Introducción

 La selva Lacandona es una región en la que se han experimentado una diversidad de políticas, iniciativas y proyectos de desarrollo que configuran las actuales dinámicas del territorio y los procesos de transformación del Estado, la sociedad y el mercado. En el presente artículo se propone una ruta para analizar la composición de las políticas de desarrollo en la selva Lacandona a partir del estudio crítico de la gobernanza global y los mundos-regionales (Acharya, 2017), en diálogo con la antropología del desarrollo (Mosse, 2013; Mosse y Lewis, 2005; Shore y Wright, 1997) y la geografía radical (D. Harvey, 2007a). A lo largo de estas reflexiones se propone como elemento articulador el estudio de los entramados del desarrollo desde una lectura del poder que permita profundizar en las relaciones de articulación, tensión y yuxtaposición entre las políticas y los proyectos que han dado paso a la formación de la selva Lacandona como una región para el desarrollo.

Para comenzar, cabe mencionar que durante las últimas décadas los debates sobre gobernanza han cobrado presencia en una diversidad de campos del conocimiento, como en las ciencias políticas y sociales (Aguilar, 2015; Porras, 2016), la antropología crítica del desarrollo (Mosse y Lewis, 2005; Wedel et al., 2005), los estudios ambientales (Bäckstrand et al., 2010; De Castro, Hogenboom y Baud, 2015; Esty y Ivanova, 2002), la administración pública y las relaciones internacionales (Acharya, 2017; Hewitt, 1998; Pierre, 2000). Actualmente, los estudios sobre gobernanza se realizan desde una multiplicidad de enfoques disciplinarios e interdisciplinarios que proponen comprender los procesos de articulación del Estado, la sociedad y el mercado en el marco de la actual composición del desarrollo, la cooperación internacional y las políticas públicas. Sin embargo, la gobernanza no siempre ha sido analizada desde una dimensión procesual y un enfoque crítico del desarrollo que permita reflexionar sobre las formas en las que se materializan los cambios de paradigma, los principios y los proyectos del desarrollo en la configuración del territorio, y las repercusiones que esto tiene en la posibilidad o no de generar prácticas reales de gobernanza en espacios en los que se han experimentado una diversidad de acciones basadas en ideas, modelos y principios divergentes del desarrollo.

La gobernanza es un campo de indagación que genera múltiples debates en el ámbito académico. Los estudios críticos del desarrollo cuestionan el origen ideológico de la noción de gobernanza tradicional, como una categoría vinculada a las corrientes del pensamiento neoliberal que legitima el adelgazamiento del Estado, la apertura de los mercados internacionales y la creación de nuevos modelos, narrativas e imaginarios que se basan en la idea del desarrollo como autorregulador de la sociedad (Mosse, 2005a; Wedel et al., 2005). En diversos estudios realizados en México y América Latina se cuestionan las limitantes de los principios prescriptivos de la gobernanza, tales como la participación social y la formación de redes horizontales entre los actores sociales, públicos y privados, dadas las relaciones de poder desigual y las arraigadas prácticas autoritarias que persisten en la vida política y en la conformación de los poderes gubernamentales (De Castro, Hogenboom y Baud, 2015; Montes de Oca y Martínez, 2022).

El presente artículo parte del reconocimiento de que la gobernanza es un campo de discusión que forma parte de la composición y análisis de las actuales políticas del desarrollo, al tratarse de una categoría que no solamente tiene presencia en los debates académicos sobre la redefinición del Estado y las relaciones que este genera con el mercado y la sociedad (Pierre, 2000), sino también porque la gobernanza está presente en la agenda de la cooperación internacional, así como en las políticas nacionales y supranacionales que marcan las pautas de los actuales programas y proyectos que se implementan en los países y regiones del mundo considerados en desarrollo.

El interés de analizar la actual composición de la selva Lacandona desde un enfoque crítico de la gobernanza radica en el hecho de que esta región ha sido conformada históricamente como un espacio para el desarrollo, con dinámicas de articulación y tensión entre el Estado, el mercado y la sociedad, aspectos clave en los estudios de gobernanza. A esto se suma que durante las últimas décadas se han experimentado diversas políticas de desarrollo en la zona bajo instrumentos y principios de gobernanza basados en la articulación entre los actores rurales, la sociedad civil, el mercado, las agencias gubernamentales nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental. Ante lo cual, se plantela la pertinencia de indagar sobre cuáles han sido los procesos de configuración de la selva Lacandona como una región para el desarrollo y cómo estos procesos confluyen en la actual composición de las dinámicas del desarrollo y la gobernanza global.

El artículo se divide en tres secciones. Para comenzar, se presenta el debate teórico-metodológico, que se sustenta en una lectura crítica del desarrollo y la gobernanza a partir de la noción de mundos-regionales. La segunda sección del artículo recupera tres grandes momentos de las políticas de desarrollo que han dado paso a la formación de la selva Lacandona como una región para el desarrollo: la trama del extractivismo colonial de madera, la trama del desarrollo rural, y la trama de desarrollo ambiental y sostenible. En la tercera sección se analizan los actuales entramados de la gobernanza en la selva Lacandona desde dos grandes vertientes: los proyectos de desarrollo agropecuario de corte productivista, orientados a la producción de café, ganado, frutas tropicales y palma africana, y, por otra parte, los proyectos especiales de desarrollo sostenible que promueven la agricultura alternativa, el ecoturismo y la conservación ambiental. En el artículo se plantea que la selva Lacandona se configura como un mundo-regional donde convergen y se yuxtaponen múltiples tramas del desarrollo, las cuales coexisten y dotan de contenido a la región.

 

Los mundos-regionales desde la gobernanza global:
aproximaciones teórico-metodológicas

En los estudios académicos sobre gobernanza frecuentemente se enfatiza en la dimensión polisémica de este término dada la diversidad de enfoques, discusiones y perspectivas teóricas desde las cuales se generan los actuales debates sobre los procesos de reconfiguración del Estado, el mercado y la sociedad (Aguilar, 2015; Pierre, 2000; Porras, 2016). Sin embargo, más allá de esto, la gobernanza es un campo de discusión porque en su formulación analítica se ponen en juego proyectos políticos e ideológicos divergentes respecto a la acción de gobernar y el quehacer de las políticas públicas. La amplitud de temáticas que abarcan los estudios de gobernanza y la complejidad de las dinámicas gubernamentales a nivel territorial, aunado al ambicioso propósito de los estudios de gobernanza, que no solo pretenden analizar sino delinear los principios prescriptivos de la acción de gobernar, son aspectos que la convierten en un campo fértil de discusión.

La lectura de la gobernanza que se retoma en este artículo está influenciada por los planteamientos que propone Acharya (2017) respecto a los mundos-regionales, en consonancia con la antropología crítica del desarrollo y la geografía radical (D. Harvey, 2007b, 2007a; Mosse y Lewis, 2005; Wedel et al., 2005). De acuerdo con Acharya, la noción de mundos-regionales surge como un desafío a los principios universalistas, hegemónicos y jerárquicos que están presentes en los estudios clásicos sobre las relaciones internacionales y la gobernanza tradicional, en los que se asume que las potencias mundiales actúan o deben actuar a través de organismos multilaterales para promover el desarrollo e impulsar la economía de las regiones pobres del mundo (Acharya, 2017: 8). Los mundos-regionales problematizan, al igual que la antropología crítica del desarrollo, la visión convencional de las políticas internacionales al plantear que los grandes «problemas mundiales» a los que responde el desarrollo en gran medida están atravesados por ideas preconcebidas, prejuicios e intereses políticos para ejercer influencia en los países del sur (Acharya, 2017; Mosse, 2013; Mosse y Lewis, 2005).

El concepto de mundos-regionales es una metáfora que hace alusión a las relaciones de poder e interdependencia entre las instituciones y las dinámicas sociopolíticas que se generan a diferentes escalas bajo la premisa de que «toda política global no es sino local» (Acharya, 2017: 6). Al respecto, Acharya señala que, más allá de que el mundo esté dividido en regiones y que estas sean la única fuerza impulsora o el lugar operativo del orden mundial, es necesario cuestionar el significado y la noción de región como una entidad con coherencia geográfica, cultural y política. De este modo, los mundos-regionales no responden a unidades espaciales preestablecidas ni son resultado de un orden jerárquico mundial, sino que remiten a un constructo desde el cual es posible analizar las dinámicas y relaciones de poder que se generan en el territorio a partir de una dimensión espacial más flexible y porosa de las visiones clásicas de región, lo cual se complementa con una comprensión del tiempo menos secuencial y acumulativa (Acharya, 2017: 7).

De acuerdo con esta perspectiva, las regiones «no son agrupaciones objetivas de datos cartográficos, materiales o culturales» (Acharya, 2017: 6), aspectos a los que también presta atención la geografía radical al mostrar que las configuraciones regionales no se reducen a cierta porción o división de la superficie terrestre que contiene paisajes, objetos o grupos humanos (D. Harvey, 2007b). Por el contrario, D. Harvey (2007a, 2007b) hace énfasis en el poder que históricamente han tenido las regiones para la formación de nuevos nichos de acumulación del capital, al tiempo que la antropología crítica del desarrollo destaca los dispositivos de poder que se activan con el establecimiento de demarcaciones geográficas para el diseño y la implementación de políticas de desarrollo (Shore y Wright, 1997; Wedel et al., 2005).

La idea de mundos-regionales se basa en una lectura del poder que cuestiona la existencia de un orden global liderado por las potencias mundiales (Acharya, 2017: 6). Los mundos-regionales parten de una visión pluralista de la gobernanza global que reconoce la inevitable fragmentación de las políticas internacionales, las relaciones de poder multidireccionales, la diversificación de actores sociales e institucionales con orientaciones políticas e ideológicas divergentes y las fuerzas de cambio que configuran mundos cultural y políticamente diversos, los cuales, a su vez, están ampliamente interconectados y son interdependientes dadas las intrincadas relaciones económicas, políticas y comerciales que configuran las dinámicas de articulación entre el Estado, la sociedad y el mercado (Acharya, 2017: 8-11).

Los mundos-regionales hacen alusión a espacios donde se yuxtaponen modelos, prácticas, ideas e imaginarios del desarrollo global, aspectos a los cuales se presta especial atención en este artículo al plantear que la selva Lacandona se ha conformado históricamente como un mundo-regional en el que confluyen diversas tramas del desarrollo. Estas tramas remiten a una comprensión del desarrollo que cuestiona las visiones unilineales de la historia y el desarrollo, entendido como progreso o fin teleológico (Mosse, 2013; Shakya, 2017; Wedel et al., 2005). Las tramas no refieren a etapas superadas del desarrollo, sino a la persistencia a lo largo del tiempo de políticas, prácticas e ideas del desarrollo que responden a modelos divergentes, las cuales han sido impulsadas por el Estado y el mercado en diferentes momentos históricos y bajo lineamientos propios, pero cuyas acciones repercuten e influyen en los actuales entramados del desarrollo productivo y sostenible que configuran la región.

Esta mirada aporta para una comprensión de la gobernanza global anclada en el territorio que enfatiza el hecho de que toda acción gubernamental basada en el desarrollo forma parte y se inserta en un entramado de relaciones, ideas y proyectos que se han gestado desde diversas temporalidades y producciones espaciales, las cuales configuran los actuales mundos-regionales, aspectos a los cuales es necesario prestar atención para entablar puentes de análisis entre la antropología crítica del desarrollo, las políticas públicas y la gobernanza con la finalidad de dimensionar el papel que tienen las ideas, planes y acciones del desarrollo en la formación del territorio y comprender que la acción de gobernar se inserta en entramados en los que confluyen políticas y proyectos heterogéneos que coexisten con y dotan de contenido a las dinámicas socioterritoriales.

En términos metodológicos, el estudio parte de un análisis cualitativo de corte antropológico en el que se recuperan indagaciones del trabajo de campo realizado durante los años 2022 y 2023 que incluyó observaciones etnográficas, entrevistas semiestructuradas y diálogos informales con actores sociales e institucionales de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas, que participan en la gestión e implementación de programas de desarrollo en la selva Lacandona. Como parte de la investigación se realizó una revisión de la literatura clásica y contemporánea sobre política, desarrollo y organización social en la zona de estudio, lo cual se complementó con estudios que previamente he realizado en la región (Mendoza, 2016, 2022). Aunado a esto, se elaboró una revisión de información estadística, geográfica y ambiental a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

 

La trama del extractivismo colonial de madera

La primera trama del desarrollo en la selva Lacandona remite al periodo de extractivismo colonial de madera para su comercialización en los mercados internacionales. El historiador Jan de Vos dejó un valioso legado para comprender la formación de la selva desde una perspectiva de larga temporalidad histórica y transformación territorial (De Vos, 1988, 1996, 2002). En su obra Oro verde (1996) analiza el proceso de formación de esta región desde 1870, cuando comenzó la explotación forestal de caoba, que se enviaba a Europa y Norteamérica bajo una lógica de producción y reproducción global del capital.

De acuerdo con Jan de Vos, la extracción de caoba en América del Sur y el Caribe inició con la formación de las colonias europeas. En un primer momento fue la Corona española la que «descubrió que la caoba caribeña no tenía rival, tanto para la ebanistería como para la arquitectura naval» (De Vos, 1996: 32), y a ello se sumó posteriormente el interés del gobierno británico por su extracción en los territorios que ocupaba, como la isla de Jamaica, y el mantenimiento del control de los mercados de distribución de caoba desde los puertos de Londres y Liverpool. De ese modo acaparó su distribución en Occidente durante el siglo XVII, dado que se trataba de una mercancía que adquirió gran valor comercial en las élites europeas (De Vos, 1996: 32-34).

En el siglo XIX la reserva de caoba del Caribe había llegado al límite, por lo que inició la extracción en México, principalmente en el estado de Tabasco y en la selva Lacandona, territorio que se convirtió en la última reserva de maderas preciosas de la zona (De Vos, 1996). Jan de Vos narra que:

[…] la caoba lacandona ofrecía una madera casi tan valiosa como la añorada caoba del Caribe. [De modo que] la selva Lacandona no solo era la última gran reserva que permanecía intacta en México-Centroamérica, sino que, además, albergaba madera de primera categoría (De Vos, 1996: 37).

La política económica liberal durante el porfiriato generó las condiciones para el acaparamiento de tierras y la inversión de capitalistas extranjeros, quienes, en el caso de la selva Lacandona, adquirieron latifundios y establecieron empresas madereras en la región con capital proveniente de Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, España y Estados Unidos (De Vos, 1996: 11; Fuentes y Soto, 1992). De Vos narra que a mediados del siglo XIX gran parte del territorio selvático aún estaba poco explorado; por ello fue nombrado en un mapa de 1856 como «el desierto incógnito», al tratarse de un territorio desconocido y de difícil acceso dadas las características accidentadas del terreno, la vegetación densa, la magnitud de las montañas y las cañadas (De Vos, 1996: 16).

De acuerdo con este autor, la situación de trabajo en las monterías durante y después del porfiriato llegó a ser «infernal» por diversos motivos, como las condiciones climáticas caracterizadas por constantes lluvias y altas temperaturas, la carente infraestructura de los campamentos y el extenuante trabajo físico, esto aunado a los abusos de poder por las extremas jornadas de trabajo en condiciones de explotación y maltrato (De Vos, 1996: 256). El autor menciona que, tras la Revolución mexicana, durante el periodo de decadencia de las monterías (1920-1950), hubo denuncias públicas por el trato inhumano que recibían algunos trabajadores, se registraron rebeliones en contra de casas madereras, y en el año 1949 el gobierno mexicano prohibió la explotación de madera en rollo, lo que condujo al abandono de las monterías (De Vos, 1996: 229).

En el marco de la reforma agraria se anularon los títulos de propiedad a personas extranjeras bajo la declaratoria del gobierno federal de convertir los latifundios en dominio de la nación, factor que fue determinante para que las casas extranjeras perdieran presencia en el territorio (De Vos, 1996). A pesar de ello, cabe resaltar que, hasta mediados del siglo XX, una importante porción de la región correspondiente «a tres quintas partes de la Selva [siguió] en manos de particulares, a pesar de la Revolución y la reforma agraria» (De Vos, 1996: 250). Esta primera trama refleja la formación de la selva Lacandona como una región para el desarrollo que surgió en estrecha vinculación con la lógica global de creación y expansión de espacios del capital (D. Harvey, 2007b: 255-284), a partir del acaparamiento y la privatización de tierras, la presencia de inversión extranjera y la explotación de bienes naturales para su comercialización en los mercados internacionales.

Estos aspectos permiten observar que la conformación de la selva Lacandona como un mundo-regional (Acharya, 2017) se relaciona directamente con un proyecto geopolítico colonial de larga duración, el cual dio paso a la formación de una región para el desarrollo que se ha adaptado a los procesos de transformación del Estado, la sociedad y el mercado. Como señalan los estudios críticos del desarrollo, los actuales paradigmas del desarrollo tienen un trasfondo colonial que se actualiza a través de renovados modelos, proyectos y narrativas para ejercer el dominio territorial, el poder gubernamental y la expansión del capital (D. Harvey, 2007a; Mosse y Lewis, 2005). En el caso de la selva Lacandona, esto se analiza a continuación con base en la trama del desarrollo rural que se impulsó en el México posrevolucionario a partir del modelo de producción agropecuaria e industrial basado en la explotación de los bienes naturales por parte del Estado y el impulso a la estructura ejidal como sistema de propiedad social de corte productivista.

 

La trama del desarrollo rural

La trama del desarrollo rural surge en el marco de las políticas de reparto agrario que llevaron a la formación del Estado posrevolucionario durante el siglo XX, a través de un modelo de desarrollo basado en la integración del campesinado a la vida nacional, la industria y la promoción de la agricultura desde la propiedad ejidal (Hewitt, 1978, 2007). Durante las primeras décadas de la reforma agraria el proyecto de modernización del campo se basó en la expansión productiva del sector agropecuario bajo la lógica de explotación de los recursos. Al respecto, Carabias y Rabasa mencionan que, aun cuando «las tierras repartidas eran de aptitud forestal […] se obligó a desmontarlas para la producción de alimentos bajo el riesgo de perderse si no se trabajaban» (Carabias y Rabasa, 2017: 51).

Como explica Hewitt, en la década de 1930 se impulsaron a nivel nacional las primeras acciones para estudiar distintas variedades y rendimientos de semillas para el consumo alimentario básico a través de estaciones experimentales y escuelas prácticas regionales enfocadas en la investigación científica sobre agricultura (Hewitt, 1978: 31). Con la creación del Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) en la década de 1940 se pusieron en marcha proyectos para desarrollar la investigación, la producción y el empleo de semillas híbridas, insecticidas y fertilizantes como parte de la estrategia conjunta del gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller, lo que derivó en la llamada Revolución Verde, cuyo objetivo era generar excedentes agrícolas a través del impulso tecnológico con alto potencial productivo (Hewitt, 1978, 2007).

De manera contrastante al modelo de desarrollo intensivo, en el año 1946 se promulgó la Ley de Conservación de Suelo y Agua (DOF, 6 de julio de 1946), en la que se planteó «fomentar, proteger y reglamentar la conservación de los recursos de suelos y aguas, básicos para la agricultura nacional» en los ejidos, la propiedad agrícola privada y los terrenos nacionales. La ley enfatizaba la utilidad pública de las investigaciones y estudios científicos que permitieran adoptar todas las medidas de las que dispone el Estado para «conservar los recursos de tierra y agua», a través de la difusión y divulgación de conocimientos para su mejor aprovechamiento, así como el «desarrollo de una acción educativa permanente, acerca de los principios y las prácticas de conservación […], desde la educación de la juventud nacional, los campesinos y, en general, a toda la población del país» (DOF, 6 de julio de 1946).

Carabias y Rabasa (2017) mencionan que esta ley entró en tensión con las políticas de desarrollo creadas en el marco de la Revolución Verde dado que el impulso a la producción de alimentos vía la tecnificación agrícola, el cambio de uso de suelo para la producción de monocultivos y el uso de agroquímicos fueron prácticas que desde entonces moldearon el sistema agroalimentario hegemónico, en contraposición con las estrategias de conservación ambiental. Igualmente, en ese periodo «se asentaron las bases de la ganaderización en el país con lo cual se aceleró la deforestación […] y la conservación del patrimonio natural quedó subordinada a las políticas de fomento productivo» (Carabias y Rabasa, 2017: 56-57).

En el caso de la selva Lacandona esto se observa desde mediados del siglo XX con el auge de la ganadería en los municipios de Palenque y Ocosingo, que posteriormente se extendió a la zona de Marqués de Comillas (Castro et al., 2015; De Vos, 2002). Asimismo, las empresas paraestatales que se crearon para el fomento rural establecieron prácticas de producción intensiva y extracción de los recursos de la selva. Como menciona Carabias, las políticas de desarrollo en el marco de la reforma agraria:

[…] no modificaron la forma destructiva en la cual se hacía uso de los recursos forestales. La diferencia fue que, en este periodo, la impulsó el Estado. Este fue el caso de la Compañía Industrial Forestal de la Selva Lacandona, S.A. (Cofolasa), y la Compañía Triplay de Palenque, ambas propiedad de Nacional Financiera, para extraer la caoba de esta región (Carabias y Rabasa, 2017: 58).

La formación de los ejidos de la selva Lacandona inició durante las primeras décadas del siglo XX en el marco de las políticas de reforma agraria. Sin embargo, el proceso de colonización se acentuó a partir de 1960 con la llegada de pobladores indígenas y campesinos que establecieron sus asentamientos en los territorios nacionales de Ocosingo, Las Margaritas y, a partir de 1970, en la zona de Marqués de Comillas (De Vos, 2002; Leyva y Ascencio, 2002). A nivel local este proceso implicó la creación de nuevas dinámicas de vida política, social y productiva, desde el establecimiento de acuerdos comunitarios para la gestión de las tierras y los títulos de propiedad, hasta la adquisición de nuevas prácticas y conocimientos de producción agroalimentaria en territorios y ecosistemas que eran ajenos a las familias campesinas (entrevistas personales, 10 de abril de 2022, 12 de abril de 2022).

La conformación de los ejidos de la selva se realizó de manera simultánea al establecimiento de organizaciones campesinas controladas por el Estado, las cuales dieron paso a estructuras de poder vertical basadas en relaciones clientelares y asistenciales entre el Estado y los sectores rurales (N. Harvey, 2000, 2004). Por otra parte, en la región tuvo lugar la creación de organizaciones independientes resultado de la confluencia entre movimientos campesinos y populares de corte liberacionista que fueron el antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (N. Harvey, 2000: 98). Esto generó un mosaico de procesos organizativos en la región con proyectos políticos e ideológicos divergentes (De Vos, 2002), en algunos casos afines a los poderes gubernamentales, y en otros desde vertientes contestatarias al Estado y las políticas de desarrollo.

En la selva Lacandona se establecieron los primeros planes desarrollo en la década de 1970, periodo en el que también inició la formación de las primeras organizaciones campesinas independientes en la región (N. Harvey, 2000). En 1974 la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETN), dependiente de la Secretaría de la Presidencia, generó un estudio socioterritorial con base en diversos mapas en los que se detallaban los posibles nichos de desarrollo en la selva (CETN, 1974). En el documento se expone que:

[…] dadas las características geológicas de la zona esta posee un potencial de gran importancia en lo referente [a la] industria petrolera, industria maderera, industria del papel, industria de cuero y sus subproductos, industria farmacéutica, industria textil, industria alimenticia, artesanías, industria de la construcción, industria del corcho (CETN, 1974: 73).

El estudio hace énfasis en la llamada evidencia científica, bajo la que se pretendía justificar la exploración y explotación del territorio al considerarse una región de potencial riqueza económica para la nación. En el ámbito de los hidrocarburos, se destaca el «afloramiento de rocas que presentan características favorables para el almacenamiento de petróleo» (CETN, 1974: 74). En cuanto a minería, se identifica «la existencia de estructuras favorables […] de posibilidades mineras» (1974: 77), la presencia de rocas calizas para «la fabricación de cemento, mampostería y ornamentación de casas y edificios» (1974: 78), así como la presencia de gravas, arenas y arcillas «que afloran casi en toda el área, [y] que por sus propiedades físicas son importantes en la construcción de obras civiles como: presas, bordos, caminos, casas, edificios y como balastro en las vías férreas» (1974: 78).

Adicionalmente, el estudio contempla la explotación forestal dada la existencia de «materia prima suficiente y de excelente calidad con la enorme cantidad de especies arbóreas maderables e industriales [que] dará trabajo permanente a grandes núcleos de población e invitará a fomentar los ejidos industriales» (CETN, 1974: 75-76). A ello se sumaba la industria artesanal, considerada como el «espejo del alma indígena» (1974: 78), y el posible establecimiento de ejidos turísticos dada la «riqueza invaluable representada por el paisaje mismo, los monumentos arqueológicos, los lagos y lagunas» (1974: 79). El estudio en su conjunto refleja el uso político del conocimiento científico basado en los atributos físicos, naturales y culturales del territorio, para la formulación de proyectos, imaginarios y expectativas del desarrollo que apuntalan la formación de una región para el capital desde una racionalidad científica y técnica (D. Harvey, 2007a, 2007b).

La trama del desarrollo rural refleja la configuración de un mundo-regional que responde a las fuerzas de cambio de nuevos paradigmas del desarrollo y dinámicas de organización social (Acharya, 2017: 10), en este caso bajo el engranaje del Estado posrevolucionario, en estrecha vinculación con el establecimiento de la estructura ejidal y una noción industrial de progreso basada en la creación de nuevos nichos del capital, la explotación de los recursos naturales y el fomento productivo. Asimismo, esta trama refleja la formación de una arquitectura del desarrollo bajo instrumentos normativos contradictorios y antagónicos, los cuales promueven el alto potencial productivo de las regiones destinadas al desarrollo, a la vez que plantean la necesaria protección y conservación de los recursos naturales. Estos aspectos continúan vigentes en la actual configuración de la selva Lacandona y se abordan en la siguiente trama del desarrollo.

 

La trama del desarrollo sostenible y la conservación ambiental

La tercera trama del desarrollo en la selva Lacandona surgió a finales del siglo XX en el marco de los paradigmas del desarrollo sostenible y la conservación ambiental que comenzaron a cobrar presencia en las agendas del desarrollo global y la cooperación internacional. Esta trama se caracteriza por la promoción de prácticas de gobernanza acordes a los lineamientos internacionales y a los preceptos normativos en materia de conservación ambiental, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a partir de principios como la participación social y la corresponsabilidad entre los actores locales, el Estado, las agencias de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil o el sector empresarial (Bäckstrand et al., 2010).

De acuerdo con Carabias y Rabasa, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 1972, sentó las bases del desarrollo sustentable «al proclamar que debería buscarse la preservación de los recursos naturales y el uso racional de los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras» (Carabias y Rabasa, 2017: 59). En este periodo tuvo lugar la creación del Programa el Hombre y la Biósfera (Man and the Biosphere, MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la formación de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, lo cual estableció las bases para la creación de las reservas de la biósfera a nivel mundial (Carabias y Rabasa, 2017: 59; UNESCO, 1984, 2020).

En la primera reunión del MAB, en 1971, se introdujo el concepto de reserva de la biósfera para hacer referencia a «un conjunto de áreas protegidas vinculadas por objetivos y normas comunes a través de un sistema internacional coordinado» (UNESCO, 1984: 2). De acuerdo con el Plan de Acción para las Reservas de la Biósfera de 1984, «el concepto era innovador porque introducía [la] noción de sistema y […] combinaba la conservación de la naturaleza con la investigación científica, la vigilancia ambiental, la formación, la educación y la participación de la población local» (UNESCO, 1984: 2). En 1976 se establecieron las primeras reservas de la biósfera a nivel mundial, y en el caso de la selva Lacandona tan solo dos años después se decretó la formación de la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA) (DOF, 12 de enero de 1978).

Las reservas de la biósfera surgieron con tres objetivos básicos: 1) contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética; 2) fomentar el desarrollo económico y humano sostenible desde una dimensión sociocultural y ecológica, y 3) promover proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente, así como apoyar la investigación y la observación de asuntos locales, regionales y mundiales relacionados con la conservación y el desarrollo sostenible (UNESCO, 2020: 3). La conservación ambiental y el desarrollo sostenible se instauraron como elementos clave de una nueva generación de políticas de desarrollo y, en el caso de la selva Lacandona, se establecieron nociones, demarcaciones y concepciones propias, como un territorio para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos, en yuxtaposición a la lógica del desarrollo productivista.

En los territorios locales de la selva, la aplicación de los instrumentos internacionales de conservación ambiental y la demarcación territorial de la reserva generaron una serie de tensiones y disputas en relación con las políticas de reparto agrario y el proceso de colonización de la selva, que tuvo su mayor auge en las décadas de 1960 y 1970. De acuerdo con Camacho-Bernal y Trench (2019), en respuesta al aumento de familias indígenas y campesinas que llegaron a poblar la selva, el gobierno federal puso en marcha dos principales acciones de contención. Por una parte, dotó de una extensa superficie territorial denominada Zona Lacandona a comuneros del grupo étnico lacandón con la finalidad de parar el proceso de colonización, lo que generó una serie de tensiones en el territorio, a lo que, por otra parte, se sumó la formación de la REBIMA, que es el área natural protegida más extensa de la región. Como lo plantean los autores:

En 1972, con la rápida colonización de la región, el gobierno buscó recuperar el control con el decreto de la Comunidad Zona Lacandona. Este decreto restituyó 614 321 hectáreas de ‘bienes comunales’ a 66 familias lacandonas (DOF, 1972) pero se sobrepuso a más de cuarenta asentamientos ya existentes […] En este contexto de sobreposiciones de núcleos agrarios, que detonaron conflictos territoriales y fuertes procesos de organización campesina, el gobierno decretó la REBIMA en enero de 1978, un área protegida que abarcaba 331 200 hectáreas (DOF, 1978). Ese acto agregó la dimensión de protección ambiental a los problemas existentes (Camacho-Bernal y Trench, 2019: 51).

En un periodo de dos décadas se instauraron un total de ocho áreas naturales protegidas en la selva Lacandona. Después de la formación de la REBIMA, se decretó el Monumento Natural Palenque en 1981; posteriormente, se conformaron en 1992 la Reserva de la Biósfera Lacan-Tún, el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, el Monumento Natural Yaxchilán y el Monumento Natural Bonampak. Finalmente, en 1998 fueron decretadas el Área de Protección de Flora y Fauna Nahá y el Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok (Legorreta, 2010) (véase Mapa 1). En términos normativos, las áreas naturales protegidas están conformadas por zonas núcleo, que tienen como principal objetivo la preservación de los ecosistemas, la investigación científica no invasiva, el monitoreo ambiental y el turismo de bajo impacto, y zonas de amortiguamiento, que tienen como objetivo establecer actividades de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales tomando en consideración las actividades productivas de las comunidades que habitan en el territorio (DOF, 28 de enero de 1988).

 

 

De acuerdo con Legorreta y Márquez, en la política ambiental mexicana y en las reservas de la biósfera existen dos grandes orientaciones ideológicas, sociales e institucionales respecto a las estrategias de desarrollo sostenible y conservación ambiental. Por una parte, están las orientaciones jerárquicas y autoritarias, que se caracterizan por establecer «medidas prohibitivas y restrictivas como mecanismos de conservación» (Legorreta y Márquez, 2015: 283) sin tomar en cuenta las dinámicas sociales ni los procesos históricos y organizativos que configuran el territorio y, por otra parte, se encuentran las orientaciones basadas en un proyecto político democrático, que buscan promover «la participación efectiva de la población y el desarrollo sustentable como parte de una estrategia amplia de conservación» (Legorreta y Márquez, 2015: 283), colocando en el centro de la acción gubernamental el fortalecimiento de la organización social y comunitaria para la creación de estrategias que respondan a las problemáticas sociales y ambientales locales.

Sin embargo, más allá de esta dicotomía es importante reconocer que las orientaciones prohibitivas también hacen uso de los principios participativos para reforzar los poderes autoritarios del Estado y de las agencias internacionales, con lo cual se establecen demarcaciones menos claras entre ambas orientaciones y los procesos de organización que aspiran a la transformación social. Esto ha dado paso a la configuración de la selva Lacandona como un mundo-regional plural, diverso y conflictivo (Acharya, 2017), donde se han puesto en marcha proyectos de desarrollo sostenible basados en la participación comunitaria que reproducen vicios autoritarios y clientelares, al tiempo que se impulsan iniciativas que buscan generar alianzas y redes estratégicas con capacidad de fortalecer poderes autónomos para la toma de decisiones sobre los proyectos y acciones de desarrollo que se implementan en los territorios locales (Mendoza, 2022).

Las tramas presentadas anteriormente permiten delinear parte de la complejidad de los procesos sociopolíticos que han llevado a la formación de la selva Lacandona como un mundo-regional en el que se yuxtaponen y renuevan discursos, prácticas y orientaciones del desarrollo heterogéneas. A continuación, se presenta un panorama de la actual composición de la región a partir de los dos principales entramados del desarrollo y la gobernanza global que convergen en la selva Lacandona: por una parte, los entramados productivistas que han sido resultado de las políticas de modernización del campo con el impulso de la ganadería y la agricultura comercial y, por otra parte, los entramados de los programas especiales para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental, los cuales han generado nuevos instrumentos de política pública basados en proyectos agroalimentarios alternativos, ecoturísticos y de servicios ambientales.

 

Entramados productivistas

El estado de Chiapas es una de las principales entidades federativas del país donde se lleva a cabo la producción agropecuaria bajo el modelo de desarrollo rural convencional. Actualmente, esta entidad ocupa el tercer lugar en términos de superficie cultivada y cosechada, después de los estados de Veracruz, localizado en la costa del Golfo de México, y Zacatecas, que se ubica en el centro-norte del país (SIAP, 2023). En los municipios que conforman la selva Lacandona1 se concentra el cultivo de diversos productos agropecuarios como ganado bovino, café, frutas tropicales y palma africana, a la vez que se producen granos básicos, principalmente maíz y frijol, para el autoconsumo y la comercialización, lo que en su conjunto articula los entramados del desarrollo productivista de la región.

 

La ganaderización de la selva

En la selva Lacandona la producción ganadera a escalas pequeña y mediana fue una de las principales actividades de desarrollo productivo que se promovió desde mediados del siglo XX a través de programas públicos de impulso al sector agropecuario y como resultado de las iniciativas de la población que colonizó la selva (Leyva y Ascencio, 1993). En la actualidad, la ganadería a pequeña escala sigue siendo una de las principales prácticas productivas de las familias campesinas, lo que ha generado visibles impactos en el territorio dada la deforestación de una amplia superficie de bosque y la conformación de mercados de comercialización de ganado bovino, principalmente con la venta de becerros, que son trasladados a las plantas industriales de producción y comercialización de carne (entrevista personal, 5 de marzo de 2023).

En el municipio de Palenque se identifica la mayor producción de ganado bovino a nivel estatal y regional, ya que tan solo en este municipio se concentra el 59.21 % de toneladas de ganado que se genera en la selva. Posteriormente, los municipios con mayor producción de ganado en la región son Ocosingo (20.92 %), Las Margaritas (6.09 %), Marqués de Comillas (5.36 %), Benemérito de las Américas (5.23 %), Altamirano (2.12 %) y Maravilla Tenejapa (1.07 %) (SIAP, 2023) (véase Tabla 1).

Es importante destacar que Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas son municipios con una extensión territorial notablemente menor en comparación con aquellos en los que se concentra un mayor porcentaje de producción. Sin embargo, en la mayoría de los municipios de la selva, a excepción de Maravilla Tenejapa y Las Margaritas, se registra un aumento en la producción de ganado bovino en los últimos 15 años, que asciende del 4 % en el municipio de Altamirano al 138 % en Benemérito de las Américas (véase Tabla 2). De acuerdo con el estudio realizado por Flores et al., la mayor producción de bovino en la selva Lacandona proviene de unidades de pequeña escala con potreros de 5 a 12 hectáreas, que representan el 77.85 % de las unidades pecuarias, seguidas por los productores de mediana escala, que cuentan con el 18.79 % de potreros de 8 a 27 hectáreas, y los productores con alta disponibilidad de tierras y animales, que representan el 3.35 % de unidades con potreros de 20 a 38 hectáreas (Flores et al., 2016: 99).

 

 

 

 

En la entrevista con un gestor de proyectos de la región mencionó que en municipios como Marqués de Comillas donde la ganadería ha generado la mayor deforestación de la zona, esta actividad se considera complementaria en las familias que producen a pequeña escala dado que los ejidatarios suelen tener un número reducido de ganado en superficies extensas (entrevista personal, 29 de mayo de 2023). Es importante resaltar este hecho ya que, aun cuando la ganadería ha sido considerada como una de las principales actividades de fomento productivo en la región, gestores locales coinciden en afirmar que los pequeños productores y las familias campesinas «más humildes» son quienes sostienen la producción en condiciones sumamente precarias y poco productivas (entrevistas personales, 5 de marzo de 2023, 29 de mayo de 2023). Desde una lógica del mercado, que los coloca en amplia desventaja porque no solamente mantienen la producción ganadera a costa de la deforestación, la erosión de los suelos y la expansión de la frontera agropecuaria, sino que también obtienen bajos rendimientos y están sujetos a los precios de compra-venta que son establecidos por los intermediarios locales, quienes conforman el primer eslabón de la cadena comercial de carne a nivel regional.

 

La producción comercial de café

En los relatos del proceso de colonización de la selva frecuentemente se menciona que uno de los principales motivos que impulsó a las familias a poblar nuevos territorios fue la posibilidad de contar con tierras fértiles para el cultivo y la venta de café, ya que a mediados del siglo XX la producción comercial de este fruto tuvo un importante auge en la economía agrícola nacional, al punto que «en la balanza comercial del país fue el producto agropecuario de más peso, antecedido solo por el petróleo» (Martínez, 2004: 121). La etapa de bonanza cafetalera en Chiapas inició en la década de 1970, cuando el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) impulsó la producción y comercialización del grano «para modernizar la producción en pequeña escala e incrementar la presencia estatal en los mercados regionales» (N. Harvey, 2004: 454).

En la selva Lacandona, los paquetes tecnológicos que arribaron con la Revolución Verde incluían como principales productos agrícolas el café y el maíz. En los relatos de familias campesinas de las cañadas tojolabales de Las Margaritas mencionan la llegada de técnicos, programas gubernamentales y organizaciones campesinas que promovían el uso de los nuevos paquetes tecnológicos para el cultivo del café. Al respecto, un campesino narró que en ese tiempo «era muy nuevo todavía la entrada de fertilizantes» y con el uso de agroquímicos «las milpas y las producciones eran abundantes» (Mendoza, 2016).

Las primeras organizaciones campesinas, cooperativas y alianzas de productores de Ocosingo y Las Margaritas estuvieron vinculadas a la producción, acopio y comercialización del café. Sin embargo, ese periodo también se vivió con desencanto dados los altos costos de los insumos agrícolas, los problemas técnicos y burocráticos con las instancias gubernamentales, los obstáculos para la comercialización y la recurrente variación de los precios del grano (Mendoza, 2016), problemas que todavía enfrentan los productores a nivel local. Aunado a esto, la expansión de la roya en las plantaciones ha afectado al sector en México y ha provocado una drástica reducción del cultivo en la última década (CEDRSSA 2018). A pesar de los múltiples obstáculos, en municipios de la selva Lacandona como Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Maravilla Tenejapa la producción de café sigue estando entre los tres principales cultivos comerciales (véase Tabla 3), lo cual refleja la necesidad de las familias por mantener una fuente de ingreso adicional con la esperanza en cada ciclo productivo de lograr una mejor venta del grano.

 

 

 

El mercado neoliberal frutícola

En el marco de las políticas de neoliberalización del sector agroalimentario ha ido en aumento la diversificación de alimentos frutícolas para la comercialización nacional, así como su exportación. En la selva Lacandona, las principales frutas tropicales que se cultivan son el plátano y la piña, prioritariamente en los municipios de Las Margaritas y Maravilla Tenejapa. En cuanto al cultivo de plátano, el estado de Chiapas es el primer productor de México (SADER, 2021). De acuerdo con datos gubernamentales, la mayor parte de la producción es para el comercio interno y una tercera parte se destina al comercio exterior, principalmente a Estados Unidos, Japón y Reino Unido (SADER, 2021).

En cuanto a la piña, instancias gubernamentales consideran que es un fruto con alto valor en el mercado internacional cuya exportación está en aumento. Por ejemplo, se estima que en el periodo de 2003 a 2016 las exportaciones crecieron de 20 800 a 86 300 toneladas, siendo los principales destinos Estados Unidos, Países Bajos y Alemania (SAGARPA, 2017: 2). En el año 2017 se estableció la selva Lacandona como una de las 15 regiones estratégicas de producción comercial de piña a nivel nacional, y en ella se proyectó maximizar el desarrollo productivo a través de la certificación, la actualización de paquetes tecnológicos para su producción industrial, y la mejora en el manejo y optimización de los recursos naturales (SAGARPA, 2017).

Al respecto, un gestor de proyectos comentó que actualmente en los municipios de Las Margaritas y Maravilla Tenejapa «la piña viene arrasando desde Nuevo San Juan Chamula, El Pacayal [e] incluso vemos cafetales con piñas en Maravilla Tenejapa, que también arrasan con todo» (entrevista personal, 24 de abril de 2022). Un productor de la región que contaba con una huerta diversificada de cacao, café y frutales bajo el sistema de producción agroecológica, comentó que adicionalmente tenía una parcela en la que cultivó 500 piñas para su comercialización. Al respecto mencionó: «Sembré piña el año pasado, ahorita está pareja la producción de la fruta. Yo mismo me alegro mirando […]. Se tiene que vender, aunque no siempre hay comprador, pero hay que intentar darle salida para que no se pase de maduro» (entrevista personal, 10 de abril de 2022).

Por otra parte, en algunos territorios de la selva Lacandona se identifican nichos de producción de limón, los cuales se encuentran principalmente en Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, siendo ambos municipios los principales productores de este cítrico a nivel estatal. En Palenque se registra la producción de naranja y otros productos frutícolas como la sandía, mientras que la producción comercial de cacao se concentra prioritariamente en el municipio de Maravilla Tenejapa, y en menor medida en el de Palenque (véase Tabla 3). En cuanto a los mecanismos de comercialización de cítricos, un técnico de la región comentó que había observado una nueva práctica entre intermediarios comerciales de limón, quienes llegaban junto con cortadores a negociar con los productores la entrada a sus parcelas para cortar el fruto, y después realizar el pago concertado. Al respecto detalló:

los coyotes empiezan a ver que hay producción y entran a comprar. [El otro día] llegó el coyote un domingo a preguntar si había limón y el productor le dijo: ‘No hay, es domingo. No tengo limón’. Y le dijo el señor: ‘Si nos da usted permiso, traigo a la gente y lo cortamos’. [Y el productor le dijo:] ‘Pues si quiere, pásele. Vayan a cortar el limón’. Y ese día se trajeron 10 arpillas de limón. Un domingo que estaba sentado en su hamaca el señor, le pasaron a pagar 8 000 pesos (entrevista personal, 11 de mayo de 2023).

De acuerdo con Macías, una de las características de la industria hortofrutícola en México es la concentración de poder en los grandes intermediarios minoristas, pues son ellos quienes «controlan lo que sucede en las cadenas productivas» (Macías, 2010: 34), mientras que las familias campesinas y los productores a pequeña escala que venden a los acopiadores locales y negocian con los proveedores regionales, como sucede en el caso de la selva Lacandona, son quienes históricamente se enfrentan a las prácticas de la agricultura comercial en condiciones de mayor desventaja e incertidumbre, dado que se ven obligados a adaptarse a las condiciones de producción y comercialización de los acaparadores y tienen poca o nula posibilidad de influir en los acuerdos de compra-venta y en las dinámicas del mercado. Las familias campesinas intentan sortear estos problemas con la diversificación de cultivos para el consumo y la comercialización, a lo que se suma la generación de estrategias de producción, que pueden responder a diferentes orientaciones del desarrollo; por ejemplo, pueden destinar algunas parcelas y cultivos para la producción comercial, haciendo uso de agroquímicos o recurriendo a intermediarios locales, mientras que mantienen otras parcelas bajo sistemas de producción agroecológica para el consumo familiar y su posible comercialización en mercados alternativos.

 

La agroindustria de palma africana

A inicios del siglo XXI comenzó la producción de palma africana en la selva Lacandona como parte de las políticas de reconversión productiva del sureste de México (Santacruz, Morales y Palacios, 2014) en el marco del desarrollo agroindustrial de la región. En un principio, este cultivo se estableció de forma experimental en la costa de Chiapas, y posteriormente se amplió su producción a 22 municipios del estado con apoyo de incentivos gubernamentales (García, 2017: 26). A principios del año 2000 la producción de palma africana en la selva Lacandona se concentraba prioritariamente en el municipio de Palenque. El cultivo comenzó a tener presencia en Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas en los siguientes años, y posteriormente, en 2022, se registró en el municipio de Ocosingo la existencia de pequeñas áreas de producción (véase Gráfica 1). Durante las últimas dos décadas el área de cultivo de palma africana ha incrementado en la selva, lo que ha generado debates sobre las transformaciones sociopolíticas, económicas y culturales que han derivado de la introducción y el aumento de la producción agroindustrial de este producto (Cano, 2014, 2022, 2023; Castellanos-Navarrete y Jansen, 2017).

La expansión del cultivo de palma africana es una de las manifestaciones más latentes de los procesos de renovación del desarrollo rural y de los espacios del capital desde la agricultura industrial, por medio de estrategias productivas basadas en el monocultivo y la implementación de tecnologías agrícolas para impulsar la competitividad, la maximización de las ganancias y la rentabilidad económica de bienes no alimentarios. En el marco de las prácticas de gobernanza empresarial, Trejo y Valdiviezo (2022) analizaron los nodos de articulación que se generan entre los empresarios agrícolas con capital económico y político para establecer plantas de producción en los territorios locales, las redes con instancias gubernamentales que fomentan esquemas de producción y comercialización a través de sistemas de créditos e intermediarios financieros, así como las condiciones de desventaja a las que se enfrentan los productores y jornaleros agrícolas con la motivación de lograr más ganancias económicas en comparación con los productos agroalimentarios tradicionales.

La creación de estos nuevos espacios de acumulación de capital han reconfigurado las actividades de producción, organización y comercialización de los actores rurales que habitan en los municipios donde se concentra la producción de palma africana (Cano, 2023), quienes enfrentan la inclusión selectiva a los mercados de la agricultura comercial en condiciones de subordinación, consentimiento y dependencia (Castellanos-Navarrete y Jansen, 2017) hacia las empresas de extracción de aceite instaladas en los territorios locales y los organismos financieros que ofrecen créditos, paquetes tecnológicos e infraestructura para mejorar la competitividad.

 

 

Al respecto, un gestor de proyectos de la región mencionó que la plantación de palma se hace en condiciones de amplia desventaja para los productores de pequeña escala, frente a los empresarios rurales con capacidad de concentrar e invertir capital para lograr una mayor producción, sobre lo cual indicó:

[…] la palma es una plantación bien costosa, no cualquier campesino puede acceder a ella, […] sucede mucho que son los grandes ganaderos quienes también tienen sus superficies con palma, y la palma lo que tiene es que es un ingreso constante, al menos los primeros 20 años porque están produciendo fruto cada 15 días, pero en algún punto empiezan a dejar de producir tanto y, además, la cosecha implica muchísima mano de obra, entonces también por eso es bien costosa y, por el otro lado, también requiere de muchísimos agroquímicos (entrevista personal, 29 de mayo de 2023).

Los entramados del desarrollo productivista forman parte de la actual configuración de la selva Lacandona como un mundo-regional en el cual se han impulsado políticas, programas y acciones para el desarrollo rural basados en la eficiencia productiva. Esto desde una lógica del desarrollo y la gobernanza tradicional, que delega las competencias comerciales al sector privado, con la presencia selectiva de los gobiernos a través de programas productivos y la incorporación de los pequeños productores a los mercados agroalimentarios y agroindustriales en condiciones desiguales (D. Harvey 2007a, 2007b). Los entramados productivistas en la selva Lacandona reflejan los vicios del desarrollo y la gobernanza convencional que reproducen las relaciones clientelares y verticales entre el Estado, el mercado y los actores rurales, bajo las expectativas, esperanzas y promesas del desarrollo de que las familias campesinas y los productores a pequeña escala logren mejores condiciones de vida.

 

Los entramados de los programas especiales
para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental

Los entramados de los programas especiales para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental forman parte de las estrategias de gobernanza ambiental que han sido impulsadas por la cooperación internacional, en vinculación con los gobiernos federales y estatales, para generar acciones innovadoras de política pública encaminadas a revertir la lógica del desarrollo convencional, esto por medio de prácticas alternativas de producción agroalimentaria, de proyectos ecoturísticos basados en la promoción y prestación de servicios, así como de instrumentos de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos. En los municipios que forman parte de la selva Lacandona se han generado múltiples programas y proyectos especiales desde principios del siglo XXI, entre los que destacan los implementados con financiamiento y apoyo técnico de instancias internacionales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM) (véase Tabla 4).

Los entramados del desarrollo sostenible y la conservación ambiental se caracterizan por promover prácticas de gobernanza participativas basadas en la creación de redes entre los actores locales, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos comunitarios, los sectores académicos y las agencias de desarrollo nacionales y supranacionales, colocando especial énfasis en el involucramiento activo de las familias campesinas y los actores locales en la toma de decisiones para el diseño y la implementación de los programas. Sin embargo, como se muestra a continuación, los proyectos de agricultura alternativa, ecoturismo y conservación ambiental forman parte de un mundo-regional mucho más complejo que está atravesado por proyectos y orientaciones políticas que también reproducen las inercias autoritarias y clientelares, pero desde el campo del desarrollo sostenible, en medio de los esfuerzos locales por generar estrategias de organización alternativas para subvertir o adaptarse a las cambiantes lógicas del mercado y el desarrollo.

 

 

Proyectos agroalimentarios sostenibles

En el marco de la agenda ambiental global los proyectos agroalimentarios sostenibles se plantean como una alternativa frente al modelo de desarrollo productivista y agroindustrial convencional. Se basan en el reconocimiento y la revaloración de las prácticas y los saberes campesinos en la producción de alimentos nutritivos y diversos, libres de agroquímicos, para el consumo doméstico y su comercialización en mercados alternativos, justos o de circuitos cortos. Estas iniciativas promueven la generación de estrategias productivas a nivel doméstico, tales como el ordenamiento de traspatio, el cultivo de huertos frutales y hortalizas, la reconversión a sistemas de producción sostenibles por medio de la milpa, las huertas agroforestales y la ganadería silvopastoril.

Desde inicios del siglo XXI, las estrategias de desarrollo sostenible comenzaron a cobrar presencia en la región a través de los programas especiales de cooperación internacional. El PRODESIS fue uno de los primeros proyectos implementados en la selva Lacandona que impulsó un modelo de organización productiva basado en la capacitación de las familias campesinas para establecer prácticas agroalimentarias sostenibles y la formación de organizaciones locales para alcanzar procesos autogestivos (PRODESIS, 2007). Sin embargo, en la práctica esta iniciativa se enfrentó a múltiples cuestionamientos porque promocionaba un modelo de desarrollo participativo que a nivel operativo reproducía las prácticas de simulación e imposición de las políticas convencionales (Saldívar y Arreola, 2006; Paz, 2009).

Durante este periodo también surgió el programa Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M), el cual fue ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas por tratarse de un programa de control político y territorial para la contención de los procesos de organización autónoma generados en la región a raíz del movimiento armado zapatista (Betancourt, 2006). Asimismo, en la región se pusieron en marcha el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) y el Proyecto Desarrollo Rural Sustentable en los Corredores Biológicos de Chiapas (PDSCB), coordinado por la CONABIO, el cual tuvo presencia durante una década en la región. Actualmente se encuentra en operación el Programa Sembrando Vida (DOF, 31 de diciembre de 2021), que promueve sistemas productivos agroforestales en los municipios de la selva, aunado a la incipiente puesta en marcha del Proyecto de Territorios Productivos Sostenibles (TPS), que comienza a tener presencia en el territorio.

Los proyectos especiales de agricultura sostenible frecuentemente impulsan la formación de colectivos, grupos y alianzas campesinas para crear estrategias de producción agroalimentaria y comercialización alternativas. Esto ha llevado a que en los municipios de la selva sea común identificar grupos organizados de hombres, mujeres y familias en cooperativas, cajas de ahorro y colectivos para la comercialización o procesamiento de bienes agroalimentarios, a través de iniciativas que surgieron o han recibido financiamiento de los programas especiales, pero las cuales logran sostenerse como resultado de los procesos de organización local y la creación de redes de acompañamiento, capacitación y apoyo que van más allá de los programas oficiales de desarrollo (Mendoza, 2022).

Las acciones de organización y producción agroalimentaria que se generan en los espacios locales no suelen verse reflejadas en los documentos ni en las cifras oficiales de producción agrícola. A manera de ejemplo, en el municipio de Maravilla Tenejapa se registraba en 2022 la producción de nueve alimentos: cacao, café, chile, frijol, limón, maíz, piña, plátano y tomate (SIAP, 2023). Sin embargo, en las parcelas agroecológicas a nivel local existe una diversidad de alimentos adicionales, entre ellos cítricos como la lima y la naranja, frutas tropicales como la guanábana, el mango y la papaya, además de los nuevos cultivos que se han incorporado con el programa Sembrando Vida, tales como el cardamomo, la pimienta y el rambután.

En los entramados de los proyectos agroalimentarios que promueven los programas especiales, los principios de la agricultura sostenible, la participación comunitaria y la generación de procesos democráticos corren el riesgo de ser retomados y adaptados a los nuevos paradigmas del desarrollo, como lo plantea Mosse (2005b), con la finalidad de descartar los signos del pasado colonial o los intereses comerciales internacionales, y alcanzar aceptación y legitimación política en los niveles local y global. En este sentido, se configura un mundo-regional donde persisten tensiones entre los proyectos derivados de las agencias nacionales e internacionales, que instrumentan los modelos de la agricultura alternativa y la participación comunitaria como herramientas de control político y territorial, frente a los procesos organizativos que se gestan para impulsar estrategias autónomas con capacidad de tomar decisiones sobre los proyectos de vida de las familias y comunidades que habitan en el territorio (Mendoza, 2022).

 

Proyectos de servicios ecoturísticos

Entre las estrategias de desarrollo sostenible se encuentra la creación de proyectos ecoturísticos como un campo potencial para fortalecer el crecimiento económico local y nacional, aspectos que han estado presentes desde las primeras iniciativas de desarrollo en la región. Los programas especiales de la selva Lacandona han generado acciones de capacitación, financiamiento para infraestructura, y creación de cooperativas y empresas locales para ofrecer servicios como hospedaje, alimentación, recorridos por la selva, actividades culturales y de aventura, venta de artesanías y consumo de productos locales. Estos proyectos forman parte de los nuevos nichos del mercado neoliberal (D. Harvey, 2007b: 233-4), los cuales se basan en la diversificación de actividades socioeconómicas al servicio del capital que conllevan la formación de nuevos sujetos rurales como prestadores de servicios turísticos.

En las iniciativas ecoturísticas es común observar la configuración propagandística de un mundo-regional basado en imágenes estereotipadas de la selva como un espacio prístino, salvaje y natural, donde habitan los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales (Mendoza e Islas, 2021; Trench, 2005). Estos aspectos contrastan con la historia de colonización de la selva, con los procesos de deforestación y agricultura comercial y con los conflictos por la apropiación social del territorio que persisten en la actualidad. En la comunidad Zona Lacandona se ubican algunos de los principales nichos turísticos de la región, cercanos a las áreas naturales protegidas de Metzabok y Nahá, así como de Bonampak y Yaxchilán, reconocidas por ser zonas arqueológicas representativas de la cultura maya (Mendoza e Islas, 2021; Valle, 2022).

En la Reserva de la Biósfera Montes Azules y las áreas naturales protegidas aledañas de Lacan-Tun y Chan-Kin también existen iniciativas ecoturísticas a nivel comunitario. Localidades del municipio de Maravilla Tenejapa han sido dotadas con infraestructura básica para el establecimiento de cabañas y servicios de hotelería en el marco de los programas especiales (Sánchez, Oseguera e Isunza, 2014). Sin embargo, a nivel local se considera que no se han logrado los resultados que esperaban las agencias de desarrollo a causa de motivos como las complicaciones para acceder a la zona, la falta de difusión de los proyectos, el malestar y el desinterés de los pobladores ante la presencia de turistas que llegan a las localidades en búsqueda de confort, diversión y experiencias de espectacularización de la selva que no son satisfechas (entrevista personal, 5 de marzo de 2023).

Por otra parte, existen empresas ecoturísticas dirigidas a sectores con alto poder adquisitivo que lucran con la naturaleza y la cultura desde una perspectiva ambiental a través de la venta de experiencias como el senderismo, la fotografía de naturaleza, el contacto con la biodiversidad y el encuentro con las poblaciones locales, de tal modo que en estos entramados convergen proyectos sociales, comunitarios e iniciativas empresariales que obtienen resultados diferenciados, lo cual en gran medida es producto de las estrategias del mercado, la inversión de capital y la adaptación o rechazo a la lógica de comercialización de los bienes naturales, sociales y culturales bajo los que se generan los proyectos ecoturísticos locales.

 

Proyectos de conservación ambiental

Las estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable de las reservas forestales comenzaron a tener presencia en la selva Lacandona a través de los programas de servicios ambientales para la captura de carbono, el fomento de sistemas agroforestales y la protección de la vida silvestre (Iglesias et al., 2010). Entre las principales iniciativas de conservación creadas en el marco de la gobernanza ambiental global se encuentra el Pago por Servicios Ambientales (PSA), el cual surgió como un instrumento internacional de política ambiental que tiene como finalidad «frenar el deterioro y proteger los ecosistemas naturales al asignarles un valor económico» (Ortiz et al., 2015: 315) por medio de una compensación económica para que los productores con posesión legal del territorio «renuncien a otros usos del suelo que pudieran resultar más rentables en ausencia de estos incentivos» (Ortiz et al., 2015: 315).

Durante los primeros años de implementación del PSA el programa funcionó con fondos del Banco Mundial y el GEF, y posteriormente dio paso al programa gubernamental ProÁrbol, el cual, de acuerdo con Ortiz y colaboradores, «llegó a incluir hasta 45 temas de apoyo y se convirtió en uno de los programas federales de conservación más importantes del mundo» (Ortiz et al., 2015: 320). Actualmente, en el marco del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable de la SEMARNAT y la CONAFORT se contemplan diferentes componentes de apoyo para el manejo forestal comunitario (DOF, 29 de diciembre de 2022), entre los que se incluye el pago por servicios ambientales con un incentivo económico de 1 000 pesos mexicanos por hectárea al año para la región selva Lacandona.

Como parte de las estrategias de la política ambiental en México también se han instaurado unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMAS), las cuales son esquemas alternativos de producción que pretenden ser compatibles con la conservación (DOF, 30 de noviembre de 2016). Las UMAS son «terrenos forestales que las personas propietarias o poseedoras destinan voluntariamente a la conservación del hábitat y al aprovechamiento sustentable de las especies silvestres» (CONAFOR, 2022). En el estudio realizado por Buda, Trench y Durand (2014) sobre las UMAS de palma camedor o palma «xate» en la selva Lacandona, identifican varias limitantes en esta estrategia de conservación, entre ellas las trabas administrativas y burocráticas para el establecimiento de las unidades, así como la sobreexplotación de la palma y las condiciones de desigualdad a las que se enfrentan los cortadores ante las cadenas de mercado regional e internacional de palma (Buda, Trench y Durand, 2014: 217).

De acuerdo con los autores, en «la mayor parte de los instrumentos de conservación ambiental en México, su diseño está influenciado por una visión neoliberal de la conservación» (Buda, Trench y Durand, 2014: 205), como sucede en el caso del PSA y las UMAS, los cuales se basan en la asignación de un valor económico y comercial a la protección y manejo sustentable de la naturaleza. En los actuales entramados del desarrollo se generan estrategias de conservación ambiental, al tiempo que se promueven proyectos de agricultura alternativa y bajo sistemas de producción convencional, esto en el marco de lógicas divergentes del desarrollo que en su conjunto forman parte de las dinámicas de circulación del capital (D. Harvey, 2007b). Estas dinámicas han dado paso a la formación de la selva como un mundo-regional sumamente complejo donde convergen los entramados de las políticas convencionales de fomento al sector agropecuario y los proyectos especiales del desarrollo sostenible y conservación ambiental, a la vez que se generan experiencias locales de organización con poderes colectivos que buscan incidir en la toma de decisiones y en los proyectos que se implementan en el territorio.

 

Consideraciones finales

Este artículo surgió con el objetivo de analizar la composición de las políticas de desarrollo en la selva Lacandona a partir de la noción de mundos-regionales en diálogo con la antropología del desarrollo y la geografía radical. A lo largo de estas páginas se indagó cuáles fueron los procesos de configuración de la selva Lacandona como una región para el desarrollo y cómo esos procesos confluyen en la actual composición de las dinámicas del desarrollo y la gobernanza global. En el trabajo se planteó que la selva Lacandona se configura como un mundo-regional donde convergen y se yuxtaponen modelos y prácticas de desarrollo divergentes, los cuales coexisten en el territorio y en las dinámicas productivas y organizativas que se generan a nivel local.

En principio, en el estudio se abordó la trama del extractivismo colonial de madera, que dio paso a la formación de la selva como una región al servicio del capital nacional y extranjero a través de compañías y empresarios que arribaron a la región durante el porfiriato en búsqueda de maderas preciosas de alto valor comercial en los mercados europeos. Esta primera trama nos acerca a la historia y racionalidad colonial del desarrollo basada en la explotación de los recursos naturales, la cual se renueva y continúa presente en los actuales entramados del desarrollo a través de la lógica de producción agroindustrial y las iniciativas de aprovechamiento y conservación de la naturaleza que funcionan al servicio de los mercados regionales, nacionales e internacionales de circulación del capital.

Posteriormente, en el marco de las políticas de la reforma agraria, se analizó la trama del desarrollo rural al conformarse la selva Lacandona como una región óptima para su explotación económica. Los proyectos de modernización basados en la industrialización de los ejidos configuraron un nuevo proyecto de Estado que colocó en el centro a los campesinos como un sector social clave para el desarrollo del país. El auge de la Revolución Verde definió la llamada vocación productivista de la selva a través del impulso de la ganadería y la producción de café, esto aunado a los actuales nichos de producción de frutas tropicales y palma africana bajo el uso de paquetes tecnológicos. Todo ello ha dado paso a los actuales entramados de la agricultura convencional, que opera bajo la participación condicionada y desigual de las familias campesinas y de los productores a pequeña escala en los circuitos de producción y comercialización agropecuaria.

En la tercera trama del desarrollo se profundizó en la presencia de actores y agencias internacionales en el campo de las políticas de conservación ambiental y desarrollo sostenible. La adopción de instrumentos internacionales, como la formación de las reservas de la biósfera y las áreas naturales protegidas, acentuó las contradicciones y problemáticas derivadas de las políticas de desarrollo productivo impulsadas en la región. En la selva Lacandona, más allá de lograrse una transición hacia una nueva generación de políticas de cuidado, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, estas iniciativas entraron en tensión y articulación con las políticas e iniciativas de fomento productivo. Esto se observa en los actuales entramados de los programas especiales de desarrollo sostenible y conservación ambiental, los cuales, por una parte, surgieron en respuesta al modelo de desarrollo agropecuario convencional y, por otra, reproducen los vicios autoritarios y la lógica de acumulación del capital a través de nuevas prácticas, ideas y principios del desarrollo.

El estudio de las tramas del desarrollo en la selva Lacandona permitió analizar la coexistencia y yuxtaposición de proyectos, políticas y acciones divergentes que configuran los actuales entramados del desarrollo y la gobernanza global. Esto desde una lectura de los mundos-regionales, que permite reconocer la persistencia de prácticas, ideas e imaginarios del desarrollo heredados de la lógica del extractivismo colonial, del desarrollo productivista y de las renovadas políticas y orientaciones del desarrollo sostenible; lo cual, en conjunto, ha dado paso a la creación de los actuales entramados del desarrollo en los que confluyen actores sociales, comerciales, institucionales y privados que marcan las pautas de la agricultura comercial, de los proyectos de agricultura alternativa y de las iniciativas neoliberales de conservación ambiental.

A manera de cierre, basta recalcar que las tramas no refieren a etapas superadas del desarrollo, sino a la continuidad y renovación de políticas, prácticas y estrategias de desarrollo impulsadas por el Estado y el mercado en momentos históricos y bajo lineamientos diferentes, pero cuyas acciones repercuten en los actuales entramados del desarrollo productivo y sostenible que configuran la región. Finalmente, la lectura crítica del desarrollo y la gobernanza global que se propuso a lo largo de este artículo plantea en última instancia la necesidad de repensar la formulación de políticas públicas con base en los entramados del desarrollo que convergen en el territorio, reconociendo que cualquier iniciativa y estrategia de gobernanza que se asuma como innovadora requiere tomar en cuenta las relaciones de articulación, tensión y yuxtaposición entre las políticas, programas, proyectos e ideas del desarrollo divergentes que han dado paso a la formación de la selva Lacandona como un mundo-regional.

 

Agradecimientos

Este artículo forma parte de los resultados de la investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IA302323, «La selva Lacandona en los entramados de la gobernanza global: Actores, espacios y organizaciones sociales en las políticas de desarrollo ambiental».

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