INTRODUCCIÓN

En este artículo describo y analizo significaciones, es decir, construcciones de sentido vinculadas a usos y regulaciones de la violencia letal1 en dos barrios de sectores populares —a los cuales denomino La Salada y El Potrero2— de la provincia de Santa Fe, Argentina. En estos barrios se concentran altas tasas de homicidios en donde un importante porcentaje de víctimas y victimarios son jóvenes varones que allí residen, los cuales muchas veces tienen algún vínculo entre sí.3 Su participación en esas situaciones aparece fuertemente ligada a formas colectivas y atractivas de construir identidad y prestigio en contextos de inclusión/exclusión social (Young 2003, Cozzi 2014:265-284).

Examino cómo la mayoría de estas muertes aparecen definidas y visibilizadas por agencias del Estado —principalmente la policial— y por medios locales de comunicación de un modo particular a través de la categoría de ajustes de cuentas. Alrededor de esta categoría está fuertemente presente la idea de que se matan entre ellos y que por lo tanto esas muertes no requieren ser investigadas y sancionadas por la justicia oficial; además, de este modo se les quita valor e importancia. Es decir, significar así estas muertes es una forma de des-jerarquizarlas, reducir su importancia, desinvestirlas de gravedad, pero, además, de des-responsabilizar al Estado por su ocurrencia.

Indago también cómo, paradójicamente, de una forma muy similar son definidas por los propios jóvenes protagonistas de esas situaciones. Es decir, son pensadas, relatadas y significadas como asuntos privados que no deben ser tratados fuera de su entorno íntimo. Más allá de esta paradoja, siguiendo a Marques (2001) podemos sostener que estas coincidencias iluminan la interpenetración de concepciones «oficiales» y «nativas» de justicia —es decir, cómo unas y otras se retroalimentan, «conviven en el mundo social y dan cuentan del lugar que cada sociedad le otorga a la muerte, a la violencia y al Estado» (Bermúdez 2015:457).

Sin embargo, estas definiciones varían si las personas que mueren aparecen ubicadas en la categoría social de víctimas inocentes. En este sentido, tanto para las agencias del Estado como para las crónicas periodísticas locales y para los mismos jóvenes, determinadas muertes son clasificadas como injustas por diversos motivos, como mencionaré en los siguientes apartados y, en consecuencia, esas víctimas son definidas como inocentes, como no merecedoras del despliegue de violencia letal.

Los postulados principales de los autores que integran lo que se ha llamado teoría del etiquetamiento en criminología me resultan adecuados para analizar tales cuestiones. Para estos autores el delito no es una realidad objetiva, sino que es un proceso de creación social (Becker 2009, Lemert 1961, entre otros), ya que el carácter desviado de un acto depende de cómo sea definido. En este sentido Becker entiende el delito como una actividad colectiva: «el acto que se alega que ocurre, cuando ha ocurrido, lo hace dentro de una compleja red de acciones que involucran a otros, y parte de su complejidad surge de los diversos modos en que las diferentes personas y grupos definen ese hecho» (Becker 2009:206).

Basado en una perspectiva interaccionista, este autor sostiene que coexisten de forma superpuesta dos sistemas de acción colectiva que interactúan. Por un lado, uno que está compuesto «por la gente que coopera para producir el hecho en cuestión» (Becker ٢٠٠٩:٢٠٢); y por el otro, el integrado «por la gente que coopera en el drama de la moralidad por la cual ‘la mala acción’ es descubierta y sancionada, ya sea de manera formal y legal, o de manera informal» (Becker 2009:202).

Estas redes complejas de cooperación que menciona Becker no son horizontales, es decir, no todos los involucrados tienen el mismo poder de negociación para significar acciones y etiquetar personas. Por supuesto, es mucho mayor el peso del Estado en la función de clasificación de actividades y personas «desviadas», que las convierte en objetos adecuados de vigilancia y control. No obstante, el criminólogo Melossi resalta que es Matza quien «politiza el concepto de control social» en su obra El proceso de desviación de 1969, traducida al español en 1981, en donde sostiene que en la construcción teórica de Becker no figura el Estado, y afirma que «fiel a la tradición de Chicago dentro de la cual escribía Becker consideraba que los mecanismos del control social eran resultado de las acciones de personas y organizaciones específicas en momentos y lugares específicos» (Melossi 2006:212).4

Sin embargo, en un trabajo de 1971 Becker presenta un texto en el que discute las principales críticas a su propuesta teórica y realiza así una revisión de la teoría del etiquetamiento. Manifiesta que las teorías interaccionistas de la desviación, como la de la interacción en general, focalizan su atención en el modo en que los actores sociales definen su entorno y las diferencias de poder; es decir, cómo un grupo logra ese poder y lo utiliza para definir cómo serán vistos, comprendidos y tratados otros grupos (Becker 2009:222). Reconoce que la investigación de tipo interaccionista se ha concentrado, en su mayoría, en los participantes inmediatos de las definiciones; no obstante, resalta que «ocuparse de las autoridades de menor rango no es ni excluyente ni inevitable: en sus efectos reales cuestiona a las autoridades de mayor rango…» (Becker 2009:223).

Me interesa entonces describir y analizar aquí las construcciones de sentido sobre los usos y formas de la violencia letal entre jóvenes, construidas por diferentes actores comprometidos en el fenómeno; es decir, las de sus protagonistas y su entorno, pero también las externas, construidas por las agencias encargadas de investigarlas y sancionarlas. Pongo acento en registros y prácticas policiales, así como en la búsqueda y el análisis de crónicas periodísticas en la prensa escrita local que señalan cómo esas definiciones se alimentan unas a otras y cómo las prácticas y decisiones de unos y otros en relación con esas muertes se tienen en cuenta mutuamente (Bermúdez 2015).

En este sentido procuro examinar, finalmente, cómo las distintas significaciones de dichos usos y regulaciones de la violencia letal inciden en su configuración más inmediata, tanto en las prácticas de la agencia policial, por un lado, como en la biografía de estos jóvenes, por el otro. En este sentido, definir o significar de una u otra forma estas muertes genera prácticas diversas en las agencias encargadas de investigarlas. En este artículo presto especial atención a las prácticas policiales.

 

Abordaje metodológico y trabajo de campo

Comencé a trabajar esta temática en el marco de un proyecto de cooperación internacional denominado «Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local», desarrollado por la entonces Secretaría de Seguridad Interior de la Nación (ssi), en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Proyecto pnud-ssi), desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2010.5 En dicho proyecto participé como consultora local durante el primer año de ejecución, y luego como integrante de la Secretaría de Seguridad Comunitaria (ssc de la provincia de Santa Fe).

En Santa Fe, junto al equipo de trabajo del pnud-ssi, seleccionamos como problema prioritario de seguridad ciudadana abordar la violencia altamente lesiva en tres barrios de la ciudad. Realizamos primero una etapa de diagnóstico que culminó con la presentación de un informe preliminar (Informe Preliminar pnud-ssi), para el cual relevamos y analizamos estadísticas y registros policiales; además, realizamos alrededor de 25 entrevistas semiestructuradas a profundidad en cada uno de los tres barrios.

A partir del mes de julio de 2009 comencé a trabajar en la scc como directora provincial de planificación y evaluación (función que ocupé hasta abril de 2011). Desde esa área, junto al equipo de trabajo de pnud-ssi y de la ssc, lideramos las estrategias de inclusión sociocultural con jóvenes para la prevención del delito y reducción de la violencia, realizadas en los mismos barrios en donde se venía implementando el pnud-ssi, y originariamente en su marco, de diciembre de 2009 a diciembre de 2011.

Finalmente, a partir de abril de 2011 comencé un proyecto de investigación denominado «Violencias, delitos e ilegalismos de jóvenes de sectores populares en dos barrios de la ciudad de Santa Fe y sus interacciones con las agencias del sistema penal», en el marco de mi beca doctoral de conicet. Continué entonces realizando actividades de investigación en dos de los barrios en los que trabajábamos —los que analizo en este trabajo— manteniendo el vínculo con varios grupos de jóvenes.

Permanecer en estos barrios durante casi cinco años me permitió observar e interactuar en situaciones sociales muy variadas, que no son —obviamente— las de la vida de los jóvenes, pero que resultan significativas en cuanto a su variedad y diversidad. Mantener vínculos con ellos durante todo ese tiempo me dio acceso a redes que me permitieron conocer y comprender, entre otras cosas, sus formas de sociabilidad, y con ello los usos, las regulaciones y las significaciones de la violencia letal que estos jóvenes construyen.

 

Registros policiales y crónicas periodísticas: los ajustes de cuentas

Crónicas policiales

En el marco del pnud revisamos el Registro de Sumarios de Homicidios en el mes de enero del 2009.6 A partir del análisis de los datos obtenidos pudimos identificar que en dichos registros los homicidios eran atribuidos a conflictos interpersonales, en su gran mayoría por ajustes de cuentas (cuentas —materiales o morales— pendientes por «reparto de motín», disputa territorial por mercados ilegales o viejas rencillas). En mucho menor medida los homicidios eran definidos como riña callejera o motivos pasionales. Por último, aparecía la categoría: «en ocasión de robo», en donde entraban tanto hechos en los que la víctima del robo moría en ese contexto como cuando moría el que estaba realizando el robo; estos últimos eran casos excepcionales.

Esa categorización policial era inconsistente porque mezclaba cuestiones descriptivas con otras motivacionales; sin embargo, permitió revelar que la mayoría de los homicidios eran significados como ajustes de cuenta, cuestión que se corrobora en entrevistas realizadas a policías de los barrios donde se implementó el proyecto. El comisario de El Potrero manifestó al respecto:

¿El Potrero por qué está dividido en zonas? —preguntaba una de las entrevistadoras mientras veían un mapa de la zona construido por los policías de la comisaría.

Por la cantidad de delitos y la gravedad de los delitos. Lo amarillo es en donde se dan los famosos tiroteos entre ellos. Lo verde, ahí en el medio, es donde hay muchos arrebatos y disparan para el otro lado, y así…

En El Potrero gracias a dios de este lado —del lado residencial— no han matado personas, pero las han herido para robarles… No hemos tenido violencia, como a veces sucede, de que te atan y te maltratan, no. Acá o te tiran un tiro y se van o se matan entre ellos mismos por la división de las bandas, o porque el otro se llevó más que aquel o no cumplió.

¿Eso sería una problemática frecuente en El Potrero?

Eso es en El Potrero, y en la zona del cordón oeste… ahí, por ejemplo, «Juancito lo mató a Pepe», después viene el hermano de Pepe y lo mata al hermano del otro. Todos roban juntos pero llega el momento en que también hay droga. Los chicos no tienen porvenir ahí, nacen y ven hasta dónde llegan, tratan de vivir como pueden y saben que se pueden morir ahí (entrevista, julio de 2009).

Por su parte, el oficial, también entrevistado en el marco del proyecto pnud-ssi de la subcomisaría del barrio La Salada, argumentó:

¿Cuáles son los problemas más comunes en el barrio?

Lo más común son tiroteos o heridos.

¿Por qué se dan estos hechos, por qué se generan estas situaciones?

El tiroteo generalmente es entre bandas o por droga o porque alguien roba más, cosas de ellos porque acá si van a asaltar, generalmente al que asaltan no lo hieren. Entre bandas generalmente se tirotean mucho (entrevista, julio de 2009).

Tanto en las entrevistas de los policías en los registros del Libro de Sumarios de Homicidios como en la forma de construir las estadísticas policiales aparecía fuertemente la idea de que estas muertes constituían ajustes de cuentas entre delincuentes. En reiteradas ocasiones, al referirse a estas situaciones, los policías mencionaron que se arreglen entre ellos; de ese modo, esas muertes eran presentadas como asuntos privados en los que era preferible que el Estado no interviniera; es decir, para estos actores sociales dichos homicidios no requerían investigación y sanción de la justicia oficial.

Esta idea permitía la desatención jurídica por parte de la policía y, en consecuencia, generaba una situación de desprotección, resultante de una distribución diferencial de las reacciones institucionales y sociales (Cozzi et al. 2015), cuestión que también se vio reflejada en las crónicas periodísticas cuya fuente principal, y muchas veces única, suele ser la policial.

 

Crónicas periodísticas

Los homicidios en nuestra ciudad, la venganza será terrible:

De los 14 homicidios ocurridos en lo que va del año, 12 fueron producto de venganzas personales o ajustes de cuentas entre hombres de armas (…) disputas y relaciones interpersonales entre víctimas y victimarios. Gente violenta que resuelve sus cuestiones sin grises (…) a matar o morir. La venganza siempre es terrible en la lógica del hampa. De ahí que a la hora de poner el pecho aparecen los fierros para corregir enemistades y vendetas. A ello se suman los casos de prófugos de la justicia, dispuestos a hacer sonar las balas cuando el cerco policial o delincuencial los obligue.

En La Salada mandan tres bandas: Los «XX», «XXI» y «La banda de La Cortada», vinculadas al submundo de los desarmaderos, el robo de vehículos y la prostitución. El muerto tenía frondosos antecedentes por corrupción de menores, promoción de la prostitución y coacción agravada por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la zona conocida como El Potrero, un barrio del norte santafesino, donde una banda de lúmpenes armados coparon la calle hace unos años a sangre y fuego (El Litoral, febrero de 2009).

A partir de agosto de 2008 y hasta diciembre de 2012 realicé una revisión de las principales noticias policiales sobre los homicidios en la ciudad de Santa Fe y en ciertos barrios, en particular a través de dos de los principales medios gráficos locales7 (El Litoral y Uno).8 Analicé la cobertura de los fenómenos estudiados con la finalidad de ver sus representaciones sociales e identificar la manera en la que estas representaciones influían en las prácticas de las agencias del sistema penal, por un lado, y en la biografía de estos jóvenes, por el otro.

Crónicas como la que antecede aparecen frecuentemente en los diarios estudiados. Resulta evidente que no distan demasiado del contenido de los relatos policiales que suelen ser las únicas fuentes de las crónicas periodísticas locales.9 Tanto en los registros policiales como en las crónicas periodísticas, estas muertes aparecen definidas en su gran mayoría como ajuste de cuentas entre jóvenes con expedientes abultados, residentes en las zonas rojas de la ciudad o en las zonas más peligrosas. En las diferentes noticias encuentro continuidades en las caracterizaciones tanto de sus protagonistas (de la víctima y del victimario) como de sus agrupamientos, de los motivos que originaron la muerte y de los barrios en donde residen.

Con respecto a sus protagonistas aparecen en la mayoría de los casos tanto víctima como victimario (cuando este último estaba identificado) como jóvenes peligrosos con antecedentes penales o como temibles delincuentes. La situación varía si la persona que muere es incluida dentro de la categoría social de víctimas inocentes. En nuestro caso la mayoría de las veces la persona es incluida en esta categoría cuando no anda en nada10 o cuando no «anda a los tiros».

En este sentido, los jóvenes varones decentes, es decir, quienes no participan de manera intensa en actividades ilegales son definidos en el barrio como trabajadores y no como delincuentes. Asimismo, la categoría de víctima inocente abarca a mujeres, niños y niñas y personas de mayor edad en el barrio. En estos casos las víctimas son presentadas detalladamente, contando sus características personales, la relación con sus vecinos y sus actividades; el hecho además tiene una amplia y larga cobertura periodística, en el sentido de que la noticia se repite durante varios días.

Por otra parte, aparece también una fuerte caracterización de los agrupamientos a los que estos jóvenes pertenecen. De manera simplificada y estereotipada son presentados como peligrosos clanes delictivos —sobre todo en el caso de El Potrero—, o como bandas criminales —en el caso de La Salada—, en donde todos sus integrantes aparecen como involucrados de manera intensa en actividades ilegales. Esto, por cierto, dista mucho de la caracterización e integración sumamente heterogénea que encontramos al trabajar con estos jóvenes (véase Cozzi 2014).

Finalmente, encontré similitudes en las formas de caracterizar y significar estos homicidios en las crónicas periodísticas y policiales. En casi todos los casos aparecían como ajustes de cuentas entre delincuentes; es decir, según las crónicas estudiadas, estos homicidios eran motivados por conflictos de disputas territoriales por mercados ilegales, o por viejos problemas personales entre bandas criminales o clanes delictivos. Situación que cambiaba cuando aparecía una víctima a quien ellos clasificaban como inocente. En estos casos las muertes eran presentadas como daños colaterales de las guerras entre clanes o bandas, u ocasionadas en contextos de robo. En ambos casos la inocencia de la víctima no era lo que se cuestionaba, sino que no era merecedora de ese despliegue de violencia: tanto porque no participaba en actividades delictivas, no andaba en nada, no andaba a los tiros, como porque había sido agredida en un contexto de robo.

 

Los problemas de la calle se resuelven en la calle

¿Y la policía investiga estos hechos (los homicidios)?, ¿cómo es?

La policía investiga, pero estos problemas mayormente se arreglan en la calle. No meten a la policía. Si uno anda en la jugada, por qué tiene que meter a la policía en medio.

¿Y si algún grupo mete a la policía?

Queda como bocón y cobarde, no se la acaba, ¿para qué va a andar a los tiros si después va a meter a la policía? ¿Cómo es eso? (entrevista a joven de El Potrero, noviembre de 2012).

Paradójicamente, estas muertes son caracterizadas y definidas por sus protagonistas de forma similar a como las definen en los registros policiales y en las crónicas periodísticas. Esto da cuenta de cómo esas definiciones se alimenten entre sí (Bermúdez, 2015). Así, las muertes son definidas y significadas como asuntos privados, problemas de la calle. Esta definición trae aparejadas acciones y reacciones por parte de los jóvenes, su entorno más cercano y las demás personas residentes en el barrio.

La más importante está relacionada con la idea de la no intervención del Estado, principalmente de la agencia policial. Los jóvenes no dejaban de repetir que «los problemas de la calle se resuelven en la calle», y que denunciar y permitir la intervención estatal eran interpretadas, en el mejor de los casos, como una muestra de cobardía y, en el peor, como una traición, severamente sancionada al menos en términos discursivos. Algunos de estos hallazgos resultan similares a los analizados por Bermúdez al indagar sobre muertes violentas en la ciudad de Córdoba (Argentina). La autora resalta que la «no denuncia» aparece fuertemente valorada y asociada a «gente con códigos».

En este sentido, me interesa mencionar, aunque no lo desarrollaré en este artículo, que no denunciar aparece vinculado no solo con que estas muertes sean definidas como asuntos privados, en tanto problemas de la calle, sino también con los usos y valoraciones que estos jóvenes le asignan al despliegue de violencia contra otros jóvenes, en términos de prestigio y honor (Cozzi: 2015), que, como vimos, no ve de manera positiva la respuesta estatal ni otras respuestas.11

Por otra parte, en los relatos de las personas residentes tanto en La Salada como en El Potrero también aparecía fuertemente esta idea de no denunciar ni declarar en los casos en los que aparecían involucrados estos jóvenes. El hecho de no denunciar ni declarar se asocia con diversos motivos; en primer lugar, está vinculado a la forma en que se definen estas muertes, como resultados de problemas de la calle o asuntos privados. Una mujer de El Potrero menciona al respecto:

¿Y si hay conflictos entre jóvenes alguien interviene?

Si es mano a mano por ahí sí. Si están cargando a tiros yo no me voy a meter. Me meto en mi casa para que no me peguen un tiro a mí.

¿Es frecuente eso acá?

Cada vez más. Ya hace un año, creo, que mataron un pibe acá y se le había armado una gresca que era de los chicos de acá contra los de allá. Estaba sentada tomando mate y se agarraron a tiros, tenías que meterte adentro. «Vos no te metes con nadie y nadie se mete con vos». Ese es el lema, ¿viste?, vos no te metes con nadie y nadie se mete con vos. Hacés la tuya y los otros hacen la de ellos (entrevista, agosto de 2009).

Asimismo, atañe a los vínculos de los jóvenes con sus vecinos y su barrio. Una mujer, pastora evangélica, del barrio El Potrero, que conocía a los jóvenes que «andaban en la joda»,12 en reiteradas ocasiones nos mencionaba que ella no los denunciaba nunca, y explicaba: «no los voy a denunciar si los conozco desde chiquitos». Como vemos, la forma de las relaciones que estos jóvenes entablan con las personas de su barrio influye en las reacciones posteriores.

La antropóloga María Pita llama la atención sobre estas cuestiones al analizar las formas de activismo entre los familiares de jóvenes muertos por la policía. La autora explica que una densa trama de relaciones preexistes a estas muertes, que en cierta medida las hace posibles, a su vez posibilitará o no la obtención de información sobre lo sucedido, la procuración de testigos y el apoyo en la construcción de la denuncia penal (Pita 2010:75). Del mismo modo, podemos pensar e interpretar las reacciones de las personas de estos barrios luego de las muertes; es decir, el hecho de no denunciar aparece relacionado con esa trama de relaciones preexistentes.

Por otra parte, no denunciar ni declarar en estos casos aparece vinculado con posibles represalias. Por último, es una muestra de la desconfianza hacia las agencias encargadas de investigar y sancionar estas muertes, sobre todo la policial, ya sea por las posibles complicidades o por sus malos tratos y su inoperancia.

 

Las prácticas policiales: los últimos en llegar
y las detenciones masivas

Esa desconfianza respecto de la policía no solo está asociada con posibilidades de complicidad sino también con malos tratos e inoperancia; es decir, los residentes de estos barrios, al igual que los jóvenes, relataron prácticas violentas y humillantes por parte de funcionarios policiales al intervenir en estas situaciones, o directamente su ausencia o tardanza en los momentos de violencia, lo que intensifica la desprotección (Cozzi et al. 2015:3-30). Una Joven de El Potrero manifestó:

La policía llega tarde, recién cuando pasa todo. La otra vez llamó mi vieja que estaban tirándose tiros acá, y estaban muy cerca de nosotros porque estaban tirándose tiros acá nomás y mi vieja nos hizo levantar a todos de la cama y nos hizo tirar a todos al piso y llamamos a la policía pero nunca apareció la policía.

O a veces hay quilombo —gresca, trifulca— pero no llega, igual. Pasan dos horas, creo, para que ya estén acá pero no hacen nada igual porque como la gente los tapa. Son los propios parientes los que tapan y no dicen nada y algunos no quieren decir nada porque no quieren tener problemas con la gente.

¿La gente no hace denuncias?

Sí, hacen denuncias pero después se meten adentro y no salen cuando viene la policía. No salen, como que se esconden, no quieren tener problemas. También pasa que la gente del barrio les compra las cosas robadas, las cosas que roban ellos (entrevista, agosto de 2009).

En numerosas ocasiones, luego de producida una muerte, la policía —a veces acompañada por funcionarios judiciales— realizaba allanamientos masivos,13 llevándose a numerosos jóvenes detenidos. Se basaban la mayoría de las veces en la facultad legal de detener por averiguación de identidad.14 Un joven de El Potrero relata en este sentido:

¿Qué hace la policía en el barrio?

Viene un ratito, hace presencia, después se va, ellos no se meten. Cuando se tirotean acá o hay problemas grandes que se agarran entre familia los últimos que llegan son ellos. O se esperan a que se termine todo y después llegan ellos, no entran… Después entran, hacen un desastre y se van, agarran a cualquiera, eso es lo más triste, vienen y buscan a cualquiera, te llevan, te investigan si vos fuiste o no fuiste. Te llevan ahí —a la comisaría—, sí, a ellos no les importa qué estabas por hacer o qué estabas haciendo (entrevista, agosto de 2009).

En la mayoría de los casos, luego de estas intervenciones policiales espectaculares, muchos de los jóvenes son liberados días después —salvo que hubieran tenido alguna implicación en otro hecho o que se comprobara su participación en el homicidio—, y la policía no realiza ninguna otra intervención. En numerosas ocasiones los involucrados en las muertes siguen circulando libremente por el barrio, a la vista de todos los vecinos y amigos, sin que nada suceda. Esto genera la reactivación del grupo al que pertenecía el muerto o herido o la re-victimización del grupo agredido.

 

Víctimas inocentes

Retomo ahora lo relativo a la categoría de «víctima inocente», ya que importa destacar que los significados de las muertes se alteran si las víctimas son ubicadas dentro de esta categoría; es decir, si socialmente son construidas como víctimas inocentes. Las construcciones teóricas del etiquetamiento permiten iluminar cuestiones importantes. Becker manifiesta que las normas y reglas no se aplican a todos por igual, que dependen de quién cometa cierta acción y quién sea victimizado: «las reglas suelen ser aplicadas con más fuerza sobre ciertas personas que sobre otras» (Becker 2009:32).

La aplicación de la ley es siempre selectiva y varía según el tipo de persona, el momento y la situación. En opinión de este autor los actos de aplicación de la norma no son una consecuencia automática de la infracción, sino que es habitual que las reglas sean aplicadas y ejecutadas solo cuando algo desencadena su aplicación (Becker 2009:141). Menciona en tal sentido que «las situaciones que involucran los intereses de varios grupos de poder tienen resultados más variados, que dependen del poder relativo de los grupos en cuestión y de su acceso a los canales de publicidad del hecho» (Becker 2009:148).

Considero, tal como sugieren Becker y Matza, entre otros, que las normas se aplican siempre en forma contextualizada, dependiendo de las personas, las situaciones y los momentos. En este sentido, las formas de significar las muertes cambian si las víctimas son consideradas o están incluidas en la categoría de inocentes. Cuando es así adquieren una mayor repercusión pública y, en algunos casos, las reacciones que suscitan en el barrio y la policía son diferentes a las mencionadas.

Los jóvenes protagonistas también significan estas muertes de manera distinta, les adscriben criterios de victimización, son muertes prohibidas en las que se ensayan diversas técnicas de neutralización15 (Matza y Sykes 2004) para que la imagen que tienen de sí no sea dañada ni se pierda frente a sus pares y entorno.16

 

Pasar el límite: la muerte del panadero

«Esto que ha ocurrido ya pasó todos los límites», remarcó hoy una vecina. «Este chico vivía de su trabajo. Vendía pan y mire cómo terminó. En cambio, los que venden poco parece que tienen mejor suerte», remarcó. «Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de episodios. Ya mataron a una pobre jovencita que salía de trabajar en una panadería, ahora lo asesinaron a Pedro. ¡¿Qué más tiene que pasar?!» (dichos de una vecina del barrio La Salada durante el velorio del panadero, reproducidos en El Litoral mayo de 2010).

Analicemos lo que pasa con la defunción del panadero Pedro Ramírez, una persona cuya muerte aparece incluida en la categoría de víctima inocente del barrio La Salada. Dicho deceso tuvo una prolongada cobertura periodística; los titulares demuestran la distinta significación que adquiere: «Santa Fe: dolor por el asesinato del panadero en barrio La Salada» (Uno 2010). «En un demencial episodio de violencia callejera mataron a un panadero ambulante» (El Litoral 2010). Ambos titulares están cargados de un halo de injustica e ilegitimidad, como suele suceder en los casos en los que muere una persona que es considerada víctima inocente, no merecedora de los actos de violencia. Las crónicas entonces se llenan de una detallada caracterización de la víctima, de sus características principales, sus virtudes, sus actividades:

Los vecinos de Ramírez dijeron que era un santo, porque siendo de condición muy humilde, siempre les regalaba bizcochos a los chicos (Uno mayo de 2010).

Pedro era un hombre muy bueno —alcanzó su mujer a decir entre sollozos—. Lo mucho o poco que tenemos lo pudimos hacer en base a un gran esfuerzo. Él antes trabajaba como albañil y desde hace algunos años ya se había dedicado a la venta de pan (El Litoral mayo de 2010).

No sé quién pudo haber hecho esto, agregó una vecina. Pedro era un hombre sumamente bueno que no tenía problemas con nadie. Si hasta regalaba alguna factura (tipo de pan dulce parecido a los cuernos) a algún chico cuando le pedía. No sé qué le querían sacar si ni siquiera llevaba dinero (El litoral mayo de 2010).

La muerte de Pedro enluta también a la familia policial por cuanto el nombrado posee un hermano que trabaja en la Patrulla de Caminos (El litoral mayo de 2010).

La caracterización del joven indicado como responsable —a quien se le denominó «Mostro»— también es una cuestión a resaltar. Fue presentado en las crónicas periodísticas como un temible delincuente que no medía las consecuencias de sus acciones: «Como autor de los tiros identificó a un tal ‘Mostro’, temible rufián que a pesar de tener 19 años carga con pesadísimos antecedentes» (El Litoral mayo de 2010). Una de las crónicas que más me llamó la atención apareció semanas después de ocurrido el hecho, cuando Mostro ya estaba detenido. La transcribo casi en su totalidad:

Consume paco (tipo de droga) un joven detenido por homicidio —reza el titular de la nota.

Es adicto al paco y otras drogas peligrosas. Cuenta con un cúmulo de antecedentes que lo ponen a la cabeza del ranking entre los delincuentes que forman la Banda de la Cortada. Eso de vivir drogado hace al estilo de vida de Mostro. La confirmación de su adicción al paco nos llegó por boca de una de sus víctimas.

Mostro, hoy de 19 años de edad, también era buscado por su presunta responsabilidad en un asalto a mano armada cometido días atrás en esa jurisdicción, pero ya en la adolescencia había caído una y otra vez, siempre en relación a serios delitos contra la propiedad y las personas.

Hoy como ayer el muchacho «que no puede sostener la mirada» ataca sin medir consecuencias, ni para él ni para sus víctimas. Se dice que Mostro obnubilado o exaltado tanto puede atacar a quien vive en la casa vecina a la suya como hacerse del arma de un policía.

La cortada de La Salada donde se domicilia el joven detenido es escenario frecuente de graves delitos y procedimientos policiales (El Litoral junio de 2010).

Diversas fueron las versiones que aparecieron en las crónicas periodísticas; todas coincidieron en que cerca de las siete de la mañana el panadero habría salido de su casa en La Salada, en bicicleta, para vender sus productos. Relataban que la investigación policial contaba con tres hipótesis acerca del origen del disparo. La primera sostenía que podía tratarse de una venganza —forma habitual en que definen las muertes entre jóvenes en estos barrios—. La segunda era que se habría producido en un intento de robo. Por último, la que cobró más fuerza con el paso del tiempo, afirmaba que había sucedido en medio de un tiroteo, en el cual participaron integrantes de la Banda de la Cortada, de la cual formaba parte Mostro. Esta última versión es la que más se acerca a la dinámica que describió este último en una entrevista que le realicé cuando estaba detenido. En ella afirmó que el panadero no estaba vendiendo pan y facturas sino que estaba en la esquina con los demás jóvenes que le habían estado disparando. El detenido sostenía fervientemente:

Estaban todos allá, estaban todos, porque eran ellos, eran los que me habían agarrado a tiros y los que estaban ahí, yo no pensé que… porque vamos a lo que es, era un panadero, pero ¿que hace un panadero ahí entre medio de una banda que me agarraron a tiros?, ¿y si me pegaban?

¿El panadero estaba con la banda?

Claro, estaba con ellos, yo no le voy a ir a agarrar al panadero y le voy a dar por la mía

Bueno entonces estaba ahí, ¿y vos qué hiciste, ¿cómo fue?

Aja, yo lo veo al montoncito así y bueno yo me subo arriba de una terraza de una casa, de ahí miraba, me subí a esa terraza y lo tenía muy cerca, y bueno, en ese momento, ¡pum!, se me despertó la chispita así y me subí a la terraza, me pasaron la carabina y los empecé a medir a todos, al montoncito, a todos, los empecé a medir, a medir, y bueno, el que liga, liga, si a mí me quisieron pegar, y bueno, qué casualidad que le di un carabinazo a ese, mirá, pero no es que yo le quise robar, porque si yo le hubiera querido robar no le pego, ¿entendés?, yo si le robo, no le pego, porque sé que se está ganando la plata, pero no, no, eso fue casual, viste, fue casual, y fue por estar ahí, (entrevista, noviembre de 2012).

De este modo, Mostro, quien compartía los criterios de victimización imperantes y que reconocía una y otra vez que a la gente de bien no se le debía disparar, neutralizaba su responsabilidad cuestionando la inocencia del panadero. El panadero, si bien no entraba dentro de la categoría de personas matables,17 era definido por Mostro como una persona en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas, lo que indirectamente lo hizo merecedor de los disparos.

Reitero entonces que muy lejos de la imagen del «vale todo» que muestran las crónicas policiales y la del joven que ataca sin medir las consecuencias para él y sus víctimas, el despliegue de violencia parece estar justificado. Los jóvenes comparten las significaciones dadas a estas muertes cuando se ven involucradas personas consideradas como víctimas inocentes. De otro modo no tendría sentido la argumentación de Mostro y el interés en que su versión quedara aclarada: él le disparó al panadero porque pensó que era parte de la bronca,18 de no haber sido así nunca le habría disparado, como reitera sin cesar.

Si bien Mostro ya estaba sindicado por la muerte de otro joven: Pecos, fue buscado y detenido cuando se encontró involucrado en la del panadero. La búsqueda y detención policial entonces le resultaron sumamente razonables:

Y ahí después, ¿se te armó un quilombo bárbaro?

No, no se me armó nada.

Con la justicia te digo.

Ah, sí, sí, ahí me buscaron peor, ahí sí me fueron a buscar, entraron a casa.

¿Por qué pensás que ahí sí te fueron a buscar?

Y bueno porque murió una gente trabajadora ¿viste?, un señor que capaz que se mataba trabajando, pero bueno yo no tengo la culpa que el chavón esté ahí con los que me agarraron a tiro, ¿me entendés? Yo no tengo la culpa porque ellos también, si yo lo hubiera agarrado a tiro, y yo me pongo a juntarme así porque yo tengo compañeros, una banda, yo estuve con un par de amigos que trabajaban todo, todos trabajaban, y bueno, y nosotros, y nosotros, y no le importaba si eran pibes trabajadores o no estaban pibes, y les tiraban igual. Ponele que estábamos con pibas, también nos tiraban igual, y bueno.

¿Y por qué estaba ahí, sabes?

Y porque eran amigos, porque eran por ahí nomás, capaz estaban compartiendo algo, una gaseosa, más seguro que estaban compartiendo algo, qué sé yo. Yo te digo la verdad, yo también he compartido cosas con compañeros que son gente trabajadora, y al ratito se fueron para allá y me lo mataron, porque fue así, ¿me entendés?, y yo nunca ¡pum!, yo nunca fui y le dije a la familia «ey, vayan a la policía», porque el chavón se mató trabajando que esto que aquello y vienen estos y lo matan, ¿no? (entrevista, noviembre de 2012).

Mostro entendía entonces por qué lo fueron a buscar cuando se dio ese caso; se trataba de una persona trabajadora. Esto confirma cómo comparte el criterio de victimización explicado. No lo hubiera hecho aunque cuenta que muchas veces dispararon contra víctimas inocentes de su propio grupo —gente trabajadora— que se juntaba con ellos, pero él nunca recomendó a los familiares de la víctima que realizaran la denuncia.

Mostro entendía que lo fueron a buscar en este caso porque se trataba de una persona trabajadora y no cuando estuvo involucrado en la muerte del joven que andaba en la joda. Es decir, construye sus justificaciones con elementos disponibles en la cultura; criterios de victimización que quedan en evidencia, entre otras cosas, a través de las diversas reacciones sociales posteriores a estas muertes; a través de las formas en que operan las agencias estatales —especialmente la policía— encargadas de investigar y sancionar estas muertes y por la manera en que son representadas en los medios locales de comunicación.

 

Consideraciones finales

A lo largo de este artículo intenté poner en evidencia algunos de los significados que giran alrededor de diversas muertes en dos barrios argentinos; la manera en que son definidas, interpretadas y explicadas o, en términos de Marques (2001) una interpenetración de concepciones «oficiales» y «nativas» de justicia. Así, revelé cómo la mayoría de estas muertes aparecen definidas y visibilizadas por agencias estatales —principalmente la policial— y por medios locales de comunicación a través de la categoría de ajuste de cuentas, alrededor de la cual está fuertemente presente la idea de que se matan entre ellos y que por lo tanto no es necesaria ninguna intervención estatal. Significar de esta manera las muertes es una forma de des-jerarquizarlas, de reducir su importancia, de restarles gravedad.

Paradójicamente, de una forma muy similar son definidas por los propios jóvenes protagonistas de estas situaciones. En este sentido, estas muertes son pensadas, relatadas y significadas por los propios jóvenes como asuntos privados que no deben ser tratados fuera de su contexto. Llama la atención la interpretación paradójicamente similar que se tiene sobre estas muertes; es decir, para todos los actores involucrados, incluidos los protagonistas, son asuntos privados que no requieren ser investigados ni sancionados por la justicia oficial.

Además, esas construcciones de sentido sobre los usos y las formas de la violencia letal entre jóvenes traen aparejadas ciertas reacciones y prácticas. A lo largo del trabajo presté especial atención a las prácticas policiales y cómo estas configuran de alguna manera el campo de posibilidades de esos usos y formas de la violencia letal entre jóvenes; finalmente pude identificar cómo cambian estas significaciones, las prácticas y reacciones posteriores cuando muere una persona que puede ser incorporada a la categoría social de víctima inocente.

Becker, Howard, 2009, Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Bermúdez, Natalia, 2015, «Etnografía de una muerte no denunciada. Justicias y valores locales en una villa de la ciudad de Córdoba», Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 8(3), Brasil, ufrj, pp. 455-472.

Cozzi, Eugenia, 2014, «Los tiratiros: usos y formas de la violencia altamente lesiva entre jóvenes en la ciudad de Santa Fe», Estudios, 32, pp. 265-284.

———, 2015, «De juntas, clanes y broncas: regulaciones de la violencia altamente lesiva entre jóvenes de sectores populares en dos barrios de la ciudad de Santa Fe», Delito y Sociedad, 1(39), pp. 72-105.

Cozzi, Eugenia, Enrique Font, y María Eugenia Mistura, 2015, «Desprotegidos y sobrecriminalizados: interacciones entre jóvenes de sectores populares, policía provincial y una fuerza de seguridad nacional en un barrio de la ciudad de Rosario», Infojus, 3(8) pp. 3-30.

Font, Enrique, Cecilia Ales y Schillagi Carolina, 2008, «Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local Cooperación Internacional», Cuadernos de Seguridad, 7/8, pp. 193-219.

Garriga Zucal, José y Noel Gabriel, 2010, «Notas para una definición antropológica de la violencia: un debate en curso», Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, 8(9), pp. 97-121.

Lemert, Edwin, 1961, «Desviación primaria y secundaria», en Rosa del Olmo (comp.), Estigmatización y conducta desviada, Maracaibo, Universidad de Zulia, pp. 97-104.

Marques, Ana Claudia, 2001, «Justiças e ajustes sociais», Civitas - Revista de Ciências Sociais, 1(2), pp. 135-142.

Matza, David, 1981, El proceso de desviación, Madrid, Taurus.

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Melossi, Darío, 2006, El Estado del control social, México, Siglo XXI Editores.

Montero, Augusto, 2010, «Niñez, exclusión social y ‘propiedad policial’ en la ciudad de Santa Fe», Delito y Sociedad, 19(30), pp. 33-55.

Pita, María Victoria, 2010, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial, Buenos Aires, Del Puerto

Tiscornia Sofía, Lucía Eilbaum y Vanina Lekerman, 2004, «Detenciones por averiguación de identidad. Argumentos para la discusión sobre sus usos y abusos», en Tiscornia Sofía (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, Buenos Aires, Antropofagia, pp. 125-157.

Tiscornia, Sofía, 2008, Activismo de los Derechos Humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio, Buenos Aires, Del Puerto.

Young, Jock, 2003, La sociedad excluyente. Exclusión, delito y diferencia en la modernidad tardía, Barcelona, Marcial Pons.

1 El concepto violencia es difícil de definir (Garriga Zucal y Noel 2009). Los jóvenes de sectores populares conviven con distintas formas de violencia física y moral, algunas legales, otras ilegales, pero no siempre consideradas ilegítimas. De esas distintas formas de violencia, me interesa delimitar en este artículo las agresiones físicas que provocan o pueden provocar la muerte y ese es el sentido que le doy al término violencia letal.

2 Los nombres de los barrios y de las personas, sus apellidos y apodos han sido modificados para garantizar confidencialidad.

3 Tasa de homicidios dolosos del departamento La Capital: 17.98 cada 100 000 habitantes para el año 2007, 14 para 2008 y 17.09 para 2009. Fuente: División Estadísticas y Análisis Delictivo de la Unidad Regional I. Policía de Santa Fe-Proyección indec-ipec (Informe Preliminar pnud-ssi 2009). Tasas de homicidios dolosos en los barrios que analizo en este trabajo: en uno de ellos 82, uno para 2007, 191.36 para 2008 y 109.35 para 2009. En el otro barrio, 44.82 para 2007, 44.82 para 2008 y 67.24 para 2009. Fuente: Elaboración propia con datos de la División Estadísticas y Análisis Delictivo de la Unidad Regional I. Policía de Santa Fe (informe preliminar pnud-ssi 2009).

4 Melossi señala que, según Becker, «Los empresarios morales, como los de la Oficina Federal de Narcóticos, creada en 1930 dentro del departamento de Hacienda (Becker 1963 pp.121-163) y no el estado, fueron responsables de que se hubiera aprobado en 1937 la ley denominada Marijuana Tax Act que por vez primera convertía a la marihuana en una sustancia ilícita» (Melossi 2006:212).

5 Para más detalles véase Font et al. 2008.

6 Es un libro completado manualmente por la División de Homicidios de la policía provincial, que contiene los siguientes datos referidos a cada uno de los homicidios en el que intervino en materia investigativa: número de sumario —ordenados cronológicamente—, tipo de hecho, por ejemplo, «homicidio agravado por el uso de arma de fuego», nombre y edad de la víctima, nombre, apodo y edad del victimario, lugar y fecha del hecho, nombre del sumariante —empleado policial que investiga el caso—, juzgado interviniente, actuaciones realizadas, fecha de remisión al juzgado, y un pequeño resumen de lo sucedido que permite vislumbrar algunas circunstancias en que se produjo el hecho.

7 La selección de ambos diarios se debió, por un lado, a que eran locales, es decir, de la ciudad de Santa Fe, y por otro a que eran los más importantes, en términos de mayor tiraje.

8 Para garantizar el anonimato de los protagonistas de las noticias cambiaré los nombres de lugares y personas y mencionaré solo fuente periodística, mes y año de publicación.

9 En este sentido es importante resaltar que la crónica policial como género periodístico cuenta con una larga tradición que la vincula al mundo policial, por un lado, y con la literatura, por el otro. En algunos espacios la tradición se ha cristalizado y la crónica estandarizada reitera fórmulas y clichés de la agencia policial, situación que identifiqué en las crónicas periodísticas de ambos diarios de la ciudad de Santa Fe.

10 En relación con su no participación en actividades delictivas: robos, hurtos, situaciones de violencia letal.

11 En este sentido Bermúdez señala cómo las etnografías de Pitt-Rivers (1971) y Marques (2002 y 2006) problematizan la forma de actuar de la justicia o la policía: «no necesariamente sutura la reparación moral ante un daño sufrido, ni anula las percepciones de las personas sobre las formas en que son o deberían ser efectivamente negociados esos conflictos» (Bermúdez 2015:456); en nuestro caso, para los jóvenes, la participación de situaciones de violencia letal implica la construcción de prestigio y honor que no necesariamente quedan a salvo con la intervención estatal.

12 Término referido a participar en diversas actividades como consumo de alcohol y drogas, permanecer largas horas en las esquinas, robos, participación en tiroteos con otros grupos de jóvenes, todo de manera fluctuante con otras actividades convencionales (Cozzi 2014).

13 Es una práctica habitual de la policía santafesina la de realizar allanamientos masivos en determinados barrios de la ciudad, muchas veces luego de haberse producido algún hecho, otras veces sin un motivo específico. El allanamiento es un procedimiento para obtener pruebas de delitos o detener personas; está regulado en el Código Procesal Penal provincial; debe realizarse siempre con orden judicial fundada, escrita, con identificación de lugar y tiempo en el que se hará (Art. 169) y se establecen además circunstancias en que puede hacerse sin orden y donde debe mediar urgencia (Art. 170).

14 Esta facultad policial se instituye de forma específica en el art. 10 bis de La Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe. Además, resultan relevantes los análisis que hacen sobre estas prácticas en la policía de Santa Fe (Montero 2010), en la policía federal (Tiscornia et al. 2004) y en a investigación sobre el caso Bulacio que realizó Tiscornia (2008).

15 Estas técnicas aportan explicaciones, motivos de actuación y justificaciones bajo las cuales el delito aparece como permitido. Su importancia radica en que no son simplemente excusas o racionalizaciones esgrimidas con posterioridad, sino también frases que facilitan o motivan la comisión de estos actos, neutralizan una limitación normativa preexistente y permiten además que las prohibiciones morales permanezcan intactas (Matza y Sykes 2004).

16 Desarrollo con mayor profundidad estas cuestiones en Cozzi 2015.

17 Para la categoría matables véase trabajo de Pita (2010:22) sobre activismo de los familiares contra la violencia policial.

18 Los jóvenes refieren como la bronca a los grupos de jóvenes con los que están «enfrentados» (Cozzi 2014, 2015).