Introducción

 Las interrupciones en los proyectos de vida de las personas presentan una mayor recurrencia conforme avanza el presente siglo mediante lapsos de tiempo durante los cuales la cotidianeidad es alterada y que son conocidos como situaciones de espera (Drangsland, 2020; Khosravi, 2020). En estos periodos los seres humanos buscan recomponer su existencia mediante la puesta en práctica de un cúmulo de estrategias en las que se despliegan la imaginación, la inteligencia y la habilidad para adaptarse a nuevos caminos, territorios, tiempos y controles gubernamentales que se interponen entre su condición actual y el tránsito hacia un futuro promisorio. La salida del hogar supone un deseo por mantener viva la esperanza en una vida mejor, la cual fue desplazada —producto del deterioro de las condiciones materiales que la hacían posible— hacia zonas distantes del sitio donde esta se cristalizaba.

La espera se agudizó con la pandemia producto del virus SARS-CoV-2. Este contexto extraordinario propició el cierre oficial de las fronteras para las actividades consideradas no esenciales, entre ellas el flujo migratorio. La imposibilidad de llevar a cabo un tránsito humano regular ha traído consecuencias inesperadas para quienes buscan protección legal. Los impedimentos para conseguir amparo jurídico tienen un origen múltiple: elementos de tipo cultural, religioso, lingüístico, social, económico y político. Esta combinación de factores se expresa en el actuar cotidiano de los funcionarios públicos encargados de la gestión de los trámites de refugio, asilo y entrada regular al territorio.

En México, las entidades encargadas de la atención de estos trámites son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) y el Instituto Nacional de Migración (inm). Ambas instancias están adscritas a la Secretaría de Gobernación, que forma parte del Poder Ejecutivo. La primera es la responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como de gestionar acciones de asistencia para quienes inician su proceso ante esta institución. El segundo es el encargado de los procedimientos migratorios que permiten a las personas su ingreso y estancia en territorio nacional, y para ello implementa los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento.

La interacción entre quienes solicitan trámites y el funcionariado no siempre trae consigo el resultado esperado por los primeros, circunstancia que los conduce al empleo de distintas formas para recomponer su tipo de vida temporal (Levine, 2006), ya sea mediante la contratación de individuos dedicados al tráfico de personas o de abogados que fungen como intermediarios ante instancias gubernamentales, o bien se adhieren a desplazamientos masivos (caravanas), grupales (en número reducido) o individuales; todos estos actos son utilizados ante la imposibilidad de obtener una respuesta gubernamental expedita.

Este trabajo busca dar cuenta de cómo la intersección entre una situación de espera prolongada, un sistema de atención migratoria rebasado y un complejo burocrático, producen como resultado una concepción oscilante de justicia, autoridad y paciencia, que en un primer momento no aparta a las personas de su búsqueda por protección legal, que tensiona la noción de ilegalidad que sobre su estancia migratoria se construye y que posibilita el despliegue de recursos humanos que permitan el fluir de la vida. Las temporalidades que se entrelazan dan cuenta de los espacios que se conforman en territorios como el de Tapachula, en el estado de Chiapas, donde el control del tiempo, la paciencia y la imaginación se conjugan en un entramado social etéreo.

Para el logro del objetivo, la estrategia metodológica consistió en la realización durante un periodo de seis meses de investigación etnográfica en los espacios aledaños a la comar y el inm en Tapachula. Esa estancia permitió llevar a cabo un trabajo compartido y cercano con quienes participaron, lo que hizo posible profundizar los lazos interpersonales y contactar a personas en situación de espera/movilidad en la ciudad. Se realizaron 25 entrevistas en profundidad que posteriormente fueron sistematizadas.

Las condiciones para su inclusión en el estudio fueron: tener al menos tres meses de estancia en el país, haber realizado o estar realizando su trámite ante las autoridades, tener mayoría de edad y contar con dependientes económicos. Todas las personas participantes otorgaron su consentimiento para que las conversaciones fueran grabadas en audio. Asimismo, los resultados aquí presentados provienen de notas de campo recolectadas in situ. A fin de mantener el anonimato de las personas, los nombres fueron modificados con su anuencia.

El presente escrito está estructurado de la siguiente forma. El primer apartado da cuenta de las variaciones que en materia de política migratoria se han presentado en los diferentes sexenios, ello con la finalidad de dejar de manifiesto el contexto en el que están inscritas las relaciones entre representantes institucionales y solicitantes de protección internacional. En el segundo se establecen las premisas teóricas que serán la base para el análisis de la información empírica recabada durante el periodo de estancia de investigación. El tercero centra su atención en la formación pedagógica que adquieren las personas en su trayecto migratorio y la forma en que esta incide tanto en la relación inicial con las autoridades, como en su concepción de apego al marco jurídico vigente.

En el cuarto apartado se subrayan los mecanismos disciplinarios que son puestos en práctica por el cuerpo burocrático que pretende alejar la posibilidad de protección legal de las personas y procura, en última instancia, inhibir el deseo de continuar el trayecto migratorio. El quinto apartado deja de manifiesto las distintas formas en que la capacidad de agenciamiento se cristaliza en acciones tendientes a poner fin a una situación de espera prolongada. Finalmente, la última sección está destinada a una serie de consideraciones finales que dejan abiertas nuevas vetas sobre el tema.

 

Marco contextual

El advenimiento de la crisis financiera a inicios del siglo xxi estableció un punto de inflexión en el endurecimiento de las formas de control de la movilidad tanto en los Estados receptores como en los de tránsito. La criminalización de la movilidad humana resulta novedosa en la región, y en la actualidad la novedad estriba en el hecho de que inició una fase de mayor coerción de los contingentes humanos que buscan llegar al norte del hemisferio. El tipo de proceder de las autoridades encargadas de la seguridad y el control migratorio no permite establecer puentes de contacto y diálogo entre quienes buscan protección legal en otro país y quienes se encargan de la seguridad nacional (Cordero, Mezzadra y Varela, 2017:12).

Los gobiernos de Latinoamérica han incorporado progresivamente en su gestión de la migración la noción de responsabilidad compartida establecida y difundida por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos por medio de una alianza regional y global. La unión de esfuerzos de los países que conforman la región responde a la necesidad de unir capacidades para dar respuesta a lo que se concibe como una crisis regional que trasciende fronteras y que precisa de la cooperación, coordinación y consulta trasversales de los países de origen, tránsito y destino, así como de organismos e instituciones financieras internacionales y de la sociedad civil. Desde esta óptica la migración es vista como un desafío, una problemática y una amenaza.

En el caso mexicano, la política migratoria ha sufrido los efectos de los vaivenes económicos y políticos internacionales, pero principalmente ha resentido los cambios que en materia de combate al terrorismo fueron dispuestos por su vecino y socio comercial del norte. Las disposiciones gubernamentales en materia migratoria tendieron al endurecimiento de las políticas a causa del cambio en la estrategia de seguridad nacional del gobierno estadounidense como consecuencia de los atentados a las torres gemelas en Nueva York en septiembre de 2001 (González, 2008:255).

El gobierno mexicano de forma progresiva incorporó la visión de seguridad, y con ello posibilitó el establecimiento de una concepción particular de los derechos de las personas que transitan por territorio nacional; en síntesis, el acceso a la justicia fue obstaculizado (Rejón y Benítez, 2020). Una aproximación a las trasformaciones que a través del tiempo ha realizado el gobierno mexicano en materia migratoria permite contar con una visión integral de la manera en que se fue construyendo la estrategia de contención migratoria actual, la cual a la fecha se debate entre discurso, práctica y coyuntura (Durand, 2019).

En los primeros años del siglo xxi, la administración del presidente Vicente Fox Quesada tuvo como objetivo el logro de un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos. En la mesa de negociación con el vecino del norte fueron colocados cinco temas centrales: 1) la legalización de los trabajadores que ya se encontraban en aquel país, 2) la colaboración en la construcción de una frontera más segura, 3) aumentar la cantidad de visas para personas mexicanas, 4) la creación de un programa de trabajo temporal y 5) la promoción de desarrollo económico en los territorios mexicanos reconocidos como generadores de migración (Velasco, 2008:154).

La piedra angular de la estrategia gubernamental era la regularización de la condición migratoria de los mexicanos mediante el establecimiento de un acuerdo binacional integral, y el resultado primordial de este plan fue el tránsito de una lógica económica a una de seguridad como medio para impedir un mayor ingreso ilegal de personas a suelo norteamericano. El mencionado acuerdo no pudo concretarse en los hechos como consecuencia del ataque a las torres gemelas en la ciudad de Nueva York en 2001, pues a raíz de este suceso el gobierno estadounidense consideró a las personas en movilidad como terroristas potenciales (González, 2008:260-261).

El estado de alerta establecido por el gobierno estadounidense produjo el desarrollo y fortalecimiento de campos como los de seguridad, inteligencia y tecnología aplicada a la vigilancia territorial destinados a incrementar el control fronterizo. Como señalan Rejón y Benítez: «el territorio, el espacio y las fronteras nacionales se convirtieron en los principales muros de contención de la migración proveniente del triángulo Norte» (2020:12). Eventualmente, la criminalización, la persecución y la detención arbitrarias de las personas serían una constante en el actuar de las autoridades migratorias.

Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al contraer compromisos internacionales con la implementación de la Iniciativa Mérida, recibió respaldo financiero, militar y de capacitación para el combate a la delincuencia organizada y otras posibles amenazas a la región (Rejón y Benítez, 2020), incluida la migración catalogada como irregular. El tema migratorio se mantuvo en un perfil bajo como una forma de desmigrantizar (Durand, 2019) la relación bilateral con Estados Unidos, aunque previamente, en el año 2001, se expidió la Ley de Migración. Esa norma pretendió afrontar el desafío del fenómeno migratorio, así como los problemas y riesgos que enfrentan las personas migrantes (Secretaría de Gobernación, 2011). El gobierno daba muestras en sus disposiciones legales de la estrategia para gobernar los diversos procesos migratorios que ocurrían en el territorio nacional (Morales, 2011).

Por otro lado, en el sexenio 2012-2018, la administración del presidente Enrique Peña Nieto buscó asumir en sus planes de gobierno el carácter multidimensional que nuestro país adquirió en cuestión migratoria. La presidencia reconocía la cualidad de territorio de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes (Gobierno de la República, 2014). El programa especial de migración 2014-2018 estableció cinco objetivos prioritarios: 1) fomentar una cultura de la legalidad y derechos humanos, 2) incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local, 3) consolidar una gestión migratoria eficaz fincada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional y seguridad fronteriza, 4) la integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares, y 5) fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad de las personas migrantes, familiares y quienes defienden sus derechos (Gobierno de la República, 2014:61-74).

La prédica gubernamental integró en su agenda la problemática del respeto a los derechos humanos de los migrantes, reconocimiento que no estuvo en consonancia con el proceder institucional y prolongó la inexistencia de una visión integral de la situación particular de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en movilidad. Esto es, no fueron erradicadas las causas ni los efectos de la violación a los derechos. En los hechos, la preocupación central de la administración de Enrique Peña Nieto residió en el aseguramiento de la frontera con Belice y Guatemala como condición para el mejoramiento de la seguridad regional y el desarrollo económico de los estados del sureste mexicano (Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, 2019:12).

Para conseguirlo, se puso en marcha el Programa Frontera Sur en julio de 2014, mecanismo por el que se asumiría una mayor responsabilidad global en el tema de la migración. Las líneas de acción del programa fueron: 1) regularización de la migración, 2) mejoramiento de la infraestructura de seguridad en la frontera, 3) protección a los migrantes, 4) mejoramiento de la coordinación regional y 5) mejoramiento de la coordinación interinstitucional (Gobierno de la República, 2014:61-74).

Los efectos de la implementación de este programa en la zona fueron: el aumento del control migratorio con su consecuente incremento de los viajes de las personas por rutas peligrosas e inexploradas, la prohibición del uso de los trenes de carga para el desplazamiento humano, una falta de trasparencia en los apoyos que brinda el gobierno estadounidense a su par mexicano en los esfuerzos de control migratorio, el incremento en el número de detenciones y deportaciones, el aumento del número de retenes en las rutas migratorias, y la desatención a las causas de raíz que originan el fenómeno migrante (Isacson, Meyer y Smith, 2015:6-26). En esencia, la protección legal de las personas migrantes en territorio mexicano no se cumplió —no fueron informadas de sus derechos de protección por las autoridades correspondientes— o se cumplió de forma parcial —cuando las necesidades de protección fueron evaluadas de forma superficial—.

Continuando con la somera revisión de las trasformaciones que en materia migratoria ocurrieron en México, resaltamos sus principales características durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta etapa abría la posibilidad de varios elementos: soslayar el principio de contención que establecieron administraciones pasadas sobre el flujo migratorio, y lograr una protección más eficiente de los derechos de los migrantes con la adopción de un comportamiento responsable, respetuoso, no discriminatorio y con estricto apego a la legalidad.

La postura inicial del gobierno colocó en el centro a la persona migrante y al desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura (Unidad de Política Migratoria, 2019:9). Con este cambio de paradigma, la administración del presidente López Obrador asumía el compromiso contraído en el último acuerdo intergubernamental realizado bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, adoptado en Marrakech, Marruecos, a finales del año 2018 (Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular), que busca el mejoramiento de la gobernanza migratoria.

Los siete componentes de su política migratoria fueron: la responsabilidad compartida; la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; atención a la migración irregular; el fortalecimiento institucional; la protección de los connacionales en el exterior; la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional, y el desarrollo sostenible (Unidad de Política Migratoria, 2019:10). La lógica apuntaba a un sexenio de puertas abiertas y solidario con las personas migrantes.

No obstante, la presión estadounidense y la urgencia por garantizar recursos económicos al país condujeron a la actual administración a signar un acuerdo en junio de 2019, a través del cual México se comprometía a controlar y frenar el flujo de migrantes irregularizados mediante el despliegue de miles de soldados en la frontera a fin de no sufrir la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Este acontecimiento estableció un parteaguas en la aplicación de lo que se conoce como el fundamento jurídico de la política migratoria del Estado mexicano (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015): la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. De facto, la contención de la migración regresó como pilar operativo de la estrategia gubernamental, y con ella la lógica instrumental desplazó a la lógica de lo apropiado (García, Gaspar y García, 2020).

Hasta aquí hemos querido dejar de manifiesto la forma en que fue instaurada la progresiva criminalización de la migración en las distintas políticas de gobierno. Estas modificaciones legales han propiciado que la relación in situ que se establece entre autoridad y solicitantes de protección internacional conlleve de origen una tensión manifiesta. En esa relación se aprecia una suspicacia mutua; mientras una parte es vista como trasgresora del orden normativo, la otra es considerada como ente represor. La tensión entre las partes produce que la situación de espera por la que atraviesan quienes solicitan protección internacional se prolongue en el tiempo. Es este último tema, la espera, el que abordaremos a continuación a fin de dejar de manifiesto sus principales fundamentos teóricos.

 

Elementos teóricos de referencia

La progresiva criminalización de la migración, en el mundo en general y en México en particular, trajo como una de sus consecuencias el incremento de los controles migratorios. Estos dispositivos de contención migratoria han propiciado el aumento de los momentos de espera que experimentan miles de personas. Conceptualmente, estos periodos de permanencia prolongada en un territorio son concebidos como situaciones de espera. Los trabajos en la materia han tenido como base territorial los países del continente africano, y sus exponentes han dado cuenta de la multiplicidad de interrelaciones, prácticas, acciones, alianzas, estrategias, movilizaciones, entendimientos, conflictos, temporalidades, procesos, ritualizaciones y violencias que en ella se desarrollan (Carling, 2015; Akinyoade y Julius-Adeoye, 2017; Debele, 2020; Dobler, 2020; Drangsland, 2020; Khosravi, 2020; Stasik, Hänsch y Mains, 2020). Y ante todo dejan de manifiesto que, en ese entramado de sucesos presentes en las situaciones de espera, puede potenciarse el elemento subjetivo de las personas migrantes a partir de que la paciencia, en esos momentos, es llevada a cabo como una práctica política en el plano de lo cotidiano que permite el reconocimiento, la exigencia y el ejercicio de derechos, independientemente de la adscripción nacional originaria.

Es común considerar la espera como un estado pasivo de la existencia humana, una forma de ser y estar en la que la acción está ausente. Sin embargo, las investigaciones centradas en el tema muestran la forma en que una situación de espera puede ser reconfigurada a partir de las dinámicas que en su seno se desarrollan. Los estados de espera producen la interrupción de los proyectos existenciales de las personas, pero no cancelan la posibilidad de agencia de quienes componen los desplazamientos humanos. Lo anterior deja de manifiesto el carácter dual de la espera, que oscila entre la pasividad y la actividad, y entre la paciencia y la impaciencia (Gasparini, 1995).

La espera como verbo denota acción, pero al ser considerada como hecho expresa inactividad. Bajo esta segunda acepción es preciso distinguirla como actitud, y no como acción específica. Mediante ella las personas evalúan sus acciones desprendidas del estado de ser que están esperando. La «atención se dirige hacia un futuro que anticipamos, no hacia el valor intrínseco o los objetivos instrumentales de nuestras acciones en el presente» (Dobler, 2020:11-12). La importancia de estos momentos de evaluación no radica en lo que se realiza en ese instante, sino en cómo se evalúa lo que se hace. Estas valoraciones pueden dar pauta a la generación de acciones específicas, un «marco social de actividad», como lo denomina Dobler (2020:12), que busca corresponder y en ocasiones hacer cumplir la evaluación de una situación como espera.

En el ejercicio de evaluación dentro de la espera surge un vínculo temporal entre presente, pasado y futuro, que a su vez se entrelaza con experiencias, aprendizajes y expectativas de otras personas en momentos y espacios puntuales. Esta diversidad puede ser coordinada en los instantes de espera, lo que produce un horizonte común que adquiere formas y temporalidades disímiles; por lo anterior, la espera se considera un medio de coordinación. A su vez, puede ser entendida como medio de asignación, pero en este caso su condición es asignada por quien detenta o cuenta con acceso a los medios o bienes a distribuir. Esta segunda cualidad tiende a ocupar de forma temporal el sitio de la acción en sí (Dobler, 2020:16). En correspondencia directa con el resultado de la asignación, la espera puede unir (al suspender las diferencias) o separar a las personas (al enfatizar las discrepancias).

La espera puede ser forzada o impuesta por decisiones gubernamentales, lo que conlleva consecuencias múltiples para la vida; una de esas secuelas está representada por la inmovilidad provocada por los retrasos institucionales para otorgar las solicitudes de protección. Paradójicamente, la espera, en estricto sentido, no representa una falta de movilización en razón de que las personas transitan por contextos espacio-temporales que les permiten crear aperturas para nuevas orientaciones sociopolíticas (Khosravi, 2020:203-206).

Esa aparente inmovilidad produce en los individuos un estado de desvelo y vigilancia permanente que, combinado con el intercambio intersubjetivo, permite distinguir momentos de apertura en el sistema como condición para la construcción de un futuro distinto, en suma, es constituida por medio de temporalidades múltiples y relacionales (Khosravi, 2020). Carling establece que la espera puede ser concebida como punto de partida, y los caminos alternativos que en ella se trazan representan el repertorio de estrategias concebibles para la salida de tal circunstancia (Carling, 2015:3). La posibilidad de abandonar esa condición puede ser producto de tres factores: 1) la pérdida de la esperanza de que el evento deseado sucederá, 2) el abandono de un tipo de espera para insertarse en otra y 3) la acción conjunta para cambiar las condiciones que relegan a algunas personas a posiciones de espera distinta (Dobler, 2020:20-21).

Por último, la espera puede devenir en una cuestión estratégica cuando las personas deciden interrumpir voluntariamente su transitar a fin de generar control sobre el tiempo, formular decisiones e implementar acciones que usualmente están determinadas por la dinámica y disposiciones institucionales. Recobrar esa capacidad representa un paso libertario (Debele, 2020), ya que es en función de la implementación de esa pausa como la persona puede redefinir la posición que ocupa en el espectro de las relaciones sociales y de poder.

 

Inclusión en el cauce legal

El contexto actual en que se desenvuelve el desplazamiento humano es producto de deficiencias sistémicas en el modelo de producción capitalista en su etapa neoliberal que se arrastran desde al menos tres décadas, y estas fallas han impedido que las personas puedan conseguir el sustento personal y familiar, lo que las ha obligado a su desplazamiento (Akinyoade y Julius-Adeoye, 2017:84). En tiempos actuales la migración en el mundo se ve impedida o contenida por el endurecimiento de los controles fronterizos, hecho que muestra una reversión en la historia de lo que en su momento fue considerado como una etapa de globalización (Debele, 2020:60). La reproducción multinacional de medidas de contención migratoria ha generado una extensión de la desigualdad social; esta última ya no solo es experimentada en el territorio de origen, sino que acompaña a las personas en su trayecto, hecho que refleja la presencia y operación de estructuras de poder regional y global (Stasik, Hänsch y Mains, 2020:5).

Tales estructuras, materializadas en políticas de gobierno, han fortalecido el entorno violento en que la migración se desarrolla, con el consecuente recrudecimiento del cuadro de deportaciones y violaciones. Las disposiciones implementadas por los gobiernos de la región han producido lugares de espera, una especie de almacenes de seres humanos migrantes. De forma paulatina asistimos en el continente a la instauración de una política de descarte que niega a las personas el derecho a la sobrevivencia (Sarmiento, 2021:118-121).

Un ejemplo de estos lugares de espera lo representa la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas. Los contingentes de personas que arriban a ella cuentan en sus filas con al menos cuatro sectores distinguibles. El primero está integrado por personas que, debido a la premura de su situación, su mayor número de redes o una capacidad económica distinta al resto, optan por contratar los servicios de gente inmiscuida en la trata de personas. El segundo está compuesto por individuos que manifiestan un alto sentido de urgencia, por ende, su estadía es efímera y su camino lo continúan de forma individual. El tercero está integrado por grupos reducidos que emprenden el camino casi después de ser conformados, y su interés por mantener un mínimo de integrantes obedece a la necesidad de no llamar la atención de las autoridades. El último sector manifiesta desde su llegada al país su intención por obtener protección legal de las instancias oficiales, ya sea con el afán de permanecer en el territorio nacional o bien como mecanismo estratégico de amparo ante una posible deportación o extorsión futura. De este último sector es del que daremos cuenta en las subsecuentes líneas.

Después de las acciones encaminadas a la satisfacción de las necesidades básicas (alojamiento y alimentación, etc.), el recaudo de información sobre el proceso de refugio o asilo en el país es una actividad central en la vida cotidiana de las personas que transitan por el territorio mexicano. En los testimonios y en las conversaciones informales que mantuvimos con ellas expresaron su voluntad de respeto y apego a la legalidad, incluso antes de abandonar su país, no obstante, debido a las propias circunstancias en sus lugares de origen no tuvieron la posibilidad de acogerse al marco legal respectivo. Es por lo que buscan retornar a ese cauce atendiendo las disposiciones de la autoridad del lugar donde transitan o permanecen por periodos de tiempo indeterminados.

La verdad, que uno tiene que sujetarse a las leyes del país, eso es correcto porque hasta que hay, qué bueno, yo siempre me gustó, me gustan las cosas legales, yo si pudiera entrar a los Estados Unidos, yo entraría, pero de una forma legal […] Yo no entraría así de migrante, de una forma legal sí lo haría, pero allá las oportunidades no están para nosotros (A. R. Martínez, entrevista, 14 de noviembre de 2021).

No, no, yo tengo, voy a agotar, como me dijeron, todas las instancias, pues las voy a agotar hasta que se venza todo el procedimiento, porque igual cuando yo fui, el asesor me mencionó que si mi resolución sale negativa, hay un proceso de apelación que puedo acudir a él, igual si me sale negativa apelaría… hay que agotar todas las instancias, eso es lo que hay que hacer, y ya hago todas las instancias, pues ahí sí (G. R. Flores, entrevista, 16 de noviembre de 2021).

No traemos la intención de molestar a nadie, simplemente nosotros queremos hacer nuestros procesos legales (L. C. Fonseca, entrevista, 19 de diciembre de 2021).

La confianza inicial en las instancias gubernamentales no impide que en la relación entre solicitantes y autoridades se presenten una serie de tensiones que son producto de la necesidad estatal por contener la migración irregular (Ortega, 2019). Una de ellas está inscrita en las exigencias de control y seguridad de la migración irregular y en la necesidad de protección; esta tensión inicial «hace que los migrantes irregulares se encuentren entre ámbitos normativos radicalmente opuestos: uno incluyente de protección, referido a la protección internacional […] y otro excluyente de control, referido a las políticas nacionales de control de la migración irregular» (Ortega, 2019:168). Esto es, con su actuar, las autoridades actúan por la defensa de una territorialidad cerrada (Cuttitta, 2009), que representa un espacio homogéneo donde existe una sola frontera fija e infranqueable que no da cabida a otras formas de relacionamiento en su interior.

La respuesta inicial ante la postura oficial se gesta en el tránsito. En su peregrinar por distintos territorios, las personas incorporan experiencias, conocimientos y habilidades instrumentales que les permiten interpelar a la autoridad, expresar inconformidades y exigir derechos a los representantes de gobierno. Es la combinación de ese trayecto pedagógico con la situación de espera la que evidencia el carácter dual de la subjetividad de los migrantes. Si en un primer momento acatan las disposiciones jurídicas que les atañen, un segundo instante evidencia el surgimiento del proceso de evaluación de las decisiones en el que surgen condicionantes para el respeto a la ley.

Siempre hay que apegarse a las leyes, yo siempre he sido apegado a la ley, siempre y cuando la ley se cumpla, que la ley sea como es, ¡no que tengan una ley de mampara!… En mi país, lo que le estoy contando, que si yo voy a denunciar algo, y lo que yo estoy denunciando, al que yo estoy denunciando, está ligado con el que yo fui a denunciar, ese mismo le filtra la información, es una ley […] ¡está corrompida! ¡no! ¡no es una ley! O sea, pues es como cuando se dice que la ley es como la serpiente que solo muerde al de pies descalzos, al que anda con bota no lo muerde, ese tipo de ley ¿para qué? (A. M. Zelaya, entrevista, 22 de noviembre de 2021).

La paciencia de la que dan muestra los solicitantes puede ser vista como un ejercicio de agenciamiento o práctica política concreta (Varela, 2017) que les permite reinventar su proyecto existencial interrumpido por una situación de espera, entendida esta última como expresión de un modelo económico, político y social que extiende e intensifica la precariedad, la inequidad y la violencia (Coraza y Pérez, 2020:239-240) que padecen las personas en sus países. Es a raíz de esa práctica política como la espera se convierte en una cuestión estratégica que amplía las posibilidades de éxito de quienes se desplazan hacia el norte global.

Pues sí, porque no es lo mismo que usted camine bien documentado, y no lo detienen, no tiene la facilidad de detenerlo ninguna autoridad, y mientras que si usted anda indocumentado, mire, a usted le pasa la del perro, ¡eh, bueno!, por todos lados donde agarre tiene problemas ¿me entiende? Verdad, más que todo con las autoridades para andar legal y hacer los movimientos (I. L. Camacho, entrevista, 19 diciembre de 2021).

Lo que yo pienso de esto, si el gobierno decía algo, pues así, que decir así, espera, o sea, si uno espera, si puede encontrar otra forma para seguir el camino, lo hagas, si no lo encuentras deberías de quedarte tranquilo (B. C. Sanon, entrevista, 20 diciembre de 2021).

En coincidencia con Cangià y Zittoun (2020:646), señalamos que los gobiernos de la región, y en específico el mexicano, mediante sus políticas de contención migratoria generan zonas de liminalidad entre lugares, identidades y momentos de la vida; en ellas las personas experimentan una sensación de cautiverio en un espacio de indeterminación que oscila entre el no pertenecer aún aquí y el ya no pertenecer allá. El funcionamiento del sistema legal de protección a migrantes tiene como piedra angular la ambigüedad estratégica, una forma de proceder que es propia de un aparato burocrático del cual señalaremos algunas de sus características y formas de actuar.

 

Mecanismos disciplinarios de la voluntad humana

La llegada a las instalaciones de la comar o del inm por parte de las personas solicitantes de protección internacional está precedida por el registro en la plataforma virtual que para tal fin disponen las autoridades. La asistencia a dichas instancias tiene al menos tres explicaciones: en la primera, las personas acuden de forma voluntaria para realizar su trámite a fin de regularizar posteriormente su situación migratoria para permanecer en el país; en la segunda los solicitantes son impelidos a realizar las gestiones en virtud del incremento de los controles migratorios en el territorio nacional, y en la última se observa una decisión estratégica por parte de las personas, ya que la realización del trámite les otorga control sobre el tiempo, tranquilidad y posibilidad de producir recursos, así como un mejor conocimiento de las posibles rutas a utilizar en su camino hacia Estados Unidos.

El primer filtro al que deben hacer frente los solicitantes es la validación de su comprobante de registro ante el personal de ambas instancias. El hecho no supondría mayor dificultad si el proceso para conseguir la cita no estuviera viciado de origen. La ciudad de Tapachula se distingue por la existencia de múltiples negocios dedicados a la prestación de servicios de internet, así como a la emisión de fotocopias de documentos oficiales, los famosos cibers. En teoría, las personas pueden acudir a cualquiera de estos establecimientos a realizar su registro en línea e imprimir sus comprobantes correspondientes, no obstante, esto no siempre se cumple porque existen lugares que cuentan con aval —de facto— de la autoridad para poder expedir esos documentos.

lo que molesta a uno, si hay una cita. por ejemplo […] si uno lee de la migración, yo tengo derecho de tomar una cita, entonces ¿qué le pasa a uno? Si tú tomas esa cita, llegas allá y dice: «¡ah!, no, no ¡no la reconozco!». Hay un lugar específico, uno tiene que tomarlo, por eso mucha gente está haciendo cola con un ciber que está al lado […] el tipo yo pagaba como 130 por cada persona […] uno aquí conoce el sistema, se puede, pero cuando tú llegas allá, a lo mejor, parece, ellos, ellos saben, toda la gente, entonces dice: «¡ah, no! ¡está rechazado!». Dice: «¡no!, es falso esa cita», ¿me entiende? Significa, «usted tiene que ir allá en ese ciber para tomarlo, si no, no» (J. P. Chirac, entrevista, 20 de noviembre de 2021).

La corrupción forma parte del entramado burocrático implementado como estrategia de desgaste de las personas en movilidad, es un componente no oficial de la gestión migratoria para volverla ordenada, segura y regular. Si con esta gestión de la migración asistimos a la implementación de una apertura regulada que busca presentar el proceso migratorio como ordenado, predecible y manejable, puede decirse que la corrupción es una de las prácticas fundamentales de ese nuevo régimen global de control porque lo vuelve beneficioso para todos los actores involucrados en él (Santi, 2020:13). El quebranto del ordenamiento jurídico es un resultado, si se quiere colateral o involuntario, de la instauración de un multilateralismo migratorio asimétrico y cooptivo (Santi, 2020:16).

Como se aprecia, las personas experimentan procesos de espera prolongados no solo por tener que permanecer en un territorio específico sin poder continuar con su trayecto, sino porque son inducidas a interrumpir sus labores cotidianas para destinar una porción considerable de sus vidas a permanecer en espacios, al aire libre o cerrados, con la finalidad de acceder a la documentación requerida por la autoridad. Así, es común observar largas filas en sitios que en otras circunstancias no cuentan con mayor aforo. Podemos establecer que la espera como proceso general se alimenta de microdinámicas de espera en las que la paciencia de los individuos se pone a prueba.

El momento de permanencia prolongada fuera de las instalaciones de comar o del inm puede denominarse primer filtro de resistencia, y a este le sigue el contacto directo con el personal encargado de la atención. En esa dinámica actúan una serie de mecanismos disciplinarios como el rumor, la información parcial, los mensajes apócrifos en redes sociales, la confusión, la falta de ética, las indicaciones contrapuestas o el desorden, elementos todos ellos que extienden la espera y llevan la paciencia al límite.

Entonces ese día yo fui a quedarme al estadio olímpico una noche, mira, hicimos una cola como de unas, pongámosle, 1 500 personas. Yo era […] como el 300, parece, pero yo me quedé una noche antes, hermano, los que iban llegando, 500, 600. Entonces ese fue un caos en el aspecto de que la línea estaba formada, de los latinoamericanos, estaba otra formada de solo haitianos, pero haitianos nos redoblaban en número. Entonces, ¿qué pasa?, bueno, a la hora de que iban a dar supuestamente ya las citas, bueno, hicimos la cola, pasaron unas 150 personas; de entrada, el problema fue que cuando ya iban pasando hicieron […] ¡un relajo! ¡se hizo un desmadre!, que al final ya no siguieron dando los de Migración. Cerraron la onda de dar las citas y, mira, se hizo un solo desorden entonces. Bueno, yo decepcionado, yo dije: «bueno, pues ya no, mejor ya no pues», o sea, cualquiera se decepciona, «ya dejo esto ¡mejor me voy!». Pero ¿y qué me iba a hacer? Tenía que estar ahí, pues, o sea, el necesitado eres tú, bueno, opto por quedarme, ah pues, y en eso de que dicen: «¡no, que los latinos que vamos a hacer otra fila para que nos tengan el papel que no sé qué!». Y se empieza otra vez, ya ahí no iba por orden de número. Ya se hizo el relajo, y a la ley del más fuerte la empezaron a armar la cola. Yo, ¿dónde quedo, dónde te metes pues? Y la cola va, y si tú no te metes, te quedas, entonces, gracias a Dios yo me logré meter, pues, y fue el número como el 50 si no me equivoco (B. B. López, entrevista, 22 de diciembre de 2021).

No, luego me decían, mire, que ahorita no está [la resolución de comar], y la licenciada me dijo: «ay, va a disculparme». Me dijo que tiene un mes, me dijo: «mire, no lo hallaba porque estaba en los últimos papeles de abajo». ¡Imagínese! Por eso es que en veces uno se aburre y dice: «¡puta! ¡me chingaron!». En tanto tiempo no había salido, como usted lo llena, lo meten debajo y lo dejan (N. J. Menjívar, entrevista, 19 de diciembre de 2021).

Como apunta Wurtz: «Las prolongadas esperas y los enrevesados procedimientos burocráticos, junto con largos días de desempleo, aburrimiento, separación familiar, miedo e incertidumbre sobre el futuro genera una profunda sensación de estar atascado, sin la capacidad de poder salir adelante en la vida» (Wurtz, 2019:64). En estos espacios administrativos la ambigüedad suspende de facto el orden jurídico, el acceso a la justicia, el debido proceso y la igualdad ante la ley (Ortega, 2019:188). Representan áreas donde colisionan tres dimensiones: el espacio concebido —el de los dominantes—, el practicado —el cotidiano— y el vivido —el construido por los habitantes— (Musset, 2015:318). Son sitios en los cuales durante el proceso de solicitud se generan dos subcategorías: los sujetos humanitarios legítimos, acreedores a un estatus legal, y los solicitantes de asilo fraudulentos, «falsos», que no merecen esa condición (Debele, 2020:54).

La incertidumbre que experimentan las personas durante el tiempo de acceso al estatus legal puede ser transitoria en la medida en que en el propio proceso se produzcan experiencias similares de espera que pueden crear solidaridad y conducir a una acción conjunta (Dobler, 2020:17), y esta a su vez dar paso a un nuevo tipo de espera. Como puede verse, en estas situaciones las personas en movilidad no son solo seres pasivos, fruto de las circunstancias, sino pueden convertirse en actores por el desarrollo de su capacidad de agencia (Coraza, 2020:131).

La espera es asignada a los más vulnerables para reforzar ritualmente las demarcaciones políticas y sociales, pero en esa dinámica las relaciones jerárquicas también son redefinidas en virtud de la posición que ocupan las personas en ese entramado jerárquico (Debele, 2020). Es debido a esa redefinición de posiciones como la espera puede convertirse en punto de partida para las personas, y a partir de él se trazan pautas estratégicas para la salida de la inmovilidad (Carling, 2015:3).

[…] en los desórdenes que se han dado no ha sido porque el migrante ha querido, ¿por qué?, porque ellos [las autoridades] ofrecieron, ellos se ofrecieron, con los buses, si ellos no hubieran dicho nada, no hubiera pasado, de que ir a cerrar allá o cerrar acá, ¡no! Ellos dijeron: «les vamos a mandar los buses para que se muevan», entonces la gente nos entusiasmamos, digo, hicimos nuestras filas para eso. Entonces, no sé, en cualquiera [hay] ese descontento pues te dan una ilusión, entonces, cuando ya tú vienes y no te cumplen, ¡pues! (F. M. Landaverde, entrevista, 21 de diciembre de 2021).

[…] ese es el descontento de las personas, por eso fue que se hizo eso, que cerraran, porque nos prometieron y no nos cumplieron (P. M. Galdámez, entrevista, 23 de diciembre de 2021).

Como apunta Dobler (2020), las esperas colectivas pueden pasar de forma gradual de situaciones de paciencia a revueltas, y muchas de estas últimas han tenido su origen en un periodo de espera que se avizoraba como indefinido. Las manifestaciones llevadas a cabo en Tapachula son una muestra del sentido de comunidad transitorio construido en los espacios destinados originalmente al mantenimiento del carácter pasivo de las personas. Serán el fortalecimiento del plano subjetivo, la burocracia y la falta de respuesta oficial los elementos que minen la confianza en las instituciones y producirán un progresivo alejamiento de la búsqueda por protección legal.

Ante esta circunstancia se gestan pasajes de trasformación en los solicitantes, en quienes queda de manifiesto la necesidad de control sobre el tiempo como condición sine qua non para contrarrestar la estrategia de desgaste a la que son sometidos por el Estado. Esta evaluación inicial de la circunstancia por la que atraviesan conduce a la generación de dispositivos de liberación para hacer frente a la política de incertidumbre (Hänsch, 2020) de la autoridad que pretende hacerlos claudicar.

 

Generación de dispositivos de liberación

Las autoridades ponen a prueba de forma permanente la persistencia y tenacidad de las personas que desean obtener una protección legal que les permita continuar su recorrido hacia el norte. El carácter dual de los solicitantes descrito por Gasparini (1995) en situaciones de espera se hace presente en momentos de incremento de la incertidumbre y la desesperación. De la paciencia mostrada en largas jornadas de espera bajo el sol a las afueras de las instancias gubernamentales, las personas transitan a la impaciencia y, a su vez, de esta última a la acción, lo que pudo observarse en diversas manifestaciones en puntos específicos de Tapachula.

Desde finales del año 2021, a medida que las disposiciones por la pandemia del virus SARS-CoV-2 se relajaron, y ante un escenario de incertidumbre legal producto del atraso administrativo, en las calles de esta ciudad se suscitaron varias acciones colectivas (cierre de vialidades principales, enfrentamientos con la policía y con residentes e intentos de ingreso forzado a las instalaciones oficiales), todos hechos tendientes a exigir respuesta inmediata a sus solicitudes.

Ante la posibilidad de cierre de las esperanzas de regularización migratoria, producto de la inacción gubernamental, las personas —mediante un proceso pedagógico— resignifican su identidad (Coraza, 2014), y con la cristalización de ese proceso buscan erradicar la angustia temporal (Debele, 2020) a la que son sometidas en la espera.

Mira, a veces en la vida uno hace algo, no es porque tú no sabes la ley, no es porque no sabes respetar la ley, pero a veces la vida le toca a uno para buscar su camino usted mismo, porque no hay otra opción, no hay otra opción porque a mí, imagínate, yo no tengo recursos, yo tengo mi señora que está embarazada, entonces, cuando ella me despierta en la mañana tiene que comer algo. ¡Imagínate!, yo, yo también, yo tengo que comer, y además, yo tengo mi familia allá que está pasando pésimo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ellos están esperando a mí que yo les mando algo, tú sabes cómo me siento la cabeza, ¡es muy caliente! (F. P. Toussaint, entrevista, 17 de noviembre de 2021).

Yo no tenía los papeles de la comar. Esta, la resolución por ejemplo, me negaron, una y dos casos, hasta el tercer caso […] por el momento no estoy haciendo procedimiento con comar, tú me entiendes, porque me decepcioné y dije, mejor no luches con esta gente (G. G. Cruz, entrevista, 9 de febrero de 2022).

Cuando el anhelo de protección legal disminuye, en contrapartida la esperanza de un futuro prometedor se potencia e incita a las personas a emprender nuevas prácticas, estrategias y acciones de liberación. Las expresiones de inconformidad tendieron a distanciarse de los dispositivos de control que sobre la movilidad se construyeron. La respuesta inicial ante la negativa de protección pasó principalmente por la manifestación del descontento.

Cada uno de nosotros, la necesidad es la que lo obliga a uno a veces, pero a veces tú puedes tener paciencia, pero a veces la paciencia tú sabes que uno explota, ¿oíste? Paciencia, por fin, de tanto la paciencia se te termina, la paciencia se le termina a uno, así como a mí se me terminó la paciencia de tanto estar ahí, que me decían una cosa, me decían otra, me decían otra, y al final me lo denegaban. La mayoría de gente se desesperó, se desesperaron ¿viste? Que hasta, mira, allá andaban poniendo, cerrando, tapando las calles con pancartas y todo, los bloqueos con pancartas, diciendo, pidiéndole a la comar que les adelantara, que por favor les agilizara el trámite para que ellos sacaran los documentos, para que ellos le dieran una respuesta pronto, si se los iban a dar o no. Pero la comar lo que hacía, nada, lo que hacía Migración, mira, ahí andaba levantando a la gente, eso es así (C. P. Ballesteros, entrevista, 10 de enero de 2022).

Como señala Khosravi (2020:206), las protestas pueden desencadenar una subjetividad a través de las acciones de la política. Dichas acciones producen la identificación de la propia espera como una experiencia conjunta y estructuralmente provocada (Dobler, 2020:21), y como derivación de esa identificación surge la solidaridad, transitoria en ocasiones, pero que abre el horizonte a las personas que se encontraban en situación de espera. La protección jurídica pasa a segundo plano y se identifica la unión de anhelos, expectativas y esfuerzos como el único instrumento de amparo a disposición. La comunión social expresada en la planeación, conformación y desarrollo de las caravanas migrantes desvincula a las personas de las reglas de territorialidad del Estado, lo que genera que las fronteras y la vida misma no estén condenadas más a la inmovilidad y se produzca una territorialidad abierta (Cuttitta, 2009:77). La acción conjunta cambia las condiciones que relegaban a las personas a posiciones de espera; les hace justicia.

Si no me dan mi resolución, mi permiso, yo me voy a tener que ir así, sin papeles, y todo any way, como dicen los gringos, yo me voy de todas maneras, y yo conozco el camino y todo. Ahora, yo quiero andar legal y todo, pero si ellos mismos no me dejan andar legal ¿cómo voy a andar legal? Entonces ¡me da lo mismo Juana que chana!, de legal como ilegal (S. J. Bautista, entrevista, 20 de diciembre de 2021).

Mira, por ejemplo, en la vida hay dos cosas, uno dice: «yo nací un día y tengo que morir un día». Cuando tú piensas así, es cuando llegas a una estación que tú no puedes salir, entonces queda último esfuerzo dices: «voy a ir». Entonces, hoy día, yo digo ¿qué miedo voy a tener?, ¿quedarme aquí? ¡Hasta en un médico no puedo tener confianza! Entonces ¡prefiero irme en caravana! (F. S. Duvergé, entrevista, 21 de noviembre de 2021).

El repliegue como estrategia política se hace presente ante la imposibilidad de obtener una respuesta gubernamental pronta y expedita. Esta táctica permite la construcción de una base política que hace posible subvertir la condición de exterioridad en la que las disposiciones del Estado colocan a las personas. La sociabilidad cotidiana desarrollada en los espacios de encuentro permite establecer formas políticas de acción que atentan contra el tiempo único establecido por la autoridad. Se trata de un tiempo no lineal que apela a la solidaridad en la toma de decisiones y que busca el establecimiento de relaciones sociales amplias como condición necesaria para enfrentar la política de contención migratoria.

La posibilidad de repliegue del espacio estatal es el producto de la politización de los modos de vida, una especie de conciencia colectiva que orienta la acción hacia nuevos objetivos y horizontes en los que se deja en evidencia la resistencia del grupo al espacio político delimitado jurídicamente por la autoridad. En contraparte, se produce un espacio tiempo insubordinado en el que se reivindica la existencia diferenciada en la construcción de lazos comunitarios que suplen a la protección legal del Estado como estrategia de sobrevivencia.

El reverso de la cara de este resurgir subjetivo se ubica en el hecho de que esa falta de protección legal obliga a las personas a buscar rutas aisladas y peligrosas que ponen de nueva cuenta en vilo su existencia. Su estrategia de hacerse poco visibles (Jasso, 2021) los coloca a merced de la corrupción oficial, la violencia de los grupos del crimen organizado y los abusos de la población en general. Con su partida de Tapachula, los migrantes entran en una nueva etapa de espera, aquella que los introduce en un limbo espacio temporal que los separa del cumplimiento de sus objetivos. La recuperación de su andar es el epílogo de un capítulo que les hizo constatar que la ley no siempre se hace acompañar por la justicia y que la vida, en esencia escurridiza, busca permanentemente la forma de fluir.

 

Conclusiones

¿Quién actúa en la ilegalidad? Las personas se ponen en marcha con la finalidad de proteger su existencia y la de los suyos, imposibilitadas por las circunstancias de cumplir con los ordenamientos estatales que los gobiernos requieren, o la autoridad —sea del país de origen, de tránsito o de destino— que con el afán de contener la migración entorpece o niega la protección legal para el desplazamiento humano. Las experiencias de las personas no solo muestran su necesidad de apegarse a los cauces legales para corregir su situación migratoria inicial, sino también exponen su voluntad de lucha por dinamizar un sistema institucional anquilosado que extiende la incertidumbre en sus vidas.

El enfoque de seguridad implementado en la región y en otras zonas del mundo coloca a la migración como una amenaza, y quien la lleva a cabo es catalogado como criminal. ¿Cuál es su crimen? ¿Corregir una situación injusta de la que los propios gobiernos se han desentendido? ¿Hacer notar al resto de los seres humanos que los derechos de las personas trascienden las fronteras nacionales? Por lo tanto, no importa si la persona está en un territorio distinto al de su adscripción legal originaria, la autoridad estaría obligada a garantizar la salvaguarda de los derechos.

Lo anterior debe conducirnos a plantearnos los siguientes interrogantes: los derechos humanos en las legislaciones ¿sirven como garantía para la salvaguardia de la dignidad humana? ¿A qué responde la aplicación diferenciada de los derechos en función del origen de las personas? Si los derechos son considerados universales ¿las personas lo son? Por último, las distintas interpretaciones en la región de las normas jurídicas en materia de derechos humanos ¿pueden entenderse como una negación del carácter universal de estos?

La tensión que cuestiona lo que debe ser considerado legal o ilegal parece extensiva en el tiempo; será necesario que la lucha emprendida por las personas en movilidad sea temporalmente extendida a fin de que los marcos legales actuales respondan a los cambios acontecidos en la sociedad y no a la inversa.

Como queda de manifiesto, la espera puede contener elementos que garanticen la estabilidad del campo social en el que es instaurada, no obstante, la paradoja estriba en que son esos mismos elementos, resignificados por las personas, los que permiten trastocar las estructuras de poder. El proceso de agenciamiento desarrollado en el trascurso de la espera perfila la apertura de un horizonte de posibilidad que mantiene y potencia la esperanza en el futuro.

Quedará pendiente la resolución de una cuestión: el esencialismo nacionalista. Contrario a lo que se piensa, la formación de un sentido de comunidad, al ser transitorio, no logra dislocar completamente el componente nacional inscrito en las concepciones de las personas. En la lucha trasnacional contra los dispositivos de control, surgen expresiones que temporal y ocasionalmente rompen la comunión en el interior del grupo. Esas manifestaciones evidencian la función de la espera como medio de asignación. La dosificación selectiva de la autoridad en el reparto de los documentos oficiales tiene por objetivo tensionar, y en su caso disolver, los lazos solidarios. En un alto porcentaje las ocasiones de tensión intergrupal son efímeras. El encuentro entre personas recobra su sentido original y el grupo es reorientado al logro de su objetivo central: mantener bajo resguardo la vida.

 

Agradecimientos

La presente investigación fue posible gracias al financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) mediante el otorgamiento de una beca posdoctoral. El autor agradece a esta institución el respaldo.

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