Introducción

 Estudios críticos de las migraciones, las fronteras y las diásporas negras en América Latina y el Caribe (Álvarez Velasco, 2022; Audebert, 2017; Domenech y Dias, 2020; Handerson, 2015, 2020) dan cuenta de cómo la intensificación y diversificación del movimiento de personas adultas, familias, niños, niñas y adolescentes de múltiples orígenes, han reconfigurado los sistemas migratorios1 caribeño, sudamericano y centro-norteamericano en sus geografías, y han fomentado novedosas medidas de control migratorio. Dos ejemplos de movilidad regional, las migraciones haitianas a varios países de Sudamérica y México a partir de 2010 (Handerson y Audebert, 2022; Miranda, 2021) y las migraciones venezolanas a partir de 2015 (Acosta, Blouin y Freier, 2019; Gandini, Lozano y Prieto, 2019), han hecho que los Estados latinoamericanos de acogida y tránsito endurezcan sus políticas migratorias y de visado.

Complementariamente, otras investigaciones han destacado las movilidades desde África hacia Latinoamérica procedentes de la región del Sahel y del África subsahariana. En primer lugar, hacia los países del Cono Sur, como Brasil y Argentina, desde la década de 2000 (Baeninger, Demetrio y Domeniconi, 2019; Maffia y Zubrzycki, 2017). Esas personas originarias del Senegal, República Democrática del Congo, Angola y otros países, ya sea en forma individual o en grupos familiares, han actualizado no solo la diáspora negro-africana en Sudamérica, sino el carácter forzado de las migraciones motivadas por persecuciones políticas, religiosas o de género. Las estancias prolongadas en países sudamericanos se deben a una variedad de motivos, entre los que destacan: la posibilidad de obtención de refugio en un contexto de inclusión social a partir de políticas estatales en Brasil durante buena parte de las décadas de 2000 y 2010; la existencia de redes migratorias transnacionales en articulación con determinados nichos laborales, como en el caso de los senegaleses en ciudades de Argentina (Espiro, 2019), y la política de exención de visas establecida en Ecuador a partir de 2008.

En efecto, tanto la revisión bibliográfica como la interlocución con los migrantes entrevistados en el proyecto dan cuenta de que las movilidades africanas hacia Estados Unidos a través de México eventualmente no empiezan en África, sino en Sudamérica, donde habían sido acogidos como refugiados o solicitantes de refugio. No obstante, los países de Sudamérica, o eventualmente del Caribe, también pueden ser usados como antesala del periplo terrestre hacia Estados Unidos sin la necesidad de asentamientos prolongados previos. Los migrantes africanos, vengan del país sudamericano del primer refugio o directamente del continente africano en una combinación de escalas aéreas, son forzados a cruzar el Tapón del Darién y las fronteras centroamericanas.

México se ha constituido históricamente como parte de un corredor mesoamericano que poco a poco ha ido extendiéndose como corredor centro-norteamericano. Aunque se tengan registros del tránsito de migrantes africanos por México desde 2008 (Cinta Cruz, 2020:72), el mayor volumen registrado a partir de 2015 (oea y oim, 2016:47; upm, 2015) estampa definitivamente al país como parte de los corredores de alcance transcontinental. Lo nuevo para el caso mexicano es la (re)producción de espacios fronterizos donde se aglutinan grupos de migrantes de diferentes orígenes africanos, además de asiáticos, caribeños y sudamericanos, forzados a esperar por su turno para solicitar asilo en Estados Unidos, o por los documentos de regularización para transitar por México, en 2016 en la frontera norte y en 2019 en la sur. Esos grupos responden a diversas lógicas de movilidad según nacionalidad, y cargan consigo marcadores raciales, étnicos, religiosos e idiomáticos distintivos.

El presente artículo tiene por objetivo examinar los efectos de los mecanismos de espera prolongada puestos en práctica en las fronteras mexicanas sobre el tránsito de personas migrantes africanas. Interesa dar cuenta de los mecanismos burocráticos utilizados por el Estado mexicano entre 2019, cuando la migración africana finalmente sale a la luz pública en los medios nacionales, y 2021, cuando se siguieron aplicando los mismos mecanismos agravados por la pandemia de covid-19. La descripción y el análisis de las trayectorias seleccionadas demuestran que la espera deriva en tránsitos irregularizados2 por México y en otras vulnerabilidades, dada la exposición de las personas africanas a algunas de las mismas violencias practicadas contra otras poblaciones migrantes en los encuentros con agentes del Estado mexicano (autoridades migratorias, policías municipales, estatales y militares).

Este texto busca fortalecer el campo de estudios y las preocupaciones acerca de la presencia de migrantes provenientes de otros continentes en las fronteras de México y en las de los países vecinos, sus motivos y sentidos, trayectorias y necesidades de protección internacional, tanto los trabajos de cierta forma pioneros (flacso, 2011; oea, 2010) como los más recientes (Drotbohm y Winters, 2018; Roa Ortega, 2021; Serra Mingot y González Zepeda, 2022). En paralelo, busco dialogar con la producción académica sensible a la dimensión temporal, en particular a la apropiación y manipulación del tiempo de las vidas y los proyectos migrantes, expresadas concretamente en la espera.

Los insumos provienen de la recopilación de informes, reportes y datos estadísticos desde los servicios y agencias estatales de migración y refugio de México, Panamá y Costa Rica, en este orden de relevancia, así como del monitoreo de notas de prensa sobre el tránsito de personas transcontinentales (africanas y asiáticas) por México. Adicionalmente, echo mano de los registros etnográficos en tres periodos de trabajo de campo en la ciudad de Tijuana, Baja California: dos de ellos en 2019, en los que conviví y compartí con varones congoleses y haitianos, y el otro en 2021, cuando volví con la intención de registrar la experiencia de espera africana en esa ciudad fronteriza. Durante las tres estancias de campo, realicé conversaciones informales con académicas expertas y con personas que se desempeñan en organizaciones referenciales en la ciudad de Tijuana en los temas de migración y asilo: tres defensoras de migrantes, un periodista y el coordinador de una clínica de salud autónoma para migrantes y desplazados forzados internos.

Contrasto los insumos anteriores con los relatos que emergen de 18 entrevistas realizadas a personas africanas provenientes de la República Democrática del Congo (rdc) (6), Angola (4), Ghana (3), Togo (2), Camerún (1), Nigeria (1) y Chad (1), entre las cuales tres son mujeres y 15 son hombres. En la mayoría de los casos he reconstruido la experiencia de espera en Tapachula (frontera sur) a partir de las entrevistas realizadas en Tijuana (frontera norte). Las entrevistas fueron realizadas en portugués, español e inglés, en este orden de uso. Diez de esas personas llegaron a México en 2019 y ocho en 2021, todas por la frontera sur por tierra. Dicha división no es casual, más bien fue usada para contrastar las medidas adoptadas por el Estado mexicano en los dos periodos en cuestión.

El texto está estructurado en dos apartados. En el primero presento cómo se han abordado, en clave crítica y en clave feminista, las temporalidades y la espera de migrantes y solicitantes de asilo/refugio en entornos de detención migratoria y de fronterización. Interesa analizar la espera en las fronteras de México como un mecanismo de contención estatal y como un proceso plagado de interacciones activas y constantes entre las poblaciones migrantes (individual y colectivamente), el Estado y otros actores (de la sociedad civil organizada, de la gobernanza migratoria y poblaciones asentadas). El segundo apartado es más extenso, contiene dos subapartados: uno para describir y examinar los mecanismos de espera migratoria generados a partir de 2019 en México, y otro para dar cuenta de sus continuidades y cambios hasta 2021. Concluyo haciendo énfasis en la tendencia acelerada hacia el control espacial y temporal de todas las poblaciones migrantes irregularizadas en el país.

Por último, una nota conceptual. En los informes y reportes migratorios estatales, así como en los documentos intergubernamentales, las personas migrantes de África han sido referidas como «extracontinentales» y «extrarregionales» (oea y oim, 2016; upmrip, 2020:8). El prefijo «extra», sin embargo, nos remite a lo foráneo, a las personas que no pertenecen al aquí y ahora, o a las que «están de más», a las que «sobran». Es así como en los discursos de los actores de la gobernanza de las migraciones se entrevé la ideología que opera colonizando ciertos orígenes y ciertas trayectorias migratorias. La colonialidad del discurso y la de la mirada oficialista hacia migrantes africanos (también asiáticos y caribeños, a quienes se les considera «extracontinentales») se apoya en un proceso de racialización de larga fecha, pero que actualiza sus etiquetas frente a poblaciones negras en movimientos diaspóricos complejos. En su lugar, en este texto adopto la noción de transcontinentalidad, porque me interesan las conexiones espaciales entre y más allá de los continentes y lo que estas informan sobre la función espacial y política de México en los corredores migratorios globales.

 

La espera en los estudios migratorios

La espera en contextos de movilidad humana suele variar según los motivos de los que se desprende y la coyuntura migratoria en la que se desarrolla. Vale decir que la espera puede ser incluso una estrategia de las propias personas migrantes en tránsito para reagruparse, o para remonetizarse a través de trabajos temporales e informales antes de seguir su camino hacia el destino planeado (Miranda, 2021). También resulta ser una necesidad ante la falta de recursos económicos y la imposibilidad de regresar a la localidad de origen, conforme lo han registrado en México, Fernández Casanueva y Juárez Paulín (2019).

En las fronteras mexicanas, la espera no es algo reciente, mucho menos nuevo. Más bien explica, en cierta medida, la composición demográfica de las ciudades fronterizas del norte de México, en las que se asientan migrantes centroamericanos y mexicanos deportados de Estados Unidos o desplazados forzados internos (Del Monte, 2021; Silva Hernández, 2019). En este texto analizaré la experiencia de quienes provienen del continente africano, cuyo tránsito es contenido por disposiciones de la política migratoria de México, al sur, y del sistema de asilo de Estados Unidos, al norte. En los dos casos se producen espacios fronterizos de espera en los que habitan no solo migrantes transcontinentales, sino también caribeños, sudamericanos y centroamericanos.

La literatura reciente sobre la espera, cuya producción todavía se concentra en los centros académicos del Norte global, ha dado cuenta de: las distintas temporalidades accionadas en los procesos de solicitud de refugio (Griffiths, 2014; Kobelinsky, 2015); la espera como técnica de individualización gubernamental (Hage, 2009); la dependencia de las personas migrantes y solicitantes de asilo/refugio hacia los tiempos burocráticos como efecto del poder y dominación estatal (Khosravi, 2014); las formas de poder disciplinario expresado en detenciones indefinidas (De Genova, 2021), y el empleo de la contención temporal en determinadas prácticas de fronterización (Tazzioli, 2018).

En general, esos autores han incorporado el tiempo y las temporalidades como categoría de análisis más allá de las cuestiones relativas al espacio y las espacialidades (fronterizas, nacionales), que desde luego suelen estar implicadas en los estudios migratorios, fronterizos y sobre el refugio. En palabras de Shahram Khosravi, fuertemente influenciadas por el trabajo de Javier Auyero (2012), «la espera […] se ha vuelto una técnica poderosa para regular las interacciones sociales entre individuos, así como entre individuos y autoridades» (Khosravi, 2021:14).3 En su relación con cada individuo migrante, el Estado traba disputas espaciales y temporales (Álvarez Velasco, Pedone y Miranda, 2021) no solo por medio de la fuerza bruta de sus agentes migratorios, militares y policías, sino también haciéndolo dependiente de sus requerimientos ambiguos, arbitrarios y cambiantes (Auyero, 2012:9).

El abordaje feminista a su vez advierte la espera como un espacio-tiempo de agencias transgresoras frente a zonas de excepción que supuestamente anulan las prácticas migratorias (Mountz, 2011). Esto, en contra de la idea preconcebida según la cual la espera migrante será siempre inactiva y desinteresada. En cambio, lo que los estudios de geografía en clave feminista han argumentado es que la espera es «una faceta significativa de la (in)movilidad» (Conlon, 2011:353), y que esta se «produce activamente, se encarna, se experimenta, se politiza y se resiste a través de una serie de espacios migratorios» (Conlon, 2011:355).

Entre los espacios transitados o habitados, la espera abre oportunidades para desencadenar desviaciones de ruta o asentamientos temporales no previstos (Gil Everaert, 2020). Según Brun (2015), la espera no está disociada de la esperanza, y justamente por esto el aburrimiento o la incertidumbre que son experimentados mientras se espera (en centros de detención migrante o para cruzar fronteras) están plagados de planes y proyectos a futuro. Lo anterior hace que los tiempos de espera estén permeados de inquietud. En general, la producción académica feminista sobre la espera ofrece una lectura crítica de la victimización de los migrantes en situaciones de espera y de inmovilidad forzada.

Desde la academia latinoamericana, el interés sobre las temporalidades migrantes y la espera ha ido en aumento en años recientes. Se ha estudiado el uso del tiempo entre mujeres migrantes sudamericanas en Argentina que esperan por documentos migratorios y por el acceso a recursos y servicios estatales para sí y sus familias (Mallimaci y Magliano, 2020).

Otros estudios han examinado las experiencias de refugio de poblaciones venezolanas en los países de Sudamérica. Con especial atención en las regiones de frontera y en las relaciones entre migrantes, Estado y agencias intergubernamentales, se ha analizado la producción del miedo y de la incertidumbre que es característica de las situaciones de espera, entre refugiados provenientes de Venezuela que son seleccionados en la frontera Ecuador-Perú (Blouin, 2021), así como el rol de los rumores como productores de precariedades y vulnerabilidades entre solicitantes de refugio venezolanos en situación de espera en la frontera Venezuela-Brasil (Ceja, en prensa). Pedone (2020) a su vez analiza cómo la ciudad de Quito inaugura nuevas territorialidades de la espera frente al asentamiento temporal de personas venezolanas, pero también colombianas y de países del Medio Oriente.

Paralelamente, en México, el examen de las situaciones de espera e inmovilidad forzadas en el cruce del territorio por parte de migrantes en tránsito, solicitantes de refugio y desplazados forzados internos (Faret, 2022; Fernández Casanueva y Juárez Paulín, 2019; Miranda, 2021) problematiza la idea de que los migrantes varados están estancados o inmóviles, tal como lo cuestionan Schapendonk y Steel (2014) en su estudio sobre los corredores euroafricanos. En la frontera México-Estados Unidos en particular, el desmantelamiento del sistema de asilo estadounidense ha provocado tiempos de espera inusuales por parte de las poblaciones centroamericanas y haitianas con necesidades básicas de protección internacional, conforme lo han examinado Miranda y Silva Hernández (2022).

En relación con uno de los mecanismos de espera de la política de asilo estadunidense, conocido como Migrations Protection Protocols (mpp), París Pombo plantea que:

[…] los espacios extraterritoriales de espera y detención se habían limitado a Guantánamo, en la Isla de Cuba, considerado por Estados Unidos como un territorio no incorporado. El gobierno de Trump ha logrado transformar también a México en un espacio de procesamiento, espera, miedo y despojo de derechos, donde los solicitantes de asilo deben establecerse sin recursos ni estatus migratorio, durante meses o años, mientras se procesa su caso en cortes de inmigración estadounidense (París Pombo, 2020:77).

A pesar de ser emergente, la producción académica latinoamericana aún presenta vacíos relativos a miradas más comparativas y contrastantes a escala continental y global, algo que el presente texto abarca parcialmente. A lo largo del artículo recuperaré tanto el abordaje de la espera como técnica de gobierno y la «agencia en espera» (Brun, 2015) para examinar la contención temporal de migrantes africanos a la luz de los relatos reconstruidos.

 

Tránsito y espera de migrantes africanos en las fronteras de México

Las trayectorias migratorias de las personas transcontinentales registradas por el consorcio periodístico Migrantes de Otro Mundo (2020), así como las narradas por los migrantes entrevistados, revelan que las movilidades por los corredores migratorios articulan regiones de África Central, Oriental y Occidental con Sur y Centroamérica, más México y Estados Unidos (eventualmente Canadá), en periplos que incluyen puentes aéreos transatlánticos Sur-Sur, largos tramos recorridos a pie, en autobús, en taxi y barco, a través de varios de los espacios fronterizos sudamericanos y centroamericanos antes de llegar a Tapachula, la principal puerta de entrada al sur de México. También se articulan con los corredores euro-africanos, donde ciertas localidades constituyen espacios de entrecruce (Alioua, 2013; Bensaâd, 2003) porque conectan rutas distintas y parten los itinerarios en dos o más etapas fragmentando las movilidades (Collyer, 2010; Schapendonk y Steel, 2014). Entre Sur y Centroamérica se han identificado determinados espacios fronterizos que conforman nudos importantes que moldean los corredores migratorios, como pueden ser el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá y la frontera sur de México (Álvarez Velasco, 2022; Miranda, 2021; Winters, 2019; Winters y Mora Izaguirre, 2019; Yates y Bolter, 2021).

El seguimiento a los foros intergubernamentales con la participación de representantes gubernamentales de Sudamérica, Centroamérica y México y las sistematizaciones realizadas (Domenech, 2018; Domenech y Dias, 2020; Ramírez, Ceja y Alfaro, 2019) facilitan el entendimiento sobre la construcción gradual del régimen de fronteras regional con vistas a endurecer el control migratorio y fronterizo frente a las migraciones consideradas irregulares.

Según Domenech y Dias (2020), las prácticas y tecnologías propias de la globalización para el control migratorio y la securitización fronteriza fueron actualizadas en los Estados latinoamericanos precisamente como reacción a las movilidades caribeñas (cubanas y haitianas) y transcontinentales (africanas y asiáticas). Indicio de lo anterior son las referencias a las migraciones «extracontinentales» o «extrarregionales» en el comunicado fundacional de 1996 y en las declaraciones de los siguientes años de la Conferencia Regional sobre Migración (crm), que figura como el principal fomentador de la regionalización de las políticas migratorias de los países de Centro y Norteamérica (Domenech y Dias, 2020; Ramírez, Ceja y Alfaro, 2019). Según Domenech y Dias:

las nuevas migraciones oriundas de países caribeños, africanos y asiáticos, que no se ajustaban a los parámetros de legalidad establecidos por los estados, perturbaron el orden fronterizo regional y dieron origen a diversas prácticas institucionales de control del movimiento (Domenech y Dias, 2020:47).4

Entre 2002 y 2011, México registró un incremento del número de personas en situación de movilidad provenientes del África, con repuntes significativos en 2005, 2010 y 2013 (flacso, 2011; Narváez, 2015; oea, 2010; Sin Fronteras i.a.p., 2013). El bienio 2015-2016 inaugura una nueva dimensión en términos del volumen de las movilidades transcontinentales africanas por México y por América Latina. A partir de ese periodo, el Estado panameño, a través del Servicio Nacional de Fronteras (senafront) y del Servicio Nacional de Migración (snm), pasó a refinar los procedimientos de control y registros (de datos personales, biométricos y de antecedentes criminales) de migrantes en tránsito por el Darién, en el marco de la Operación Flujo Controlado, un acuerdo binacional5 con Costa Rica. Entre 2015 y 2016, los números de los cruces irregularizados por la frontera colombo-panameña aumentaron de manera considerable, especialmente debido a la «crisis migratoria cubana» (Clot, Martínez y Velasco, 2018) y a la reactivación de la diáspora haitiana desde Sudamérica hacia el norte (Mancillas López, 2021; Miranda, 2021).

En efecto, frente a la «alerta migratoria» surgida entre 2015 y 2016, no solo el Estado panameño, sino el costarricense y el mexicano, han desplegado diferentes mecanismos burocráticos ad hoc por medio de salvoconductos, permisos y oficios de tránsito. En México, algunos estudios han examinado la emisión de documentos migratorios de manera discrecional (Torre Cantalapiedra, París Pombo y Gutiérrez López, 2021), que suelen ser empleados por los migrantes para seguir transitando hacia la frontera norte con Estados Unidos como una suerte de «regularización de fachada» (Campos-Delgado, 2021; Faret, 2022) o de legalidad precaria (Rojas Wiesner y Basok, 2020).

En la revisión de los levantamientos estadísticos, se observa cómo las movilidades migratorias africanas quedan ensombrecidas por las cubanas y haitianas, las más numerosas en 2015-2016 y los años siguientes. Sin embargo, lo que me importa destacar es el incremento, de manera concurrente, de personas africanas que cruzan algunos de los mismos espacios fronterizos latinoamericanos. En efecto, el número de nacionales de los tres países con más migrantes por la región del Darién entre Colombia y Panamá en ese entonces —Somalia, Ghana y Eritrea— totalizó 1 105 en 2015, cinco veces más que lo registrado en 2014 (snm, 2019). En la misma frontera, el número de personas del Congo (registradas indistintamente como de la República Democrática del Congo y del Congo-Brazzaville), ascendieron nuevamente en 2016. De ahí en adelante se diversificaron los orígenes más numerosos al sumarse personas de Senegal y Guinea Conakri, según los registros realizados en la frontera colombo-panameña y en los dos otros puntos en los que el monitoreo ha sido más sistemático: Paso Canoas, en la frontera sur de Costa Rica (dgme, en Mora Izaguirre, 2018:44), donde posteriormente fue creado el Centro de Atención Temporal para Migrantes Sur (catem Sur), y en la frontera sur de México (upm, 2016).

 

2019: el año parteaguas en el control migratorio
transcontinental en México

El año 2019 fue de repuntes significativos en las movilidades migratorias en general, y de las africanas en particular. Los registros realizados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México (upmrip) dan cuenta de 7 065 personas africanas presentadas6 a las autoridades migratorias mexicanas ese año, casi el doble de lo registrado en 2016, destacando la cantidad de personas de Camerún (3 124) y rdc (1 822) (upmrip, 2019). En los levantamientos realizados en el Darién y en la frontera sur de Costa Rica, hay coincidencia entre los mismos orígenes, pero acrecentados de manera notoria por nacionales de Angola (snm, 2019; dgme, 2019; upmrip, 2019).

Las personas haitianas con las que pude convivir durante mis estancias etnográficas en Tijuana ingresaron al país por tierra por Tapachula acompañadas de migrantes africanos entre 2015 y 2016, y tardaron un par de días cuando mucho para obtener el oficio de salida del país. Este era el documento que permitía el tránsito regularizado por el territorio mexicano. Sin embargo, en 2019 los tiempos de espera, así como sus consecuencias inmediatas, se ampliaron. Durante los tres primeros meses del año, en la frontera sur coexistieron los miembros de las caravanas migrantes centroamericanas que se venían conformando desde octubre de 2018 a la espera de sus tarjetas de visitantes por razones humanitarias (tvrh), más las personas migrantes caribeñas, africanas y asiáticas a la espera de sus oficios de salida. Según Narváez y Gandini, en ese periodo se vivió el «desbordamiento total de las capacidades institucionales y de los recursos humanos destinados a la atención del fenómeno migratorio» (2021:24).

Antes de 2019, los migrantes africanos se entregaban o eran identificados y detenidos por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (inm) al ingresar a México. Enseguida, podrían solicitar uno de los dos tipos de oficios de salida que la Ley de Migración determina para todas las poblaciones migrantes: el oficio de salida del país y el oficio de salida de la estación migratoria (para fines de regularización). Independientemente del tipo, el oficio solía ser utilizado para cruzar el territorio en posesión de documentos migratorios. El 7 de junio de 2019, bajo la amenaza del gobierno de Donald Trump de imponer tarifas arancelarias a los productos mexicanos exportados a Estados Unidos si no se contuvieran las migraciones en México, el gobierno firmó una serie de acuerdos con su par estadounidense. Con esto, no solo delegó a la Guardia Nacional la custodia de las fronteras mexicanas, sino que tres días después se produjeron cambios en la emisión de los oficios de salida. De acuerdo con la nueva disposición, el oficio de salida del país solo estaba autorizado por la frontera con Guatemala. Al hacerlo, indirectamente se prohibía el tránsito hacia la frontera norte (Mandujano, 2019; Pradilla, 2019a).

En respuesta a lo anterior, las personas africanas instalaron un campamento en las afueras de la estación migratoria Siglo xxi en Tapachula, desde el cual organizaron protestas y marchas durante los meses de agosto y septiembre de 2019 (Pradilla, 2019b; Zarco, 2019). Ahí se conformó la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas que reflejó tanto la dimensión numérica como la pluralidad del espacio de espera en la frontera sur. En su comunicado, hecho público nacionalmente, decían representar un contingente de cerca de 3 000 personas provenientes de 16 países africanos7 a la espera de una resolución migratoria favorable por parte del inm (Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula, 2019). El 13 de octubre de ese año se organizó una caravana a la que se le impidió proseguir por la carretera costera del estado mexicano de Chiapas 12 horas de haber iniciado; se trató de la primera caravana de migrantes africanos en México (Pradilla, 2019c).

Los tiempos de espera en Tapachula, reconstruidos a partir de las entrevistadas realizadas en Tijuana y posteriormente por medio de comunicaciones vía WhatsApp, variaron en función del periodo de llegada en 2019. Los migrantes que alcanzaron a llegar durante el primer semestre del año (cinco de las personas entrevistadas), previo a la firma de los llamados Acuerdos de Junio entre México y Estados Unidos, tuvieron esperas de una semana a tres meses. En cambio, durante el segundo semestre, cuatro de ellas fueron forzadas a esperar en Tapachula entre uno y siete meses. Para cuatro de las nueve personas que llegaron en 2019, los periodos de espera incluyeron la detención en las estaciones migratorias de Tapachula (Siglo xxi) y de Tenosique, Tabasco, por tiempos de entre una y tres semanas. A su vez, las personas que llegaron a partir de julio no fueron detenidas porque ya no había espacio en la estación migratoria de Tapachula.

Pedro, un joven angolano de 17 años que estuvo un mes en Tapachula antes de poder salir, organizó y participó en las protestas en la estación migratoria. Al ser entrevistado, se refirió al oficio de salida como «salvoconducto» e hizo mención de los tiempos de cruce fronterizo en otros países por los que pasó en compañía de su padre:

Quedamos en el portón, por unas seis, siete horas, los autobuses que llegaban con migrantes no podían entrar, los que querían salir no podían salir. Fue cuando los oficiales de migración se nos acercaron y dijeron que nos iban a registrar afuera, y nos decían el día para que fuéramos por el salvoconducto y continuar el viaje […] Nosotros queríamos que nos dieran los salvoconductos como en otros países estaban dando, máximo tres días, no queríamos esperar. Por eso, bloqueábamos las puertas de entrada de la migración. Los trabajadores no podían entrar ni salir. «O trabajas con nosotros fuera, o vuelves a casa», les decíamos (Pedro, entrevista, 25 de abril de 2021).

El relato de Pedro contrasta el tránsito relativamente rápido por otros espacios fronterizos sur y centroamericanos, con el bloqueo en la frontera sur de México. En efecto, el campamento africano en las afueras de la estación migratoria ganó más visibilidad a partir de los enfrentamientos entre migrantes y agentes migratorios y de la Guardia Nacional. Su experiencia de insubordinación colectiva además ratifica que, en las interacciones entre grupos subalternos y el Estado a través de la espera, el «modelo del paciente» (Auyero, 2012:155-156) no siempre es el desenlace. Luego de varias semanas de hacer esperar bajo el sol por un permiso de tránsito, las y los migrantes africanos se organizaron en varias formas de lucha migrante (Varela, 2015).

Otra de las entrevistadas, Mary, una mujer ghanesa de 40 años que viajó con sus dos hijas menores, llegó a Tapachula en agosto de 2019 y esperó hasta diciembre del mismo año para poder salir de la ciudad. Ella dormía fuera de la estación migratoria Siglo xxi y recorría las calles y mercados de la ciudad en busca de trabajo y alimentación. Con el paso del tiempo, conoció a un hombre keniano que le ayudó económicamente: «Con el dinero compré dos ollas, arroz, aceite, y empecé a cocinar para los migrantes. Antes de la primera semana yo conseguí juntar ¡2 000 pesos! Yo tenía que sobrevivir. ¡Soy una mujer africana!», me narró (Mary, entrevista, 18 de octubre de 2021).

En efecto, la experiencia de espera encarnada (Conlon, 2011) de una madre soltera con dos hijas es caracterizada por gestiones constantes en torno a los cuidados familiares, de sí misma y por la búsqueda de una fuente de ingresos mínima. Ruth, una mujer nigeriana de 40 años, estuvo seis meses en espera en Tapachula durante el verano y otoño de 2019. Con un grupo de personas camerunesas y nigerianas, se quedaba en el centro, esperando, tratando de encontrar un lugar para dormir. Tanto Mary como Ruth participaron directa e indirectamente en las protestas y en la caravana africana.

La posibilidad de evitar las deportaciones, ya sea por falta de representación consular en México o por dificultades de deportación,8 refleja parte de las especificidades de la condición de transcontinentalidad de migrantes africanos hasta 2019, si se comparan con otras poblaciones migrantes en México, como las centroamericanas. Campos-Delgado, quien tuvo acceso a las resoluciones migratorias de personas «extracontinentales» detenidas en las estaciones migratorias mexicanas entre 2010 y 2019 a través de solicitudes de información pública, revela que mientras la tasa de deportación de africanos y asiáticos corresponde a 1 % y 6 % respectivamente, la de migrantes centroamericanos alcanza el 97 % en el mismo periodo (Campos-Delgado, 2021:35). Esa ventaja comparativa ayuda a explicar la misma disciplina de la espera.

Al llegar a la frontera norte de México, los tiempos de espera ya experimentados en el sur se concatenaron con los exigidos para iniciar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. En 2019 se había institucionalizado en prácticamente todos los puertos fronterizos estadounidenses un sistema de cuotas (metering, en inglés). Su reacción, del lado mexicano de la frontera, fueron las llamadas listas de espera (Leutert et al., 2018; Miranda y Silva, 2022; París Pombo, 2020). En los hechos, el sistema de cuotas implementado unilateralmente por el gobierno de Barack Obama ante la llegada de personas haitianas en 2016, y extendido por Donald Trump en el marco de la «política de tolerancia cero», limitaba el número de solicitudes de asilo que podían presentarse por día en un puerto fronterizo cualquiera del país del norte. Los tiempos de espera entre el apunte en la lista y la llamada del número correspondiente fueron de un promedio de dos a tres meses entre los entrevistados.

Alain, un congolés de 39 años, hospedado en una posada gestionada por jóvenes haitianos cuando lo conocí, se empleó en diferentes actividades laborales mientras esperaba. Descargaba camiones con chamarras de frío venidas de Estados Unidos9 tres días a la semana; cobraba 20 dólares por camión descargado. Paralelamente, trabajaba en un restaurant del centro de Tijuana como lavaplatos con un sueldo de 60 dólares por semana (Alain, entrevista, 27 de enero de 2021). Lo mismo que Jean, un joven camerunés de 35 años que, a través de una ong dedicada a atender a solicitantes de asilo en esa frontera, encontró un trabajo temporal en un restaurante, también como lavaplatos. Trabajaba algunos días entre semana y un día cada fin de semana, según me relató (Jean, entrevista, 13 de marzo de 2021).

Pedro, el joven angolano citado anteriormente, se hospedó en un hotel de Tijuana durante una semana y luego consiguió un empleo en una tienda de calzados, mientras su papá iba al Chaparral todos los días, el puerto fronterizo de Estados Unidos donde llamaban los números de la lista de espera. Rogério, su padre, con quien intercambié audios en WhatsApp, no pudo trabajar mientras esperaba en Tijuana por cuestiones de salud física y mental. Él me reveló lo siguiente:

Yo no salí de Angola, yo me fugué, tenía heridas en el cuerpo. En Tijuana el corazón no estaba bien, la familia dispersa, yo con un hijo, la mamá con los otros hijos. El objetivo era entrar y quedar en Estados Unidos seguro, con seguridad y reunir la familia (Rogério, comunicación personal, octubre de 2021).

Una vez fuera de Tapachula, las experiencias de espera fueron diversas. Mary, citada anteriormente, e Isaac (ghanés de 26 años), vivieron más de un año en la Ciudad de México antes de instalarse en Tijuana. Ruth a su vez se dirigió a Querétaro, donde nació su hija. Cuando Mary, Isaac y Ruth con sus hijas llegaron a Tijuana, la pandemia de covid-19 había sido decretada y la frontera México-Estados Unidos estaba cerrada para los cruces considerados no esenciales.

Al momento de escribir este texto (mediados de 2022), Ruth había estado cerca de dos años y medio en diferentes ciudades de México. Llegó a la frontera norte con algo de dinero, pagó un hospedaje en la plataforma Airbnb, pero terminó viviendo en las calles del centro y en albergues. Al momento de la entrevista (octubre 2021) cumplía diez meses en Tijuana y temía por su seguridad y la de su hija: «Siempre que salgo de casa siento que alguien me está persiguiendo. Por eso, no salgo a la calle. Siento que alguien me está siguiendo, que me van a atacar. Solo espero que llegue la noche para ir a dormir» (Ruth, entrevista, 20 de octubre de 2021). La experiencia de Mary es similar en tanto vive en Tijuana con sus dos hijas. Como no estaban operativas las escuelas en la pandemia, y para no dejarlas solas, Mary no salía de casa para trabajar. Ellas todavía no se comunicaban en español y dependían de Isaac para ir a los mercados y surtirse de alimentos.

Tanto Mary como Ruth dicen haber llegado y convivido con cameruneses, lo que coincide con el incremento de las personas provenientes de ese país que se presentaron a las autoridades migratorias mexicanas en 2019, según la upmrip de México. Ser mujer en Tapachula no significó lo mismo que serlo en Tijuana; mientras en la frontera sur ocupaban el espacio público incluso para manifestarse por sus derechos, en la norte no salían de sus locales de hospedaje, preferían la invisibilidad para proteger a sus hijas y a sí mismas. Como mujeres, madres solteras, negras y migrantes, Mary y Ruth no tuvieron la misma libertad de movimiento que Alain, Jean y Pedro. Ellos frecuentaban más lugares que el doméstico y se desempeñaban en trabajos informales en el centro de Tijuana. Son todos indicios de que la espera es necesariamente una experiencia interseccionalizada.

La suspensión de la emisión de los oficios de salida para permitir movilidades regularizadas en México abre un antes y un después en la experiencia reciente de africanos y africanas en tránsito en este territorio. Al contrario de los demás países y espacios fronterizos donde los africanos entrevistados han podido transitar luego de esperar pocas horas o días, como pueden ser Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá o Costa Rica, México ha pasado a imponer tiempos de espera mucho mayores a las personas migrantes transcontinentales hacia Estados Unidos.

 

2021: año de reapertura de fronteras

Una vez decretada la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, las fronteras de Panamá y Costa Rica fueron cerradas y la Operación Flujo Controlado entre estos dos países, que se ejecutaba desde 2015, fue suspendida. Los grupos de migrantes, familias con niños, niñas y jóvenes solteros en tránsito desde Sudamérica, quedaron inmovilizados por varios meses en los campamentos militares en el Darién, así como en la localidad de Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia, antes de cruzar el golfo de Urabá, a causa del cierre fronterizo entre Colombia y Panamá (Agencia efe, 2020; Más de 1.200 inmigrantes, 2021; Miranda Plua, 2020). Según la matriz de monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), conocida como dtm por sus siglas en inglés, los campamentos supervisados por los militares panameños en conjunto llegaron a aglutinar cerca de 2 500 personas y familias migrantes en el auge del primer año pandémico, en su gran mayoría de origen haitiano (oim, 2020).

Cuando las fronteras centroamericanas fueron reabiertas a inicios de 2021, el tránsito por el Darién se reactivó. Mientras en 2019 transitaron 23 968 migrantes (snm, 2019), en 2021 los registros del snm panameño dan cuenta de 133 726 personas (snm, 2021), de las cuales 5 084 eran africanas, principalmente ghanesas y senegalesas. El aumento general en el número de personas migrantes en tránsito por los corredores migratorios latinoamericanos se debió en gran parte a la tercera reactivación continental de la diáspora haitiana en dirección sur-norte, desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos, luego de la primera en 2016 y la segunda en 2019. En el caso específico de las migraciones africanas, se observa cómo estas siguieron la tendencia general de aumento en 2021 en relación con los meses previos de 2020.

Desde el primer semestre de 2021, y frente a la intensificación del tránsito por rutas y corredores migratorios variados, el gobierno de Panamá intentó replicar con Colombia el acuerdo que tiene con Costa Rica para ordenar las migraciones que transitan por el Darién. Firmado en agosto, el operativo pretendía inicialmente dar paso a 650 migrantes de Colombia hacia Panamá por día (Fuerte acusación de Panamá, 2021), para lo cual el principal espacio fronterizo de control es el que envuelve a las localidades de Necoclí, Turbo y Capurganá del lado colombiano, y Puerto Obaldía del panameño. La reapertura de las fronteras nacionales en tiempos dispares generó protestas de migrantes en Necoclí, y las protestas, a su vez, llamaron la atención de los actores de la gobernanza migratoria en ese espacio fronterizo (Castro, 2021; En Necoclí, 2021).

A diferencia de 2019, cuando se entregaban al inm al llegar a México, una parte importante de las personas y familias africanas se encaminaron a las oficinas de la entidad estatal encargada del refugio: la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar). La upmrip registró 2 034 africanos presentados y detenidos en 2021 (upmrip, 2021). Así como en los registros del Darién, los senegaleses y ghaneses presentaron los volúmenes más significativos.10 La falta de presupuesto y personal para operar frente a la cantidad de personas hizo que el sistema de refugio mexicano colapsara (Ramírez, 2021). En 2021 fueron registradas 133 448 solicitudes de refugio (el mayor número había sido registrado precisamente en 2019: 70 341). El 67 % de las solicitudes fueron iniciadas en Tapachula (comar, 2021), localidad fronteriza convertida nuevamente en epicentro de la espera.

La tramitología del refugio incluye esperas para iniciar el trámite, para obtener la constancia de solicitud y para ser convocado a la entrevista de temor fundado. Una vez iniciada la solicitud, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México no permite movilidades a otras entidades del país. Un estudio reveló que, en los años anteriores a la pandemia de covid-19, los tiempos de espera para obtener resoluciones a solicitudes de refugio en México alcanzaban un año o más (Torre Cantalapiedra, París Pombo y Gutiérrez López, 2021).

A la ausencia de diálogo interinstitucional se le suma la discrecionalidad y corrupción del inm y la insuficiencia presupuestal de la comar. Desde una mirada crítica:

lo que los gobiernos mexicanos han tratado de hacer —desde la aprobación de la Ley de Refugio y hasta el presente— es recurrir a su propia disfuncionalidad e incapacidad institucional. En los hechos, esto significa restringir el número de personas que reciben protección internacional y, de alguna manera, detener o ralentizar los procesos de movilidad que involucran a quienes necesitan protección internacional (Torre Cantalapiedra, París Pombo y Gutiérrez López, 2021:19).11

Con la pandemia y la llegada concentrada de migrantes haitianos, hondureños y venezolanos, los tiempos se extendieron. Ante la demora, la imposibilidad de conseguir trabajos temporales y el impedimento de salir de Tapachula, personas migrantes del Caribe, Centro, Sudamérica y África se organizaron para realizar protestas, marchas y caravanas (afp, 2021; Caravana de migrantes, 2021) entre los meses de septiembre y octubre de 2021.

Jean-Pierre, 41 años, originario de la República Democrática del Congo, llegó a Tapachula desde Brasil a finales de julio de 2021. En el momento de la entrevista, el 15 de octubre de 2021, llevaba un mes en la frontera sur mexicana. Lo primero que hizo fue buscar hospedaje y una cita en la comar. La fecha más cercana era el 28 de septiembre, dos meses después de su arribo. Sin opciones de regularización, intentó salir de Tapachula en transporte comercial con otros tres africanos, cuatro venezolanos y una familia hondureña. Luego de avanzar por dos días de manera zigzagueante para evadir los retenes policiales y migratorios, uno de los choferes les llevó directamente hacia otro retén y no hubo qué hacer. Jean-Pierre y sus compañeros de ruta fueron todos devueltos a Tapachula desde la localidad de Arriaga, Chiapas, ubicada a más de 200 kilómetros (Jean-Pierre, entrevista, 27 de agosto de 2021). Otro congolés, Joslin, originario de Kinshasa, tuvo la misma iniciativa y el mismo desenlace al llegar a Arriaga, luego de esperar dos meses y medio en Tapachula sin respuesta de las autoridades mexicanas (Joslin, entrevista, 15 de octubre de 2021).

El tránsito irregular de personas africanas las coloca en los mismos caminos riesgosos para evitar los retenes y puntos de control a lo largo y ancho de las carreteras del sur del país. Dorcas, angolana-congolesa de 30 años, decidió no esperar en Tapachula y tomó un autobús directamente a la Ciudad de México, donde le esperaba su esposo. En cada retén bajaba para dialogar con las autoridades. «Si vuelvo, muero. Estoy sola, no tengo a nadie. Mi familiar está en la Ciudad de México. No puedo quedarme aquí», les decía reiteradamente. «Hubo policiales que lo entendieron, otros no. Se ponían agresivos […] Cuando eso acontecía, me callaba, quedaba mirándolos. Hasta que venía otro y decía: ‘Déjenla pasar’» (Dorcas, entrevista, 4 de febrero de 2022), me reveló. De acuerdo con Dorcas, el autobús comercial en el que viajaba cruzó ocho barrières, como ella denomina a los retenes o puntos de control. De todos los pasajeros, solamente a ella le exigían bajarse. Fue forzada a bajar en cada uno de los ocho retenes.

Samu, de 34 años, es originario de Togo. Él viajaba con su esposa y su hijo menor, ambos brasileños. Llegó a Tapachula el 1° de abril de 2021, y al momento de la entrevista estaba a punto de cumplir ocho meses en la ciudad. Al llegar, Samu tuvo que dormir con su familia en las calles centrales de Tapachula por tres semanas enteras, bajo lluvias y calor intenso. Fue deportado a Guatemala dos veces, en ambas ocasiones debido a que la policía municipal hacía redadas en la madrugada para revisar la documentación (Samu, entrevista, 23 de octubre de 2021).

La reconstrucción de estos relatos evidencia que la espera es transgredida (Mountz, 2011) y desafiada. Al serlo, deriva en movilidades irregularizadas de africanos y africanas por México. Además, se generan vulnerabilidades si tomamos en consideración las barreras lingüísticas y las violencias ejercidas por los agentes estatales mexicanos. Estas últimas se plasman en devoluciones «en caliente» al estado de Chiapas desde otros puntos de la república, deportaciones a Guatemala y redadas nocturnas en campamentos callejeros improvisados.

El control espacio-temporal de las movilidades transcontinentales en México implica ciertas prácticas de violencia estatal contra migrantes africanos hasta entonces asociadas a otras poblaciones migrantes en tránsito por el país, en especial las centroamericanas de Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos en su contra ha sido ampliamente registrado y analizado (Basok et al., 2015; Castillo Ramírez, 2020; París Pombo, 2017).

El conjunto de formas de violencia significa que las personas migrantes transcontinentales se sitúan cada vez más fuera de la zona de exención de la que eran parte anteriormente, al menos hasta 2019. Siguen exentos de la deportación a sus localidades de procedencia, lo que no significa que no se produzca ilegalidad y deportabilidad (De Genova, 2005; De Genova y Roy, 2020).

Además, la «frontera vertical» (Marvic García, 2020), noción empleada para significar los obstáculos de sur a norte del país colocados para dificultar o impedir el tránsito por México (estaciones migratorias y retenes), se ha extendido a los migrantes africanos forzados a la movilidad irregularizada. Así como los migrantes centroamericanos, las personas provenientes de otros continentes son cada vez más empujadas a las rutas alternativas y más riesgosas por fuera del radar de las autoridades migratorias y militares de México.

 

Consideraciones finales

Este texto busca un diálogo directo con los estudios sobre las poblaciones transcontinentales, en especial del África negra, en las Américas y en México. Hasta ahora me he limitado a examinar los efectos de la espera como medida de control temporal en las trayectorias y experiencias de migrantes africanos en dos espacios fronterizos de México: al sur, con Guatemala, para el cual la ciudad de Tapachula es el epicentro, y al norte, con Estados Unidos, en Tijuana. Tomé en consideración dos coyunturas: el año 2019, cuando se aplicaron las medidas de espera a poblaciones africanas, y 2021, cuando las fronteras centroamericanas se reabrieron.

Al poner los procesos de control migratorio en México a la luz de otros corredores y espacios fronterizos latinoamericanos y euroafricanos, este texto ha contribuido a entender cómo este país se ha globalizado también por medio de las movilidades y los asentamientos en su territorio. De la misma forma, al enfocarme en poblaciones africanas, he dado a conocer sus trayectorias y condiciones de movilidad, las cuales suelen estar ensombrecidas por las dimensiones y las emergencias de movilidades migratorias como las que provienen de Honduras o Haití hacia México, en el pasado reciente.

Aunque monitoreadas por agencias intergubernamentales como la oea y oim desde por lo menos 2010, las poblaciones africanas solo adquirieron visibilidad ante la opinión pública en México cuando fueron forzadas a esperar por documentos migratorios en la frontera sur. He descrito cómo en el lapso de pocos años, de poder transitar por México con documentos emitidos de manera discrecional, personas y familias africanas han sido forzadas a elaborar ciertas estrategias de movilidad irregularizada, individual y colectivamente en caravanas, exponiéndose a los abordajes militares, a detenciones, a deportaciones y a extorsiones.

La irregularidad migratoria se produce en el estado a través de disposiciones de política migratoria arbitrarias que cambian las reglas del juego repentinamente, y hacen esperar a personas que vienen de recorrer miles de quilómetros y tienen otros tantos por delante. Por esto, los y las migrantes buscan formas individuales, familiares y colectivas de burlar la burocratización del tránsito por México. Las estrategias personales para seguir el tránsito sin documentos se combinan con varias formas de lucha en las fronteras, incluida la formación de una asamblea migrante, como en el caso estudiado. Es decir, las expresiones de agencia conviven con las formas de organización migrante que politizan la espera.

No todos esperan de la misma forma. Los relatos de madres africanas que viajan con sus hijas revelan que la espera de mujeres y niñas es una experiencia insegura y confinada a las cuatro paredes de la casa. Tampoco es lo mismo esperar en Tapachula que en Tijuana dada la mayor inseguridad de las calles en la ciudad del norte, donde los actores del crimen organizado operan más abiertamente.

Desde unas relaciones históricamente subordinadas a los gobiernos de Estados Unidos en materia migratoria y desde una mirada más amplia sobre los procesos en curso en México, en especial desde sus espacios de frontera, la política mexicana de control migratorio de poblaciones migrantes regionales, caribeñas y transcontinentales tiende a la generalización de sus mecanismos espaciales y temporales. Conforme he demostrado, los migrantes africanos han sido sometidos a restricciones burocrático-administrativas, tiempos de espera y violencias institucionales directas cada vez más similares en forma y contenido a las de otras poblaciones migrantes vulnerabilizadas y violentadas en su tránsito por México. Este ha sido, sugiero, el resultado más inmediato de la pérdida de exención, representada hasta 2019 por la celeridad en la emisión de oficios de salida para migrantes transcontinentales en la frontera sur del país.

No se establecen exenciones por nacionalidad u origen en la Ley de Migración ni en el Reglamento de la Ley de Migración de México. Lo que sí se aplica para efectos de regularización migratoria son los elementos que de cierta forma componen la condición de transcontinentalidad: la ausencia de representación consular en México y las dificultades logísticas y de recursos para deportar. Más allá de la aplicación de la ley, la emisión de documentos de regularización en México queda a la discrecionalidad con la que operan los agentes migratorios.

Frente a lo anterior, la espera forzada en los espacios fronterizos de México explicita el mayor alcance y dimensión de las prácticas de contención. Es decir, la contención alcanza a migrantes transcontinentales, y el control migratorio se explaya desde la dimensión espacial a la espacio-temporal, generando «ciudades-cárcel» y espacios de confinamiento a cielo abierto donde también se instalan migrantes provenientes de otros «sures», como los caribeños, sudamericanos y centroamericanos.

 

Agradecimientos

Agradezco a Daniela Fernández Rodríguez, estudiante de Licenciatura en Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), quien se desempeñó como asistente de investigación. Este texto reúne parte de los hallazgos y conclusiones preliminares del proyecto «La frontera norte de México como espacio social de espera en los corredores migratorios globales», con recursos del programa Apoyos a la Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

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