar que Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (Organización Panamericana de la Salud, 2020); de donde el feminicidio es el extremo de un continuo de terrorismo antimujeres (Russell y Caputi, 1992). Ahora bien, la muerte por feminicidio no es la única causa que puede asociarse con la violencia feminicida, como lo explican Fuentes, Barajas y Figueroa (2007: 207):

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres se ha denominado violencia feminicida, la cual es producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está conformada por el conjunto de conductas misóginas —maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional— que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo e indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres: accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y la exclusión del desarrollo y la democracia (negritas mías).

La violencia que se ejerce en contra de las mujeres las coloca en condiciones de vulnerabilidad y a su vez se desarrollan estrategias para hacerles frente (agencia). Partiendo de lo anterior, se observa que la migración femenina ocurre entre estos dos procesos, el de agencia y el de vulnerabilidad (Willers, 2016). El proceso de agencia corresponde a aquellas prácticas con las cuales se hace frente a situaciones desfavorables para contribuir a la mejora del bienestar (Willers, 2016). El proceso de vulnerabilidad social es la poca capacidad de respuesta o pocos recursos para afrontar riesgos que conducen a un deterioro del bienestar de las personas, hogares o comunidades (Busso, 2001, citado en Rojas, 2017). La vulnerabilidad social puede expresarse en varias formas: fragilidad e indefensión ante cambios en el entorno; desamparo institucional desde el Estado; inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva para pensar estrategias y actuar en el futuro para mejorar el bienestar (Rojas, 2017).

 

La mortalidad como expresión de la vulnerabilidad social
de mujeres migrantes

En esta sección se argumenta cómo la violencia de género y otro tipo de violencias desencadenan diferentes tipos de riesgos para las mujeres centroamericanas, entre ellos la muerte. También se destaca cómo la información sociodemográfica debiera formar parte de los registros de muerte con el propósito de distinguir qué grupos históricamente han vivido discriminación (violencia estructural) y así evitar el ocultamiento de las muertes de mujeres migrantes (violencia institucional).

Las investigaciones que analizan los costos de vidas humanas en las fronteras de la Unión Europea y Estados Unidos han prestado poca atención a la dimensión del género (Pickering y Cochrane, 2013). No obstante, existe evidencia de que, en el contexto migratorio del tránsito y establecimiento en México, las relaciones de género se refuerzan, lo cual ocasiona que mujeres migrantes enfrenten mayores riesgos (Ruiz, 2001; Girardi et al., 2010; Rojas, 2017). Esto también ocasiona que la probabilidad de ser vulneradas sea alta y que la capacidad de resistencia o respuesta para enfrentar riesgos resulte limitada (vulnerabilidad social) (Rojas, 2017).

Ahora bien, la violencia que viven las mujeres centroamericanas en el lugar de origen es uno de los principales motivos para que se desplacen hacia México (Willers, 2016; Cortés, 2018), a pesar de que esta salida las lleva a asumir nuevos peligros en su tránsito migratorio (Cortés, 2018). Para algunas de ellas, la violencia ejercida por su pareja es un detonante de la migración (Willers, 2016; Madueño, 2010) y salir repentinamente del país, sin poder siquiera planearlo, las pone en una clara desventaja en el proceso de tránsito por México (Willers, 2016). La migración es, entonces, una respuesta a la violencia generalizada en origen, en combinación con desigualdades y violencia de género (Willers, 2016).

Por otro lado, las condiciones de vida relacionadas con el país de origen de las mujeres centroamericanas han abonado a mayores grados de vulnerabilidad social o económica. A su vez, la migración se desarrolla en condiciones precarias debido a la condición no documentada, la inseguridad, la incertidumbre y la indefensión en los territorios de paso y asentamiento (Rojas, 2017). De esta forma, se observa cómo se produce un encadenamiento de precariedades y vulnerabilidades en las diferentes etapas del proceso migratorio (Rojas, 2017). Entonces, la vulnerabilidad social es el resultado de la violencia ejercida en contra de las mujeres en los lugares de origen, y esta a su vez promueve que las mujeres estén más expuestas a otras formas de violencia durante el proceso migratorio (Willers, 2016).

A partir del año 2000, los movimientos migratorios hacia Estados Unidos se han desarrollado en un contexto de incremento de la violencia y la inseguridad (Cortés, 2018). Para las mujeres, a esta violencia criminal se debe agregar la violencia sexual y la violencia de género (Cortés, 2018), pues se estima que seis de cada diez mujeres viven algún tipo de acoso o abuso sexual durante el tránsito (Amnistía Internacional, 2010, citada en Velasco, 2013). Es decir, la violencia criminal se entrelaza con otro tipo de violencias como la de género (Cortés, 2018).

En este contexto, las mujeres tienen que ir tomando decisiones durante el tránsito para evadir diferentes riesgos; por ejemplo, viajar por carretera para reducir el riesgo a la violencia sexual, aunque esto incrementa el peligro a ser deportadas; o para evitar ser deportadas se opta por viajar por un medio de transporte peligroso como La Bestia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir violencia sexual y criminal (Cortés, 2018). Aunado a esto, la violencia se recrudece con el incremento del control migratorio que deriva en operativos de aprehensión, extorsión y violación a los derechos humanos; experiencias que para las mujeres van acompañadas de violaciones sexuales, inducción a la prostitución y otras formas de violencia feminicida (García y Olivera, 2006).

De acuerdo con el marco teórico, la violencia estructural se manifiesta, por un lado, en las desigualdades de género (relaciones de poder y dominación de las que son objeto las mujeres) y por otro, en los diferentes niveles de mortalidad según la condición de ciudadanía. Como lo entiende Willers (2016), la violencia de género ocurre de manera transversal a otros tipos de violencias, de modo que es imposible disociarlas. A pesar de la salvedad, el nivel de mortalidad puede ser empleado como un termómetro de la violencia de género en conjunto con el continuo de violencia que enfrentan las mujeres.

En ese sentido, las tasas de mortalidad requieren al menos contar con información sobre la población en riesgo (flujos migratorios) y sobre los decesos durante el proceso migratorio. Al respecto, García y Olivera (2006) destacan tres enormes ausencias en las fuentes documentales: la falta de información sobre la migración no documentada, la diferenciación de migrantes por sexo y la distinción entre indígenas y mestizos.

Aunque el crecimiento del flujo migratorio de mujeres y niños es visible, no existen cifras oficiales sobre su número y sobre sus características; de manera que la inexistencia de información de mujeres migrantes refleja el imaginario misógino que predomina en la sociedad y en las instituciones (García y Olivera, 2006). Lo que se sabe de estas mujeres migrantes es que son principalmente guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas (García y Olivera, 2006). Ahora bien, las mujeres centroamericanas no son las únicas víctimas de violencia y abusos; por ello, son necesarios registros que precisen la nacionalidad o los lugares de origen. Como lo menciona Rojas (2017), a pesar de las coincidencias de experiencias, no pueden perderse de vista las especificidades de nacionalidades, así como de los grupos sociales.

En relación con los homicidios femeninos, algunos documentos han señalado la falta de un registro homologado de muerte con perspectiva de género que permita diferenciar entre homicidios femeninos y feminicidios (Echarri, 2011: 73; 2012: 106). En los certificados de defunción que alimentan las estadísticas vitales, por lo general no se asienta información para la investigación y procuración de justicia, tales como el lugar donde ocurrió el evento (10% de los casos), los medios empleados (entre 20 y 35 % de los casos), el estado civil de la víctima, y si había antecedentes de violencia familiar (entre 80 y 90 %) (Incháustegui, 2014). Otra desventaja de las estadísticas vitales es la ausencia de características de las víctimas, tales como grupo étnico, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio y si vivían con alguna discapacidad (Data Cívica y cide, 2019). La importancia de contar con estos datos es que delimitan colectividades que viven discriminación, que enfrentan mayor vulnerabilidad y que podrían estar en potencial riesgo. En este sentido, García y Olivera (2006), al analizar las consecuencias de la migración de acuerdo con el género y etnia o cultura, identifican que el hecho de ser mujeres e indocumentadas las coloca en una situación de gran vulnerabilidad y violencia social que atenta contra sus derechos y contra su existencia misma.

 

Metodología

La fuente principal de las estadísticas vitales es el certificado de defunción4 (inegi, 2014). Este se elabora una vez que ha sido corroborada la muerte, se ha examinado el cadáver y se ha recogido la información suficiente sobre las causas que ocasionaron el deceso (ssa, 2004). El certificado de defunción sirve para dar fe del hecho e inscribir la defunción en el Registro Civil, el cual tiene la obligación legal de exigir el certificado de defunción y levantar el acta de defunción con apego a la verdad (ssa, 2004). Entonces, las actas de defunción representan una fuente secundaria a los certificados de defunción, y su información puede ser contrastada con las estadísticas publicadas por el inegi. Por esta razón se procedió a la revisión y captura de las actas de defunción en cinco municipios de la frontera sur de México.

En esta tarea se prestó atención a las variables que, de acuerdo con la revisión de la literatura, debían formar parte de los registros de muerte que permitieran distinguir entre grupos poblacionales: la nacionalidad, el país de residencia, el país de nacimiento y el estatus migratorio. Adicionalmente, se reconocieron otras variables de importancia media que, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas (2014), podrían incluirse en las estadísticas vitales: lugar de residencia anterior y tiempo de residencia en México.

La revisión y captura de las actas se realizó en dos momentos, la primera en junio de 2016 y la segunda en enero de 2020. La captura en ambos periodos de inspección incluyó todas las defunciones de nacionalidad extranjera y nacionalidad no identificada; es decir, solo se excluyeron las defunciones de mexicanos. El total de campos capturados fueron el año de registro, la fecha de ocurrencia, la edad, el sexo, la nacionalidad, el país de residencia y el tipo de muerte (natural o violenta). Adicionalmente, para algunos años se capturó el país de nacimiento o si se desconocía el nombre, la edad y el sitio de ocurrencia.

Durante la primera revisión se visitaron los municipios de Tapachula y Palenque en Chiapas y Tenosique5 en Tabasco. La revisión en los tres municipios comprendió las muertes registradas entre el primero de enero de 2000 al 31 de mayo de 2016. Durante esta primera oportunidad no se logró capturar la información de una de las oficialías de Tapachula; no obstante, estos casos fueron recuperados durante el trabajo de campo en 2020. Cabe señalar que una de las dificultades para el acceso a las actas de defunción en el Registro Civil fue que los funcionarios argumentaban que los datos de esta investigación podían ser encontrados en otra instancia gubernamental, y que la información de las actas de defunción era de carácter confidencial. Este argumento fue recurrente a pesar del compromiso de no contravenir las disposiciones relativas a la reserva de información personal y de que el uso de la información sería de carácter estrictamente académico.

La selección de municipios se dio en función de la autorización por parte del Registro Civil para acceder a los libros, a la pertenencia a algún corredor de migración en tránsito y a la relevancia numérica de muertes de extranjeros en los registros del inegi. En la primera etapa del trabajo de campo se analizaron las muertes en tres municipios disímiles según la presencia de extranjeros en ellos: turistas, migrantes en tránsito, trabajadores fronterizos e inmigrantes. Tapachula, con una importante presencia de trabajadores fronterizos, población inmigrante y migrantes en tránsito, es el municipio con el mayor número de muertes de extranjeros en todo el territorio nacional. Tenosique representa un punto fronterizo con Guatemala y un espacio de migrantes en tránsito, principalmente hondureños. Por otro lado, Palenque experimenta una importante presencia de turistas de todas partes del mundo y a su vez, una afluencia significativa de migrantes en tránsito.

Por su notable importancia en relación con el número de muertes registradas, en enero de 2020 se visitó nuevamente el municipio de Tapachula. Desafortunadamente, el acceso a una de las oficialías fue denegado y —de acuerdo con la experiencia de otros años— es una de las oficialías que registra un número relevante de muertes de extranjeros. En consecuencia, la revisión en Tapachula fue completa únicamente para el periodo entre el 1 de enero de 2000 al 31 de mayo de 2016, y parcial entre el 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2019. Además, se visitaron los municipios chiapanecos de Huehuetán y Huixtla, por formar parte del corredor de migración en tránsito hacia el municipio de Arriaga, en Chiapas. El periodo de actas capturadas en estos dos municipios comprendió entre el 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2019. En resumen, la muestra total en ambas etapas de captura incluyó 2 242 actas de defunción, 75 en Huehuetán, 190 en Huixtla, 113 en Palenque, 1 779 en Tapachula y 85 en Tenosique.

Esta muestra es contrastada con la información publicada por el inegi en el periodo coincidente 2000-2015, con el propósito de evidenciar cómo las estadísticas vitales, tal como son publicadas hasta el momento, dificultan la identificación de las personas migrantes en México. A partir de la confrontación de ambos recursos se destacan aquellas variables y categorías que permitirían registros más eficientes, información que, por lo general, se encuentra disponible en las actas de defunción.

De acuerdo con la revisión de la literatura, una ausencia importante en las estadísticas vitales es la identificación de la muerte cuando esta ocurrió por razones de género (Echarri, 2011; Data Cívica y cide, 2019), así como el estatus migratorio de las personas fallecidas (García y Olivera, 2006; Data Cívica y cide, 2019). Al no encontrar en los certificados y actas de defunción el estatus migratorio ni las variables relevantes para determinar los decesos por razones de género, el último ejercicio empírico de este artículo se limita a mostrar los decesos por causas violentas según la nacionalidad y el sexo de las víctimas. Los resultados se presentan para tres grupos poblacionales: inmigrantes, personas que residen en algún país latinoamericano y las personas residentes en Estados Unidos.

Para seleccionar las muertes por causas violentas, de los registros del inegi se eligieron los decesos por homicidio, suicidio, accidentes y otras causas externas. En las actas de defunción se utilizó la variable «tipo de muerte ‘violenta’» por no disponer de la causa del deceso de acuerdo con la 10º edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. La decisión de analizar las muertes violentas está en concordancia con Fuentes, Barajas y Figueroa (2007), quienes plantean que la violencia feminicida coloca a las mujeres ante el riesgo de homicidio, accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y exclusión del desarrollo y la democracia.

 

Muertes de centroamericanas y centroamericanos
a partir de las estadísticas vitales

De acuerdo con los registros existentes del inegi, 67 750 personas extranjeras perdieron la vida en territorio mexicano entre 2000 y 2019, de las cuales 24 627 son mujeres. Esta cifra engloba a personas de otras nacionalidades que residen en México, trabajadores fronterizos, turistas o migrantes en tránsito. La mayoría de estos decesos corresponden a personas inmigrantes (45 024) sin lograr identificar cuál era su nacionalidad, el país de nacimiento, el tiempo de establecimiento en México, el país de procedencia o residencial habitual o el estatus migratorio; variables que Naciones Unidas (2014) sugiere para su incorporación en un sistema de estadísticas vitales.

La divergencia en el estatus migratorio y las condiciones de salud-enfermedad de estos grupos poblaciones exige su análisis de manera separada. En seguida se presentan cinco particularidades de los registros de muerte, las cuales resultan en desventaja para la investigación de la mortalidad durante y después del proceso migratorio.

La nacionalidad representa un indicador de la pertenencia política de las personas, la cual se asienta tanto en las actas de defunción como en los certificados de defunción. A pesar de su inscripción en las fuentes primarias, en las publicaciones del inegi únicamente se exhiben las categorías «mexicana» y «extranjera», y a partir de 2017 se agrega la clasificación de nacionalidad «no especificada». El agrupamiento de nacionalidades diferentes a la mexicana en una sola jerarquía dificulta el estudio de la mortalidad según nacionalidad; además, las recomendaciones internacionales establecen que la codificación debiera permitir la identificación de todos los países declarados (Calvelo, 2011).

De acuerdo con las actas registradas en los municipios de Tapachula, Palenque, Huixtla y Huehuetán en Chiapas, y Tenosique en Tabasco, se verificó que la mayoría de las muertes de extranjeros correspondía principalmente a las nacionalidades guatemalteca, salvadoreña y hondureña, como se esperaba (véase tabla 1). Del total de 2 240 actas registradas durante 20 años (2000-2019), 809 son de nacionalidad desconocida, 892 de nacionalidad guatemalteca, 271 hondureña, 177 salvadoreña y 93 del resto de nacionalidades. Si se presta atención a los decesos de mujeres, se encuentra que sus nacionalidades son principalmente guatemalteca (215), le sigue la hondureña (88) y en tercer lugar la salvadoreña (56). Esto coincide con el predominio de estas nacionalidades en los flujos migratorios de hombres y mujeres a través de México (García y Olivera, 2006; Martínez, 2014) y con la preminencia de personas guatemaltecas establecidas en la región del Soconusco (Rojas, 2018; Martínez, 2014). Entonces, si se excluyen las actas de defunción de nacionalidad desconocida, la proporción de muertes de nacionalidad guatemalteca, hondureña y salvadoreña está por arriba de 94%, excepto para Palenque con 76% (53% para los decesos de mujeres) (véase tabla 1).

En el municipio de Tenosique, las dos principales nacionalidades en las actas de defunción son la hondureña y la guatemalteca, lo cual concuerda con el hecho de que este municipio es un punto de entrada de migrantes en tránsito (Martínez, Cobo y Narváez, 2015), a quienes se les contrata en campos de caña de azúcar y plátano en donde reúnen recursos para continuar el viaje a los Estados Unidos (INM, 2005, citado en Martínez, 2014). Palenque es un municipio con importante presencia de turistas que, a su vez, experimenta una afluencia significativa de migrantes en tránsito. De esta manera, las cifras de muertes de nacionalidad distinta a los tres países del norte de Centroamérica emergen en sus registros; sin embargo, siguen predominando las muertes de centroamericanos (76% para el total y 53% para las mujeres) (véase tabla 1).

En los municipios chiapanecos de Huehuetán, Huixtla y Tapachula, la nacionalidad guatemalteca es la más frecuente a consecuencia de una mayor población de esta procedencia asentada en la región (Rojas, 2018; Martínez, 2014). Estos municipios forman parte de la región del Soconusco que se caracteriza por la presencia principalmente de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, seguidos de lejos por los nicaragüenses (Rivas, 2010; Martínez, 2014). Los guatemaltecos, provenientes principalmente de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, fueron los primeros en desplazarse a esta región. Así, se observa que, si bien una buena parte de ellos la atraviesa con el propósito de llegar a Estados Unidos, otros se han quedado a vivir en México (Rivas, 2010).

 

 

 

Cabe señalar que las personas extranjeras naturalizadas cuentan con la nacionalidad mexicana y probablemente con alguna otra. Este hecho destaca la importancia de incorporar la variable lugar de nacimiento como un elemento adicional de estudio, punto que se destaca más adelante. Además, es importante resaltar que 36% del total de las defunciones corresponden al rubro de nacionalidad desconocida (809) (21% para los decesos de mujeres). Estas defunciones son de suma relevancia considerando que una proporción importante de ellas podría corresponder a migrantes.

 

Omisión del número de decesos de nacionalidad desconocida

Hasta 2016, en las estadísticas vitales no existen registros de muertes de personas de nacionalidad desconocida, lo cual es desconcertante si se considera la cantidad de cuerpos encontrados en fosas a lo largo del territorio mexicano, restos humanos en los que se ignora la identidad personal.6 El registro de estos decesos es relevante a medida que son fallecimientos que probablemente ocurrieron durante el proceso migratorio. Adicionalmente, en el contexto de violencia feminicida, muchos de los cuerpos femeninos que han sido violados y torturados pudieron haber sido clasificados como homicidios de identidad desconocida (Vásquez, 2015). De manera que se vuelve ineludible el registro y publicación de las muertes de hombres y mujeres cuya identidad lamentablemente «no ha sido identificada».

A partir de 2017, los registros del inegi comenzaron a reportar los decesos de nacionalidad desconocida, cuya cifra asciende a 30 778 casos durante el periodo de registro 2017-2019. En 2017, 2018 y 2019 este tipo de decesos representan 1.63, 1.66 y 0.9% de las defunciones totales registradas en cada año. Los decesos de nacionalidad desconocida comprenden tanto a personas mexicanas como extranjeras, sin conocer qué proporción corresponde a cada grupo. En el Gráfico 1 se muestra la tendencia a lo largo del tiempo de la proporción de defunciones según nacionalidad. En 2017 se observa una ligera caída en la proporción de muertes de mexicanos (de 99 a 97 %), reducción que parece corresponder a la magnitud de defunciones de nacionalidad desconocida (alrededor de 2 %). Este resultado parece sugerir que antes de 2017 las defunciones en la categoría «no especificada» eran asumidas como decesos de personas mexicanas o simplemente no fueron registradas.7

La razón de la omisión o reclasificación de estas muertes de nacionalidad desconocida es poco clara. Incluso, parece poco razonable que se asigne una nacionalidad, ya sea de mexicano o extranjero, a todos los cuerpos no identificados en territorio mexicano.8 Una posibilidad es que las cifras de las defunciones de nacionalidad desconocida no eran reportadas en las cifras finales. Un punto para destacar de este tipo de defunciones es que 62.6 % son muertes violentas, es decir, que ocurrió a consecuencia de un accidente, homicidio, suicidio u otras causas externas (agentes externos ajenos a la naturaleza del individuo).

 

 

 

Sin considerar por un momento los decesos de nacionalidad desconocida, se observa que, 1) para los años 2002, 2003, 2004, 2010, 2014 y 2015, las cifras de defunciones en ambas fuentes son cercanas; 2) por lo regular, los registros del inegi se encuentran por debajo de los del Registro Civil (excepto para 2000, 2001, 2012 y 2013). Las diferencias entre ambas fuentes son mínimas, pero una vez que se agregan las defunciones de nacionalidad desconocida, el Registro Civil exhibe el mayor número de muertes (véase Gráfico 2). Esto fortalece la hipótesis de que estas muertes (de nacionalidad desconocida) no fueron reportadas en las cifras finales.

 

 

 

Dado que el objetivo del artículo es identificar las muertes que ocurren durante el tránsito, es un reto diferenciar entre los decesos de quienes se han establecido en México y de quienes iban de paso. Entonces, la variable del lugar (o país) de la residencia habitual puede contribuir a seleccionar quiénes se encontraban de manera temporal en el país; no obstante, permanece la dificultad de distinguir entre turistas, migrantes temporales y migrantes de tránsito.

 

Agrupación del país de residencia habitual

La especificación del lugar de residencia habitual es sugerida por Naciones Unidas como una variable de alta prioridad y es incorporada en el acta y certificado de defunción. Tanto el lugar de residencia habitual como el tiempo de residencia en él (hasta el hecho vital) permitirían identificar riesgos diferenciados entre inmigrantes recientes y entre aquellos cuyo tiempo de establecimiento en el país de residencia es de mayor duración.

La variable del país de residencia es útil para distinguir entre inmigrantes — aquellos que residen en alguna entidad federativa de la República mexicana— y quienes presumiblemente estaban de paso o visita en México (con residencia habitual en otro país, pero que se encontraba «temporalmente» acá). Para quienes en vida residían fuera de México, las categorías de desagregación en los registros del inegi son: Estados Unidos de América, otros países latinoamericanos y otros países. Estas categorías generales resultan en detrimento de la identificación de riesgos diferenciados según lugar de procedencia. Probablemente la inclusión de varios países en una sola categoría se deba a que las cifras para cada uno son pequeñas y por motivos estadísticos resulta conveniente agregarlas.

En la tabla 2 se presentan las defunciones en ambos recursos, según nacionalidad y país de residencia. A partir de este ejercicio, se observa cómo la exploración de las cifras procedentes del inegi es muy limitada en contraste con los decesos recuperados del Registro Civil que ofrecen mayor alcance de exploración. Del ejercicio se destacan tres principales resultados, 1) la mayoría de los decesos corresponde a personas inmigrantes; 2) la nacionalidad de quienes en vida residían en Estados Unidos correspondía mayoritariamente a algún país del norte de Centroamérica; y 3) un número significativo de defunciones corresponden a personas de nacionalidad desconocida o país de residencia no identificado.

De esta forma, 17% de las actas de defunción corresponde a quienes en vida residían en Estados Unidos, de las cuales 62% pertenecían a alguna de las tres nacionalidades del norte de Centroamérica. Este resultado es sorpresivo pues podría implicar que personas migrantes, principalmente guatemaltecos, establecidos en Estados Unidos, realizaron algún viaje (o fueron deportados) a México o a su país de origen y en su trayecto perdieron la vida. Otra posibilidad es que se encontraban varados en algún municipio de la frontera sur sin posibilidades de regresar a su país de origen y sin poder avanzar hacia Estados Unidos. De acuerdo con la fuente del inegi es difícil discriminar si las defunciones de quienes eran residentes en Estados Unidos correspondían a personas de nacionalidad estadounidense o a centroamericanos que se dirigían al país del norte. Tampoco permite identificar si algunos estadounidenses son hijos de mexicanos retornados al país, suposición que requeriría conocer la nacionalidad de los padres.

 

 

 

El número de actas de personas cuya nacionalidad era desconocida y el país de residencia no identificado es alto (630) y representa 31.8 % de los registros; en tales casos resulta complicado asumir a qué tipo de población pertenecen: mexicanos, inmigrantes, migrantes temporales o en tránsito. Si se buscara aproximar las muertes de migrantes en tránsito con base en el inegi, una sugerencia sería tomar el número de registros de nacionalidad extranjera y que el país de residencia fuera alguno latinoamericano (221 casos; cifras en cursivas en la tabla 2). Los residentes de Estados Unidos no serían admitidos pues se desconoce si estos 10 casos corresponden a la nacionalidad estadounidense, centroamericana u otra. Esta propuesta asumiría el error de incluir a trabajadores temporales, turistas procedentes de Latinoamérica y quienes tenían el plan de retornar a su país.

En la identificación de migrantes centroamericanos en tránsito, de acuerdo con el Registro Civil, se seleccionaron los decesos de nacionalidad centroamericana y quienes residían en algún país del norte de Centroamérica o Estados Unidos (387 decesos). A partir de este ejercicio se observa cómo el registro incompleto de las estadísticas vitales limita sustancialmente la identificación de las muertes de migrantes presumiblemente en tránsito y ocasiona la subestimación de su mortalidad.

 

La omisión del país de nacimiento y tiempo de residencia
en el lugar habitual

La variable de país de nacimiento y la de tiempo de residencia en el lugar habitual son sugeridas por Naciones Unidas y consideradas como de relevancia media. La primera se incluye en el certificado de defunción, pero no en las estadísticas publicadas por el inegi. La segunda no se encuentra en el certificado de defunción y las clasificaciones recomendadas para esta variable son: a) número de años de residencia; b) transeúntes o visitantes; y c) persona que se desconoce si es residente o transeúnte o visitante (Naciones Unidas, 2014). Contar con esa información permitiría diferenciar entre trabajadores temporales y migrantes en tránsito.

El país de nacimiento también forma parte de los campos de llenado en las actas de defunción expedidas por el Registro Civil y aporta información adicional a la que proporciona por sí sola la nacionalidad. En la tabla 3 se muestra el cruce de la variable de nacionalidad y el país de nacimiento.9 En la mayoría de los casos, la nacionalidad corresponde al país de nacimiento, como se preveía. Del cuadro se destacan 39 casos en los cuales la nacionalidad no se identificó y el país de nacimiento era México. Entonces, si la variable del país de nacimiento fuera publicada permitiría descartar algunos decesos de nacionalidad no identificada como muertes de «migrantes en tránsito». De este ejercicio se subraya que al disponer de mayor número de variables podría lograrse una mejor caracterización en los casos con información faltante.

 

 

Omisión del estatus migratorio y de la muerte
por razones de género

En el desarrollo de este documento se ha mostrado cómo las mujeres, principalmente las extranjeras y no documentadas, están expuestas al riesgo de muerte del tipo violenta como el homicidio, el suicidio, los accidentes y las muertes evitables (Fuentes, Barajas y Figueroa, 2007). Esto apunta a la necesidad de contar con registros que identifiquen si la muerte ocurrió por razones de género y cuál era el estatus migratorio de las mujeres fallecidas; información que se ha omitido en los certificados y actas de defunción. Debido a esta ausencia, aquí se muestran solo los decesos de mujeres por causas violentas según nacionalidad y país de residencia, así como la proporción de muertes de mujeres por causas violentas con respecto al total de muertes (véase tabla 4). De acuerdo con el inegi, ocurrieron 287 muertes de mujeres entre los años de registro 2000 y 2015, de las cuales 33.4% son por causas violentas. Con base en el Registro Civil se registra un comportamiento similar, de las 338 defunciones, 36.7% corresponden a muertes violentas.

Al comparar los decesos de mujeres inmigrantes con los de quienes residían en algún país latinoamericano, los resultados parecen sugerir que estas últimas están más expuestas a una muerte por alguna causa violenta. Con base en el inegi, la proporción de muertes de este tipo es de 69.7 %, mientras que para las mujeres inmigrantes es de 28.7%. De las mujeres que en vida residían en algún país del norte de Centroamérica, de acuerdo con las cifras del Registro Civil, se destaca que para las tres nacionalidades la proporción de muertes violentas supera 50%.

Los montos de los decesos de quienes residían en Estados Unidos son discordantes entre ambas fuentes, mayores para el Registro Civil (véase tabla 4). Los registros del inegi únicamente engloban los decesos de personas de nacionalidad estadounidense (tres muertes en total). Para las nacionalidades centroamericanas en este grupo, una de cada tres muertes es un deceso violento. Este resultado es preocupante, pues se desconocen las condiciones en las que estas mujeres se encontraban en México (se conjetura que probablemente fueron deportadas desde Estados Unidos y se encontraban varadas en la frontera sur). Para la nacionalidad estadounidense se registró la muerte de una mujer por accidente, lo cual podría indicar una menor vulnerabilidad para esta nacionalidad respecto de las mujeres centroamericanas o una menor presencia de mujeres estadounidenses en la frontera sur. Al analizar el homicidio doloso en Tijuana, Fuentes, Barajas y Figueroa (2007) identificaron que el victimario de una mujer estadounidense había sido una persona de la misma nacionalidad. Esto abre la inquietud sobre si quienes atentan contra la vida de las centroamericanas son frecuentemente personas de su misma nacionalidad o son mexicanos. Sería deseable contar con la información sobre el parentesco con el agresor y su nacionalidad, datos que coadyuvarían a resaltar si la condición migratoria de las mujeres está exponiéndolas ante personas nativas.

Aunque principalmente se ha abordado la vulnerabilidad con la que las mujeres centroamericanas suelen transitar por México, aquellas que se establecieron en la frontera sur no quedan exentas a los riesgos de sufrir una muerte violenta. Los datos obtenidos del Registro Civil muestran que la proporción más alta de muertes violentas corresponde a las mujeres guatemaltecas (36.3%) y hondureñas (31.8%). Estos resultados son relevantes si se considera que la proporción de muertes violentas en estos mismos municipios para las mujeres mexicanas es de 5.4%, por lo que no se descarta que la condición de irregularidad de las mujeres sea un argumento para vulnerar su integridad física (Sin Fronteras, 2004). En resumen, el ejercicio realizado en estos cinco municipios de la frontera sur no es extrapolable a todo el país, pero sirve como una muestra de las posibilidades de exploración si las estadísticas vitales desplegaran al menos la nacionalidad y el país de residencia.

 

 

 

Consideraciones finales

El objetivo del artículo consistió en mostrar algunas ausencias en los registros de muerte del inegi en la identificación de los decesos de migrantes centroamericanos en tránsito. Para cumplir con el objetivo, se analizaron los decesos de todas las personas de nacionalidad diferente a la mexicana, de manera que las deducciones de este documento se extienden al grupo de extranjeros en general. Las principales deficiencias identificadas fueron: la agregación de la nacionalidad en la categoría «extranjeros», agregación del país de residencia habitual, omisión del país de nacimiento y estatus migratorio, ausencia de elementos para identificar si la muerte ocurrió por razones de género y no reportar las defunciones de personas cuya nacionalidad era desconocida. Es importante reconocer que esta última omisión ha sido corregida a partir de 2017.

En el artículo se describieron los recientes cambios en materia migratoria que señalan la importancia de México como país receptor de migrantes. La mayor presencia de personas provenientes de otras naciones impone la necesidad de estadísticas eficientes que consigan la caracterización demográfica de las personas extranjeras. En este sentido, este documento delineó aquellas variables que son cada vez más necesarias en las estadísticas de muerte: la nacionalidad, el país de residencia habitual y el país de nacimiento (variables incluidas en el certificado o acta de defunción).

En segundo orden de importancia, sería deseable contar con otras variables vinculadas al tema migratorio como el tiempo de residencia en México, la nacionalidad de los padres, la nacionalidad de los victimarios de ser el caso. El tiempo de residencia mostraría si las personas inmigrantes recientes son más vulnerables a cierto tipo de riesgos en comparación con residentes de estancia más prolongada. La nacionalidad de los padres facultaría distinguir qué proporción de las muertes de estadounidenses corresponde a hijos de mexicanos retornados de Estados Unidos. Y finalmente, la nacionalidad de los victimarios aportaría elementos para analizar si la violencia de género experimentada por las mujeres ocurre en combinación con la violencia estructural, que toma forma en las desigualdades según nacionalidad y estatus migratorio.

Además, la inclusión de las variables de lugar de residencia anterior y estatus migratorio permitiría discriminar los riesgos según la condición de estancia en el país. Ahora bien, cualquier inclusión de las aquí propuestas en el formato del certificado de defunción implica una inversión monetaria fuerte por parte del Estado, por lo que una recomendación sería implementar un mecanismo exclusivo en algún municipio de alta intensidad migratoria y que ha mostrado una elevada cifra de muertes, como sería Tapachula, Chiapas, para que sirva como estudio de caso.

La revisión de actas de defunción permitió identificar que la mayoría de los decesos de personas residentes en Latinoamérica corresponde a las nacionalidades guatemalteca, salvadoreña y hondureña. Además, se identificaron actas de defunción de personas de estas mismas nacionalidades que residían habitualmente en Estados Unidos; este conjunto de decesos superó las muertes de personas de nacionalidad estadounidense que también residían en el país del norte. Al respecto, se desconoce si en espacios diferentes a los municipios del trabajo de campo, la nacionalidad «estadounidense» sigue siendo una minoría respecto al total de quienes residían en Estados Unidos.

Ahora bien, en los contextos de migración existen dos discursos predominantes que resultan en desventaja de las mujeres. Primero, que la migración es principalmente por razones económicas, lo que provoca que se justifique la falta de atención a sus derechos humanos (Willers, 2016). Segundo, que la violencia vivida en el tránsito se basa fundamentalmente en una violencia criminal; y de esta manera, se oculta la dimensión local de la violencia de género y violencia sexual (Cortés, 2018). En este mismo sentido, Rojas (2017) advierte que debe dejar de pensarse que las personas migrantes son las responsables de los infortunios del camino, o que es la cuota que deben pagar por cruzar o llegar a algunos territorios. En resumen, hasta el momento eso solo ha legitimado sus sufrimientos (violencia normalizada).

Si los cambios migratorios experimentados en el país y los procedimientos de generación de estadísticas se mantienen como hasta ahora, solo se reforzaría el ocultamiento de muertes de diversos grupos poblacionales. Finalmente, puede decirse que esta violencia política e institucional, que omite y es cómplice de las muertes de grupos vulnerables, contribuye con la violencia estructural preexistente en detrimento de las mujeres migrantes.

 

Agradecimientos

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación «El homicidio de mujeres en la frontera sur como una aproximación al feminicidio en contextos migratorios y fronterizos» y ha contado con el financiamiento de la UNAM en el Programa de Becas Posdoctorales. El documento fue desarrollado en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR-UNAM bajo la asesoría del Dr. Luis Rodríguez Castillo. Se agradece a la Dra. Martha Luz Rojas Wiesner y al Dr. Iván Francisco Porras Gómez por su acompañamiento y asesoría durante el trabajo de campo en la ciudad de Tapachula. Agradezco el apoyo logístico de El Colegio de la Frontera Sur sede en Tapachula.

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