Introducción

Entre los temas abordados por la historiografía mexicana sobre la primera mitad del siglo XIX, la epidemia de cólera1 de 1833 ha llamado la atención de muchos investigadores, que han estudiado las diversas rutas de su propagación por el territorio nacional —algunas de ellas completamente distintas de otros casos de epidemia durante el periodo virreinal—, así como el impulso que dio su presencia a la secularización de los entierros y a la elaboración de políticas sanitarias modernas por parte de los gobiernos, el gran temor que generó entre la población mexicana, el papel que jugaron las condiciones de insalubridad y pobreza que existían en los principales espacios urbanos del país en la propagación del vibrión y el impacto demográfico del padecimiento en los diferentes sectores de la sociedad.2

Aunque en las historiografías de varios estados de la república mexicana el cólera de 1833 ha sido objeto de estudio desde hace poco más de dos décadas, en el caso de Chiapas fue en tiempos muy recientes que este tema despertó el interés desde esa perspectiva. En tal sentido fue pionero el trabajo de tesis de licenciatura de José López Flores (López, 2010), quien fechó por vez primera el inicio de la epidemia en el estado y trazó la ruta que siguió por sus pueblos, villas y ciudades. Asimismo, utilizando documentación del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas (AHDSC), López proporcionó algunos datos que permitieron hacernos una idea inicial del impacto demográfico en aquel tiempo. Posteriormente, Julio Contreras, retomando buena parte de esa información, escribió un breve artículo (Contreras, 2014) en el cual revisa algunas de las medidas adoptadas por el gobierno estatal para combatir la epidemia, y muestra al mismo tiempo algunos factores que pudieron facilitar su propagación en las localidades chiapanecas y su impacto demográfico en la entidad. De igual forma, y utilizando la información de la misma fuente, Contreras mostró algunos de los remedios que buscaron los habitantes del territorio chiapaneco, de forma infructuosa, para combatir la epidemia, y encontró que el mal afectó por igual a los distintos estratos de la población local, incluidos los integrantes de las familias más encumbradas de la sociedad de ese tiempo.

Con miras a determinar el impacto del cólera en Chiapas en el periodo mencionado, el presente artículo, más que enfocarse en narrar la etiología de la enfermedad o descubrir los factores que facilitaron su propagación —aunque algo diremos al respecto—, intenta mostrar la respuesta social e institucional ante la epidemia y arrojar nuevos datos sobre su impacto demográfico. Así, en nuestro primer apartado analizamos las medidas sanitarias del gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez para combatirla y evaluamos de qué manera los conflictos políticos y la complicada situación financiera por la que atravesaba la hacienda pública chiapaneca impidieron a las autoridades estatales y municipales poner en práctica estas disposiciones con eficacia.

En vista de que tanto el gobierno civil como varios particulares apelaron a la Iglesia católica para que auxiliara espiritual y materialmente a quienes caían víctimas del padecimiento, en el segundo apartado exploramos en qué medida se vio limitada la colaboración de la Iglesia en esa coyuntura debido a los problemas que desde tiempo atrás venían afectando las relaciones entre los párrocos del obispado de Chiapas y su feligresía, sobre todo en aquellos curatos habitados mayoritariamente por indios.

Ya que la secularización de los entierros fue una de las principales acciones que los gobiernos promovieron para hacer frente a la contingencia del contagio, en el siguiente apartado nos dedicamos a analizar los alcances que tuvo la prohibición de sepultar a los muertos por el cólera dentro de las iglesias o en terrenos aledaños y qué tanto se cumplió con la orden de habilitar cementerios en las afueras de las poblaciones para inhumar a las víctimas.

Por último, en el apartado cuatro buscamos establecer cuál es el grado de fiabilidad de las fuentes que directa o indirectamente registran el número de decesos por la epidemia de 1833, con la finalidad de mostrar lo imprecisas que pueden llegar a ser y que es necesario conocer sus límites para evitar errores de interpretación a la hora de querer conocer la mortandad ocasionada por el vibrión. Aportaremos información con respecto al nivel de certidumbre que ofrecen estos registros y pasaremos a esbozar el impacto demográfico de los brotes de cólera de 1833 y 1835 en Chiapas.

El gobierno en tiempos del cólera

Desde la primera mitad de 1833, cuando el cólera empezó a atacar a la población de diversas regiones de México (Carbajal, 2011: 2030-2039), las noticias que hacían referencia a esta enfermedad, y que narraban los devastadores efectos que dejaba a su paso, comenzaron a llegar a Chiapas. Así, en varias notas publicadas en periódico El Iris de Chiapas se aludió a su trayectoria por varios estados del país.3

En vista de aquella amenazante circunstancia, el entonces gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez dispuso una serie de prevenciones con el fin de enfrentar la epidemia en caso de que arribara al territorio chiapaneco. El 28 de septiembre de 1833 ordenó la creación de Juntas de Sanidad en todos los pueblos del estado, las cuales debían quedar integradas por los miembros de los ayuntamientos, el párroco del lugar y algunos vecinos. Supervisarían la limpieza de los espacios públicos y vigilarían que en los mataderos y los expendios de carne no se juntaran “charcos de sangre ni otras inmundicias” que, según se pensaba, facilitaban la propagación de la bacteria (El Iris de Chiapas, t.1, 48: 196).

Estas Juntas, en colaboración con los prefectos responsables de los departamentos en los que se dividía el estado (AHE-UNICACH, Manuscritos, t. 8, leg. 24), se encargarían de vigilar que en los mercados no faltaran los granos de primera necesidad y que estos no fueran acaparados ni vendidos a precios elevados. Asimismo, el gobierno ordenó a los prefectos que, en caso de que elcólera llegara a Chiapas, solicitaran préstamos a particulares para acopiar granos y distribuirlos ellos mismos entre la población a los precios establecidos, invirtiendo las utilidades de las ventas en el auxilio a los afectados (El Iris de Chiapas, t.1, 48: 196).

En este mismo sentido, el gobierno de Gutiérrez ordenó el cierre de caminos para evitar que el tránsito de personas facilitara la multiplicación del contagio. Así, en los primeros días de noviembre de 1833 se bloquearon las vías de enlace con el estado de Oaxaca.4 Este dato es de suma importancia pues, al parecer, fue una disposición determinante para frenar los contagios en Chiapas. La población adoptó de manera muy estricta esta medida en sus localidades. De este modo, los testimonios de la época coinciden en que los indios cerraron con palos y piedras las entradas de varios pueblos para evitar el ingreso de personas que pudieran diseminar la bacteria. De hecho, fue tan efectiva esta decisión que cuando en 1837 el Soconusco y Guatemala vieron aparecer los primeros brotes, algunos poblados chiapanecos colindantes con estas regiones, como Tonalá, volvieron a bloquear los accesos (AHDSC, FD, carp. 4417, exp. 29).

Al igual que ocurrió en otras áreas de México (Cuenya, 2006), las autoridades de Chiapas buscaron que, en los casos de fallecimiento por cólera, se enterraran los cuerpos en cementerios ubicados en las afueras de los poblados, pues, inspirados en las teorías aeristas, pensaban que las emanaciones de los cadáveres sepultados en las iglesias —como era la costumbre— eran perjudiciales para la salud de las personas que acudían a las celebraciones religiosas (AHE-UNICACH, Manuscritos, t. 8, leg. 23).

Así, el 25 de septiembre de 1833, el gobierno ordenó a los ayuntamientos la construcción de cementerios en parajes alejados de las poblaciones y dispuso que su construcción fuera cubierta con los Propios —es decir, los fondos financieros— de los municipios o, en caso de ser insuficientes, con el producto de colectas que las municipalidades deberían llevar a cabo (AHE-UNICACH, Manuscritos, t. 8, leg. 23).

Con todo, a pesar de las medidas que la administración de Joaquín Miguel Gutiérrez dispuso antes y durante la epidemia, poco era lo que podía hacer su gobierno para ponerlas en práctica con eficacia, debido, en primer lugar, al convulso escenario político por el que atravesaba el estado justo en ese momento en que hizo su aparición el brote, y a la falta de recursos de la hacienda pública.5

En efecto, aunque la situación política de Chiapas se había agitado desde inicios de la década de 1830, a raíz de la proclamación del Plan de Jalapa, que llevó a la presidencia de México a Anastasio Bustamante y a la gubernatura de Chiapas a José Ignacio Gutiérrez (Gutiérrez, 2013: 36-40), los conflictos en la entidad tomaron nuevos aires a partir de que en 1833 el gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez secundó las políticas secularizadoras del gobierno del vicepresidente Valentín Gómez Farías, generando un serio conflicto con el obispado de Chiapas y con algunas facciones que mostraron su apoyo al clero. Así, a finales de 1833 varios vecinos de la capital chiapaneca, agrupados en torno al Plan de San Cristóbal, se levantaron en armas a favor de la Iglesia, atizando aún más la tensa situación política por la que atravesaba Chiapas (Torres, 2014: 274-292).

Una de las principales consecuencias de la inestabilidad política que padecía el estado fue que el erario chiapaneco, incapaz de afianzar su control sobre el territorio estatal y, por tanto, de crear fuentes de ingreso mediante nuevos impuestos, vio cómo sus fondos eran cada vez más insuficientes a la hora de cubrir sus gastos, hecho que se convirtió en uno de los principales obstáculos para hacer efectivas las medidas contra la epidemia.

En este sentido, a inicios de 1833 se previó un déficit en las finanzas estatales de 30 000 pesos, que, se dijo, “ha de pesar como siempre sobre los pueblos”.6 En vista de la falta de recursos, el mismo Gutiérrez reconoció que su gobierno no podría evitar el contagio en “los pueblos más infelices”, y “ni siquiera podría evitar en parte sus penurias por la falta de fondos disponibles” (El Iris de Chiapas, t. 2, 8: 3).

La necesidad del gobierno de conseguir recursos adicionales para enfrentar el cólera lo llevó a disponer de los capitales que habían pertenecido a la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas, desaparecida por orden del gobernador en abril de 1833 (Torres, 2014: 275). Sin embargo, dado que se requerían recursos extraordinarios para combatirlo, Gutiérrez ordenó la creación de comisiones encargadas de la recolección de fondos, bajo el rótulo de Juntas de Caridad.

En el decreto por el que se ordenó la formación de estas, el gobernador dijo estar “tristemente convencido” de que los fondos de los que disponía la hacienda pública del estado no alcanzaban para reunir alimentos, remedios y demás auxilios necesarios para proteger a las personas que pudieran ser atacadas; apeló entonces a la caridad “de las personas acomodadas” para que apoyaran el combate de la epidemia, y advirtió que, en caso necesario, solicitaría préstamos voluntarios o forzosos para mantener las medidas sanitarias diseñadas al propósito (AHE-UNICACH, Manuscritos, t. 32, f. 150; Contreras, 2014: 121-122).

La estrategia del gobierno, pues, consistió en crear entidades que, bajo su supervisión, pudieran operar y poner en práctica las medidas de combate, al tiempo que buscó involucrar en la operación de ambas juntas —las de caridad y sanidad— a diversas corporaciones y a particulares, los cuales recaudarían los capitales adicionales que fueran necesarios para que las Comisiones de Sanidad funcionaran correctamente.

De hecho, la Iglesia fue una de las principales instituciones involucradas en la atención de los pueblos que pudieran ser atacados.

La Iglesia de Chiapas frente a la epidemia

Desde que las autoridades del obispado de Chiapas se enteraron de la amenaza que representaba el cólera, se mostraron dispuestas a colaborar con el gobierno estatal para proteger a la población (AHDSC, FD, carp. 3965, exp. 34). El obispo de Chiapas, fray Luis García Guillén, a pesar de los conflictos que lo enfrentaron con el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez (Torres, 2014: 279-297; Gutiérrez, 2013: 39-40), se mostró colaborativo con las medidas sanitarias que dispuso la administración pública. Sabemos, por ejemplo, que el prelado apoyó la orden dada por las autoridades de no sepultar en las iglesias a las víctimas de la epidemia y de llevar a cabo las inhumaciones en cementerios alejados de las poblaciones (AHDSC, FD, carp. 4819, exp. 34).

Además, imploró públicamente la piedad divina para que la epidemia no invadiera el estado. En los primeros días de noviembre de 1833, fray Luis ordenó el traslado en procesión de la Virgen de la Caridad —protectora de los ladinos de Chiapas, en particular de San Cristóbal (Viqueira, 2106)— de su templo a la catedral, en donde se le ofició un novenario de misas para suplicarle que librara a la población del embate del cólera (AHDSC, FD, carp. 5006, exp. 11).

Sin embargo, los auxilios espirituales no fueron lo único que la población buscó en la Iglesia. Ante la agónica falta de recursos que sufrían los erarios de los pueblos de Chiapas, las Juntas de Caridad solicitaron el apoyo del obispado para que este los dotara de los medios para hacer frente a la inminente llegada del brote. Tras varios intentos infructuosos por conseguir recursos dentro de su pueblo, la Junta de Caridad de Chamula pidió al cabildo eclesiástico

Extender su mano benefactora, dispensando los auxilios de suma necesidad […] para determinar […] las medicinas, alimentos y socorros espirituales para librar de alguna manera a estos feligreses de las negras garras que los amaga(n) (AHDSC, FD, carp. 513, exp. 3).

Y a pesar de la ayuda que las Juntas de Caridad o particulares pidieron a la Iglesia católica, el papel que esta institución desempeñó durante la epidemia no parece haber sido demasiado sobresaliente. De hecho, aunque en un trabajo reciente sobre esta plaga en Chiapas se ha indicado que los ministros eclesiásticos “consolaron repetidas veces a los enfermos” y que “el papel de la Iglesia fue de gran importancia antes, durante y después de la epidemia” (Contreras, 2014: 120), los registros que dan cuenta de la actuación de los párrocos y curas del obispado de Chiapas durante el cólera de 1833 nos presentan una historia distinta.

Aun cuando el papel del clero en las principales ciudades del estado fue relativamente destacado por su actuación en las Juntas de Sanidad, e incluso se distinguió por aportar recursos para socorrer a las víctimas,7 sin embargo, en el resto de los pueblos de Chiapas, en los cuales la relación de los párrocos con sus fieles —mayoritariamente indios— se había deteriorado desde el último tercio del siglo XVIII (Viqueira, 2007), la actuación de la iglesia ante el brote estuvo marcada por la ausencia de ministros religiosos o por la resistencia que algunos de estos manifestaron para auxiliar a la población que caía presa de la enfermedad.

Sobre la escasez de curas sabemos, por ejemplo, que el 31 de enero de 1834, Tomás Aguilar, párroco de Chilón, informó al chantre del obispado que el sacerdote del vecino pueblo de Yajalón, José María Mazariegos, había muerto, situación que dejaba sin un ministro a las almas que estaban a su cargo, ya que él

de ninguna suerte puedo auxiliarlos pues […] no tengo ministro de descanso, me hallo con una pierna mala, que no puedo andar a caballo. Por cuyo motivo estoy por horas aguardando el ministro que he pedido para que me ayude y pueda resistir (AHDSC, FD, carp. 4078, exp. 1, f. 34).

Pero el temor que generó la llegada del vibrión hizo que uno de los coadjutores del citado vicario “se hubiese ocupado de mucho terror y espanto en los momentos que la arrasadora peste atacó a los habitantes en el pueblo de Oxchuc” y provocó que este se separara de su cargo en febrero de 1834.

De hecho, la decisión de algunos curas de abandonar a sus fieles ante el embate de la epidemia parece haberse dado en varios de los pueblos del obispado de Chiapas. Por ejemplo, en febrero de 1834, Joaquín Esponda denunció que el sacerdote de Acala huyó del pueblo a los pocos días de haber aparecido la peste en la localidad (AHDSC, FD, carp. 4078, exp. 1). La principal causa por la que al parecer decidió distanciarse fue que la mayor parte de su feligresía se encontraba viviendo en haciendas y rancherías alejadas entre ocho y diez leguas de la sede parroquial, y le resultaba bastante complicado cubrir las necesidades espirituales de todas estas personas.

De igual forma, en los primeros meses de 1834, los ayuntamientos de Simojovel, San Pedro y Santa Catarina Huitiupán denunciaron que el fraile Agustín Aguilera “desamparó los pueblos el 18 de enero, dejándonos en lo más furiosos de la peste, (y) dejó a un padre franciscano, pero no dio abasto. Murieron y siguen muriendo sin confesión” (AHDSC, FD, carp. 841, exp. 1, ff. 1-3). Además, los indios señalaron en su carta los constantes abusos que el cura cometía en su contra, tildándolo de “hombre déspota y cruel”.

Asimismo, el monto exiguo que percibían los párrocos por la atención de los curatos a los que estaban asignados quebrantó aún más su vocación sacerdotal durante el embate de la epidemia. Por ejemplo, el vicario de Huixtán se quejó de que los pueblos a los que estaba adscrito ni siquiera producían “la miserable dotación de veinte y cinco pesos mensuales que me están asignados, ni proporcionan los auxilios precisos para pasar la vida con honestidad, cuya circunstancia obligó a mi antecesor […] a dimitir este destino” (AHDSC, FD, carp. 4078, exp. 1, f. 1). Para colmo de males, el cólera mermó aún más los ingresos de los curas. Así, cuando la epidemia apareció en San Andrés, los indios de este pueblo se negaron a seguir pagando las contribuciones a su párroco (Ortiz, 2005: 147).

Con todo, un ejemplo muy ilustrativo de la desesperación y el hartazgo que invadieron a algunos sacerdotes cuando la epidemia se abatió sobre algunos curatos indios del obispado de Chiapas, lo representa fray Mariano de Mora, cura interino de la parroquia de Tapalapa.

Según se lee en una extensa carta que envió a las autoridades del obispado (AHDSC, FD, carp. 3572, exp. 25), a raíz de que el cólera apareció en el pueblo de Quechula, en noviembre de 1833 (AHDSC, FP, Defunciones, caja 310, libro 2, ff. 195-197v), los feligreses cerraron los caminos que llevaban a sus pueblos, bloqueando “todos los recursos de su comercio e industria”. Esta situación se agravó cuando la epidemia finalmente atacó su parroquia en la Semana Santa de 1834, provocando que los habitantes de Pantepec y San Bartolomé Comistahuacán cerraran también las comunicaciones con los pueblos de su curato.

Todo indica que la grey de fray Mariano aprovechó la psicosis que desató la epidemia para liberarse de la pesada carga de mantener a su párroco, pues este aseguró que la dificultad de llegar a su feligresía para administrarle sacramentos también hacía imposible cobrarles las raciones que le debían proporcionar, mermando de forma dramática sus ingresos.

Además, fray Mariano argumentó que ordenarle a los indios que le permitieran el paso a sus pueblos resultaba muy peligroso en vista de que “nadie que conozca la ignorancia y abusos de los indios, me podrá culpar en no haber mandado se abrieran” y que burlar los bloqueos era casi una misión suicida, pues si bien “pudiera entrar a los (pueblos) que están actualmente apestados, no podría salir sin poner en riesgo mi vida entre estos semirracionales” (AHDSC, FD, carp. 3572, exp. 25).

Los comentarios de Mora acerca del salvajismo de su comunidad son un buen ejemplo de la forma en la que los párrocos de la época, hartos de la convivencia con sus feligreses, estructuraban el discurso que dirigían a sus superiores, de tal manera que este buscaba conmover a las autoridades eclesiásticas para que accedieran a cumplir las peticiones del cura (Viqueira, 2007). De hecho, el motivo de la exposición que fray Mariano hizo al obispado era para solicitar, lo antes posible, ser trasladado a otra parroquia en la cual pudiera desempeñar sus funciones de manera más cómoda.

En fin, las historias que hemos narrado han querido mostrar que si bien durante un buen tiempo los párrocos de Chiapas habían, mal que bien, soportado la lejanía de sus feligreses, la falta de personal que colaborara con ellos en las tareas espirituales, las pocas rentas que percibían y su incapacidad para entablar buenas relaciones con los fieles a su cargo —casi todos indios—, la llegada del cólera a sus pueblos hizo de su estancia en ellos algo insoportable, debido a que la demanda de servicios espirituales se incrementó, al tiempo que el desquiciamiento de la vida cotidiana causado por la epidemia representó para los indios un buen pretexto para dejar de pagar las limosnas a sus curas, con lo cual se vieron mermados sus ingresos y algunos de estos se vieron impelidos a tomar la decisión de solicitar el auxilio del obispado o, en otros casos, de abandonar sus parroquias o a pedir su traslado a otros curatos que consideraran menos inhóspitos.8

Así, tanto los problemas en que se vieron envueltas las autoridades civiles para obtener los medios —sobre todo financieros— y enfrentar la epidemia, como los muchos contratiempos que vivieron los ministros del obispado de Chiapas para socorrer a la parte de su grey alcanzada por el cólera, afectaron poderosamente la aplicación de varias de las medidas que se habían dispuesto para su combate. De hecho, seguirle la pista al proceso de habilitación de cementerios civiles para enterrar a las víctimas de la epidemia nos permite ver cómo los varios fracasos combinados de ambas instituciones influyeron en los limitados alcances que tuvo la aplicación de estas medidas.

La secularización de los entierros

A pesar de los conflictos que a inicios de la década de 1830 enfrentaron a la Iglesia con la administración de Joaquín Miguel Gutiérrez (Torres, 2014: 279-297), y que desembocaron en la expulsión del obispo de Chiapas, fray Luis García Guillén, en mayo de 1834 (Torres, 2014: 296; Flores, 1978: 114-115), el gobierno local buscó el apoyo del clero para poner en práctica algunas medidas sanitarias para enfrentar los estragos de la epidemia de cólera. Uno de los asuntos que quedaron en manos tanto de las autoridades civiles como de las eclesiásticas fue el de la prohibición de sepultar a las víctimas de la epidemia en las iglesias y de procurar que estas se enterraran en cementerios alejados de los poblados.

Desde finales del periodo virreinal, las ideas ilustradas que comenzaron a circular por los territorios del imperio español habían puesto en entredicho la vieja costumbre de inhumar dentro de las iglesias o en terrenos inmediatos a estas.9 Por ejemplo, hacia 1814, el obispo de Chiapas, Ambrosio Llano, había hecho circular por su diócesis un decreto, expedido por las Cortes de Cádiz, mediante el cual se prohibían los entierros dentro de las iglesias y se pedía a los curas párrocos la habilitación de camposantos fuera de los poblados (AHDSC, FD, carp. 4013, exp. 9). Años más tarde, la práctica de sepultar en las iglesias fue criticada con dureza por el obispo Salvador San Martín, quien indicó, tras una visita que realizó a San Bartolomé de los Llanos, que al interior del templo principal del pueblo: “los miasmas corrompidos ocupan la atmósfera (…), de modo que para evitar otros funestos resultados ha precisado el párroco mandar que por toda una noche se mantuviere abierta [la iglesia]” (AHDSC, FD, carp. 4032, exp. 11, f. 2).

Aunque la llegada de la independencia y los convulsos años que habían seguido a esta dificultaron que el proyecto de terminar de una vez por todas con los entierros dentro de las iglesias pudiera llevarse a cabo, la aparición del cólera en 1833 hizo impostergable esta medida. De este modo, al igual que en otros estados mexicanos, la administración de Joaquín Miguel Gutiérrez ordenó a los ayuntamientos vigilar que los muertos dejaran de ser sepultados en los templos.

Así, mientras que las corporaciones municipales se encargarían de elegir los terrenos para la habilitación de los nuevos cementerios, tocaría a las autoridades religiosas de cada población la tarea de bendecir los nuevos (AHDSC, FD, carp. 322, exp. 2) y de animar a la población para que, en vez de “recibir esta medida con la repugnancia nata a tal novedad en pueblo poco instruido, se persuadan de que es indispensable y necesaria para la propia conservación [de la vida]” (AHDSC, FD, carp. 2619, exp. 2).

Sin embargo, el primer obstáculo que enfrentó la adopción de esta medida fue la demora con la cual procedieron los ayuntamientos para abrir los panteones civiles. Por ejemplo, José Trejo denunció la tardanza con la que había procedido el ayuntamiento de San Lucas para abrir un cementerio en el cual sepultar a las víctimas del cólera (AHDSC, FD, carp. 322, exp. 2, ff. 1-1v). Asimismo, en San Felipe, la nula información que poseía su Junta de Sanidad acerca de los síntomas del cólera ocasionó que el primer muerto por esta enfermedad fuera enterrado en el tempo del pueblo. De hecho, aunque esta defunción se registró el 3 de diciembre de 1833, no fue hasta el 28 de ese mes cuando se inhumó el primer cuerpo en el cementerio civil (AHDSC, FP, Defunciones, caja 422, libro 5). Asimismo, en Quechula los primeros entierros en el cementerio civil se verificaron el 29 de noviembre de 1833, es decir, 20 días después de haber aparecido la epidemia en esa localidad (AHDSC, FP, Defunciones, caja 310, libro 2, ff. 195-197v).

Además, el hecho de que gran parte de la población de algunas regiones de Chiapas habitara dispersa en caseríos contribuyó a que muchas de las víctimas fueran inhumadas en los sitios que habitaban. Por ejemplo, en Quechula se tuvo noticia de personas enterradas en campo abierto, a la orilla de los caminos, y en San Felipe se supo de varias que fueron sepultadas “en los montes”.

Asimismo, en Tuxtla los cuerpos de muchas de las víctimas que vivían en medio del campo, en ranchos y haciendas, quedaron en fosas improvisadas que ninguna autoridad recoció como cementerios (AHDSC, FD, carp. 3263, exp. 10).

Pero también, los nuevos espacios funerarios no necesariamente cubrieron los requerimientos que las autoridades habían indicado en un principio. Así, uno de los cementerios abiertos en Tuxtla se instaló al lado de la iglesia de San Roque, pasando por alto la orden gubernamental de que los entierros se hicieran en terrenos alejados de los pueblos para evitar cualquier contacto.

De hecho, tan parco fue el control que pudieron establecer las autoridades civiles sobre el funcionamiento de los cementerios que, de nuevo en el caso del de Tuxtla, una vez que la epidemia pasó, el improvisado panteón fue olvidado junto con las personas que en él estaban sepultadas. Algunos años más tarde, un nuevo párroco de esa ciudad escribió alarmado que esos pobres muertos “yacen hasta hoy en campo profano”; pero lo que le parecía más terrible era que “[los muertos estaban] sirviendo de germen a las milpas y calabazas que en conmemoración de esos fieles difuntos hacen en parte del campo todos los años”.

Con todo, la habilitación de cementerios civiles parece haberse verificado en la mayor parte de los pueblos, villas y ciudades en Chiapas. Así, en los libros de difuntos de más de una parroquia se anotó, en la mayoría de los casos, que los fallecidos por el cólera se habían sepultado en los “cementerios de limosna” o en “el camposanto civil” (AHDSC, FP, Defunciones, caja 303, libro 6, ff. 88-107; AHDSC, FP, caja 205, libro 4; AHDSC, FD, carp. 3158, exp. 3, f. 3v).

Sin embargo, es muy complicado conocer con exactitud la eficacia de la medida, debido a que las autoridades estatales —posiblemente porque se hallaban más ocupadas atendiendo los conflictos políticos en los que estaban inmersas— poco pudieron hacer para verificar que las Juntas de Sanidad y las municipalidades cumplieran a cabalidad con sus funciones de supervisar el entierro de las víctimas de la epidemia en los cementerios.

De hecho, los registros de defunciones, tal como sucedía desde hacía mucho tiempo, siguieron siendo llevados por los párrocos, los cuales, incapaces de controlar eficazmente a su grey, tampoco llevaron un control estricto de las defunciones causadas por el cólera.

Todo lo anterior abonó a la aparición de un importante subregistro en los libros parroquiales que es indispensable conocer debido a que estos, o los documentos elaborados con base en los datos contenidos en ellos, constituyen la principal fuente para establecer, de manera aproximada, la magnitud del impacto demográfico de la epidemia de cólera de 1833-1835 en el estado. A esta tarea dedicamos nuestro último apartado.

El impacto demográfico de la epidemia

Aunque contamos con algunos de los libros de defunciones de las parroquias del obispado de Chiapas durante los años de epidemia de cólera (1833, 1834 y 1835), la mayor parte de las fuentes que nos permiten conocer el número de muertos que esta dejó, el sexo de las víctimas y sus edades, son producto de un conjunto de informes que los párrocos de Chiapas levantaron en 1849 a solicitud del gobierno de la república. En ese año, ante la inminencia de un nuevo embate epidémico, el gobierno del presidente Joaquín de Herrera pidió a los obispados del país proporcionar información sobre el número de muertos a causa de la primera etapa (la de 1833), con la finalidad de diseñar medidas más eficaces para combatir el nuevo ataque del vibrión (Carbajal, 2011: 2029).

El 16 de febrero de 1849, el obispado de Chiapas turnó a todos sus párrocos esta orden (AHDSC, FD, carp. 2631, exp. 8). En los siguientes meses, varios curas procedieron a revisar los libros de defunciones de sus parroquias con la finalidad de entregar la información que les fue solicitada. El problema con los informes de 1849 es que la fiabilidad de sus datos está supeditada a la calidad de los registros asentados en los libros, los cuales, dada la ausencia de ministros en algunos de los curatos del obispado o de la incapacidad de estos para llevar un control estricto de sus parroquianos, no necesariamente brindan una información correcta del número de decesos causados por el cólera. Veamos por qué.

En Tenejapa, el párroco de 1849 advirtió que en el libro de difuntos solo se encontraban aquellas personas que fueron enterradas en el camposanto del pueblo, pues muchas más fueron inhumadas por sus familiares en los montes, “sin que hubieran dado noticia de esto al párroco de aquel entonces” (AHDSC, FD, carp. 3158, exp. 3). Los registros de Socoltenango presentaron un problema idéntico, pues estos excluían “el inaveriguable número de los que fallecieron fuera de las poblaciones y que no estuvieron al alcance del párroco” (AHDSC, FD, carp. 2043, exp. 2).

De igual forma, el de Yajalón indicó que el libro de defunciones de su curato correspondiente a los años del cólera presentaba tantas deficiencias en su elaboración, que para redactar su informe tuvo que basarse en “los informes que he tomado de los vecinos de este pueblo”, a través de los cuales pudo fechar —de forma errónea, por cierto—10 el inicio de la epidemia y localizar tan solo parcialmente el número de muertos que esta dejó, pues indicó que “En todo ese tiempo, todos sobrecogidos de terror […] solo cuidaban de sus personas y sus familias y, como no había cura que los auxiliara, nadie llevaba la cuenta de las víctimas que hacía aquella terrible peste” (AHDSC, FD, carp. 3209, exp. 4, f. 1v).

Por otro lado, algunos libros de difuntos ni siquiera fueron hallados al momento que se iban a elaborar los informes de 1849, bien porque, dado el desorden que debía imperar en los archivos parroquiales, estos registros no se hallaron, o bien porque estos nunca fueron elaborados. En San Bartolomé de Los Llanos y Amatenango, por ejemplo, se carecía de datos sobre los muertos por el cólera en sus respectivos archivos parroquiales (AHDSC, FD, carp. 395, exp. 9 ; AHDSC, FD, carp. 5673, exp. 11).

Otro problema de los registros de defunciones era que en el obispado de Chiapas había predominado una notable heterogeneidad en la forma en que se habían levantado las partidas de difuntos.11 En algunas solo se anotaba el nombre de pila y los apellidos de la persona fallecida, sin que se escribiera la fecha y la causa de su muerte, como sucedió en Cancuc y Petalcingo (AHDSC, FP, Defunciones, caja 59, libros 3 y 4; AHDSC, FP, Defunciones, caja 303, libro 6, ff. 88-107).

Esta misma heterogeneidad reinó en los informes de 1849. Así, mientras que algunos párrocos detallaron en sus informes los nombres de las víctimas de la epidemia, la mayoría se limitó a entregar un cuadro en donde clasificaron a los difuntos por sexo y edad (es decir, hombres, mujeres y, en algunos casos, párvulos). Además, hubo otros que agregaron a estas dos categorías las de “casados”, “viudos” y “solteros”.

Con todo, dado que estos informes constituyen la principal —cuando no la única— fuente de información de la que disponemos los historiadores hasta el día de hoy para conocer el impacto demográfico de la epidemia de cólera de 1833-1835 en los pueblos de Chiapas, hemos decidido utilizar las cifras que proporcionan, advirtiendo al lector que estos datos, tal como los coetáneos de la época lo afirmaron, brindan una información parcial debido a “la falta de algunas partidas” (AHDSC, FP, Defunciones, caja 422, libro 5, f. 29).12

Ahora bien, un último problema que se debe resolver antes de pasar a mostrar cuál fue el impacto demográfico de la epidemia de cólera de 1833-1835 en Chiapas tiene que ver con que carecemos de datos confiables acerca del número de habitantes que había en la entidad en el momento del arribo del vibrión.

Tras la consumación de la independencia, los empadronamientos sistemáticos de la población en Chiapas llegaron a su fin. Los pocos datos de los que disponemos datan de los años de 1824, 1828 y 1831 (cuadro 1 y gráfica 1). Una lectura rápida de las cifras que arrojan estas fuentes indica que durante estos años se registró una disminución considerable en el número de habitantes en Chiapas, que a primera vista sugeriría un decrecimiento de la población. No obstante, al analizar esta información con ojos críticos se observa una situación muy diferente. Veamos.

Cuadro 1. Población total registrada en Chiapas, 1813-1837.