Introducción

La práctica de la arqueología continúa siendo en el ideario de la cultura popular hondureña una dedicación revestida de romanticismo y aventura, fundado en parte por las exploraciones pioneras de la primera parte del siglo XX. El prototipo del sitio arqueológico por excelencia es la antigua ciudad maya de Copán. Todo lego supone que un arqueólogo que se precie de sí mismo no puede tener otra meta más que alcanzar algún día el privilegio de excavar en ella. Sin embargo, el Parque Arqueológico se encuentra hoy a poca distancia de un pequeño conglomerado urbano, donde a lo más que se expone un visitante es a la picada de un mosquito. No hay selvas exuberantes ni bosques impenetrables, y si bien el río Copán puede convertirse en los inviernos copiosos en una rauda corriente, por lo general se desliza por el valle.

 No obstante, persiste la asociación mental de los descubrimientos arqueológicos con el bosque tropical, el terreno escabroso, la dificultosa caminata, los grandes felinos y otra fauna peligrosa. Esta fértil imaginación se ha proyectado de lleno en las últimas décadas en la legendaria Ciudad Blanca, que se supone escondida en las selvas del noreste de Honduras y que desde el siglo XVI (Lara Pinto y Hasemann 1988) ha dado lugar a expediciones de todo tipo. La paradoja radica en que la región que se señala como locus de la Ciudad Blanca no podría encontrarse más a trasmano de la zona maya. Esto no ha impedido que el gran público especule sobre su origen y lo atribuya a los mayas, desconociendo flagrantemente las evidencias sobre la existencia de otros pueblos y otras culturas antes y ahora en ese territorio.2

 En amplios círculos de no antropólogos, Mesoamérica y la Zona Maya son entendidas como una y la misma cosa, en especial cuando se trata de asuntos de promoción turística; la zona maya se extiende a conveniencia más allá de sus fronteras orientales, desvirtuando con ello el legado de otras identidades. El multifacético universo mesoamericano es reducido a una única cultura y se ha hecho, además, una separación esotérica entre el antiguo centro ceremonial y el poblado rural, entre la construcción de mampostería y el rancho de bajareque, entre el personaje representado en las estelas y el anónimo hombre y mujer común. Esta dicotomía ajena a la realidad ha creado la idea de que los antiguos mayas vivían sin excepción en impresionantes centros urbanos, que al ser abandonados en las tierras bajas al final del período Clásico, 800-1000 d.C., desapareció una sociedad por entero y no sólo uno de sus segmentos.

 Este sistemático desconocimiento de la existencia de otras culturas en Honduras tanto o más antiguas que la maya, ha conducido a una exaltación de las raíces mayas en detrimento de los otros pueblos originarios en la propuesta de nación, y sólo recientemente se han abierto brechas para enmendar el sesgo en los libros de texto y en los contenidos programáticos de la educación nacional. Así las cosas, el pueblo indígena lenca, que se perfila como mayoritario y con la más extensa cobertura geográfica en la época de la conquista española a principios del siglo XVI, ha permanecido ausente del proyecto de identidad nacional, a pesar de ser precisamente dicho pueblo el que aportó la masa crítica para el posterior mestizaje en todas sus formas.

 La unidireccionalidad aplicada al pasado ha influido también en el enfoque regional y temático de los estudios científicos, los cuales, en ausencia de una política consolidada de país sobre la investigación antropológica en general, y arqueológica en particular, han concentrado los medios propios y de la cooperación externa en una sola cultura y un limitado sector del país. Cabe mencionar que en las décadas 1980 y 1990 se crearon condiciones para romper este modelo y se realizó un esfuerzo serio para introducir una visión de integralidad en la investigación arqueológica, como veremos abajo. Este esfuerzo, sin embargo, ha sido descontinuado con el agravante de que en el momento actual la importancia de los vestigios arqueológicos se ha querido reducir al papel de generadores de divisas a través del turismo de masas.

 

2. MESOAMÉRICA VERSUS ÁREA INTERMEDIA: HONDURAS, ZONA DE INTERACCIÓN

 

A pesar de su complejidad ambiental y cultural, el istmo se ha dividido tradicionalmente en el Área Cultural Mesoamericana, hacia el norte, y el Área Cultural Intermedia hacia el sur.

Ambas comparten una fluctuante frontera en alguna parte entre el centro de Honduras y la península Nicoya, en el noroeste de Costa Rica, y ambas áreas culturales se extienden más allá de las fronteras políticas modernas de Centroamérica (Hasemann 1996: 35).

 Frecuentemente, la creación y mantenimiento de estas áreas culturales tienden a oscurecer la naturaleza dinámica de las zonas de cambio paulatino, o transición, de uno a otro área cultural. En Honduras este traslape entre áreas culturales ha llevado a proponer un territorio de interacción que ha sido llamado Zona Central, para diferenciarlo de Mesoamérica, propiamente dicho, que se extiende hacia el norte, así como del Área Intermedia, que se extiende hacia el sur. También se ha propuesto que esta zona de transición posee su particular conjunto de rasgos característicos (Hasemann 1996: 36-37).  El énfasis de la investigación arqueológica en Honduras se ha concentrado en la región correspondiente a Mesoamérica y su frontera inmediata, es decir, de su periferia sur. Esto se da en función directa con las características culturales que le imprimen su sello y que se resumen de forma comparativa en el cuadro 1. Asimismo, para una mejor comprensión del marco cronológico se incluye el cuadro 2.

 

 

3. APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN HONDURAS

 

La reseña que se comparte está lejos de ser exhaustiva, y algunas investigaciones serán tratadas con mayor detalle que otras simplemente porque hay un mejor cuerpo de información disponible. La bibliografía que acompaña este trabajo es parte del intento de sistematización y tampoco está completa. El objetivo consiste en establecer un punto de partida para la discusión de los lineamientos subyacentes a estas iniciativas y las estrategias de política aplicadas en la investigación arqueológica hondureña.

 

 

 Una conocida descripción de Copán que hizo el oidor de la Audiencia de Guatemala Diego García de Palacios en 1576 representa la primera noticia histórica sobre este asentamiento (ver Luna Desola 1982), pero es la obra de un viajero y diplomático a mediados del siglo XIX (Stephens 1841) la que hace trascender su importancia, a la vez da lugar a que se declare en 1845 propiedad de la nación (ver Sitio San Miguel de Copán 1873). Posteriormente, en 1891 el gobierno de Honduras estableció un convenio con Peabody Museum, resultado del cual fueron las cuatro expediciones arqueológicas que se llevaron a cabo entre 1891 y 1985. A partir de entonces se acumularon datos sobre este sitio y su entorno (Maudslay 1889-1902; Gordon 1896; Spinden 1913; Morley 1920). Después de 1935 se inicia otra etapa en las investigaciones en Copán, producto de la colaboración establecida con la Institución Carnegie, que se prolongó hasta 1942, es entonces cuando se inician los trabajos de restauración bajo la tutela de G. Stromsvik.

Cuadro 2

 

 

 Las investigaciones modernas en el sitio y valle de Copán fechan de la década 1970 bajo la responsabilidad de Gordon Willey (1975-1977) mediante financiamiento externo, y ponen las bases para la organización del primer proyecto arqueológico financiado por el Estado de Honduras. De esta manera dio inicio el Proyecto Arqueológico Copán, Primera

Fase, bajo la dirección de Claude Baudez (1977-1979). El Proyecto Arqueológico Copán, Segunda Fase, fue dirigido por William T. Sanders (1980-1985). A partir de entonces las investigaciones han continuado, si bien es cierto a menor escala, pero con enfoques especializados que redundan no sólo en una más precisa comprensión del desarrollo del asentamiento, sino también del valle y su periferia. —Para una detallada exposición del tema ver Fash y Agurcia 1996.

 Esta comprensión de las relaciones entre Copán y su periferia oriental también se vio ensanchada por las investigaciones iniciadas en los valles nororientales vecinos —La Venta y Florida— patrocinadas por la cooperación japonesa y dirigidas por arqueólogos como Seiichi Nakamura y Kazuo Aoyama; se trata del Proyecto Arqueológico La Entrada (1983-1990 y 1991-1997). Como un producto de estas investigaciones fue establecido el Parque Arqueológico El Puente, parcialmente restaurado. 

 El proyecto de construcción de la más grande represa hidroeléctrica del país, en las tierras altas centrales, desencadenó un proceso constante de rescate arqueológico de mayor envergadura que sigue hasta la fecha, en la historia de las investigaciones arqueológicas en Honduras. Se trataba, además, de una región hasta entonces desconocida, y los hallazgos, inesperados por cierto, de El Proyecto de Investigación y Salvamento Arqueológico dirigido por Kenneth G. Hirth, Gloria Lara Pinto y George Hasemann (1980-1984), llenó de sorpresas a los hondureños y reiteró que aun fuera de la zona maya, el territorio había sido ocupado por sociedades agrícolas con organización social y política compleja y redes comerciales de largo alcance cuyo establecimiento es posible retrocederlo al año 200 a.C., y se prolongó sin interrupciones hasta 1000 d.C. (Hirth, Lara Pinto y Hasemann 1989).

 

 

 Lo anterior no significa que se hubieran realizado investigaciones arqueológicas en otras partes del país fuera de la zona maya propiamente dicha, previo a los descubrimientos de El Cajón, aunque ninguno antes había recibido la atención del público no profesional hondureño. Es más, uno de los emprendimientos más serios y sostenidos ha sido el Proyecto Arqueológico Valle de Sula y sus distintas etapas (1978-1992), dirigido por John Henderson, Eugenia Robinson y Rosemary Joyce en sus inicios, y en el que han participado otros muchos a lo largo de los años. Las investigaciones han continuado hasta el presente y ello ha permitido localizar uno de los centros alfareros más antiguos, 1600-1400 a.C., en el bajo río Ulúa (Joyce y Henderson 2001).

 Las investigaciones en la región sur de Honduras (Baudez 1964-1965) se han limitado a la llanura costera que irrigan los ríos Goascorán y Choluteca. Sin embargo, se ha propuesto una secuencia cronológica basada en la cerámica Choluteca que tiene vigencia para Goascorán. Esta secuencia inicia en el Clásico Temprano —se dispone de una fecha de C14 correspondiente a 370 d.C.— y se prolonga hasta el Posclásico Tardío (Reyes 1976:345-346).

 

 

 

 

 En el Valle de Comayagua las investigaciones son anteriores a 1949 (Canby) y se concentraron entonces en el sitio Yarumela, reconocido por la antigüedad de su producción alfarera, 1400-1100 a.C. Más tarde fueron continuadas en el proyecto Arqueológico Comayagua por L. Joesink-Mandeville (1981-1998) a pequeña escala. También en el Valle de Comayagua se han llevado a cabo, en las últimas dos décadas, prospecciones generales del patrón de asentamiento (Dixon 1989) y algunas excavaciones extensivas (JoesinkMandeville, LeRoy, Méluzin y Sánchez 2004). Por su parte, en la zona montañosa adyacente, Departamento la Paz, se ha realizado un recorrido preliminar (Begley y Varela 1992).

 Colindantes con el Lago de Yojoa, en el centro de Honduras, las áreas vecinas son conocidas por una serie de asentamientos precolombinos que conjuntamente han sido designados como Los Naranjos, cubren un lapso de tiempo que va desde 800 a.C. a 1200 d.C. A la evidencia encontrada en los asentamientos hay que agregar los resultados de los estudios realizados a través de la extracción de sedimentos del lago (Rue 1987, 1989; Greene 2000), que fechan la introducción de la agricultura de maíz en la cuenca alrededor del año 3000 a.C. El parque del mismo nombre, ubicado a unos 635 msnm, cubre únicamente algunos de estos sitios. A pesar de los esfuerzos realizados desde 1973 (Baudez y Becquelin) no se ha realizado aún ningún inventario sistemático de la arqueología ni de los recursos que podrían haber sido aprovechados por las poblaciones precolombinas. Esto incluye las relaciones entre Los Naranjos y las regiones adyacentes, la extensión geográfica de la influencia de este sitio y, además, las posibles ocupaciones humanas de mayor antigüedad que Los Naranjos en los períodos Arcaico, 7000-2000 a.C., y Paleoindio, antes de 7000 a.C. Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos es la conservación del ecosistema y del contexto cultural del Lago Yojoa (Hasemann 1995).

 La Zona Arqueológica de Los Naranjos abarca un área de 5 km2 aproximadamente, el Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos (Hasemann 1995) cubre únicamente 1.5 km2, e incluye el componente perteneciente al período Formativo Medio, 800-400 a.C. En 1996 el Proyecto Arqueológico Cuenca del Lago de Yojoa, PACLY, del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, realizó un registro de los vestigios arqueológicos dentro de los límites de la zona arqueológica y en un cierto perímetro fuera de ella, así como una revisión de la bibliografía anterior a 1973 (Dixon, Webb y Hasemann 2001).

 

 

 

 

 Sobre la arqueología de Guanaja la primera noticia moderna inicia con la visita exploratoria realizada entre 1839 y 1841 a Plan Grande. En 1930 y 1931 se organizó una expedición dirigida por F. A. Mitchell-Hedges, bajo los auspicios del Museum of American Indian de la Heye Fundation, la cual permaneció varios meses en las Islas de la Bahía, en donde se hizo una extensa recolección de piezas arqueológicas. Igualmente, en 1931, el American Museum of Natural History organizó la “Boeckelman Shell Heap Expedition”, en la que participó el arqueólogo Junior Bird. La siguiente expedición fue patrocinada por Smithsonian Institution y llevada a cabo en abril y mayo de 1933 por el arqueólogo William Duncan Strong (1935: 1).

 Durante la expedición arqueológica de 1933 dirigida por Strong —como en las anteriores— solamente se hicieron pozos de sondeo y recolección superficial de artefactos. En su posterior publicación (Strong 1935: 119-136) inserta la descripción de siete sitios y un mapa de Plan Grande. En el siguiente lapso de más de 40 años no se volvió a realizar ningún trabajo arqueológico en las Islas de la Bahía, hasta la década de 1970 en que Heremiah F. Epstein y su equipo retoman los trabajos y se hacen reconocimientos de superficie y pozos de sondeo en los sitios más importantes. De estas investigaciones surgieron varias publicaciones (Hasemann 1977). Recientemente (Begley 1999 y Cruz Castillo 1999), realizaron un reconocimiento del sitio de Plan Grande/Marble Hill con el objeto de proponer una investigación en profundidad.

 No obstante que el registro existente de los elementos diagnósticos, cerámica y lítica, de la actividad cultural prehispánica en las islas aún es incompleto, se dispone de estudios realizados en Utila (Hasemann 1977) y Roatpan (Epstein 1957; Begley 1999; Cruz Castillo y Orellana 2000) que constituyen un importante punto de comparación.

                   También en las tierras centrales noroccidentales se han realizado varios estudios.

Como ejemplo se menciona El Proyecto Arqueológico Santa Bárbara, dirigido por Patricia

Urban, Edward Schortman y Wendy Ashmore (1983-1985). Posteriormente, Urban y Schortmann concentraron su interés en el valle de Naco y, en especial, en un importante asentamiento conocido como La Sierra (1995-2005).

 Un impresionante descubrimiento hizo volver los ojos al oriente de Honduras, en donde están localizadas las ahora famosas Cuevas de Talgua (800 a.C.). Las investigaciones las llevó a cabo en 1995 James Brady junto con George Hasemann. Posteriormente se añadió una prospección de la región.

 Dos proyectos dirigidos por George Hasemann sobresalen aquí. El primero contemplaba la investigación de la gruta El Gigante en las tierras altas del suroccidente de Honduras (1990-1996), sitio que ha arrojado la fecha más antigua de ocupación —fechas de radiocarbono 9950# y 9450#70 años de antigüedad; calibradas en aproximadamente 12000 y 11500 años de antigüedad, respectivamente— (ver Hasemann 1996 y Hasemann y Lara Pinto 2000). La prospección de la zona fue realizada por Timothy Scheffer, quien posteriormente continuó con las excavaciones (2001). Cabe mencionar que había indicios anteriores de la gran antigüedad de la zona, pero que no se consideraban lo suficientemente convincentes. El segundo proyecto, realizado por Allison McKittrick (1994-1997), se enfocó en el inventario y descripción de los sitios de arte rupestre (McKittrick 2003).  Muchas otras menores investigaciones de reconocimiento arqueológico de corta y mediana duración se han llevado a cabo en la región oriental y nororiental de Honduras: centro-oriente (Helbig 1956); río Plátano (Robinson 1985); río Guampú (Hasemann 1988); río Verde (Hasemann 1990); Dulce Nombre de Culmí (Begley 1991); río Cangrejal (Lara Pinto y Fernández 2001); Laguna de Caratasca y Rus Rus (Lara Pinto y Fernández 2002); Valles del suroccidente (Cruz, Neil y Heredia 2001).

 Todos los proyectos arriba mencionados se han desarrollado en el marco temporal previo a la conquista española, las investigaciones de carácter histórico son pocas y de limitada cobertura. George Hasemann realizó en la década de 1970 investigaciones arqueológicas en una iglesia colonial del siglo XVIII, ciudad de Comayagua, y luego en la Fortaleza de San Fernando de Omoa (1986). En los valles norcentrales se exploraron varias iglesias coloniales entre 1983-1985 (Weeks y Black 1987), y en 1990 se llevaron a cabo sondeos y algunas excavaciones extensivas en Trujillo, ciudad, fundada en el siglo XVI (Hasemann y Lara Pinto 1990). En 1992 se realizaron sondeos en los interiores de algunas casas coloniales de Comayagua; con motivo de la restauración total de la catedral de esta ciudad, se dio oportunidad a los arqueólogos para explorar bajo sus pisos.

 Por último, hasta la fecha no ha habido alguna investigación arqueológica subacuática, los objetos en posesión del IHAH de esa procedencia han sido extraídos por particulares y más tarde decomisados, cuando se ha tenido noticia de ello. No obstante, en 1996, ante las múltiples amenazas al patrimonio subacuático, se reunieron en Tegucigalpa un grupo de expertos para tratar el tema y proponer estrategias basadas en sus experiencias (Hasemann 1996).

             

4. ARQUEOLOGÍA, NACIÓN E IDENTIDAD

 

Establecer una relación entre las poblaciones aborígenes que ocupaban el territorio de la actual Honduras en la más remota antigüedad y aquella cuya existencia atestiguan los europeos a principios del siglo XVI, es una tarea inacabada que requiere mayor profundidad. Sin embargo, las concepciones alimentadas por la interpretación de los hallazgos arqueológicos contribuyen a la reivindicación de una determinada identidad nacional (ver cuadro siguiente).

 

 

 En el mismo contexto, se entenderá “nación” como un cuerpo de personas lo suficientemente grande que se considera a sí mismo miembro de una entidad que corresponde a cierto territorio estatal moderno, de tal manera que hay una congruencia entre la unidad nacional y política. Un punto importante es que el nacionalismo es el programa para crear naciones y existe previo a la formación de la nación misma (en Kohl 1998: 226). Las naciones son construidas por políticos nacionalistas e intelectuales, y estos procesos son apoyados por las clases sociales que se benefician económica y políticamente de su construcción. 

 En este sentido, la llamada arqueología nacionalista “Se refiere no sólo al registro, sino también a las políticas adoptadas por el Estado que hacen uso de los arqueólogos y sus datos para objetivos de creación de una nación, y tales políticas se pueden extender más allá de las fronteras del estado. La arqueología nacionalista se encuentra frecuentemente involucrada en la creación y elaboración de identidades nacionales, procesos que no sólo ocurren dentro de los estados, sino también a medida que los estados se expanden e interactúan con otros estados” (Kohl 1998: 226).

 Lo ocurrido en otras partes de América en el siglo XIX puede aplicarse muy bien a Honduras, es decir, cada nación-estado emergente tenía que construir su propia identidad nacional, lo cual requirió de un activo olvido o mal recordar y del redescubrimiento o invención de su pasado. Los mitos del origen nacional tuvieron que ser relaborados a partir de una variedad de fuentes, incluyendo, en forma notable, los restos materiales encontrados dentro de las fronteras territoriales demarcadas para ese estado. 

 En consecuencia, la asociación entre el desarrollo de la arqueología y la construcción de la nación fue tan obvia que se mantuvo en gran parte sin cuestionamientos a través de todo el siglo XIX y la mayor parte del XX; las raíces de los países fueron extendidas hasta la nebulosa del pasado prehistórico. Ahora bien, el significado nacionalista adjudicado a los datos arqueológicos varió también de acuerdo con la disponibilidad de los registros históricos, el peso relativo de las fuentes históricas y arqueológicas y el contenido empírico de esos registros (Kohl 1998: 228).

 Otro concepto importante es “etnicidad”. En términos modernos se parte del entendido de que “...un grupo es un ethnos distintivo cuando se considera a sí mismo como tal y es considerado como tal por otros grupos...” (Kohl 1998: 231). Este atributo de categorización es el más importante; rasgo para el cual no existe necesariamente un correlativo con la cultura material La perspectiva insiste en que los grupos étnicos son maleables y están en constante cambio en la medida en que se desenvuelve la situación histórica en la cual existen; la etnicidad, como la cultura, nunca está concluida, sino que siempre está “haciéndose” o “desapareciéndose”. Etnicidad y nacionalismo son concebidos similares en el sentido de que ambos son fenómenos socialmente construidos, por medio de los cuales se inventan las tradiciones y son manipuladas consecuentemente por razones políticas, económicas y sociales. No obstante, la etnicidad es una forma más universal de identidad grupal con un pasado que se puede extender hasta los tiempos históricos más tempranos, es más, quizá hasta los mitos de la prehistoria, pero que nunca puede ser seguramente rastreado (Kohl 1998: 231).

 Parafraseando al autor (1998: 232) se puede preguntar ¿cuándo surgió el grupo étnico concebido como un pequeño homúnculo en formación, que ya poseía todas las características esenciales definidas del dicho ethnos? ¿Desde las épocas remotas de los cazadores recolectores? ¿A partir de los primeros asentamientos agrícolas? ¿Desde cierta época previa a la conquista española? 

 Sin embargo, “etnogénesis es solamente un asunto relativamente menor asociado con el comienzo o formación inicial de un grupo étnico; mucho más significativos y complejos son los cambios que un grupo experimentará a través del tiempo —su “etnomorfosis”—. Estos cambios pueden conducir, aunque no necesariamente, a la aparición de nuevos grupos étnicos a través de procesos de asimilación, o cambios fundamentales o desaparición a través de varios procesos naturales o inducidos por la mano humana, como el etnocidio (Kohl 1998: 232).

 De esta manera, el “constructivismo contextual” —teoría que intercede aquí— por otra parte acepta que los fenómenos sociales son elaborados continuamente y manipulados por razones históricas comprensibles; pero tampoco niega el mundo exterior una realidad objetiva parcialmente aprensible que no puede ser reducida totalmente a la invención o la construcción social. Las representaciones o percepciones culturales construidas son reales, aunque la realidad comprende más que representaciones y existe independientemente de ellas (1998: 233).

 También menciona que en lo referente al papel de la arqueología en la construcción de las identidades nacionales deben mencionarse tres puntos adicionales. Primero, la tarea de construir identidades difiere en grado sumo dependiendo de cuántos pueblos indígenas sobrevivieron el contacto o la conquista y de la naturaleza de los restos culturales que dejaron. Segundo, el proceso de la formación de la identidad nacional es continuo y está en movimiento; lo que significa ser mexicano, argentino o indio americano, etc., hoy se interpreta distinto de lo que se entendía en el último siglo o a inicios de éste. Muchos cambios deben ser considerados progresivamente en cuanto a que el pasado de más pueblos es incorporado en las identidades nacionales, cada vez más inclusivas. Se han emitido legislaciones en diferentes países para proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluyendo la repatriación de objetos culturalmente significativos (Kohl 1998: 236).

 Al parecer una lectura común de corte nacionalista del pasado —que también se ha dado en Honduras— es identificar las entidades definidas por los arqueólogos, particularmente las culturas arqueológicas, en cuanto a un grupo étnico como ancestro de la nacionalidad o de la nacionalidad de interés a que se aspira. En nuestro propio caso este grupo mitificado sería el maya clásico. Tales identificaciones proveen a la nacionalidad en cuestión de una genealogía respetable que se extiende hasta el pasado, firmemente enraizado en el territorio nacional; la tierra y la gente se unifican. Una vez hechas, tales identificaciones pueden ser ampliadas para interpretar cambios progresivos, desarrollos culturales en el registro arqueológico, como resultado de las actividades del grupo étnico ancestral. Si otras evidencias contradicen el modelo autóctono de desarrollo es típico hacer adecuaciones.

 De igual manera es importante dejar claro que las culturas arqueológicas y los grupos étnicos no son sinónimos, y las modernas perspectivas constructivistas sobre etnicidad y nacionalismo impiden la posibilidad de una perfecta correlación entre los restos materiales y la etnicidad. El sentido de sí misma que tiene la gente —quién es y qué ha hecho— cambia continuamente y no puede ser mantenido constante a través de los siglos, no digamos milenios (Kohl 1998: 239).

            Dando estas premisas, podemos decir que

 

a)                  la construcción del pasado nacional de un grupo no debería suceder a costa de otros;

b)                 todas las tradiciones culturales deben ser reconocidas como dignas de estudio y   respeto; 

c)                  la construcción del pasado nacional no debería hacerse basada en el abandono de la  perspectiva de nuestra humanidad común en pasado y futuro compartido.

 

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

 

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia fue fundado en 1952. La primera etapa de su gestión se caracterizó por una casi exclusiva dedicación a la investigación arqueológica —dígase, Copán—. Los trámites encaminados a declarar la ciudad maya de Copán Patrimonio de la Humanidad culminaron en 1980 y, posteriormente, en 1982, fue también declarada Monumento Nacional. Los legisladores mostraron entonces una visión loable al no circunscribir la declaratoria al centro urbano antiguo, sino que incluyeron el valle mismo de Copán y los valles circunvecinos.

 La Constitución de la República —Decreto No. 131 de 11 de enero de 1982— establece en sus Artículos 172-176 los fundamentos doctrinarios de los que se desprende la legislación específica. La necesidad de fomento y protección del patrimonio cultural queda enunciada en el Artículo 172: “Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nación”.

 La primera Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación fue emitida en 1984 y reformada más tarde dando lugar al Decreto 220-97, 1998. De acuerdo con este decreto forman parte del patrimonio cultural material de la nación hondureña lo descrito en su Artículo 2, incisos 1-8, a saber: los monumentos de interés antropológico-histórico, los bienes muebles de interés antropológico e histórico, los conjuntos y agrupación de bienes inmuebles y su entorno natural que formen patrones de asentamientos humanos, los sitios arqueológicos —áreas abandonadas con evidencias de actividad humana de interés antropológico e histórico—, las zonas arqueológicas constituidas por conjuntos de sitios arqueológicos, las colecciones arqueológicas, los fondos documentales y los fondos bibliográficos; los incisos 9-10 refieren al patrimonio cultural inmaterial constituido por las manifestaciones culturales y las lenguas de los pueblos indígenas vivos, así como las manifestaciones culturales vernáculas vivas (ver anexo 1).

 A continuación se enumera la legislación nacional pertinente y conexa para la protección y conservación del patrimonio cultural:

 

•              Constitución de la República de Honduras: Artículos 172 y 173

•              Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación: Decreto 220-97

•              Ley General del Ambiente y su Reglamento General: Decreto No. 104-93, Título

IV, Capítulo III

•              Ley de Municipalidades y su Reglamento: Decreto No. 134-90, Artículos 13 y 14

•              Ley de Ordenamiento Territorial: Decreto No. 180-2003, Título Segundo, Capítulo

II, Artículo 22, Numeral 2); Capítulo 3, Artículo 27, Numeral 2, inciso h) y

Numeral 3, inciso d); Título Cuarto, Capítulo I, Artículos 40, 44, 47; Capítulo III,

Artículo 5.1

•              Ley de la Propiedad: Decreto No. 82-2004, Título V, Capítulo II, Artículo 74 y Capítulo III, Artículos 93 y 101

 

 La Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural se encuentra en funcionamiento desde hace alrededor de una década, y aunque su principal quehacer ha sido velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de pueblos étnicos, en los últimos años se ha involucrado cada vez más en la protección directa de los bienes patrimoniales muebles e inmuebles. Así, ha hecho confiscaciones a coleccionistas que evadieron el período para el registro de dichos bienes y ha dado seguimiento a las denuncias de destrucción de sitios en proceso o amenazados por el desarrollo de infraestructura.

 Entre los textos normativos de vigencia internacional se encuentran los emanados directamente de la UNESCO —Recomendaciones y Convenciones— y las cartas del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS (ver anexos 2 y 3).

               Aquí merece especial detalle la Convención sobre los Bienes Culturales Robados o

Ilegalmente Exportados —Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, UNIDROIT—, firmada en Roma en 1995 por iniciativa del gobierno de Italia. Como es sabido la Convención aplica a los reclamos de carácter internacional para: a) la restitución de bienes culturales robados; b) el retorno de los objetos culturales removidos del territorio del estado contratante en contradicción a sus leyes que regulan la exportación ilegal de objetos culturales con el objetivo de proteger el patrimonio cultural. A excepción de El Salvador y Guatemala que firmaron y ratificaron dicha Convención, ningún otro país centroamericano lo ha hecho.

 Honduras tampoco ha firmado la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, y el principal peligro se deriva de las compañías extranjeras, pero asociadas con nacionales, que ofrecen hacer las “exploraciones” a cambio de compartir con el Estado los bienes recuperados. Es claro que esto no es legalmente viable, pero se ha intentado recurrir a distintos subterfugios para hacerlo efectivo.

                     En 1999 se presentó la “Solicitud del Gobierno de Honduras al Gobierno de los

Estados Unidos de América para el Establecimiento de Restricciones de Importación a los

Bienes Arqueológicos de su Patrimonio Cultural bajo Protección en acuerdo con el Artículo 9 de la Convención de UNESCO sobre Propiedad Cultural de 1970”. Este tratado ha hecho posible el decomiso de bienes arqueológicos y girado la correspondiente notificación al gobierno de Honduras para su recuperación.

                          En octubre del presente año, el IHAH instaló la Comisión Nacional contra el

Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural en un esfuerzo conjunto con la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural para dar una más efectiva protección a los museos e iglesias, principales objetivos de los traficantes.

 

6. POLÍTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

 

El término “política” se ha entendido como una declaración de intenciones amplia y estratégica para cumplir un objetivo. En este sentido se ha considerado que una política es una fórmula teórica inferida de las pautas de selección de un comportamiento relevante. La política se manifiesta como un comportamiento uniforme y recurrente tanto por parte de aquellos que la proponen como de aquellos que la cumplen.

 El énfasis contemporáneo en la planificación estratégica permite entender las políticas como una visión de lo que ‘debería ser’. Por consiguiente, las políticas abarcan las acciones que indican que existe un compromiso por parte de los gobiernos para poner en marcha un proceso de construcción de políticas —contratación de especialistas, apoyo a las instituciones encargadas del patrimonio cultural, concertación de regulaciones, propuesta de legislación pertinente, desarrollo de materiales educativos y de promoción, entre otros— ; los productos concretos o de salida de esas políticas: planes estratégicos de protección y conservación del patrimonio, capacitación de técnicos en distintos niveles, puesta en vigencia de regulaciones; y también hasta la creación o fortalecimiento de las estructuras normativas para el tratamiento del patrimonio cultural —comisiones, unidades específicas dentro del aparato administrativo ya existente, dotación de adecuado financiamiento, nuevos perfiles para los cargos, aplicación de convenios con instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil.

 Entre los textos doctrinarios de política se pueden distinguir las directrices de política y las declaraciones de política. Las directrices son aquellos documentos que hacen recomendaciones para establecer los objetivos, la gestión futura del patrimonio, las áreas de acción y los pasos a seguir. Las declaraciones de política constituyen documentos que incorporan la conceptualización y caracterización de la actividad, y que han obtenido un cierto grado de oficialidad. En cuanto a los tipos de documentos de política se pueden distinguir la legislación, los planes y programas, los informes y documentos de discusión, y los discursos.

 

6.1 LEGISLACIÓN

 

Las leyes y sus respectivas reglamentaciones implican proyecciones de largo plazo y alto nivel de compromiso gubernamental.

 

6.2 PLANES Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

 

Los planes y programas demuestran ser, en muchos casos, las declaraciones políticas más detalladas e incluyentes. Por lo general presentan numerosos ejemplos y, a veces, el nivel de detalle llega a las municipalidades o/y a los parques arqueológicos o monumentos. En consecuencia, estos planes son las demostraciones más precisas de las políticas, más aún cuando incluyen planes específicos de acción y áreas de especialización. El desarrollo de planes de investigación, protección y conservación indica un relativamente fuerte compromiso de gobierno, sobre todo debido a la inversión que se hace por parte de la institución regente del patrimonio y a las alianzas multisectoriales que es necesario poner en marcha para su logro.

 

6.3 INFORMES Y DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN

 

Pueden ser actas o memorias de conferencias, talleres y foros de trabajo, informes gubernamentales, propuestas para discusión y comunicados oficiales de prensa, entre los principales. El espectro es diverso, en cuanto al nivel de detalle, inclusión y calidad pueden reducirse a unos cuantos párrafos o componerse de textos extensos. Este tipo de documento es útil como fundamento para la institución que prepara la política, puesto que proporciona los antecedentes y un estado del arte en la materia. Es común que tales documentos hayan sido preparados para un funcionario o una comisión oficial dentro de la institución y que aún no gocen totalmente de la aceptación oficial. No obstante, constituyen un paso importante y un punto de partida del proceso que puede culminar posteriormente en la sanción de una legislación y del consiguiente desarrollo de planes y programas.

 

6.4 DISCURSOS

 

Los discursos de los ministros y directores del ramo comentan en muchos casos los conceptos generales, los compromisos internacionales o sectoriales asumidos, los logros esperados y las acciones tomadas. Si bien es cierto tienden a ser generalizadores e ilustrativos, su principal utilidad respecto al establecimiento de políticas es que establecen la voluntad política para proponerla o hacerla efectiva.

 En lo que a las declaraciones de política se refiere cabe subrayar que el Decreto 220-97 reformado, si bien continúa haciendo énfasis en el patrimonio arqueológico no sólo incluye las otras posibles manifestaciones, sino que, además, incorpora la dimensión del patrimonio intangible. La legislación conexa de la década de 1990 se acopla al espíritu de dicha ley rectora en el ámbito del patrimonio, pero éste no es el caso con las leyes emitidas en 2000 y siguientes. Se vuelve obvio, en especial, en relación con la ley conexa de ordenamiento territorial, 2003, en cuyas mesas sectoriales no participó el IHAH como institución responsable del patrimonio cultural y cuyo articulado no prevé que se trate de un elemento inmerso en el proceso de ordenamiento territorial para el cual deben establecerse procedimientos y tratamientos acordes con su naturaleza.

 Los planes y programas que atañen a la investigación, protección y conservación del patrimonio arqueológico encuentran su mejor expresión en el tratamiento aplicado a la arqueología del valle de Copán. Toda investigación es precedida de un convenio de cooperación con universidades o instituciones que avalan los contratos individuales de los profesionales. La primera tarea de todo emprendimiento es la prospección, comprobación en el terreno y registro de la extensión y carácter de los vestigios. Las excavaciones extensivas deben sujetarse a la capacidad del proyecto de realizar las posteriores restauraciones. Este programa idealizado, susceptible de ser cumplido cabalmente cuando se tiene disponible la necesaria contraparte financiera, se ha aplicado y sigue aplicando en el valle de Copán y valles adyacentes, así como en los valles vecinos de La Venta y Florida.  En otras regiones del país, sin embargo, los programas de investigación derivan en pequeños proyectos de rescate, dado el agresivo y, al parecer, irreversible avance del desarrollo infraestructural, como ocurre en el valle de Sula. De hecho, con excepción del Proyecto de investigación y rescate de El Cajón, 1979-1984, diseñado como un programa de salvamento desde el inicio, las labores de rescate son el detonante de un buen número de emprendimientos, es decir, un hallazgo fortuito calificado de gran valor patrimonial se convierte eventualmente en un proyecto y se gestiona para ello su dotación financiera. Es indudable que este tipo de hallazgos siempre deben y serán atendidos sin detrimento de la implantación de un programa a mediano y largo plazo.

                   A finales de la década de 1980 se diseñó un programa de registro conocido como

Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos e Históricos de Honduras, INSAHH, el cual señalaba como punto de partida la sistematización de la información existente, resultado del total de las investigaciones hasta entonces realizadas; poniéndose como meta documentar los sitios visibles en la superficie conocidos o no por las poblaciones locales, desplazándose de región en región. A este programa debería otorgársele prioridad para realizarlo en el más corto tiempo posible para que los registros orientaran una propuesta integral de investigación arqueológica en todo el territorio hondureño. El producto tangible hubiera sido un llamado Atlas Arqueológico de Honduras (ver Hasemann 1998, IHAH).

 A principios de la década de 1990 se hizo palpable el peligro que corría el patrimonio sumergido, nuevamente se hicieron esfuerzos para desarrollar una estrategia de protección basada en un programa de investigación a largo plazo que culminara con la instalación de un museo de arqueología en la zona costera o insular. Se realizaron las reuniones de expertos, se documentó el saqueo en el ámbito nacional y se conocieron las experiencias de otros países del área en materia del tratamiento del patrimonio sumergido. La vigencia de este planteamiento no fue reconocida y la necesidad de una fuerte gestión de recursos lo relegó al olvido (Hasemann 1997).

 Un planteamiento para iniciar la búsqueda de los asentamientos de los pobladores predecesores de las aldeas agrícolas en las tierras centrales —Comayagua, Lago de Yojoa— motivó el diseño de un programa de registro del arte rupestre y con ello de la prospección de terrenos alejados de los valles o planicies pluviales. De esta manera se puso en marcha el programa y de él se derivó la selección de un abrigo para realizar excavaciones extensivas que culminaron en el descubrimiento del sitio de ocupación más antiguo de Honduras: Proyecto El Gigante (Hasemann y Lara Pinto 2000; Scheffler 2004). El registro del arte rupestre —pintura y grabado— cubrió el suroccidente y centro del país con incursiones esporádicas en otras regiones (McKittrick 2003).

 Ejemplos como los anteriores ponen de manifiesto la falta de planificación estratégica en la toma de decisiones para la investigación del patrimonio arqueológico, e igualmente de una política de integralidad y normatización del quehacer de una institución.  Pasando al último tema de este apartado, el Parque Arqueológico Copán es el primero del país, 1980, y su Plan de Manejo, 1984, pone las bases para una visión de corto, mediano y largo plazo; pero otra vez la falta de inducción en cuanto al seguimiento de los programas y el incumplimiento de metas no permitieron que se convirtiera en instrumento de trabajo efectivo. Una década más tarde abre sus puertas el Parque Arqueológico El Puente. El Parque Arqueológico Talgua, que recién inaugurado recibe grandes daños en 1998 por el Huracán Mitch, es reconstruido y vuelto a abrir al público casi al mismo tiempo que el Parque Eco-arqueológico Los Naranjos, con el cual el IHAH inicia el nuevo milenio, 2000.

 Durante 2005 se ha estado trabajando en la elaboración del Plan de Manejo del futuro Parque Arqueológico Río Amarillo, a 17 km de Copán.

 En los últimos dos años, a iniciativa del IHAH, se han propuesto dos nuevos parques arqueológicos: uno en el valle de Sula, Cerro Palenque, y otro en la isla de Guanaja, Plan Grande. Se trata el primero de una fortaleza de finales del Clásico Tardío y de un centro ceremonial probablemente en uso al momento del contacto con los europeos. Junto con estos parques se están preparando también los dos mencionados anteriormente para recibir sus planes de manejo a mediano plazo.

 Con todo, el desarrollo infraestructural del país ha tropezado en el completo de su geografía con los vestigios de las ocupaciones pasadas. Hasta la emisión de la primera Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación en 1984, las colecciones privadas y los traficantes se nutrían de la destrucción de los sitios arqueológicos en el trazo de las carreteras u otras obras masivas de infraestructura. Esta ley junto con la Ley de Ambiente y su Reglamento (1993) apoyaron los estudios de impacto ambiental, de los cuales formaban parte los estudios de los recursos arqueológicos. En los últimos diez años las compañías de ingeniería se han visto necesitadas de los arqueólogos en sus equipos de trabajo para dictaminar sobre la naturaleza de los bienes patrimoniales que serán impactados y las medidas de mitigación a tomar. El IHAH se reserva el derecho de aprobar o desaprobar estos dictámenes.

 A la fecha, los arqueólogos han sido contratados individualmente y por tiempo limitado por las compañías constructoras, pero desde hace algún tiempo se ha pensado en propiciar el establecimiento de compañías que exclusivamente oferten servicios profesionales en arqueología.

            Es claro que las acciones ligadas a la investigación y manejo del patrimonio arqueológico, y del patrimonio cultural en general, deberían estar enmarcadas en las políticas nacionales para el sector cultural. En defecto de un enunciado concreto al respecto, se ha tomado como punto de referencia la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo —Estocolmo, 30 de marzo a 2 de abril de 1998—, promovida por la UNESCO, en la cual participó Honduras, y que establece, entre otros, el siguiente objetivo de política para el desarrollo, pertinente al tema que nos ocupa:

 

• Reestructurar las políticas y las prácticas con el fin de conservar y acentuar la importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble, y promover las industrias culturales.

 

 Sin embargo, no parece que se trate de restructurar políticas, que no las hay definidas, sino más bien de sistematizar la práctica y que esto conduzca a planteamientos que puedan convertirse, cuando menos, en directrices de política.

 

7. LA FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

 

Valga la aclaración que en este trabajo se parte del entendido de que la arqueología3 es antropología, y que para los efectos no debería ser lo más importante si se imparte en una unidad académica independiente o está incluida en un departamento de antropología, que puede o no estar representada, además de las otras disciplinas del esquema holístico clásico de nuestra disciplina (para un debate ver Gillespie y Nichols, 2003).

 Honduras es el único país centroamericano en donde los antropólogos en general y los arqueólogos en especial no pueden recibir formación profesional. Si bien en la mayoría de las universidades se encuentran algunas asignaturas en los planes de estudios de las carreras de historia, arquitectura, ciencias sociales y turismo, esto no satisface las necesidades del país en dicho campo profesional. Otra vez, parece que la falta de una política en este sentido, conjunta de los sectores educación y cultura, ha impedido la institucionalización de tal ciencia. El mayor agravante es que, como es sabido, la reducida investigación que se da en nuestra región es propiciada por las universidades, y si este ambiente está vedado a la investigación antropológica en su sentido más amplio entonces se reducen aún más las posibilidades.

Por tanto, si un extremado nacionalismo nos llevara en Honduras a dificultar el ejercicio profesional de los arqueólogos avalados por universidades o instituciones extranjeras, sin que aún se haya formado la siguiente generación de arqueólogos hondureños, se podría crear un hiato dentro de la investigación arqueológica. En esta coyuntura de acelerada destrucción de los bosques de tierra alta y tropicales, el crecimiento sostenido de la población y la colonización avanzada de los últimos reductos vírgenes, un alto forzado en el quehacer serio y comprometido de nuestros colegas parece contraproducente. Más se ganaría si estableciendo alianzas estratégicas y en un esfuerzo compartido se iniciara cuanto antes la formación de los arqueólogos(as) hondureños(as) del futuro.

 Sin entrar en detalle, es preciso mencionar el papel crítico que juegan los museos como medios didácticos en todos los niveles de la educación. El Museo Nacional de Antropología en Tegucigalpa, sin embargo, fue cerrado en algún momento alrededor de 1995, sin ofrecer ningún sustituto cuando menos equivalente. Las buenas intenciones de la decisión en aras de instalar uno mejor quedaron sin valor y efecto a diez años del suceso. Mientras; el Museo de Antropología de San Pedro Sula, con su espléndida colección arqueológica, abrió sus puertas y se ha mantenido a través de las vicisitudes producto de la indiferencia gubernamental. Los otros museos, como la Galería Nacional de Arte con su sección dedicada a la época precolombina, el Museo de Arqueología de Comayagua, el Museo de Arqueología e Historia de las Islas de la Bahía, con las piezas arqueológicas puestas a disposición por los mismos residentes, y los dos museos en Copán Ruinas; llenan sólo de manera parcial las necesidades de información y formación del público hondureño sobre su historia antigua.

 

8. PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO

 

En otro lugar (Lara Pinto 2001) he discutido ampliamente sobre la amenaza que significa para el patrimonio cultural un turismo mal manejado. Especialmente peligroso es cuando los gestores del turismo en el país traspasan los límites de su competencia y pretenden, en lo que corresponde a los sitios arqueológicos, convertirlos en destinos masivos de visitantes que arriban por la mañana y regresan por la tarde a su lugar base, sin haber hecho partícipes de los beneficios a los residentes locales.

 Igualmente peligroso es cuando estos mismos gestores del turismo, sin considerar la normativa nacional e internacional, toman decisiones sobre los desarrollos infraestructurales, desconociendo la opinión de los expertos. El caso más preocupante en este momento en Honduras es la propuesta de construcción de un “aeródromo” a 17 km de Copán, contra todos los dictámenes emitidos por arqueólogos, ecólogos, ICOMOS Internacional e inclusive UNESCO. La contradicción es grande, pues dentro del mismo paquete financiero se está ofreciendo la puesta en valor de un sitio arqueológico, Río Amarillo, y la destrucción de otro, Piedras Negras, la impermeabilización de un humedal y la destrucción de un lugar cercano de anidamiento de aves. Sin mencionar el cambio de la trama socioeconómica en un espacio eminentemente rural (ver Lara Pinto, Gloria y José A. Lara Pinto 2004).

 Es evidente que el asunto relacionado con la definición, documentación, protección y manejo del entorno de un sitio patrimonial todavía necesita trabajo. Esta noción del entorno es mencionada en la Carta de Venecia, 1964, así como en otras cartas, se incluyen la Carta Internacional de Turismo Cultural, 1999, y la Carta de Burra, 1999. Sin embargo, los avances en la conservación y manejo del entorno no son satisfactorios todavía.

 En relación con el entorno no se trata solamente de la protección física, sino que debe incluir la dimensión social. Además se necesita del reconocimiento de los aspectos tangibles e intangibles que convergen en un entorno determinado. Por otra parte, esto involucra aspectos complejos de tenencia de la tierra y legislación paralela (ver, por ejemplo, Ley de Ordenamiento Territorial), al igual que las presiones sociales y económicas que inciden en el entorno físico y cultural de los recursos patrimoniales muebles.

 Los paisajes naturales o construidos que albergan sitios patrimoniales están inmersos en la dinámica social y económica de las comunidades, que contribuyen a darle valor y significado o son parte de ellos. Así, existe una creciente preocupación sobre el impacto del rápido crecimiento poblacional y desarrollo infraestructural, de esta manera la atención ha pasado de concentrarse en sitios patrimoniales individuales para dar lugar a un tratamiento más amplio del sitio y su entorno.

Lo anterior implica un énfasis no sólo en las características paisajísticas, sino también en las dimensiones históricas, ambientales y culturales. Para alcanzar esta meta será necesaria una consideración interdisciplinaria del tema y la revisión de las actuales prácticas.4

 

9. MÁS ALLÁ DE LA ARQUEOLOGÍA

 

La investigación, gestión y protección del patrimonio arqueológico van de la mano y deben pensarse inmersas en las políticas —enunciadas o tácticas— del sector cultural. Si se parte de que las manifestaciones de nuestra cultura, ya sean las del pasado remoto asumidas como nuestras, son un reconocido generador y consolidador de la identidad nacional, fortalecen la nacionalidad y potencian la ciudadanía, la paradoja persiste en las evidentes debilidades del sector y, cuando menos en el caso de Honduras, podría concluirse que la administración del sector cultura tiene un carácter secundario en el sistema público nacional, tampoco hay reconocimiento de su aporte al desarrollo, por lo tanto, no es sujeto de financiamiento.

 Algunas estrategias para romper con esta concepción podrían ser la articulación intersectorial —cultura, educación, ambiente y turismo— para el tratamiento integral del patrimonio, el territorio y el paisaje como recursos independientes y complementarios; la articulación de los ámbitos nacionales, regionales y locales para la protección y conservación del patrimonio cultural; establecimiento de líneas prioritarias de investigación apoyadas por alianzas estratégicas con las instituciones nacionales de educación superior; toma de conciencia en cuanto a que el patrimonio es un recurso no renovable y que su conservación y buen uso son un factor clave para el desarrollo del país; adjudicación del apoyo financiero necesario para la continuación/actualización del registro de bienes culturales muebles en todo el país —Atlas Arqueológico, Altas de Monumentos Históricos—; reconocimiento de la relación inextricable entre el patrimonio tangible e intangible, es decir, entre la manifestación material y su significado, y el apoyo al fortalecimiento de las capacidades locales para participar en los beneficios espirituales y económicos derivados de las buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural (Lara Pinto 2004).

 

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ANEXO 1

LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 CULTURAL DE LA NACIÓN
DECRETO NO. 220-97

CAPÍTULO II
DEL PATRIMONIO CULTURAL

 

ARTÍCULO 2. Se considera que forma parte del Patrimonio Cultural:

 

1)       Los Monumentos: Aquellos bienes inmuebles de la época precolombina, colonial y republicana que por su arquitectura o ingeniería sean de interés antropológico histórico;

2)       Bienes Muebles: Grabados, pinturas, esculturas, mobiliario, joyería, moneda, armas, vestuario, máquinas, herramientas u otros objetos de interés antropológico e histórico;

3)       Los Conjuntos: Agrupación de bienes inmuebles y su entorno natural que forman un patrón de asentamiento, continuo o disperso, que puede ser claramente delimitado, condicionado por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura;

4)       Sitio Arqueológico: Aquel área o lugar abandonado que presenta evidencia de actividad humana en forma de artefactos, rasgos y/o alteraciones producto de la misma, sean éstas de época precolombina, colonial o republicana de interés antropológico e histórico e incluyendo las evidencias que se encuentran en aguas jurisdiccionales en la superficie y en el subsuelo;

5)       Zona Arqueológica: Es un lugar donde existe un conjunto o grupo de sitios arqueológicos;

6)       Las Colecciones Arqueológicas: Restos materiales que han resultado de investigaciones arqueológicas, rescates o tareas de preservación de recursos arqueológicos o removidos con motivo de saqueos, así como la documentación relativa a los mismos;

7)       Los Fondos Documentales son: documentos manuscritos, impresos, sellos diplomas, mapas, planos, expedientes judiciales y administrativos, registros civiles y eclesiásticos, estampas, cintas magnetofónicas y grabaciones, microfilmes, fotografías negativas y positivas o cualquier clase de fondos judiciales, eclesiásticos o administrativos, sujetos de archivo;

8)       Fondos Bibliográficos: Bibliotecas especializadas, libros nacionales, hemerotecas e incunables y todos aquellos de interés histórico;

9)       Las Manifestaciones Culturales de los pueblos indígenas vivos, sus lenguas, sus tradiciones históricas, sus conocimientos y técnicas, sus formas de organización, sus sistemas de valores, sus prácticas religiosas y los lugares asociados a ellas; y,

10)   Las Manifestaciones Culturales de origen vernáculo vivas que sean de interés antropológico e histórico, organizaciones y celebraciones religiosas, música y danza, los prototipos de la producción artesanal y del arte culinario, la tradición oral.

ARTÍCULO 3.- Para los fines de esta Ley los bienes culturales protegidos que integran el Patrimonio Cultural Nacional se clasifican de la manera siguiente:

 

1) Bienes Nacionales Culturales de Uso Público, entendiéndose como tales:

 

a)                   La totalidad del patrimonio precolombino;

b)                  El patrimonio cultural sumergido; y,

c)                   Los fondos documentales de instituciones eclesiásticas;

 

2)       Bienes culturales propiedad de instituciones eclesiásticas;

3)       Bienes culturales propiedad de particulares, que tomen parte del patrimonio personal o familiar o hayan sido obtenidos lícitamente en su momento; y,

4)       Bienes de cultura popular, que son propiedad de las comunidades que los producen.

(Tomado de La Gaceta República de Honduras, Tegucigalpa, M. D. C., 21 de febrero de 1998. Pp. 5-9.)

 

ANEXO 2
NORMATIVA UNESCO

 

•              Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones             arqueológicas (1956).

•              Recommendation concerning international competitions in architecture and town planning (1956).

•              Recommendation concerning the most effective means of rendering museums accessible to everyone

                (1960).

•              Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes (1962).

•              Recomendación sobre medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, importación y   transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales (1964).

•              Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o            privadas pueda poner en peligro (1968).

•              Recomendación sobre la protección, en el ámbito nacional, del patrimonio cultural y natural (1972).

•              Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida         contemporánea (1976).

•              Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales (1976).

•              Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles (1978).

•              Recommendation for the safeguarding and preservation of moving images (1980).

•              Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular (1989).

•              Estatuto de Courmayeur. Taller Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural y Artístico

                (1992).

En https://www.unesco.org/culture/legalprotection/html_sp y www.unesco.org/culture/laws/html_eng

ANEXO 3
CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS, ICOMOS

•              Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios. Carta de

                Venecia. ICOMOS. 1964. (En revisión.)

•              Resolutions of the Symposium on the introduction of contemporary architecture into ancient groups of buildings. ICOMOS. 1972.

•              Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns.

                ICOMOS. 1975.

•              Declaración de Amsterdam. Congress on the European Architectural Heritage. 1975.

•              Carta para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas. Carta de Washington.

                ICOMOS. 1987.

•              Recomendación sobre la Protección del Folclor y la Cultura Tradicional. UNESCO. 1989.

•              Carta para la protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico. ICOMOS. 1990.

•              Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value. ICOMOS. Nueva Zelanda. 1992.

•              Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sities.

                ICOMOS. 1993.

•              Documento de Nara sobre Autenticidad. ICOMOS/ICROM/UNESCO. 1994.

•              Carta para la Protección y Manejo del Patrimonio Cultural Sumergido. ICOMOS. 1996.

•              Carta de Burra. Conservación de los Sitios con Significado Cultural. ICOMOS. Australia. 1999.

•              Carta Internacional sobre el Turismo Cultural (El Manejo del Turismo en Sitios de Significado    Patrimonial). ICOMOS. 1999.

•              Principios para la Conservación de Estructuras de Madera. ICOMOS. 1999.

•              Carta para la Preservación del Patrimonio Vernáculo Construido. ICOMOS. 1999.

•              Recommendations for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural       Heritage. ICOMOS. 2001.

•              Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 2003.