Introducción

En 1808 la invasión francesa a España provocó un vacío de poder cuando Napoleón se llevó al rey Fernando VII y a su padre, y los obligó a abdicar en él. A partir de ahí inició una lucha contra los invasores llamada «Guerra de independencia», así como una ardua discusión para resolver el problema de cómo gobernar en ausencia del rey. Durante ese tiempo las diferentes fuerzas internas de España intentaron imponer su idea de gobierno y al final, con dos grandes novedades, terminó ganando la propuesta de convocar a Cortes. La primera consistió en que las Cortes no serían como las antiguas compuestas de estamentos, ahora sería al estilo liberal y democrático. La segunda fue que se invitó por primera vez a América a participar con voz y voto.

Debido a que los invasores franceses entraron por el norte de España y fueron empujando a sus fuerzas y líderes hacia el sur, el lugar que al final se eligió, por sus características de defensa militar, fue la isla de Cádiz, al sur de Andalucía, por tal razón aquel Congreso se llamó Cortes de Cádiz.

El decreto de la Regencia del 14 de febrero de 1810, mediante el cual se citaba a América para que participara en condición de «iguales» con los de la Península, pedía que se eligiera un diputado por cada provincia y se le dieran instrucciones en las que constara todo aquello que promoviera el bien general y particular de sus pueblos, pues su representante «ha de exponer y remediar todos los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han causado en estos países la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del gobierno antiguo».1

Esa realidad era muy cercana a cada provincia y la padecían desde hacía mucho tiempo debido a la corrupción facilitada por la distancia que mediaba entre ellos y la Corona, entre otras razones. No es de extrañar, entonces, que las provincias del Reino de Guatemala se ocuparan de presentar una serie de proyectos locales para impulsar de manera libre y eficaz su progreso, recargando la letra contra los centros de poder de la región. El análisis de esos proyectos es precisamente el objetivo general de este artículo.

A manera de objetivos secundarios se centra la atención en las vetas económicas que estos proyectos presentan para ampliar el horizonte que desde la historia política y militar ha dominado en muchos periodos el análisis histórico. Igualmente se expondrá por qué se prefiere usar los términos elites económicas más que el generalizador concepto de criollismo. En la misma línea, se intenta verificar si esta elite actuaba de manera compacta o estaba dividida y, si lo estaba, cuál era su magnitud y qué geografías abarcó. También, con base en los autores de los proyectos y sus justificaciones, se indagará si hubo otros sectores sociales en estas iniciativas o solamente la elite económica de los centros de poder.

De ese análisis se desprenden aspectos que ayudarán a comprender un periodo más amplio del que muchas veces se usa para analizar no solo las Cortes de Cádiz sino también el periodo de la Independencia, el cual tiene sus raíces en el sistema de intendencias o más atrás, y que va más allá del periodo federalista de la región.

Gran parte de la bibliografía2 que explica la participación de las provincias americanas en las Cortes de Cádiz desde la teoría de la «búsqueda de la autonomía» o de la independencia, por parte de las elites locales (criollos)3 frente a España (Avendaño y Hernández, 2014; Chust, 1999; Dym, 2006a; Rodríguez, 1984), ha tomado como uno de los fundamentos de su argumentación una pequeña parte de los proyectos que aquí se analizarán, por lo que otro objetivo de esta investigación es verificar si esta lectura corresponde a aquella realidad.

Cabe anotar que una de las limitaciones en el estudio de la participación de los diputados del Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz, es que se han reducido demasiado las fuentes de archivo al material que ofrece el Diario de Sesiones, sin tomar en cuenta otros materiales que se produjeron en las demás instancias de Gobierno, por ejemplo, la Regencia y sus ministerios o secretariados. Esta información refleja con más detalle la realidad de geografías más pequeñas, paralelas al gran escenario que querían gobernar las Cortes con la nueva normativa.

Los proyectos aportan mucha información sobre cada provincia, pues iban acompañados de largos relatos de la realidad local para justificar la propuesta, los cuales muy pocas veces aparecen en las actas de las sesiones. En un primer momento estos materiales se contemplaron en las llamadas «instrucciones» que los ayuntamientos dieron a sus diputados a Cortes, en estas hay que distinguir entre la enunciación del proyecto y su justificación. Además, a este último tipo de información hay que sumar los discursos de los diputados, sus escritos cuando enviaron las peticiones a los diferentes organismos de la Regencia y las razones que estos últimos daban para aprobar o rechazar una petición, así como las reacciones de los diputados y sus representados ante estas dos posibilidades, manifestadas muchas veces en la correspondencia entre ellos. Todas estas fuentes son de gran valor para que el investigador pueda comprender el significado de estos proyectos en el escenario centroamericano.

Las limitaciones padecidas por los investigadores han allanado el camino para hacer una lectura autonomista de las políticas americanas, la cual no responde del todo a la realidad,4 y se traduce en conclusiones a veces sesgadas o, incluso, erróneas. Asimismo, esta tendencia ha facilitado la formulación de afirmaciones generalizadoras que abarcan grandes geografías y grupos de diputados que han llevado a la uniformización de los personajes y de realidades muy distantes y distintas, lo cual privilegia lo político en el análisis de las independencias.

Esta propuesta también tiene como objetivo matizar una antigua tendencia historiográfica a la que se podría denominar «chapincentrismo», la cual ha ayudado a caminar por las rutas mencionadas, debido a que tanto investigadores de la región como muchos extranjeros, al asomarse a estos temas, acuden a la capital del reino para buscar las fuentes y las claves interpretativas, cayendo más fácilmente no solo en las interpretaciones políticas y militares, sino también en las visiones dominantes del mayor centro de poder de la época.

En la ruta contraria, el estudio de los proyectos de las provincias ayuda a los investigadores en la línea propuesta por Úrsula Torres en torno a concretizar las teorías generalizadoras de la búsqueda de la autonomía y de la vuelta de la soberanía al pueblo de acuerdo con la realidad de cada lugar para observar cómo se fueron configurando. Se advierte que en esta propuesta se quiere ir más allá de la interpretación política que domina la investigación de Torres. También se comparte su teoría sobre un ambiente donde «… en las relaciones políticas cotidianas se trató de los sujetos y la comunidad», más allá de la corporación a la que pertenecía (Torres 2017: 90-91, 93).

Otra consecuencia de no tomar en cuenta otras fuentes, es la facilidad con que se presenta a los diputados americanos como un bloque frente a los diputados de la Península, o América frente a España en un pulso de poder (Chust, 1999; Rieu-Millán, 1990). Por esta razón, otro de los objetivos de este artículo es evidenciar una perspectiva poco visualizada: que las Cortes de Cádiz fueron también un escenario donde se enfrentaron las fuerzas que existían en América.

Por todo lo dicho, este artículo propone otro tipo de lectura más allá de una búsqueda de autonomía, ya sea frente a España o frente a poderes locales. El proceso no se debe especialmente a las ideas políticas sino a las ideas e intereses económicos, tendencia que inició en el siglo XVI pero que se manifestó con más fuerza en el siglo XVIII, con la finalidad de buscar el progreso ya sea con una intención elitista o para ocultar sus acciones corruptas o con una intención más abierta a todos los grupos de la sociedad.

Si bien esta investigación no analizará de manera específica el significado de estos proyectos para la independencia de la región alrededor de 1821, el tratamiento de los temas étnico, agrícola, comercial, minero, educativo, religioso y otros más, sí aporta elementos para el estudio de las independencias más allá de una fecha, descentralizando la atención que se ha puesto en lo político, en lo militar y en personajes importantes.

En la metodología para organizar y analizar las fuentes de archivos de España, México y Centroamérica, se acudió a una base de datos en la cual se enfatizó lo temático más que lo cuantitativo, así como el abordaje de las geografías más allá de los grandes centros de poder que por lo general han marcado los resultados de las investigaciones. También se consideró la autoría de los proyectos y se hizo hincapié en algunos para abarcar todas las provincias y observar el significado y consecuencias de estos, tanto al interior de cada provincia como en la relación entre ellas.

Aspectos generales

La forma en que las provincias fueron convocadas a las Cortes facilitó una serie de medios para presentar los proyectos, los cuales se podían tramitar por medio del diputado de la provincia o el de otra provincia, así como enviarlos de manera directa en las sesiones de las Cortes o a la Regencia. Resulta interesante, por mencionar un ejemplo, la petición que hizo en 1813 el ayuntamiento antiguo de Comayagua, Honduras, de una diputación provincial, la cual fue presentada en las sesiones sin la mediación de su diputado Morejón.5 Fueron varios los casos hechos a través de otro diputado de la región, como el proyecto de la solicitud de los cuatro novenos beneficiales de los diezmos pertenecientes a la catedral de León del obispo de Nicaragua, el cual se envió a través del diputado de Costa Rica.6

También el diputado podía transformar la propuesta recibida en las instrucciones, como sucedió con el congresista costarricense quien, preocupado por los escasos recursos del erario, pidió que se rebajara a la mitad el peso que se cobraba como impuesto a cada quintal de cacao que se sacaba de Matina, a pesar de que sus representados habían solicitado inicialmente su eliminación total. 7

Otro aspecto a considerar es que los diputados podían apoyar iniciativas de otros congresistas, aunque el tema no beneficiara a su provincia, tal como lo hicieron el diputado salvadoreño José Ignacio Ávila y el costarricense Florencio Castillo, quienes, a pesar de que en sus provincias no había obispo ni cabildos catedralicios, y por tanto, tampoco canonjías, firmaron el proyecto que proponía dedicar los fondos de la abolida silla de la Inquisición a la creación de las canonjías de oficio, inexistentes en los cabildos de las catedrales de Chiapas, Guatemala y Nicaragua.8

Resulta interesante que, en algunos casos, las Cortes o la Regencia no consultaron necesariamente al diputado de la provincia interesada para dictaminar sobre un proyecto, sino al de otra provincia, decisión que se transformó en un elemento más de los que dinamizaron las fuerzas en torno a una iniciativa. Uno de los ejemplos más claros fue la consulta hecha al diputado de Costa Rica sobre los proyectos presentados por el anterior gobernador de Honduras, Ramón Anguiano, en favor de esa Intendencia.9

Finalmente, se siguió la pista de algunos de estos proyectos para ver si se concedieron y si se llevaron a la práctica, por lo que, a nivel cronológico, se va más allá de 1814, año en que se clausuraron las Cortes. En este sentido, se comprobó que muchas de las iniciativas que las Cortes habían aprobado fueron respetadas por Fernando VII al regresar al trono, es decir, no eliminó todo lo hecho por los congresistas gaditanos, como generalmente se afirma. De igual manera, se interesó por escuchar a los diputados de América −que aún estaban en España−sobre los proyectos que faltaban por aprobar, de los cuales algunos fueron autorizados en los años siguientes y otros recorrieron un largo camino hasta el trienio liberal, cerca de 1820. 10

Dinámica en torno a la presentación y seguimiento de un proyecto

Cada diputado usó distintos medios para lograr la aprobación de sus proyectos. Además de poder presentarlos en las sesiones de las Cortes, el diputado podía acudir a la instancia más pertinente para la materia referida en el proyecto, por ejemplo, si era algo relacionado con la religión, se dirigía a la comisión de asuntos eclesiásticos. Este era el camino más usual para conseguir un fin, siempre y cuando la ruta fuera llana. En el momento en que la petición tocara distintos intereses y geografías vecinas, era necesario saber negociar con otras fuerzas. Sirva como aclaración de lo dicho que, si un diputado quería solicitar un título honorífico para alguna población, por lo regular no encontraba obstáculos, pero si el proyecto rozaba la Hacienda Pública,11 no le era tan fácil y debía entablar negociaciones con diferentes organismos del Gobierno.

Debido a esto, uno de los primeros requisitos que debía cumplir el diputado era acompañar su petición con una buena justificación. Varios proyectos fracasaron por deficiencias en este sentido,12 y eran devueltos o se solicitaba más información a otras instancias, tanto de la Península como de América, con la gravedad de que volvía a abrir la puerta a la influencia e intereses de los grandes centros, además de atrasar su resolución.13

Otro aspecto general que se desprende del seguimiento de los proyectos es el del cabildeo. Como una experiencia nueva para América, los diputados aprendieron a negociar en las diferentes instancias de gobierno, no solo por el temor al rechazo de sus iniciativas por parte de los peninsulares, como se ha pensado hasta ahora, sino también por la posibilidad de un fracaso debido a las fuerzas americanas que actuaban en contra.

La acción del cabildeo también se observa en cuanto a aprovechar la pertenencia a una comisión para lograr un objetivo, costumbre que se hace patente en el curso seguido por la petición de los cuatro novenos beneficiales para la catedral de León, Nicaragua, pues se aligeró su aprobación al estar en la Comisión Ultramarina los diputados Castillo y López.14

Se descubre también que, para algunos temas, el diputado trató de apoyar sus argumentos con la afirmación de haber sostenido conversaciones con otros representantes del área. Por ejemplo, el diputado Castillo lo aseveró al enviar la información que se le solicitó sobre algunos proyectos relacionados con Honduras.15 De igual forma, cuando el diputado López de la Plata quiso fundamentar la petición de apoyo para la minería en Nueva Segovia, indicó que había conversado con el diputado de Honduras.16 Esto podría parecer irrelevante, pero en un análisis de la Independencia como un proceso que va más allá de una fecha -y por razones económicas más que políticas-, esto reflejaría los motivos por los cuales Comayagua, al fundar su diputación provincial por su cuenta y antes de la Independencia, estuvo negociando el apoyo de Nueva Segovia, Nicaragua, y por qué esta, posterior a ese hecho histórico, se unió a Honduras durante algún tiempo.17

Hay un caso concreto que demuestra que los diputados entendieron las diferentes fuerzas políticas que se movían en las Cortes y el choque que podía darse entre ellas, de manera que esto los hizo más sagaces para detectar cuál era la ruta más eficaz para promover un proyecto. En 1813 el Ayuntamiento de Guatemala, ante los problemas con el capitán José de Bustamante, decidió escribirle al diputado de Costa Rica para que tramitara y apoyara la queja que estaba presentando ante el Gobierno español, debido al fracaso de la mediación de su propio diputado Larrazábal. El diputado Castillo respondió que había hecho los trámites ante el Consejo de Estado, había hablado con el señor Aycinema -quien mostraba interés- y que estaría a la mira del éxito de la gestión. Sin embargo, indicó que si se presentaba algún obstáculo estaba «dispuesto a hacer en las Cortes una moción, pidiendo el expediente», pues creía que sacarían «mejor partido en el Congreso».18

Un diputado que corrió con poca suerte al presentar los proyectos fue el de Honduras. Su caso permite, una vez más, conocer los mecanismos internos de la Regencia y las dinámicas que ahí se daban. Además de que fueron pocos los proyectos presentados por el hondureño Morejón, y enfocados todos hacia los intereses mineros de la elite de Comayagua, la ruta elegida no fue la mejor, tanto porque no estaban bien fundamentados, como porque ignoró leyes que ya regulaban lo que pedía.

El informe sobre las propuestas de Morejón que el Consejo envió a los secretarios de las Cortes y que estos, a su vez, remitieron al secretario del Despacho de Hacienda de Indias, manifestó el rechazo a la propuesta de devolver la dirección de los puertos hondureños −que estaban bajo la administración de Guatemala− al gobernador intendente de Comayagua, por considerarlas incompletas y expresadas «en términos vagos». Asimismo, no aprobaron la propuesta porque sospechaban que ocultaba otros intereses y lo enunciaron de la siguiente manera: «callando cuidadosamente los motivos por qué estos dos puertos se separaron de Comayagua, envuelve seguramente alguna mira personal, puesto que no se especifica el beneficio que resultará de esta medida».19 Acto seguido, y debido al trabajo que estas propuestas de Morejón les produjo, cuando este diputado justificó la cuarta proposición de su proyecto citando una ley de Indias, el Consejo de Regencia expresó que «si el diputado proponente hubiera dicho en todas sus peticiones lo mismo, se hubiera excusado mucho trabajo, sin causarlo a los demás».20 Los términos del dictamen fueron enérgicos, pero para guardar el decoro no se expusieron de manera pública en las sesiones.

La forma de argumentar también fue un elemento importante para lograr un fin: exagerar las razones, agrandar la letra y dramatizar a través de la oratoria fueron recursos muy usados en la Colonia. El investigador debe ser consciente de esto para no sacar conclusiones apresuradas. En este sentido, es interesante resaltar cómo, dependiendo de lo que se buscara, una misma realidad se calificaba de distintas maneras. Tal es el caso de dos proyectos relacionados con Nicaragua. Para argumentar a favor de transformar el seminario de León en universidad, la autoridad eclesial habló muy bien del adelanto en la educación, de la calidad de sus cátedras, etc. Pero, para fundamentar el proyecto de darle a esa provincia una capitanía general y una audiencia, la autoridad civil habló muy mal de la calidad educativa de la misma institución, al punto de afirmar lo siguiente: «la juventud sin escuelas de primeras letras en muchos pueblos, el colegio Seminario sin cátedras (...)»21

Si se considera la autoría de los dos proyectos mencionados en el párrafo anterior, se puede encontrar alguna prueba para afirmar que las elites estaban divididas, ya no solo a nivel de localidades entre sí, sino en un mismo lugar, pues esta discrepancia de criterios responde a que la propuesta de la creación de la universidad siempre fue presentada por la autoridad eclesial, y la de la capitanía general por la autoridad civil. Con esto se constata una dinámica más complicada al interior de las elites que no permite llegar a conclusiones fáciles, como por ejemplo hasta ahora lo han hecho algunos historiadores­ al tratar el tema del criollismo de una manera bastante homogénea. Para fundamentar más esta idea no se debe olvidar que las dos propuestas fueron redactadas en el mismo año, y que la autoridad eclesiástica presentó su proyecto por medio del diputado costarricense, mientras que la autoridad civil lo hizo por medio del diputado nicaragüense López de la Plata.

Como último punto de este apartado, se anota que las autoridades de las provincias no dejaron de aprovechar cualquier medio y ocasión para reforzar las peticiones que presentaron a través de sus diputados. Uno de los casos más claros se observa cuando el ayuntamiento constitucional de Cartago, en marzo de 1814, al agradecer a las Cortes y a la Regencia el título que dio a la ciudad de «muy noble y muy leal», reforzó la solicitud de un obispado para Costa Rica.22

Cantidad de proyectos y sus temáticas

A pesar de que este no es el elemento esencial para esclarecer el objeto de estudio, algunos datos cuantitativos ayudan a entrar en el tema. De las clásicas listas de los proyectos presentados por los diputados de la región a favor de sus provincias citados en algunos libros, resultan algo más de 16 iniciativas.23 Sin embargo, por ahora, se han localizado 128 proyectos ideados con la intención de presentarlos a las Cortes (Benavides, 2014).24

Además de los proyectos tramitados por los diputados de las Cortes Extraordinarias, para la suma se han considerado aquellos proyectos encargados a algunos diputados propietarios que acudieron a las Cortes Ordinarias clausuradas en 1814 por el rey. No solo es válido tomarlos en cuenta porque fueron diputados elegidos constitucionalmente y lograron exhibir sus credenciales, sino porque hasta el mismo rey los incluyó en su petición del 17 de junio de 1814, dirigida a los congresistas americanos que todavía se encontraban en España, esto con el fin de que presentaran los proyectos pendientes. Tales son los casos de los diputados Fernando Antonio Dávila por Chiapas, José Cleto Montiel por Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango en Guatemala y el diputado José Santiago Milla por Honduras.25

La cantidad de proyectos fue mayor, pues al igual que en el caso de Nicaragua, donde varios pueblos dieron instrucciones a su diputado, es posible que muchos otros de las diferentes provincias también lo hicieran. Asimismo se ha encontrado un documento en el cual el ayuntamiento de la capital guatemalteca, el 16 de octubre de 1810, ideó siete propuestas antes de sus clásicas «Instrucciones».26

Los proyectos presentados por los diputados del Reino de Guatemala ofrecen muchas variantes, dependiendo desde dónde se les observe. Se pueden estudiar los de cada diputado de manera individual, los presentados en unión con otros, los referidos solamente a su provincia, los que tienen que ver con otra provincia, con toda América o con todo el Imperio, entre otros parámetros. Por ejemplo, el diputado por Guatemala, el sacerdote Antonio Larrazábal, sometió a consideración muy pocas propuestas por su provincia, pero sí formuló muchos proyectos relacionados con el resto de América o del Imperio, de manera que, de 33 proyectos relacionados con Guatemala, muy pocos fueron tramitados por él, el resto los presentó el diputado propietario de las Cortes Ordinarias elegido por Quetzaltenango y a favor de esta región, hecho que se puede leer en la ruta de su clásica búsqueda de separación de la capital guatemalteca.

Otro elemento a considerar sobre los proyectos presentados se refiere a las temáticas, pues es muy difícil que uno de ellos no esté relacionado con otros. Por ejemplo, cuando el padre Larrazábal expuso el proyecto de eliminar de las cajas de comunidad indígenas las pensiones que pesaban sobre ellas, el asunto se puede calificar como económico, indígena o sobre educación, pues los tres se relacionan y parten de un mismo proyecto. Decidir en qué campo ubicarlo sería interminable, eso sí, sería necesario un solo trabajo para aprovechar las relaciones entre ellos y su significado en aquella realidad. Por ejemplo, el tema indígena está especialmente relacionado con el de educación y el económico. Con base en estas variables, se presenta un resumen de los proyectos (véase cuadro 1):

De estos números se obtienen algunas conclusiones, en particular para explicar las escasas propuestas a favor de El Salvador y el gran número correspondiente a Guatemala. La reducida cantidad de proyectos sobre la primera provincia se explica por el poco interés de su diputado. Hasta que no se ubiquen las instrucciones que le dieron a Ávila,28 no se esclarecerá si estos fueron los únicos proyectos ideados por los salvadoreños.29 Aunque podría aducirse que su representante no mostró interés en este sentido, es posible que se deba más a la «timidez» expresada en su actuar general, pues solamente intervino en el plenario una vez para hacer estas dos peticiones, que de por sí iban juntas: un obispado y un seminario.30

El caso de Guatemala es más interesante y da claves para el tema que se analiza, pues se puede decir que Larrazábal casi no presentó de forma directa ningún proyecto para su provincia. Llama la atención que la mayor parte de sus intervenciones, en cuanto a proyectos, si bien afectarían positivamente la capital del reino, son propuestas para todo el Imperio o para toda América.31 Tan singular situación se debe a que, en cierta medida, la capital «no necesitaba nada», era la que dominaba la región y siempre se benefició de las otras provincias, por lo que estaba a la cabeza en cuanto a economía, educación, comercio y demás rubros. Tenía una universidad, casa de la moneda, hospitales, una Sociedad Económica de Amigos del País, el periódico la «Gazeta de Guatemala», un consulado, dominaba los puertos de Honduras, tenía una audiencia y un colegio de abogados. Era el centro del poder militar y sede de la Superintendencia del reino. También era sede del arzobispado, de quien eran sufragáneas las otras diócesis y tenía bajo su dirección a la provincia de El Salvador. Si se analiza el uso que la elite de la capital guatemalteca hizo de estas instituciones a su favor para dominar al resto de las provincias en diferentes campos, sin importar si lo lograba a través de métodos corruptos, en particular en lo económico, se comprende más aún que no necesitaba nada.

En el marco de esta tendencia de la capital del reino, debe aclararse algo sobre su diputado Larrazábal, quien no pudo separarse del todo de estos intereses capitalinos. En algunos momentos lo hizo, pero en otros no. El caso de los proyectos de Quetzaltenango lo muestra claramente. Si bien el padre Larrazábal escribió al ayuntamiento quetzalteco a mediados de 1812 para comunicarle que había recibido las instrucciones sobre sus proyectos, le indicó que muchos de ellos ya estaban contemplados por la Constitución, por lo que no los presentó de manera exclusiva,32 por ejemplo, la creación de más ayuntamientos y de una Junta provincial. Sin embargo, se nota que aquellos que chocaban más abiertamente con los intereses de la capital no los tramitó, como fue la propuesta de repartir mejor las rentas de los obispados y crear un obispado en Quetzaltenango.33

En las Cortes Ordinarias (1813-1814) sucedió algo que aclara aún más el actuar del diputado de Guatemala y la lógica política que representaba. En las Cortes Extraordinarias se eligió un diputado por cada provincia, pero para las Ordinarias se modificó el sistema, de manera que ahora una provincia podía tener más diputados de acuerdo con la cantidad de habitantes. Esto explica la razón por la cual llegó a España el diputado José Cleto Montiel, nombrado por Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango, quien presentó siete proyectos, todos a favor de estos pueblos de manera directa, por ejemplo la petición de una intendencia y un obispado para Quetzaltenango.34 Es decir, las zonas inmediatas a la capital del reino, dentro del territorio de su provincia «sí tenían necesidades», de ahí la reivindicación manifestada desde el inicio de las Cortes Extraordinarias por el diputado Florencio Castillo, en el sentido de que esas poblaciones guatemaltecas contaran con un diputado para este fin.35

Al igual que en el resto de América, los gobiernos y poblaciones de las provincias del Reino de Guatemala buscaron el progreso en distintos campos. Habían luchado por esto desde mucho tiempo atrás pero sin éxito, por lo que aprovecharon la oportunidad que les daban las Cortes.

Hay varios proyectos vinculados con la cuestión política y de gobierno, algunos de ellos relacionados con los poderes de los jefes políticos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Los pocos proyectos que los historiadores han abordado han sido interpretados fuertemente desde la teoría de la búsqueda de la autonomía, pero no como búsqueda de la Independencia, enmarcados casi siempre en la lucha que se dio entre el ayuntamiento de la capital guatemalteca (criollismo) y el capitán general José de Bustamante (peninsularismo).

Hay elementos que falsean ese tipo de interpretaciones, pues se olvidan que temas como las diputaciones provinciales fueron decretados para todo el Imperio, y no solo para Guatemala, lo cual obliga a una interpretación en un marco geográfico y político más amplio. Además, la lectura equivocada que se hace de este organismo, reducida al Reino de Guatemala, entra en contradicción con elementos básicos de la misma, pues si el ayuntamiento guatemalteco defendió la diputación como refugio de sus intereses frente al Capitán Bustamante, esta institución los afectaba, ya que por ley muchas de sus directrices iban directamente en su contra, por ejemplo, la abolición de los cargos perpetuos y vendibles, las elecciones populares, el que entre los elegidos debía haber representantes de las periferias, el hecho de que sus cargos se ejercieran sin recibir sueldo, entre otros. Como otro ejemplo de la contradicción de la teoría antes mencionada, es interesante indicar que, si la lucha por la diputación en 1813 y 1814 por parte del ayuntamiento de la Capital se explica como un combate por la autonomía, precisamente estas y otras características llevaron al ayuntamiento a tener serios choques con la diputación de 1820 y 1821 en la dirección contraria. Con esto se comprueba que son otras las razones que los motivan.36

Si esto sucede con los proyectos generales, se comprueba mucho más en las iniciativas locales de las periferias de los centros de poder, las cuales se analizan a continuación.

La cantidad de proyectos relacionados con la economía en sus diferentes componentes como la agricultura, el comercio, los puertos, la industria, etc., podrían interpretarse desde los intereses de las elites con miras a una independencia, y como si estas fueran un bloque compacto. No obstante, esta conclusión a la que han llegado muchos historiadores sobre la región centroamericana no es tan cierta, pues si se combina la materia de cada proyecto con su autoría, la justificación que dieron y el agente que los presentó en las sesiones de las Cortes, aparecen matices en otras direcciones, y se vislumbra que estos sectores privilegiados de la sociedad no eran un grupo tan homogéneo. Se pueden apuntar como ejemplo, además de varios ya anotados, los proyectos del diputado Castillo sobre las mitas y otras cargas que pesaban sobre los indígenas, cuya abolición afectaba directamente a los intereses de las elites americanas, así como pedir que se extendiera la abolición de cargos vendibles y perpetuos a más sectores de la función pública (Benavides 2010:455-459, 295-310).

Las iniciativas relacionadas con los indígenas que fueron presentadas en las Cortes −tomando en cuenta el contenido, sus autores y los diputados que las expusieron− refuerzan la idea sobre la heterogeneidad del grupo de la elite americana y la dificultad de ponerlo al servicio de la búsqueda de la autonomía o de la independencia.

En primer lugar, se debe aclarar que, así como en los proyectos a favor de los indígenas se pueden encontrar relaciones con otros campos, en una gran cantidad de iniciativas sobre otras materias hay elementos alusivos a ellos. Considerarlos desde estas dos variables permite una lectura más real sobre lo actuado en las Cortes a su favor, pues si se tomaran en cuenta los referidos a ellos de forma exclusiva, resultarían ser muy pocos proyectos, pero si se les relaciona con otras propuestas en el campo económico, religioso y educativo, sumarían más de los 22 que se anotaron en la tabla resumen (véase cuadro 1). Estos van desde buscar el impulso de las misiones y una reforma agraria, pasando por el énfasis especial en el campo educativo, la defensa de los ramos de sus bienes comunitarios, hasta liberarlos de las cargas que pesaban sobre ellos, entre otros.37

Asombra la gran preocupación que existe por los indígenas, pero asombra más que las iniciativas a su favor estuvieron regularmente en manos de los diputados pertenecientes al clero, los del estado laical38 no mostraron el mismo interés. Ya se ha mencionado algo sobre el actuar de los diputados de Honduras y El Salvador, falta anotar que López de la Plata, representante de Nicaragua y abogado, no hizo mucho por ellos, y se limitó a presentar al rey el pliego de peticiones de Sutiava en 1814, pero antes no las había promovido.

En cambio, los sacerdotes Mariano Robles, Antonio Larrazábal, Florencio Castillo, Fernando Antonio Dávila y Cleto Montiel se interesaron realmente por este sector de la población, con una particularidad aún más valiosa pues no solo presentaron los proyectos que les propusieron en las instrucciones, sino que por su cuenta fueron autores de muchos más. Es interesante que a este impulso de los diputados sacerdotes se le unan otros de autoridades de la Iglesia, por ejemplo, la lucha del obispo de Nicaragua para dotar con becas a los indígenas, propuesta presentada directamente al Consejo de Indias sin pasar por el diputado ni por las Cortes.39

La explicación de esta realidad se podría encontrar tanto en el Evangelio, fundamento de su tarea sacerdotal, como en su mayor contacto con la realidad del pueblo a través de su actividad pastoral.

También se concluye que los diputados de la región que no pertenecían al clero, tendieron a favorecer los proyectos de las elites de las cuales formaban parte (Benavides, 2019a). Por ejemplo, gran parte del trabajo del diputado López de la Plata, fue conseguir honores para las principales autoridades de su provincia, así como presentar en primer lugar los proyectos que esos mismos grupos privilegiados diseñaron, tales como una capitanía y una audiencia para Nicaragua.40

El horizonte en torno a la variedad de elementos que ofrecen los proyectos del Reino de Guatemala se ensancha si se contemplan las iniciativas relacionadas con los negros y mulatos. Son los menos, pero son significativos en cuanto a lo variado de la dinámica social de aquel entonces. Aparte de la cantidad de temas y situaciones que salieron a flote en las Cortes y en medio de las discusiones y luchas para que esta parte de la población obtuviera la ciudadanía, se presentaron cinco proyectos que los implicaban directamente. Entre los cuales, por ejemplo, en noviembre de 1811 Quetzaltenango pidió la abolición de la esclavitud.41

En la misma dirección se encuentra la siguiente propuesta del diputado Castillo, presentada después del fracaso de la lucha para que se les otorgara la ciudadanía a los negros y mulatos. Basado en la única opción posible para adquirir este derecho, la «puerta de los méritos» según la Constitución de 1812, este diputado propuso una serie de normas que permitiera a negros y mulatos acceder a campos que antes les estaban vedados y así poder hacer méritos tales como matricularse en las universidades y seminarios, poder ingresar a los conventos masculinos y a otras corporaciones.42

Otro proyecto afrodescendiente permite visualizar el dinamismo que inyectó la Constitución de Cádiz a los actores sociales, pues en octubre de 1812 los negros y mulatos de Costa Rica prepararon un expediente con testimonios sobre sus méritos y servicios, antiguos y recientes, para conseguir la ciudadanía según se los permitía el artículo 22 de aquella Constitución.43 Este proyecto es significativo pues es iniciativa total de esos grupos y demuestra la existencia de un agente más, nada pasivo, en la dinámica social, que se agrega al conjunto de fuerzas que impide un análisis rápido y uniformizante de los acontecimientos de la época.

¿Eran realmente las elites centroamericanas las autoras de los proyectos?

Observar a los autores de los proyectos permite vislumbrar si las elites centroamericanas se constituyeron en el sector que direccionó el proceso, y si pretendían una mayor autonomía. Por lo regular, para defender su teoría política de la autonomía los estudios citados atribuyen a este sector toda la iniciativa.44 Sin embargo, se encuentran dificultades para sostener esta posición, pues los autores de los proyectos resultan ser personajes más variados.

En primer lugar, hay que mencionar que no se han identificado los autores de varios proyectos. Respecto a las autorías se ha dicho que fueron los ayuntamientos, sin embargo, en gran medida esto no es cierto por los casos ya apuntados, a lo cual se agrega que muchas veces fueron hechos por los síndicos en consulta con el pueblo y, además, en ocasiones las instrucciones se las encargaron a otras personas, tal como lo hizo Quetzaltenango en 1810, que se las solicitó al doctor y fraile Mariano José López Rayón, quien incluso no estaba dentro de la geografía quetzalteca, pues era el vicario foráneo del obispo, y residía en San Pedro Sacatepéquez.45 A finales de 1811, lo que hizo el síndico fue agregar algunos artículos a las instrucciones formadas por el fraile.

Si se parte de la idea de que los sectores de las elites eran los gestores de los proyectos, no solo se comprueba que no formaban un bloque a nivel regional, sino que, dentro de una misma provincia estaban divididos, lo cual impide formular más conclusiones apoyadas en esta línea de teorías unificadoras. Además, no fueron los únicos autores de estas iniciativas. El caso de Nicaragua resulta esclarecedor, pues además de que hubo varios pueblos que presentaron peticiones, no necesariamente todos eran de la elite, como por ejemplo los indígenas de Sutiava. En esta misma dirección la experiencia de Chiapas merece atención, pero se analizará más adelante.

En cuanto a la autoría de los proyectos hay que apuntar otro elemento. Los diputados podían presentar proyectos de su autoría de acuerdo con el panorama de las Cortes, apoyados en sus intereses y capacidades. Esta situación se manifiesta de manera más clara en las actuaciones del padre Florencio Castillo, quien propuso la creación de una diputación provincial para Nicaragua, iniciativa de su exclusiva autoría,46 por la cual luchó solo pues los demás diputados de la región no lo respaldaron en un tema tan importante para la zona.47 Seguir hablando de la elite de estos pueblos como uno de los motores fundamentales de estas transformaciones tiene sus inconvenientes, pues en el ejemplo apuntado, la elite costarricense no estaba detrás de la posición de su diputado,48 y la nicaragüense tenía su propio proyecto en torno a lograr una capitanía general y una audiencia para su provincia de acuerdo con el sistema de gobierno anterior. Por lo menos, y según se revela en estos datos, debe reconocerse que el tema es mucho más complicado y menos uniforme de lo que hasta ahora se ha dicho.

¿Se puede hacer una interpretación política de los proyectos en la línea de la búsqueda de la autonomía o de la independencia?

A partir de los proyectos analizados en este artículo, la respuesta a esta pregunta, sea cual sea, debe ser con precaución, pues la variedad de estas propuestas, los distintos autores y la multitud de regiones no permiten una sola. Si se decide seguir hablando de búsqueda de la autonomía, debe enfatizarse que no es frente a España, sino frente a poderes locales en la región, pues aun después de la Independencia las provincias no se conciben a sí mismas sin pertenecer a una unidad gubernativa superior. Asimismo, se comprueba que más que estar en función de ideas políticas, responden a ideas económicas y otros ámbitos, pues buscaban más el progreso que la autonomía en la línea política, tanto que San Salvador, aun después de la Independencia y a pesar de su férrea separación frente a Guatemala, en campos como los juicios de segunda y tercera instancia quiso seguir dependiendo de la Audiencia de aquella capital.49

Las justificaciones dadas por las autoridades de cada una de las provincias del Reino de Guatemala al presentar sus proyectos, la reacción ante las decisiones de las Cortes sobre algunos de ellos y el ejemplo del conjunto de estas iniciativas dentro de algunas de esas provincias −que se analizan a continuación−, vierten realidades interesantes que se alejan del análisis político que hasta ahora ha dominado y de las ideas, fácilmente generalizadoras, que se han aplicado.

En cuanto a las justificaciones de los proyectos, si bien en algunas se pueden encontrar intereses muy marcados de algunas elites −como las propuestas de Morejón para Honduras−, en otras se observa que muchos sectores trataban de solucionar las dificultades que existían para el buen gobierno de estas sociedades, causadas por acciones que van desde la corrupción hasta el problema de las grandes distancias que mediaban en la región. Las Cortes de Cádiz fueron una oportunidad muy valiosa para tratar de superar esas limitaciones a través de una Constitución y del resto de leyes que la implementaban. No están pensando en independencia, reconocen lo importante del poder de la Corona así como lo acertado de muchas antiguas y nuevas leyes en bien de América.50

Las instrucciones dadas a los diputados son una primera muestra de esto, pues aprovechaban la posibilidad de comunicarse «en derechura» con el Gobierno central, conscientes del atraso que producía la estructura anterior y que hacía pasar estas iniciativas por varias instituciones en la región, las cuales no solo alargaban el proceso burocrático sino que mezclaban sus intereses para demorar la aprobación de algo, impedirlo o condicionarlo, mediante el uso de recursos poco honestos, hasta el punto de llegar a desaparecer un expediente, lo cual afectaba más a las periferias que a los centros de poder del reino. Estas acciones corruptas eran fáciles de realizar por una condición que, curiosamente, el decreto que convocaba a Cortes a estas colonias reconoció de forma directa, pues al hablar del yugo que padecían estas provincias se dijo que se volvía más pesado cuanto «más distante estabais del centro del poder», en cambio, ahora sus destinos no dependían «ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores: están en vuestras manos».51

Tal vez el ejemplo más evidente en esta dirección son las cartas del diputado costarricense Florencio Castillo dirigidas a la autoridad costarricense para comentar la aprobación del proyecto de apertura del puerto de Matina en el Caribe de Costa Rica. No solo se alegraba de esta conquista porque «hubiera costado en otro tiempo muchos pasos y dineros y mucha paciencia», sino que, al comprender el conflicto regional, les dijo que «más que le pese a los monopolistas de Guatemala, sostenga por vuestra señoría y aprovéchese de ella fomentando el cacao, trigo y todos los frutos preciosos de ese país que tomarán mucha estimación y enriquecerán ese país con la apertura del puerto».52 En otra carta posterior expresó una idea semejante: «es necesario que anden muy listos para que los monopolistas de la capital no entorpezcan la apertura del puerto de Matina».53

El diputado costarricense tenía muy clara la geopolítica de la región y sabía que el sistema anterior estaba atrofiado en su funcionamiento por fuerzas locales, por lo que no es de extrañar que, en temas como la formación de la diputación provincial de Nicaragua, a la que estaría unida Costa Rica, hiciera las siguientes advertencias a sus compatriotas:

componiéndose de siete individuos la diputación tocarán 3 por lo menos a esa Provincia (…). Digo esto porque como conozco la arbitrariedad con que se procede en las capitales, acostumbradas a oprimir a las provincias, me recelo (…) que quieran tomarse en León más número de individuos que los cuatro que le corresponden de la diputación provincial por ser mayor su población.54

Si se tiene en cuenta que para el diputado costarricense la tarea de las diputaciones provinciales era similar a las sociedades económicas de Amigos del País,55 encargadas solamente de motivar el progreso de los pueblos en diferentes campos sin inmiscuirse en lo político, se percibe a la perfección que la preocupación no era política, sino que estaba orientada hacia el fomento del progreso de las provincias.

Estas mismas ideas se visualizan en la reacción del diputado Morejón, cuando la mayoría de sus proposiciones fueron rechazadas y unas pocas eran sometidas a la consideración del Capitán general y de la diputación de Guatemala:

Los intereses de las capitales están en continua oposición con los de los partidos adyacentes, la propensión de defraudarse y oprimirse éstos y aquéllos es recíproca, más el vencimiento y superioridad favorece siempre a las capitales, porque el brazo del gobierno las auxilia en la lucha (...) La comisión da lugar al ejercicio de tal influencia; influencia que importa nada menos que la tiranía interior, mal funesto, que para ahogarlo no basta el equilibrio de fuerzas, preciso es que haya una inclinación a favor de los pueblos que hasta ahora fueron oprimidos (...) Más ¿qué podrá decidir la diputación provincial en la actual cuestión? (...) La diputación residirá en Guatemala, éstas simples reflexiones harán conocer a Vuestra Majestad cuál será el resultado de las decisiones de la diputación provincial.56

Una constante en el conjunto de los 128 proyectos es que esta reacción contra los centros de poder en la región aparece más en los proyectos del campo económico. Esto no quiere decir que en otras áreas no esté presente esa realidad, por ejemplo, en aquellos que buscaban la oportunidad de la educación para los indígenas, o al interior de una provincia frente a las fuerzas locales, pero nunca es tan violenta y directa como en la materia económica.

La propensión a valerse de las Cortes de Cádiz para defenderse o liberarse de los centros de poder más cercanos, tiene en la región una complejidad muy dinámica. Ha quedado clara esta tendencia de las provincias frente a la capital guatemalteca y a León, capital de Nicaragua. Por su parte, el caso de Chiapas permite ver nuevos matices dentro del mismo marco de acción.57

Los proyectos presentados por el diputado Mariano Robles y el diputado Fernando Antonio Dávila suman veintidós, de los cuales cinco abordaban temas económicos y otros cinco, religiosos, seguidos por cinco en el campo de la educación. De las iniciativas en estos tres campos, seis proyectos afectan directamente a los indígenas, aunque en los otros casos hay una relación indirecta con esta parte de la población.

El primer proyecto que presentó Mariano Robles estaba relacionado con los indígenas productores de tabaco y se comprueba que es una propuesta surgida directamente desde ellos, la cual inició con una fuerte denuncia por las injusticias con que eran tratados por la factoría de tabaco y sus delegados. Con claridad, el diputado expresó en las sesiones que cuando recién había sido nombrado diputado, acudieron a él los indígenas para manifestarle esta inquietud con el propósito de que los defendiera ante las Cortes, y que pudo ser testigo de esos hechos en su paso por varios pueblos del partido de la Guardiana cuando se encaminaba al puerto que lo llevaría a España.58

Si bien este artículo ha matizado bastante la preponderancia que se le ha dado a la elite criolla para leer lo que pasó en los tiempos de las Cortes de Cádiz, estos casos de Chiapas comprueban, una vez más, que no se puede seguir en esa línea. Existieron muchos más actores sociales que manifestaron sus ideas, denunciaron abusos e, incluso, en el conjunto de diputados se refleja esa tendencia, pues como se mencionó, los congresistas que eran sacerdotes se distinguieron por su lucha a favor de los indígenas. Leer las Cortes solamente como una lucha por la autonomía y una confrontación anticolonial de América frente a España a la manera de Manuel Chust no tiene validez, si no para el caso de todas sus provincias, sí para gran parte de ellas, ya que incluso en un territorio tan pequeño como el Reino de Guatemala se debilita la fuerza de esta interpretación histórica.

Por su parte, la división al interior de la elite de Chiapas también se puede ver en el tema del dinero de la Iglesia. Al presentar su proyecto, el obispo de Ciudad Real y el diputado denunciaron que los mayordomos del tesoro de la catedral, nombrados por el real patronato, no respetaban la autoridad eclesial y se habían apropiado de sus bienes procedentes de los diezmos, expolios de los obispos y de las vacantes menores y mayores.59 Tanto el intendente Junquito como el tesorero de la Real Hacienda Luis Antonio García, estaban comprometidos protegiendo al mayordomo de los diezmos Manuel Rojas, y no hacían cumplir las leyes. Por esta razón, pidieron la suspensión de todas las autoridades y que el Capitán General de Guatemala enviara a un comisionado. En este caso, se presentan tres autoridades enfrentadas en el mismo lugar: la peninsular, la criolla y la eclesiástica, que incluye al clero local, con roces entre ellos, y al obispo, que era peninsular. La causa del problema fue expuesta por el padre Robles en los siguientes términos:

[…] cuando los ejecutores de ellas [las leyes], lejos de llevarlas a efecto, son los primeros infractores, exasperan a los pueblos y los conducen a su total ruina y exterminio [...] por el escandaloso despotismo y arbitrariedad de los mandantes [...] por la infracción que impunemente y con interpretaciones arbitrarias hacían de las leyes las Audiencias, presidentes, alcaldes mayores, intendentes, asesores, etc.60

Denuncias iguales hace el padre Fernando Dávila en 1814, al acusar a los intendentes que terminaban dedicándose al comercio...

hasta de géneros prohibidos, convirtiéndose los primeros jefes en primeros mercaderes y contrabandistas de la provincia, y tal vez sin rubor, ni miramiento, se emplean en el odioso ejercicio de monopolistas aún de los efectos más ínfimos que acopian por terceras manos con perjuicio indecible de muchos pobres particulares.61

Este caso de Chiapas permite ejemplificar una vez más lo que se ha mencionado en este artículo. La ruta económica a través de estos proyectos permite explicar los conflictos de estas sociedades en el paso de la Colonia a la Federación de mejor manera que la ruta política −generalizadora− que ha dominado los estudios, los cuales dividen a los actores rápidamente entre conservadores y liberales, monarquistas o republicanos, serviles o patriotas, «mexicanistas o chiapalibres». Las verdaderas razones son otras y se esconden detrás de lo político, lo cual explica no solo las divisiones posteriores a la Independencia, sino también el que los mismos actores, antes y después de la emancipación, se adapten a los diferentes sistemas con cierta facilidad y en medio de conflictos para seguir protegiendo sus intereses.

Las nuevas investigaciones han tratado de enmendar estos errores, pero no siempre lo logran. El extenso y serio estudio de Mario Vázquez (2018) y los de Úrsula Torres (2014, 2017), intentan tomar en cuenta no solo estos proyectos sino un periodo más amplio para interpretar la Independencia y la post-independencia, y encuentra claves importantes, sin embargo considero que, por un lado, faltó ahondar en estos proyectos de las Cortes de Cádiz y en las justificaciones dadas y, por otro lado, poco a poco van abandonando esta veta para tomar la ruta política después de la Independencia, tanto al interior de Chiapas como al exterior en cuanto a su anexión a México y los efectos de los lideratos de la capital sobre ellos.

A pesar de que Torres (2014, 2017) expone con detalle lo sucedido entre el ayuntamiento y el asesor legal Valero y muestra el papel tan importante de la economía, no aborda del todo este elemento medular para observar el accionar político de estas elites, así como sus parentescos familiares en las décadas siguientes.

Por su parte, los proyectos de Chiapas y sus justificaciones matizan bastante la propuesta presentada por Vázquez (2018) sobre la posición política de la elite de Ciudad Real en varios aspectos. Por ejemplo, en el proyecto sobre el dinero del diezmo de la Iglesia se hace una denuncia sobre la corrupción de los encargados de Hacienda, líderes de la lucha contra Valero, incluido el intendente, hecho que no facilita sostener la afirmación de que la elección del padre Mariano Robles se deba a la influencia del obispo y del intendente (Vázquez 2018:66), pues este último es denunciado junto con otros funcionarios. Además, casi siempre los intendentes se sometieron a la elite de Ciudad Real. El largo tiempo de denuncias contra este abuso de las autoridades civiles sobre los diezmos y los pleitos legales que se interpusieron,62 muestra que el asunto era bastante conocido por las autoridades civiles y religiosas, con la consecuente división entre ellos, lo que no permite una unión tan fácil del intendente y el obispo para influir en esta elección.

Abordar estos proyectos presentados en las Cortes de Cádiz en una cronología más amplia permite matizar las conclusiones de Vázquez, pues al analizar las instrucciones que dieron a su diputado en 1820, el autor supone el inicio de un proceso distinto a los anteriores debido a una atmósfera libre de la amenaza de los insurgentes y del control estrecho y censurado del gobierno de Bustamante en la capital guatemalteca (Vázquez, 2018:76). Sin embargo, tanto estas instrucciones como las de 1813 tienen un largo camino en el tiempo de la Intendencia y se encuentran varios de sus puntos en, por ejemplo, el informe del intendente Agustín de las Cuentas Zayas en 1792, con miradas bien claras hacia el norte, con rutas de comunicación hacia Tabasco para conectarse con Veracruz. Plan aprobado, además, por el ayuntamiento de Ciudad Real y contando con el informe de varias autoridades de esa Intendencia.63

Estos proyectos y en especial sus denuncias, responden a un largo caminar de las regiones periféricas con el peso de las acciones explotadoras de la elite de Ciudad Real, como las realizadas por José María Robles, quien se aprovechaba del dinero de los tributos que recogió antes del establecimiento de los subdelegados en varios partidos de Chiapas y que todavía en 1800 no había entregado, sin que José Mariano Valero pudiera someterlo a juicio por la protección del contador Luis Antonio García y el tesorero Cayetano Benítez. Valero también reportó en esta ocasión que el partido de Corona lo tenía demandado por haberlos despojado de sus arcas y de las existencias de maíz.64 También, en 1795, Bernardo Domínguez, un funcionario de Hacienda proveniente de Guatemala, al hacer una consulta sobre la legalidad de dobles nombramientos que el intendente Cuentas Sayas hizo en la persona de Luis Antonio García, deja ver la corrupción que había en la recolección y uso del dinero del rey, así como el maltrato contra los indios.65

La antigüedad de esta situación ya forma parte de la vida de Chiapas, y conocerla no solo ilumina el antes y el momento de la Independencia, sino lo que sucedido en Chiapas por varias décadas. Por ejemplo, Vázquez hace varias preguntas para mostrar el cambio que hubo entre una posición inicial bastante uniforme de los partidos chiapanecos por anexarse a México, a una posición en que Ciudad Real siguió en esta ruta, pero los otros lucharon por una independencia total de Chiapas. La respuesta que ensaya es bastante interesante y con elementos comprobables a nivel histórico (Vázquez, 2018:101-105), pero hubiera encontrado pistas más certeras en el contexto que los proyectos presentados en las Cortes de Cádiz reflejan. Los siguientes elementos lo muestran.

El por qué al inicio las periferias estuvieron de acuerdo con separarse de Guatemala y unirse a México, responde a una larga experiencia de cuando acudieron a Guatemala para defenderse de los explotadores de Ciudad Real y no fueron escuchados. En ese momento, unirse a México era la opción, no solo con la esperanza de que la situación se resolviera, sino que no podían quedarse solos. Sin embargo, conforme avanzó el proceso del Imperio mexicano, esta esperanza se debilitó, pues por falta de conocimientos sobre el Reino de Guatemala,66 Iturbide no comprendió la problemática de aquella provincia y tomó decisiones que volvían a la ruta antigua, por ejemplo, los cabecillas de la corrupción a nivel de Hacienda, quienes protegían a los otros actores, fueron colocados como jefes políticos: Manuel José de Rojas y Luis Antonio García. La elite de Ciudad Real opta claramente por México para protegerse, pues además del desconocimiento que padecían los mexicanos, podían negociar nuevas alianzas para no solo no ser juzgados por sus acciones, sino defender sus intereses, lo que no hubiera sucedido si se unían a Guatemala donde eran bien conocidos, habían denuncias y juicios pendientes, con el peligro de que ahí triunfaran en el gobierno nuevos actores que ya no los protegieran, además de los imprevistos provocados por un cambio de estructura de gobierno democrático republicano.67

La realidad mostrada por los proyectos en las Cortes de Cádiz explica mejor aquellas acciones, pues las periferias chiapanecas se decepcionaron de México y llevaban tiempo de no creer en Guatemala, la opción era independizarse de ambos. Esta veta es explorada por los investigadores mencionados, sin embargo, no se aprovecha su alcance para evidenciar una de las claves principales y dimensionar cómo siguió marcando por varias décadas, la historia posterior a la Independencia. La abandonan pronto y, como ya se mencionó, la sustituyen por la lectura política con el ingrediente de que los hechos del centro de México también los fueron condicionando en su actuar, tal como sucedió en Oaxaca (Benavides, 2013).

De vuelta a los proyectos de Chiapas, al igual que en las demás provincias del reino, se nota una variante en la justificación de los proyectos dependiendo de quién fuera su autor, lo que también manifiesta la división interna de la elite local. Cuando la justificación es hecha por una corporación como un ayuntamiento o una diputación provincial, los términos son más moderados a la hora de indicar la causa de la ineficiencia; pero cuando lo hace otro sector, la denuncia es mucho más violenta. Hay que resaltar que en esta última línea se distinguen los diputados que eran sacerdotes, aspecto que se vuelve más interesante por el hecho de que la mayoría pertenecía al alto clero. Las Cortes de Cádiz fueron un escenario en donde América pudo hablar con libertad frente a los tradicionales mecanismos de comunicación que no permitían este tipo de denuncias de forma tan clara y para todos los sectores.

Sirva como ejemplo de lo anterior la denuncia y propuesta de solución hecha por el padre Dávila sobre un problema relacionado con la misión de la Iglesia. La atención pastoral de los pueblos era muy deficiente por la escasez de clero dado que los religiosos no solo no traían frailes de Europa, sino que tampoco admitían que el obispo colocara a algunos de sus frailes como párrocos, según se lo permitía la ley, pero además y en especial, porque se había entablado un negocio entre los miembros del cabildo catedralicio y los sacerdotes interinos. Una real cédula de 1761 permitió la creación de vicarías en lugar de parroquias y el diputado hizo la siguiente denuncia sobre ese sistema:

El primer inconveniente que se presenta desde luego a la vista es que los vicarios sean nombrados por los canónigos interesados en los productos de los beneficios, porque es muy común que ni falten sacerdotes quienes a trueque de granjearse la gracia de los canónigos (gracia poderosa en América, y poderosísima en tiempos de sede vacante) se brindan a servir las vicarías, ofreciendo mayor contribución a la catedral, esperanzados en que a esfuerzos de ser rigurosos extractores de los derechos parroquiales, verificarán sus ofertas, ni en los cabildos suelen faltar individuos que influyan y determinen a que por todo el cuerpo se escuchen y admitan semejantes proposiciones indignas. ¡Qué no puede la fuerza del oro!68

Por medio de los vicarios, el producto de los beneficios parroquiales iba al cabildo catedralicio y, en caso de nombrar párrocos, estos serían los destinatarios del dinero. Este sistema provocaba que el peso de esas acciones cayera sobre los pobres feligreses, por lo que el diputado pidió que se aboliera la ley que lo permitió y que las vicarías se convirtieran en parroquias a las que se les nombrara un sacerdote permanente.

Así como estos, hay muchos proyectos en cada provincia que manifiestan una realidad más compleja que la que se patentiza en las actas de las sesiones de las Cortes, sobre las cuales se han basado muchas investigaciones, dando pie a teorías políticas que facilitan una lectura de ese tipo, pero que no permiten ver una situación más real y determinante en la vida de las colonias, la cual está conformada por hechos económicos, comerciales, culturales y religiosos, más que por ideas políticas.

Las otras provincias muestran la misma división al interior de las elites. Es de resaltar que el único caso que se sale de la norma es Costa Rica, en donde no se han detectado mayores fracturas, ya que por lo menos en la presentación y justificación de los proyectos esto no se ve y están unidos frente a quien consideran el causante del problema: Nicaragua.

Progreso ilustrado para cada provincia

Si se quiere continuar con el análisis de la participación del Reino de Guatemala en las Cortes de Cádiz desde la teoría de la búsqueda de la autonomía, por lo menos se debe reconocer que esta ruta no se puede absolutizar y para guardar el equilibrio se debe agregar lo siguiente. Las tendencias que se manifiestan en los proyectos no eran contra España, sino frente a los centros de poder de la región. Esta última aseveración tampoco debe sobredimensionarse, pues muchos de los proyectos que se pretendieron concretizar forman parte de un proceso más largo, tenían sus raíces en el inicio de la Colonia, y por razones menos polémicas en comparación con las que se fueron agregando. Las investigaciones realizadas hasta ahora no han considerado este largo periodo, mucho menos las de procedencia europea, que casi siempre se reducen a la cronología del Congreso Gaditano. Y las que se desarrollan en la región muchas veces recurren de forma acelerada a entenderlas como manifestaciones del autonomismo para explicar forzadamente algún hecho de las dos primeras décadas del siglo XIX, en especial las investigaciones de corta duración.69

Una de las trampas en las que han caído algunos autores, para ubicarse fácilmente en esta tendencia, es suponer que el Reino de Guatemala conformaba una unidad,70 lo cual no es cierto, pues aunque de manera oficial en la estructura de la Corona así apareciera, eran pocos los aspectos de gobierno que realmente contemplaba, tal como fue el poder militar del Capitán General, muy unido al de Hacienda a través de la Superintendencia por su relación con los gastos de guerra, así como porque en su capital estaba la sede de la audiencia, a donde se debía recurrir para casos de segunda y tercera instancia, entre otros temas de consulta.71

Desde el inicio de la Colonia las diferentes provincias se perfilaron como unidades concretas y adquirieron cada vez más conciencia de una identidad propia por diversas causas, algunas económicas, otras políticas, otras religiosas, por no mencionar las diferentes etnias que las habitaron, los procesos de mestizaje, sus recursos naturales, las distancias entre sí y mucho más la distancia frente a la capital del reino. Estos elementos cobraron nueva fuerza con la instauración del sistema de intendencias. Ese pasado no necesita de la lectura autonomista para explicarse, es un proceso natural propio del procedimiento colonizador, por el cual se encarga a las autoridades locales buscar la explotación del lugar y su progreso, encargo al que se van integrando los grupos locales con sus intereses. En el siglo XVIII, el aspecto económico y comercial contribuyó fuertemente para enfatizar esos elementos diferenciadores y fortalecer los recelos frente a los centros de poder (Wortman, 1991).

Basados en estas razones, no se puede llamar tendencia autonomista −como se ha entendido en torno a las Cortes de Cádiz− al intento de Costa Rica por desligarse de la audiencia de Guatemala y pertenecer a la de Panamá ya desde 1609,72 por causas de distancia, aunque detrás hubiera también motivaciones comerciales. El mismo calificativo no se puede aplicar a la petición de Costa Rica y de El Salvador de un obispado para su territorio, pues lo hicieron desde los primeros tiempos coloniales,73 mucho menos darle el énfasis que en la línea de un autogobierno le confieren Xiomara Avendaño y Norma Hernández (2014:113, 143, 153), afirmando que el ser Intendencia le daba derecho a tener un obispado, lo cual no es cierto, y en todo caso, las autoras no citan la ordenanza que así lo estipulaba.74

Al igual que estos proyectos antiguos que no responden a la búsqueda de la autonomía sino a mejorar la eficacia del gobierno a través de la estructura existente, hay otras iniciativas basadas en un modelo de desarrollo regional a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por ejemplo, el plan de convertir al seminario de León, Nicaragua, en universidad, o la fundación de la escuela de Santo Tomás en la ciudad de San José, Costa Rica, se inspiraron en la revolución educativa que ya se experimentaba desde los conventos y la Universidad de Guatemala,75 así como la lucha del obispo de Nicaragua por la becas en favor de los indígenas, a la que se le debe agregar la petición de becas que los indios de Chinandega hicieron al rey en 1802.76 Estos casos permiten ampliar el horizonte, y sin negar que en varios proyectos se evidenció una reacción de las periferias frente a los centros de poder regional, no se pueden entender ni las Cortes de Cádiz ni el proceso regional desde una absolutización de la teoría de la búsqueda de las autonomías.

En esta línea, otro ejemplo cercano al tiempo de las Cortes es la consulta que le hace la Corona al diputado Castillo, de Costa Rica, sobre unos proyectos presentados a principios del siglo XIX por Ramón Anguiano en favor de la provincia de Honduras, cumpliendo con la tarea que le imponía el cargo de Gobernador Intendente. No fueron ideados por el ayuntamiento de Comayagua y mucho menos como instrucciones a su diputado. Fueron iniciativa de un peninsular, una década antes de las Cortes, y consultados a un diputado que no era el de aquella provincia.77 Esta realidad no solo pone en aprietos una lectura restringida a la elite criolla, sino que refleja esa búsqueda bastante antigua del progreso de estas provincias.

Conclusiones

Los proyectos muestran la división de la región de las provincias frente a la capital del reino, pero también y con la misma fuerza la división al interior de cada una de ellas, con una diversidad de actores que impiden seguir centrando el análisis en la elite de la región y el uso del término criollismo de manera generalizadora, pues entraron en juego más sectores como autoridades peninsulares destacadas en las provincias, los indígenas, negros y mulatos, y se manifestaron en una variedad de campos, que no solo están relacionados con lo político y económico, sino también con lo religioso, lo educativo, la cuestión interétnica, entre otros aspectos. Las generalizaciones que se han dado en el análisis de la participación de la región en las Cortes de Cádiz son incorrectas y ocultan una realidad más amplia que es origen de lo sucedido después de la Independencia, tanto en relación con el fracaso del federalismo como con los conflictos que la marcaron hasta bien entrado el siglo XX.

Las denuncias que delatan los abusos que cometía la elite local son más evidentes cuando hablamos de los diputados pertenecientes al clero, pues salen a flote la corrupción de las autoridades ejercidas por los españoles peninsulares, sus choques con la autoridad de los españoles criollos, y la mayor corrupción cuando se asociaban las dos para enriquecerse ilícitamente. Similar situación se detecta en la autoridad eclesial, pues en algunos casos el obispo de procedencia peninsular encuentra obstáculos para su tarea y para subsistir frente al clero local, en especial frente a los miembros del cabildo catedralicio, conformado por varios miembros de la elite criolla.

Este estudio refleja las consecuencias negativas que producen el «chapincentrismo» en las investigaciones sobre la región desde la capital del reino;78 la revisión de los proyectos descubre muchas perspectivas nuevas al partir de las periferias de la región, con mejores resultados para entender las razones de la división y conflictos de Centroamérica en esa época y en el futuro inmediato de la Independencia y del federalismo.

La participación del Reino de Guatemala en aquel Congreso se puede analizar desde varios ángulos, los cuales son necesarios para equilibrar las conclusiones obtenidas. Se advierte de nuevo que lo aquí expuesto hace referencia a los proyectos, y es un aporte para contrastar las otras propuestas de análisis sobre esta época, con los cuales se deben también equilibrar los resultados del presente artículo. Por esta razón, este texto ha matizado la tendencia tradicional de privilegiar lo político y reducir las fuentes, en gran medida, al Diario de Sesiones. El cruzar esta información con otras fuentes, como las que acompañaban la presentación de un proyecto o la correspondencia de los diputados con sus representados, es de suma importancia para completar el mosaico de aquella realidad.

Ha quedado claro que todos estos matices no solo obligan a un replanteamiento de la teoría de la búsqueda de la autonomía por parte las elites de América frente a España, sino que esta posibilidad de interpretación es más cierta en la posición de las periferias ante los centros de poder locales, complicando aún más los análisis de la Independencia y del federalismo de la región.

Finalmente, queda claro que las elites del Reino de Guatemala no formaban un bloque compacto, sino que son parte de la dinámica que dividía a la región, ya no solo de las provincias contra la capital del reino, sino también al interior de cada una de ellas, lo que complementa desde los proyectos presentados en las Cortes de Cádiz, las diferentes propuestas que se han hecho en la historiografía reciente para explicar la suerte que corrió Centroamérica después de la Independencia.

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