LOS COMIENZOS DEL COMERCIO JUSTO

 

Después de desaparecer el Instituto Mexicano del Café, Inmecafé,1 en 1993 el sector cafetalero mexicano atravesó por una severa crisis que algunos campesinos enfrentaron organizándose para controlar el proceso de producción y comercialización del aromático, mientras que otros decidieron abandonar el cultivo del grano. En el sur del país surgió una agrupación campesina, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI, que a finales de la década de los ochenta se vinculó con el organismo de cooperación holandesa Solidaridad para formar la asociación Max Havelaar. Esta favoreció la inserción de productores marginados al mercado internacional, a la vez que garantizaba un comercio equitativo, relaciones directas entre productores y compradores, un precio justo por el grano y el mejoramiento de su ingreso económico. Las acciones de UCIRI inspiraron a otras organizaciones campesinas, especialmente en Chiapas y Oaxaca, que comenzaron a exportar café de la misma forma. Con el tiempo estas organizaciones se fortalecieron, entre otras cosas, porque anclaron su estrategia de desarrollo autogestivo en relaciones de cooperación y solidaridad (Renard 1999).

Las iniciativas de comercio justo buscan mejorar las condiciones sociales y económicas de los pequeños productores en el tercer mundo, se basan en relaciones justas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, sin explotación infantil y respetando el medio ambiente. Ofrecen al pequeño productor la posibilidad de tener acceso al mercado en condiciones más favorables, operar independientemente de los intermediarios, además les proporcionan elementos para conducir su propio proceso de desarrollo (Schlagenhauf 1997). Sin embargo, la realidad de las organizaciones de nuestro estudio refleja cierta distancia en relación con estos criterios, como veremos más adelante.

La consolidación de un nicho de mercado alternativo como el comercio justo ha provocado la competencia entre las organizaciones que luchan por incorporarse a éste, lo que ha ocasionado que los mecanismos de regulación y los criterios para obtener cualquiera de los sellos de comercio justo sean cada vez más estrictos (Doppler y González 2007). 

CAFETICULTURA EN LA SELVA-NORTE DE CHIAPAS

En la región cafetalera Selva-Norte de Chiapas, que comprende los municipios de Yajalón, Chilón, Tila y Tumbalá2 (ver Mapa 1), productores tseltales y ch’oles nos muestran una expresión local de la cafeticultura orgánica. Estos productores comparten lazos históricos, culturales, políticos, lingüísticos, comerciales, económicos y, sobre todo, una tradición productiva que los vincula con el cultivo del aromático desde finales del siglo XIX. En la actualidad realizan el cultivo del grano bajo técnicas orgánicas de producción a través de un paquete tecnológico que ofrece un Despacho de Consultoría Técnica asentado en Yajalón.

 

 

 

La ciudad de Yajalón es el principal centro receptor de café de la región; también funge como cabecera distrital estatal, jurídica y hacendaria. Constituye el principal centro comercial regional; los habitantes de poblados cercanos llegan para vender diversos productos agrícolas, así como para abastecerse de insumos y herramientas; cuenta con una mayor infraestructura administrativa, comercial, educativa y de servicios que el resto de los municipios vecinos. La principal actividad económica de Yajalón es la agricultura, y el café es el cultivo más importante en términos económicos porque se destina en su totalidad al comercio. En este ámbito existe la presencia de varias empresas con capital foráneo dedicadas al acopio de café, actividad que genera una derrama económica complementaria a otras actividades como el trasporte (Aguilar 2005: 104).   De finales del siglo XIX y hasta la reforma agraria, el cultivo de café a gran escala estuvo en manos de finqueros de origen alemán y norteamericano, que en varios casos provenían de Guatemala y que establecieron grandes fincas en Yajalón, Tila y Tumbalá. Los finqueros contaron con el apoyo de la política porfirista (1877-1911), y en la entidad con facilidades otorgadas por Emilio Rabasa (1891-1895). Durante este periodo, las sociedades rurales              mayoritariamente indígenas— se dedicaban a la producción agrícola de autoconsumo en tierras fértiles, y eran la mano de obra barata disponible para las tareas agrícolas. Estas condiciones propiciaron el auge del cultivo de café a gran escala, y socialmente permitieron la existencia de relaciones de subordinación cultural y la consolidación de cacicazgos. 

La presencia de las fincas ocasionó que habitantes de Yajalón y otros pueblos migraran a trabajar en ellas. Las fincas tenían sus tiendas de raya, contaban con infraestructura, maquinaria y servicios —por ejemplo, electricidad y teléfono—, de los que el resto de la población no disponía. En ese momento, el pueblo de Salto de Agua se constituyó como principal centro comercial por su cercanía con el estado de Tabasco y por contar con un importante río, Tulijá, que sirvió para trasportar diversos productos, en especial la producción del aromático (Viqueira 1997).

Con la reforma agraria cardenista (1934-40) se realizó el reparto de tierras que formaban parte de algunas fincas. Durante esta época los indígenas que trabajaron como arrieros o acasillados en las fincas se trasformaron en ejidatarios que se dedicaban al cultivo de café en pequeña escala. En 1931 se formaron en Yajalón los ejidos Chitaltic y Lázaro Cárdenas, en donde hoy existen dos de las organizaciones más importantes e influyentes que reciben asesoría de DCT. Después de la Segunda Guerra Mundial sube el precio del café y Yajalón se constituyó en el centro receptor más importante de la región; los comerciantes ladinos3 asentados en el pueblo se convirtieron en intermediarios y durante largo tiempo acapararon la producción de café para después venderla a empresas o compradores extranjeros. El medio de trasporte por excelencia de 1930 hasta 1980 fue la aviación, debido a la falta de carreteras. 

En un primer momento, la vida política, económica y comercial regional, así como la producción de café, estuvieron en manos de finqueros extranjeros que fortalecieron intereses particulares. Así surgieron nuevas elites de poder regional, local y ejidal representadas fundamentalmente por los intermediarios o coyotes tradicionales que buscaron el control económico y político. Más tarde —en el sexenio de Luis Echeverría (1970-76)— se fortalecieron caciques finqueros e indígenas provenientes de ejidos formados durante la reforma agraria. Algunos de estos caciques aún cuentan con influencia y una red de clientes consolidada a partir del acopio y comercialización del aromático (Aguilar 2005: 114). 

La producción de café bajo técnicas orgánicas representa otra etapa en la historia de esta región; por un lado, debido a los procesos organizativos que viven los indígenas, así como por su aspiración de posicionar el grano en el mercado internacional sin intermediarios, a un mejor precio, y formar parte de la red de comercio justo. Por otro lado, la existencia de un DCT influye en los procesos de organización social y acceso al financiamiento. En las páginas siguientes nos enfocaremos en la labor de DCT y las organizaciones de productores de esta región, que hasta hoy permanecen ajenas al comercio justo.

 

CAFÉ ORGÁNICO Y CONSULTORÍA TÉCNICA

El Despacho de Consultoría Técnica —al cual habremos de referirnos a lo largo de este artículo— fue creado a finales de los años noventa en la región para proporcionar asesoría a los productores sobre aspectos técnicos y productivos con el objetivo de cumplir los criterios del cultivo de café orgánico. Cuenta con un Programa de exportación de café que opera fundamentalmente con recursos proporcionados por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, mediante un equipo de técnicos asesores que visitan una o dos veces al mes las comunidades en donde residen los productores (ver Figura 1). A través de este Programa también se capacita a los productores sobre aspectos como elaboración de fichas técnicas, requeridas por las agencias certificadoras, de igual manera para la formación de cuadros técnicos en las comunidades. Su labor se basa en el trabajo de una de las organizaciones regionales pioneras en la producción y exportación de café orgánico, la Unión Agrícola, Pecuaria, Industrial y de Servicios Tzijib Babi, UAPEIS TB, con sede en Yajalón e integrada mayoritariamente por productores de Tumbalá y Tila. 

 

 

Los técnicos asesores tienen a su cargo la tarea sustancial de realizar el proceso de trasferencia tecnológica de cafeticultura convencional a orgánica. Desafortunadamente no existen premisas que garanticen un trabajo sólido de base. Con frecuencia se trata de jóvenes que no viven en las comunidades ni son originarios de éstas; tampoco poseen vínculos de parentesco o relaciones más allá de las laborales. Se trata de jóvenes con formación de bachillerato o secundaria técnica, lo que asegura ciertos conocimientos básicos sobre cafeticultura, pero no hablan lenguas indígenas locales, en consecuencia requieren ser apoyados por un traductor durante los talleres de capacitación a productores. 

El escenario antes descrito dista de lo que viven organizaciones sociales históricamente ligadas al comercio justo, donde los técnicos asesores frecuentemente son hijos de productores que se han quedado a vivir permanentemente en las comunidades y conocen la problemática que atraviesan las organizaciones de productores, lo cual les permite tener una visión más completa.

Los servicios que ofrece DCT consisten en proporcionar asesoría jurídica y contable a los productores de organizaciones sociales de primer, segundo y tercer nivel;4 gestionar y asesorar trámites crediticios enfocados al sector agropecuario; capacitar técnicamente para la conversión de convencional a orgánico; dar consultoría en comercialización hacia los mercados nacionales e internacionales, entre otros. Una de sus funciones más importantes es actuar como intermediario financiero, al encargarse de negociar fondos crediticios tanto de la banca comercial como de programas gubernamentales (Aguilar 2005, González y Nigh 2005). 

Al conectar el ámbito local con el global, los DCT representan un modelo de asistencia técnica en la región y constituyen un eslabón más de la cadena productiva relacionada con la producción y comercialización de café orgánico. Tiempo atrás esta función la asumía Inmecafé, claro ejemplo del vacío institucional en las actividades productivas que pone en evidencia la inconsistencia de las políticas públicas.

Puede decirse que ha habido una trasformación en los modelos de asistencia técnica en el campo mexicano. Durante la década de los ochenta, los asesores tuvieron un importante papel en el desarrollo de organizaciones agroecológicas. En la medida que los productores abandonaron la lucha por la tenencia de la tierra y buscaron la apropiación del proceso productivo y la comercialización del grano, tuvieron que vincularse directamente a procesos económicos, actividades gerenciales y financieras, así como relacionarse con agencias de desarrollo para promover y/o solicitar la obtención de créditos. Muchas de estas organizaciones surgieron bajo la dirección de líderes indígenas o campesinos con escasos recursos económicos, bajos o nulos niveles de escolaridad y poca o ninguna experiencia en los procesos mencionados; por lo que necesitaron el apoyo de profesionales que desempeñaron el rol de asesores (Toledo 1992). Su función consistió en hacerse cargo de las relaciones comerciales, manejar las políticas de la organización, negociar contratos y realizar trámites con instituciones gubernamentales. Básicamente se desempeñaron como intermediarios entre las instancias gubernamentales y la organización, su coto de poder fue muy extenso en tanto que tenían en sus manos la vida política de la organización.5 Hernández (1992) dice que los viejos líderes que servían como intermediarios entre el gobierno y el campesinado, basados en una estrategia político-clientelar, fueron desplazados por los nuevos asesores externos. 

En ese modelo de asistencia técnica el asesor externo proporcionaba sus servicios a las organizaciones como empleado de gobierno, pero dejó de funcionar cuando estas consideraron prioritario la formación de cuadros técnicos comunitarios como medio para lograr un proceso autogestivo a largo plazo y como respuesta a la aguda crisis internacional de precios y al retraimiento del Estado. Con el tiempo el trabajo de técnicos y asesores se ha ido depurando paulatinamente, algunas organizaciones agroecológicas los integraron a su estructura organizativa como gerentes o técnicos especializados, otras los asumieron como sus dirigentes, varios abandonaron la vida política y varios se convirtieron en funcionarios de gobierno de alto nivel (Toledo 1992). 

Puede decirse que el asesor pasó a ser un agente libre como resultado de la política agraria en nuestro país y de la intervención de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI; Banco Mundial, BM; Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre otros. La trasformación del rol de los asesores y técnicos se dio en la medida en que hubo el retraimiento de las funciones del Estado mexicano, entre ellas su participación directa en la economía, la reestructuración de la política agropecuaria y de las instituciones que atendían al sector, la apertura económica, las modificaciones en la legislación sobre la tenencia de la tierra…

(Aziz 2003, Alba y Valencia 2003, Robles y Moguel 1989).

En la actualidad los asesores suelen ser consultores, profesionistas independientes que cuentan con despachos privados para proporcionar asistencia tecnológica a productores de los sectores agropecuario y pesquero. Si hablamos de la región Selva-Norte de Chiapas, los asesores llaman a su centro de trabajo despacho o consultoría, indistintamente, como si fueran sinónimos, aunque tienen significados distintos.

El modelo de despacho y/o consultoría es acorde con la política neoliberal, habiendo una clara delimitación de las funciones al interior de éste; mientras que en el modelo precedente el asesor —ya fuera agrónomo, biólogo, ingeniero, etc.— realizaba varias actividades al mismo tiempo. En contraste con el viejo esquema, donde el profesionista era llamado asesor o técnico, en nuestro caso de estudio los profesionistas se consideran consultores,6 autoconcepción que está más relacionada con la figura de un empresario. En esencia, las funciones del asesor, dentro de la organización o en el despacho,7 siguen estando orientadas al sector rural. 

En el caso de la región Selva-Norte el despacho está principalmente ligado a la producción de café orgánico, así como con la agrupación del sector cafetalero mediante cooperativas de primer, segundo e incluso tercer nivel, que aunque están impulsadas por su deseo de ingresar en el comercio justo permanecen al margen de él.

EL FINANCIAMIENTO

Una figura clave para entender el origen de los DCT son los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, entidad financiera del gobierno federal creada en 1954 que opera de acuerdo con la política nacional de desarrollo. Este fideicomiso ofrece opciones de financiamiento para posibilitar la reconversión tecnológica; apoyo para el desarrollo integral de las empresas en el sector rural, que incluye servicios financieros y tecnológicos, créditos —a través de la banca privada— a proyectos de inversión con tasas de interés preferentes; proporciona un servicio de garantía otorgado a la banca privada con el fin de facilitar el crédito institucional, y capacita a empresarios acreditados para mejorar los índices de competitividad de sus empresas. También cuenta con programas de trasferencia tecnológica, administración de riesgo, información especializada en aspectos técnicos y financieros para la promoción de nuevas actividades de negocio y asistencia técnica.8  

Llama la atención que hasta hace una década FIRA no se interesaba por el desarrollo de cultivos orgánicos, en tanto que actualmente proporciona recursos financieros para cubrir los costos de certificación orgánica a empresas del sector social. Vale agregar que este no ha sido el caso de las organizaciones en la región Selva-Norte.

Para crear el despacho en estudio, los asesores visitaron comunidades de Yajalón, Tila y Tumbalá. Su estrategia fue reunir a cierto número de productores para hablarles sobre los beneficios de la producción orgánica, así como de los programas de FIRA para apoyar a productores a cultivar bajo esta técnica. La intención era incentivarlos con el fin de formar organizaciones y proporcionarles orientación legal para constituirse bajo una figura asociativa. Muchos de los productores agremiados en las organizaciones que asesora DCT son ejidatarios o avecindados, que no tendrían derechos en la figura asociativa de Uniones de Ejidos pero que en la Sociedad de Solidaridad Social encuentran solución a sus particularidades de representatividad.9 En principio cada organización es libre de elegir con qué despacho trabajar, y este puede ofrecer asesoría a cualquier organización, independientemente de donde esté ubicada; no obstante, el despacho que estudiamos cuenta con un área de influencia muy bien definida. Atiende a organizaciones de productores tseltales y ch’oles, que antes de constituirse como ahora están formaban parte de otros grupos y asociaciones, algunos de los cuales fueron fuertemente financiados por el gobierno municipal y partidos políticos de muy distintas ideologías y trayectorias.

La constitución legal de las organizaciones sociales permite el acceso a crédito, en tanto que se contrate la asesoría técnica profesional del despacho, ya que es un condicionamiento de FIRA. Posteriormente, este deposita los recursos financieros en una cuenta bancaria a nombre de la organización, misma que tiene la responsabilidad de pagar al despacho por sus servicios, aunque el monto de los honorarios es definido por FIRA. En general, se trata de financiamientos a cuatro años. El primero de ellos, FIRA otorga en forma de crédito 100% del costo de la asistencia técnica; los siguientes tres años, los porcentajes se reducen hasta quedar en 40% en el último año. De forma paralela, la organización apoyada con el crédito debe complementar con recursos propios el pago de la asesoría técnica. En teoría se asume que en un lapso de cuatro años los productores deben realizar la conversión del cultivo tradicional de café al orgánico, y tienen la capacidad técnica y económica para asumir por su cuenta los gastos de asesoría que contratan al despacho. Desafortunadamente, en muchas ocasiones las organizaciones recurren a la estrategia de dar de baja a algunos de sus miembros para constituir una nueva organización y poder reiniciar el mismo esquema.

Los DCT realizan diversos trámites ante FIRA de las organizaciones con las que trabajan, tales como prórrogas a los créditos vencidos o créditos complementarios para obras de infraestructura. Por su parte, FIRA fortalece directamente los despachos, otorgando apoyo financiero para la adquisición de mobiliario, equipo y materiales de operación.  

Si bien es cierto que las asociaciones de productores reciben créditos financieros de instancias como FIRA y la banca comercial, su nivel de incidencia es bastante acotado —la Figura 2 muestra de forma sintética el flujo del sistema crediticio que se viene describiendo—. En especial, los créditos otorgados están orientados a la promoción y acopio del cultivo de café, bajo el cumplimiento de técnicas orgánicas. No obstante que la certificación orgánica y la acreditación dentro del sistema de comercio justo en las organizaciones cafetaleras chiapanecas han ido a la par, ambas pertenecen a nichos de mercado diferentes (Doppler y González 2006). Muchos productores de la región Selva-Norte engruesan las filas de las organizaciones movidos por el deseo de producir café orgánico y formar parte del comercio justo, como medio para acceder a un sobreprecio por el aromático y mejorar sus condiciones de vida; aspectos que reflejan un gran desconocimiento sobre la operatividad, por un lado del café orgánico y por otro del comercio justo.

 

 

 

LOS LÍDERES

Aunque las organizaciones que estudiamos cuentan con una estructura de poder formal y la toma de decisiones se realiza de manera democrática, al interior de ellas existe una figura que sobresale y acapara el control político de la organización. Esta figura es el dirigente político. Los asesores del despacho retoman la trayectoria política de cada uno y la emplean como estrategia que les permite ganar confianza entre los productores y credibilidad en las organizaciones de productores de café orgánico creadas recientemente como forma para acceder al crédito. Ya sea líder o cacique, este desempeña un papel fundamental en la estructura de poder local y regional, así como dentro de la propia organización, por su capacidad de dirigir, carisma, trayectoria notable, habilidad para inducir al consenso, capacidad de persuasión o de acumulación de recursos ideológicos, políticos, económicos, religiosos, etcétera. 

Con el fin de comprender el papel de los líderes de las organizaciones cafetaleras y su relación con los DCT, nos adentraremos inicialmente en algunas consideraciones teóricas. Primero, a un líder se le considera un dirigente político que forma parte de una estructura de poder, puede ser carismático según sus características personales, fama, prestigio y control de sus seguidores, de los cuales obtiene cierto estatus, sin menoscabar la heroicidad y ejemplaridad de sus actos (Weber 1964). En un momento dado, el líder carismático comienza a perder la relación peculiar con sus seguidores; la rutinización del carisma ocurre cuando se disipa su capacidad genuina de autoridad sobre sus seguidores y tiende a darse una relación duradera basada en la racionalidad o en la tradición. Además, si personaliza el poder pueden ocurrir situaciones de dominio, autoritarismo e imposición, que permiten vislumbrar la constitución de un cacique. 

Los líderes de las organizaciones que estudiamos se encuentran insertos en una estructura de poder organizacional en sus comunidades de origen y en el ámbito regional. Vinculan el nivel de la comunidad con una sociedad más amplia que incluye a los consultores del despacho, a dirigentes de otras organizaciones, a miembros de partidos políticos y relaciones sociales, políticas y religiosas, en general. 

Según Friedrich (1968), la función de intermediación política del líder o cacique reside en la capacidad de situarse entre dos sistemas de valores, normas y principios culturales, ejerciendo autoridad, persuasión e influencia. Interrelaciona comunidades de personas con normas y costumbres diferentes y vincula grupos físicamente distantes o intereses incompatibles. En la medida en que el líder o cacique tiene capacidad para «comprender» los sistemas jurídicos locales o nacionales, puede ser el «trasmisor» o «traductor» de tipos de información política, a través de los lazos sociales de amistad, parentesco y compadrazgo, que mantiene en las esferas que vincula. Retomando este enfoque del líder como trasmisor o traductor de información política, tenemos que nuestros líderes son además catalizadores del cambio social dentro de sus comunidades. 

La dimensión de intermediación política que realizan los dirigentes, ya sean líderes o caciques, se sustenta en las habilidades y recursos personales con los que cuenta para formar y reproducir su dominio; por ejemplo, asumir la posición de árbitro en conflictos ejidales o incluso familiares; manipular valores y costumbres sociales, mediante la aprobación de discursos políticos o religiosos. 

Tenemos el caso de una persona, don Tomás, que forjó su trayectoria como líder carismático por sus atributos personales en el marco de la formación de catequistas indígenas, mediante la labor de evangelización misionera de la diócesis de San Cristóbal. Al formarse como catequista, se convirtió en un intermediario cultural entre la comunidad y la Iglesia, entre el mundo ladino y el indígena. También fue promotor del cambio cultural y social, impulsó la trasformación de prácticas de aseo personal, educativas y religiosas, acciones que le permitieron ganar popularidad positiva y negativa. No obstante, este tipo de intermediación fue reemplazada por otra de tipo político (Leyva 2002), al vincularse con organizaciones de productores de café en torno a las relaciones sociales en la época del Instituto Mexicano del Café. El líder en cuestión cumple otras funciones cotidianamente en la comunidad: como diacono permanente y como dirigente político; resuelve conflictos por asuntos de derechos de propiedad de la tierra y asesora técnicamente en la producción de café orgánico, e incluso ejerce de consejero matrimonial.

Los dirigentes políticos de las organizaciones mantienen un fuerte vínculo con los consultores del despacho. Cuando se formalizó la creación de las organizaciones, los consultores buscaron que entre los líderes hubiera un consenso mínimo de entendimiento político e ideológico, de igual manera entre los socios, así como una reconocida trayectoria no solo en la comunidad sino también en el ámbito regional. 

Gledhill (2003) argumenta que el neoliberalismo mexicano abrió espacios para el reacomodo de estructuras de poder local y regional a través de un clientelismo estratégico fomentado durante el salinismo y el zedillismo, que consistió en armar y entrenar guardias blancas10 para confrontar movimientos populares y defender así los intereses de finqueros, ganaderos o caciques indígenas, hecho que obviamente indujo a la consolidación de nuevos cacicazgos indígenas. Este es el caso de un neocacique que representa a una de las organizaciones que estudiamos, se trata de don Samuel, de origen tseltal, nacido en Lázaro Cárdenas —misma comunidad donde nació don Tomás—. Reside la mayor parte de su tiempo en Yajalón; realizó estudios en este lugar hasta el grado de bachillerato tecnológico. Siempre ha trabajado como gestor, ha tenido cargos en el ayuntamiento municipal en diversos trienios; es propietario de dos ranchos —uno cultivado con café y otro con macadamia—, se encuentra vinculado a grupos de poder local. Actualmente es el presidente de la Empresa Integradora, que agremia a todas las organizaciones asesoradas por el DCT en estudio y ha viajado con los consultores dentro y fuera del país. 

Para Friedrich (1968) las raíces del cacicazgo se encuentran en la existencia previa de un liderazgo; igualmente Leyva considera que«un cacique no solo personaliza el poder, sino que monopoliza los canales de contacto con la sociedad a la que vincula y, sobre todo, busca el beneficio personal acrecentando sus recursos económicos, materiales y políticos antes que el de sus seguidores» (1993: 43). La permanencia de un cacique radica en su capacidad para controlar los recursos y relaciones que tiene, además de la credibilidad, legitimidad y satisfacción que otorgue a sus seguidores. Buve (2003) menciona que el caciquismo es producto del mestizaje cultural que enlazaba el mundo local indígena y el mundo hispano tradicional. En cambio, De la Peña (1986) considera que este tipo de intermediarios surge en el proceso de formación del Estado y la nación, por lo tanto forman parte de la consolidación de ésta. 

El liderazgo, independientemente del tipo del que se trate, puede ser considerado un proceso en el que se influye en otro(s) con el fin de incentivar, motivar o desarrollar el trabajo de un grupo para lograr objetivos comunes. En este ensayo retomamos el concepto de neocacique, que implica la existencia de un cacique en un contexto cultural particular. En general, se trata de personas que gozan de cierto nivel escolar, se desempeñan como funcionarios públicos en el gobierno municipal, estatal o federal, pertenecen a un grupo étnico y hacen un uso utilitarista de su identidad étnica. Tienen mucho tiempo viviendo fuera de su comunidad de origen, son poseedores de tierras y han acumulado una fortuna personal a lo largo de su trayectoria de vida, representan a un grupo pero anteponen sus objetivos personales a los de éste. El grupo o clientela cree en este personaje porque lo perciben como alguien sobresaliente y tienen deseos de creer en un gestor. Los neocaciques indígenas que identificamos enlazan dos culturas políticas distintas, articulan un discurso político-ideológico sobre el café orgánico, el comercio justo y la comercialización del grano en los mercados internacionales que resulta interesante y conveniente a su clientela. Al mismo tiempo desempeñan un papel protector y benefactor para los productores dispersos en comunidades remotas y, como se comentó, enlazan dos culturas distantes, étnica, geográfica y políticamente. El éxito de ellos depende en gran medida de los recursos, los apoyos crediticios y demás canonjías que consigan para sus seguidores. Su legitimación ante DCT se basa en el control ideológico y político que ejerce sobre su clientela.  

El tiempo y las gestiones de intermediación política que han realizado los líderes, así como sus estrechos vínculos con los consultores, los han recompensado al ser nombrados dirigentes de la Empresa Integradora,11 creada con el fin de comercializar el café de todas las organizaciones asesoradas por el despacho en el mercado internacional. Además, los consultores gestionaron la visita de estos líderes a la Feria BioFach en enero de 2004, Nüremberg, Alemania, para promocionar el aromático en el mercado internacional. 

 

EL DESPACHO Y EL COMERCIO JUSTO

El comercio justo ofrece a los pequeños productores un esquema comercial internacional basado en un sistema equitativo de sus productos. Para que una organización cuente con alguno de los sellos de la red de comercio justo es necesario que se encuentre certificada, cumpla con una serie de normas y estándares de calidad, por ejemplo: poseer una organización democrática y un manejo trasparente de recursos financieros, fomentar lazos de solidaridad entre los productores y el consumidor último, así como propiciar el desarrollo sustentable de los productores y sus comunidades.

El sello de comercio justo tiene como objetivo dar a los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos más control sobre su propia vida. Aborda la injusticia de no tener suficientes ingresos para una vida digna y de no poder acceder bien al mercado, y trata de garantizar que los productores reciban condiciones comerciales y precios y sueldos justos. Además del precio mínimo de comercio justo, el sistema de sellos garantiza un premio o sobreprecio a las organizaciones de productores o a los representantes de los trabajadores agremiados en sindicatos para promover la inversión en mejoras sociales, económicas o medioambientales.12 

Las organizaciones asesoradas por el Despacho de Consultoría Técnica son relativamente jóvenes —aunque agrupan a productores de café que han dedicado prácticamente toda su vida a esa labor—, tienen poco tiempo de haber incursionado de manera formal en la cafeticultura orgánica. Dichas organizaciones mantienen vínculos con la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas, Coopcafé, y con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CNOC; la mayoría está ligada a la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, Comcafé. Sin embargo, pocas cuentan con la certificación orgánica y ninguna con algún sello de comercio justo. 

Del total de organizaciones que asesoran, únicamente siete tienen certificado orgánico, emitido por la Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, Certimex, de acuerdo con el Directorio de Productores Orgánicos, Chiapas 2005,13 y tres cuentan con el sello de Naturland y el Institute for Marketecology, IMO.

La intervención de un cuerpo técnico especializado externo a las organizaciones de productores no ha favorecido el proceso de formación y capacitación de los productores en torno al cultivo de café mediante técnicas orgánicas. Derivado de observaciones y la comparación de reportes de experiencias de otras organizaciones, podemos decir que la consecuencia más grave del modelo de asistencia técnica aquí descrito es haber sido incapaz de favorecer las bases para propiciar el desarrollo de los productores y sus comunidades. 

En cuanto a la consolidación del despacho, este se apoyó sustancialmente en los líderes de las organizaciones. Al interior de las comunidades y de las organizaciones, las acciones de DCT han dejado poco lugar para fomentar relaciones solidarias basadas en procesos democráticos de toma decisiones. A varios años de haberse creado y de estar proporcionando asistencia técnica a los productores de la región, ninguna organización cuenta aún con algún sello de comercio justo. Aunque los líderes y consultores del despacho tienen la intención de formar parte de esta red, los productores todavía no alcanzaron a cubrir los requisitos, normas y procedimientos establecidos por la red de Comercio Justo México,14 que cada vez establece mecanismos más rígidos para la incorporación de nuevos productores.

Estar al margen del comercio justo no significa simplemente perder el sobreprecio por el dispositivo de comercialización, sino que implica ante todo una mayor vulnerabilidad de los productores en los procesos de intermediación para acceder al mercado y a las fuentes de financiamiento. Sin embargo, este señalamiento no pretende insinuar que los productores que participan en el comercio justo estén exentos de contradicciones. Diversas investigaciones han dado cuenta sobre el funcionamiento interno de las organizaciones que participan y muestran que, más allá de las bondades comerciales del acceso a este mercado alternativo, las organizaciones y sus agremiados están sujetos igualmente a un proceso de intermediación de sus líderes y asesores y al marco institucional propio que les define (González, Linck y Moguel 2003, Doppler y González 2006).

 

¿QUÉ OCURRE CON LOS PRODUCTORES INDÍGENAS EN LA REGIÓN SELVA-NORTE AL MARGEN DEL COMERCIO JUSTO?

Las organizaciones cafetaleras de esta región aún permanecen ajenas a los dispositivos de comercio justo por varias razones. En primer lugar tenemos que el proceso de producción del aromático con técnicas orgánicas llega a los indígenas de la Selva-Norte quince o veinte años después que en otras regiones, como Soconusco o Los Altos, aunque esto podría ser no necesariamente un impedimento. En segundo lugar, se trata de una región caracterizada por la existencia de cacicazgos, grupos paramilitares, terratenientes, y diversos grupos de poder en constante pugna, que tienen una larga historia de explotación, conflictos agrarios y luchas sociales, aspectos que no han favorecido la organización democrática en las comunidades ni tampoco los procesos de desarrollo autogestivo que se aprecian en otras regiones. 

Las organizaciones indígenas bajo influencia del despacho no tienen acceso a CJ por la ineficiencia de su sistema administrativo, la personalización en la toma de decisiones y representatividad, la desigual socialización de la información, el fortalecimiento de cacicazgos indígenas, el escaso establecimiento de dispositivos de solidaridad entre los productores, la tenencia desigual en cuanto a la cantidad de hectáreas de producción de café que tienen los socios, así como condiciones adversas para acceder a los créditos de FIRA.

Esta realidad se encuentra lejos de ser compatible con los requerimientos de comercio justo, que demanda la participación democrática a través de la asamblea general y la trasparencia en las organizaciones. Las agencias de certificación de CJ poseen una serie de reglas de juego que definen y supervisan cotidianamente. Dentro de las reglas de operación se prioriza la participación democrática de los productores y el control de su administración. Además promueven que los productos cumplan con estándares internacionales en relación con su calidad y cantidad. Pero en el caso que estudiamos vemos que DCT, lejos de fomentar la capacidad de agencia, gestión, desarrollo de las comunidades y los procesos de aprendizaje de los productores; promueve relaciones de dependencia. 

La manera en que los intermediarios políticos actúan tampoco fomenta los lazos de solidaridad entre los productores, sino la existencia de relaciones de poder entre éstos y el intermediario político, de igual manera entre éste y los asesores. 

El cuadro institucional gubernamental impone su jerarquía y decisiones a través del otorgamiento de la asistencia técnica a los productores. De hecho FIRA, al concederles un crédito por primera vez, establece que los productores deben contratar un despacho de asesoría técnica. Una vez que realizan la conversión a cultivos orgánicos pareciera que tienen la posibilidad de independizarse del despacho, ya que en ese momento están en condiciones de exportar su producto a través del mencionado despacho, que funge como intermediario para constituir una empresa exportadora. Sin embargo, el despacho mantiene su posición de poder en la medida en que sigue realizando la certificación interna, por medio del trabajo de los técnicos asesores y técnicos comunitarios, reservándose además el contacto con las empresas certificadoras. 

Es así que los despachos realizan una importante función de intermediación financiera entre productores y mercados internacionales. Rompen con el acceso directo entre el productor y mercado. Son nuevos actores que se articulan a la cadena productiva de café orgánico15 porque no forman parte de la estructura de la organización ni de la estructura gubernamental. El despacho se integra de profesionistas independientes que ofrecen servicios especializados y para eso tienen áreas de influencia. Este es uno de los aspectos que limita que las organizaciones se certifiquen dentro de CJ, que entre otras cosas busca el desarrollo de las comunidades y eliminar la figura de los intermediarios. Aunque los consultores del despacho no resultan intermediarios tradicionales, son los intermediarios financieros del siglo XXI, se encargan de negociar los créditos, elaborar planes de negocios, buscar fuentes de financiamiento y de su negociación.

La existencia de este despacho en la región Selva-Norte de Chiapas obedece en parte al retraimiento de las actividades sustanciales del Estado y a las políticas agrarias neoliberales. Por otro lado, la promoción por parte del Estado de productos orgánicos responde a la creciente demanda de estos productos en el mercado internacional y su importancia en la generación de divisas. No obstante, los programas gubernamentales de impulso a la agricultura orgánica no toman en cuenta las características y dinámica de las organizaciones de productores chiapanecos. Por otro lado, el crecimiento del mercado orgánico y del comercio justo ha desatado el establecimiento de reglas y normatividades cada vez más estrictas por parte de las agencias de certificación, dificultando en demasía el acceso de los pequeños productores a estos mercados (González, Linck y Moguel 2003). Ante esta lógica los productores de la Selva-Norte tienen asimismo pocas posibilidades de incorporarse a los dispositivos de CJ, que igualmente establece reglas y criterios cada vez más estrictos para obtener alguno de los sellos debido a la creciente demanda (Doppler y González 2007).

 

CONCLUSIONES

La producción orgánica promovida por el Despacho de Consultoría Técnica en la región cafetalera de Yajalón no ha permitido a los productores formar parte del movimiento de comercio justo. El análisis que hemos presentado en estas páginas muestra la dinámica entre los actores locales y las formas de intermediación para la gestión de recursos, caracterizadas por el liderazgo de neocaciques.

La falta de procesos organizativos de base que tomen en cuenta la solidaridad deja endeble la posibilidad de construir las prácticas normativas que rigen el comercio justo. Sin afán de mitificarlo —como panacea organizativa de acceso al mercado internacional—, el escenario que se ha expuesto deja claro la vulnerabilidad de los productores, en su constante búsqueda de opciones de desarrollo, ante la intermediación de agentes locales y de políticas públicas sin coherencia a largo plazo.

 

 

 

 

 

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