LA BIOPIRATERÍA DE LOS RECURSOS DE LA MEDICINA INDÍGENA
TRADICIONAL EN EL ESTADO CHIAPAS, MÉXICO
—El caso ICBG-MAYA—
RESUMEN:
Este artículo pretende un breve análisis de la biopiratería experimentada y resistida por parte de los pueblos mayas de Chiapas. Para ello se da cuenta de acuerdos y normas internacionales para la protección de los recursos y conocimientos de los pueblos indígenas; las bases económicas y características, en los ámbitos mundial y nacional, que dan la pauta para la nueva ola de proyectos de bioprospección de los recursos vegetales de la medicina indígena tradicional, dirigida por los países del norte hacia los del sur; algunas experiencias de su implantación en Sudamérica y otros países subdesarrollados; se explican los elementos más importantes del proyecto de bioprospección denominado «Investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la Región Maya de Los Altos de Chiapas, México», que fue operado por parte de El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, la Universidad de Georgia —con apoyo económico del gobierno de Estados Unidos— y la compañía biotecnológica molecular Nature Limited de Gales, Reino Unido; por último, se describe la lucha que llevó a cabo el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Compitch, para que fuera cancelado el mencionado proyecto, así como algunas propuestas alternativas de Compitch a este proyecto de biopiratería.
PALABRAS CLAVE: bioprospección-biopiratería, ICBG-Maya, Compitch.
ABSTRACT:
With this paper i pretend to bring a brief analysis on how biopiracy has been experienced and manage by the Mayas of Chiapas. For this we have to mention agreements and international norms for the protection of the resources and knowledge of original people; economical background and its characteristics in the international and national level, which give the pattern for the new wave of bioprospective projects on vegetal resources used in indigenous medicine, directed from de north to the south countries; some experiences of it in South America and other undeveloped countries: the explanation of most relevant elements of the project ICBG-Maya, operated by El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Georgia University —with the support of the government of the United States— and biotechnology laboratory Molecular Nature Limited form Whales, UK; in the last term we describe the struggle that the Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Compitch, to evict the project and some alternative proposals.
KEY WORDS: bioprospection-biopiracy, ICBG-Maya, Compitch.
Desde tiempos prehispánicos en Mesoamérica la herbolaria medicinal y su
utilización tanto en humanos como en animales fue una actividad ejercida e influenciada con
elementos socioculturales hasta cierto punto fáciles de entender: intercambio o trueque
individual de plantas medicinales; aprendizaje de su utilización por trasmisión oral, por
imitación de conductas animales o a través de sueños; experimentación
empírica de su efectividad sobre procesos mórbidos; clasificación taxonómica
con base en características etnobotánicas simplificadas; recolección en ambientes
silvestres para su utilización individual o familiar.
Con la invasión española nuevos elementos, o la redirección de algunos ya
existentes, se adhirieron a la herbolaria medicinal: plantas introducidas por los españoles;
intercambio de plantas con esclavos negros; incidencia de primordios de la investigación
bioquímica para determinar sus propiedades terapéuticas; exploraciones botánicas
extensas en busca de plantas con posibilidades terapéuticas factibles de reproducir masiva y
comercialmente; prohibición de su comercialización a otros países por parte del
país invasor; inicio del secreto comercial. Así pues, con estos elementos, las plantas
medicinales y su uso fueron rodeándose de un halo complicado, tan complicado que provocó
su fetichización, convirtiéndose en una mercancía factible de detonar procesos de
acumulación de capital. Con implementos técnicos e instrumentos ideológicos, con
nombres diversos pero con las mismas intenciones de explotar los recursos naturales para acumular
capital, estos «nuevos» procesos se han llevado a cabo constantemente a través de la
historia en el marco de las relaciones asimétricas entre los pueblos dominantes y los dominados:
las plantas medicinales fetichizadas y convertidas en mercancía.
En la actualidad, en este proceso de acumulación de capital de las empresas farmacéuticas
nacionales y trasnacionales, que utilizan plantas medicinales para producir sus fitofármacos
ubicamos, entrelazadas, una larga cadena-red de procesos donde inciden las ciencias sociales y
biológicas, como en: las disposiciones reglamentarias jurídicas nacionales e
internacionales —Convenio de Biodiversidad Biológica; Derechos de patente; Derechos de
Propiedad Intelectual; legislaciones nacionales sobre biodiversidad, etc.—; los estudios
etnobotánicos —sustracción de información empírica sobre la
utilización de las plantas medicinales a los integrantes de las culturas indígenas
originarias: formularia indígena—; los estudios médicos de los perfiles
patológicos y de mortalidad de los países en los cuales se comercializarán los
fitofármacos producidos; los estudios de las características botánicas de las
plantas seleccionadas para combatir las patologías encontradas en los perfiles de morbilidad y
mortalidad de los países con amplio poder de compra de fitofármacos; los estudios
georeferenciales para la elaboración de archivos florísticos de herbolaria medicinal de
las regiones indígenas, con propósitos de utilización terapéutica y de
comercialización; los estudios farmacológicos en animales de laboratorio,
aplicándoles la formularia indígena recopilada y seleccionada —generalmente por
biólogos, antropólogos o etnobiólogos— para incidir en perfiles
patológicos y de mortalidad de los países en donde se comercializarán los
fitofármacos; los estudios fitoquímicos de las plantas, en animales y grupos humanos
seleccionados.
En 2010, un frasco de un producto medicinal de origen herbolario, además de su nombre
químico rebuscado y casi incomprensible para el lego en materia fitobiomédica, contiene
todos los elementos de este proceso de fetichización sociohistórico.
En este ensayo, trataremos de incursionar en la fetichización de algunos de estos elementos para
«desfetichizarlos» y, con ello, explicarnos, en parte, por qué no hemos avanzado en
el uso de la herbolaria nacional para beneficio de todos los enfermos pobres del
mundo.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, firmado en 1992 durante la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, debiera ser la base legal para la distribución de
beneficios que resulten del uso de la diversidad biológica y de su conocimiento asociado.
Desgraciadamente, por un lado, algunos de sus artículos, que parecieran favorecer a los pueblos
indios y, por el otro, la ambigüedad de otros (Chadler 1994: 1, 6) han despertado suspicacias tanto
en los propios pueblos indios, como en el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, EEUU,
dificultando su aplicación práctica. La interpretación del CDB, por
múltiples consultores,1 no ha desembocado en alternativas de
solución viables para la protección de los conocimientos y recursos de las poblaciones
locales.
No obstante de estas ambigüedades, CDB contiene apartados en los cuales se explicita la
soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos.2
Esta situación ha ocasionado que EEUU —líder mundial en biotecnología—
no lo haya ratificado. Al no ser acatados estos acuerdos la distribución de beneficios para las
poblaciones que poseen los recursos biológicos y el conocimiento sobre ellos no se cumple. Las
empresas asentadas en este país, que pudieran ser de cualquier nacionalidad, no tienen el mandato
de cumplir con la letra y espíritu de CDB. Así pues, empresas y laboratorios prefieren
asentar sus filiales en EEUU para evitar la letra y espíritu de CDB. Por ejemplo, Manfred
Schneider, director de la farmacéutica Bayer A. G., expresa, de manera bastante
diplomática, las razones para esta reubicación: «Norteamérica, EEUU, no ha
reemplazado a Alemania como sitio de negocios, pero hay ciertas actividades innovadoras que se llevan a
cabo de mejor manera en los EEUU» (Nash 1995: D1, 5).
Los conocimientos, sobre los usos de los recursos naturales, que las poblaciones locales de los
países del hemisferio sur poseen están siendo conducidos a incorporarse en la
lógica económica de la Propiedad Intelectual, PI, y los Derechos que la regulan, DPI. Se
basa esta lógica en los derechos individuales de «poseer algo» —en este caso un
conocimiento sobre el uso de un recurso natural— para comercializarlo; y su protección,
para que otro(s) individuo(s) no obtenga(n) ganancias monetarias a partir de este conocimiento de la
utilización del recurso natural. Por ejemplo, el costo de lanzar una nueva medicina es tan
extraordinariamente alto que, inclusive, es complicado asignar costos dentro de una empresa
farmacéutica dada. Los portavoces de las industrias presentan cifras exorbitantes; el presidente
de Pharmaceutical Research and Manufactures of América, en una carta al editor de la revista
The Economist, escribe lo siguiente: «Según un estudio de 1996 del Boston
Consulting Group, cuesta en promedio 500 millones de dólares desarrollar una sola medicina»
(Mossinghoff 1996: 8); mientras que el asesor de patentes del laboratorio Merck & Co. reporta un
número significante menor: «La estimación actual de estas empresas de alto riesgo en
un promedio de 12 años, desde el descubrimiento hasta el mercado, es de más de 350
millones de dólares» (Tribble 1995: 97-104).
Sea el costo 350 o 500,000,000 de dólares, lo que cuenta en el fondo es que, una vez que una
medicina es puesta en el mercado, los empresarios de países que no otorgan patentes sobre
medicinas pueden encontrar la patente por el servidor de patentes de IBM, https://www.patents.ibm.com,
que provee acceso a más de 26 años de descripciones de patentes e imágenes de la
Oficina de Patentes y Marcas de EEUU —U.S. Patent & Trademark Office, USP-TO— e intentar
manufacturarla en sus países con un gasto que es una fracción de los costos fijos de
investigación y desarrollo originales, es decir, mucho menos de las cifras anteriormente
expresadas. Esta desigualdad en la protección por patentes entre los países desarrollados
y los países en vías de desarrollo produce una asimetría en la investigación
y desarrollo de las medicinas. La industria farmacéutica en los países desarrollados y en
los países en desarrollo tiene poco incentivo para hacer investigación y desarrollo que
pueda volverse conocimiento público. Así, las enfermedades que afligen a decenas de
millones de personas de países en vías de desarrollo son ignoradas por el mercado privado.
Esta lógica del mercado mundial individualizado —la patente, por ley, es individual—,
contrasta con la lógica cultural de los médicos indígenas tradicionales del Consejo
de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Compitch, que
en torno a la Tercera Reunión de la Mesa de Negociación Tripartita3 declara en el apartado IV:
Para el Compitch todos los proyectos de bioprospección con fines comerciales o que tienen como
propósito adquirir una protección bajo el sistema de patentes y propiedad intelectual, son
incompatibles con el marco jurídico nacional que regula las bases de la vida y la cultura
asociada a ella, lo que es particularmente claro respecto a la cultura, usos, costumbres, formas de
organización colectiva de los pueblos y comunidades indígenas.4
La biodiversidad se ha convertido en un recurso y un bien. El desarrollo de la
biotecnología, en los países desarrollados, como una industria multimillonaria ha dado un
valor mercantil incalculable a la biodiversidad porque dicha industria depende de la biodiversidad
mundial para la obtención de sus materias primas, a saber, los recursos genéticos.
La bioprospección a menudo se concentra en las tierras indígenas, pues las áreas
tropicales donde no ha tenido lugar el desarrollo industrial albergan las más diversas
colecciones de recursos genéticos a escala mundial. Aproximadamente 80% de la población
rural de los países en desarrollo utiliza las plantas medicinales para atender sus problemas de
salud (Ribeiro 2002: 19). Esta relación armónica y conocimiento de la flora medicinal
local han sido trasmitidos de generación en generación por las poblaciones
indígenas y campesinas, y su conocimiento se concibe socialmente como un bien eminentemente
colectivo. Las plantas medicinales, dicen los j’iloletik maya-tsotsiles, «...las
puso Dios en la tierra para que las cuidáramos, para que las usáramos en beneficio de
nuestros hermanos, no para que se apropie una persona de ellas» (OMIECH 1989: 72).
La relación que los médicos indígenas tienen en la utilización de los
recursos vegetales los ha llevado a diferenciar qué parte de la planta se usa para cada
enfermedad, cualidades térmicas de cada planta, cuáles son venenosas, cantidad en su uso,
forma y tiempo de cosecha y reproducción; además, de una amplia clasificación
botánica nativa, basada en la forma, color, sabor, uso, lugar de crecimiento de cada vegetal.
Este vasto conocimiento, como explicaremos más adelante, es importantísimo y lucrativo
para los proyectos de bioprospección de las empresas multinacionales farmacéuticas, ya que
les significa un enorme ahorro en investigación al indicar qué recursos son más
útiles y qué camino pueden tomar.
La diversidad de la vida en territorio tradicional de muchos pueblos indígenas es una mina de oro
para la industria de la tecnología. Como regla general la biodiversidad en el mundo aumenta desde
los polos hacia los trópicos; los máximos valores se encuentran en los bosques lluviosos
tropicales y de estos en los lugares más montañosos; lugares en donde habitan la
mayoría de las poblaciones originarias de países pobres (Carrera de la Torre 1995: 12).
Por ejemplo, una corporación o empresa que busca producir un fertilizante para el suelo
podría medir el efecto de diferentes hongos en los suelos, en busca de uno que estimule mejor el
crecimiento de determinados cultivos. Se estima que 25,000 a 80,000 especies de plantas superiores se
encuentran en territorios del hemisferio sur (Schultez 1990: 9-36). El número de especies de
plantas que crecen en el hemisferio norte es menor en comparación con su abundancia natural en
los bosques lluviosos tropicales. Esto aumenta considerablemente la probabilidad para la empresa de
desarrollar un producto comercializable. Así pues, las corporaciones farmacéuticas en
particular dependen de los conocimientos medicinales indígenas para ahorrar tiempo y dinero en la
localización e identificación de recursos genéticos con cualidades medicinales para
contrarrestar, principalmente, enfermedades de los perfiles de morbi-mortalidad de los países
desarrollados —cáncer, enfermedades del sistema nervioso, etcétera.
La mayoría de los proyectos de bioprospección que se han instalado en los países
del sur —sobre todo de Estados Unidos—5 responden,
principalmente, a dos situaciones: primera, la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en otras
ramas económicas frente a Japón y Alemania y, segunda, la supremacía indiscutible
de Estados Unidos en cuanto a biotecnología de punta (Massieu 1997: 70-71).
De los productos que comercializa la industria farmacéutica de los países desarrollados a
escala mundial 60% provienen de los países del sur (Torres 1996: 13). Según la
Fundación Internacional del Progreso Rural —Rural Advancement Foundation International,
RAFI— de Canadá, se estima que tres cuartas partes de todos los fármacos de
prescripción de origen vegetal fueron descubiertos debido al uso previo en la medicina
indígena (Ribeiro 2002:
19):
Entre 1950 y 1980, el 25 por ciento de las medicinas de receta vendidas en Estados Unidos tenía
su base en fármacos derivados de plantas. En la actualidad, el 40 por ciento de las medicinas que
se encuentran en pruebas clínicas son también derivados de plantas. De estas, tres cuartas
partes están basadas en plantas que son utilizadas por indígenas, lo que permitió
su posterior «descubrimiento» por parte de las empresas farmacéuticas. Se estima que
el valor económico total de los fármacos derivados de plantas en Estados Unidos es mayor
de 68 millones de dólares anuales (Ribeiro 2002:
19).
En 1993, los Institutos Nacionales de Salud del Gobierno de Estados Unidos destinaron seiscientos
millones de dólares para investigación sobre drogas relacionadas con la biodiversidad y
con productos médicos del mundo natural (Sierra 1999: 21-22). El mercado mundial anual para
dichos fármacos derivados de plantas medicinales se estima, según cifras conservadoras, en
ciento sesenta billones de dólares (Sierra 1999: 21-22), de los cuales las comunidades de las que
se obtuvo el conocimiento y las plantas no reciben regalías. Según la RAFI, los
países no industrializados o «en desarrollo» pierden casi cinco y medio billones de
dólares al año de regalías no obtenidas por compañías
farmacéuticas y de semillas (McNally 1996: 221-228).
En el ámbito nacional, la merma del presupuesto destinado a centros de investigación
tecnológica y universidades ha venido disminuyendo considerablemente.6 Esta situación ha provocado que dichas instituciones acepten los
recursos económicos y una supuesta trasferencia de tecnología por parte de los
países desarrollados, firmando convenios inequitativos para los países huéspedes y,
lo más importante, sin la participación plena de los directamente afectados en dichos
proyectos. Así, tenemos como ejemplos los convenios
UNAM-Diversa (Nadal 1999) y Ecosur-Universidad de Georgia-Molecular Nature Limited.7 Una de las características principales de estos proyectos es su
presentación como proyectos de investigación académica8 y no como proyectos de orden estrictamente económico, lo que
provoca que algunos investigadores nacionales asociados —y bien remunerados—9 a estos proyectos los defiendan a ultranza.
La biopiratería de recursos naturales y el conocimiento de su
utilización han estado presentes en nuestros países desde los tiempos inmediatos
posteriores a la invasión de América, por parte de los europeos.
La introducción de plantas medicinales a Europa, en cierta forma, produjo una revolución
en el arte de curar del viejo mundo. La obra de Monárdes con la descripción de pocas
docenas de tales plantas y los resultados obtenidos por él mismo en sus tratamientos en Sevilla,
la ciudad más populosa de España en esa época, tuvo gran difusión
(Pérez 2007: 1).
El conocimiento herbolario azteca, plasmado en el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, de
Martín de la Cruz, fue enviado a Europa y utilizado por manos de frailes y boticarios (De la Cruz
1991: 3-5).
Tomás López Medel, en su Tratado de los tres elementos: agua, aire y tierra,
refiere la siguiente cita:
De manera que las occidentales Indias no solamente nos hacen ricos con sus riquezas quedándose
dichas ellas en pobreza pero aún la salud par(a) nuestros cuerpos nos envían envuelta en
mil géneros de cosas que (la) naturaleza en ellas cría y a trueque de estos beneficios
tantos aún la salud espiritual que tan debidamente les debemos procurar con la predicación
de la palabra de Dios para su enseñamiento les denegamos, siendo deuda a que muy obligados
estamos y derecho que delante de Dios y el mundo nos pueden muy bien pedir (López 1784, f187).
En el año 1903 el Instituto Médico Nacional había colectado más de 17,000
ejemplares botánicos, de los cuales se había realizado el análisis químico
de 122 y extraído 700 compuestos químicos (Lozoya 1997: 15-16).
Richard Evans S., en la amazonia colombiana, ha podido estudiar más de 1,500 especies
pertenecientes a 600 géneros y 145 familias (Naranjo 1996: 6). Este mismo investigador se
pregunta, en su famoso libro Plantas de los dioses sobre si la comprensión del uso y la
composición química de estas drogas nos llevarán a descubrir nuevas herramientas
farmacéuticas para la experimentación y el tratamiento psiquiátrico (Evans 1993:
9).
Actualmente, las compañías farmacéuticas —y sus intermediarios—
realizan prospecciones genéticas en zonas tropicales de manera rutinaria en búsqueda de
valiosos compuestos farmacológicos (Sierra 1999: 10-11). «En la mayoría de los
casos, según describe el economista ambiental José Carlos Fernández, de El Colegio
de la Frontera Sur, Ecosur, de San Cristóbal de Las Casas, las empresas ofrecen a uno o a varios
miembros de la comunidad un magro pago único por la explotación de sus conocimientos y la
riqueza de sus territorios» (Sierra 1999: 10-11).
Conrad Gorinsky posee la patente para el cunaniol, que muchas comunidades indígenas de
la cuenca amazónica utilizan como un veneno en la pesca. Gorinsky tiene los derechos exclusivos
de comercialización de cualquier producto derivado de esta planta (Rothschild 1996: 36).
En la India, el árbol de neem ha sido utilizado como pesticida durante cientos de
años y es sagrado para los hindúes. WR Grace and Company posee la patente norteamericana
gracias a una pequeñísima modificación que dicha compañía hizo del
neem. Ningún crédito o beneficio han recibido los agricultores tradicionales de
la India que se consideran los verdaderos cultivadores de esta planta (Rothschild 1996: 36).
Cuando, por ejemplo, las corporaciones farmacéuticas desarrollan nuevas drogas basadas en el
conocimiento indígena de las plantas medicinales, casi siempre los pueblos indígenas no
tienen una base legal para competir con ellas. Esto se debe a que las corporaciones cambian el material
original de alguna manera o utilizan sólo una parte del recurso, como un compuesto químico
aislado (Rothschild 1996: 40).
En 1986, Loren Miller y la International Plant Medicine Corporation recibieron la patente sobre una
variedad de la planta conocida científicamente como Banisteripsis caapi, o como
Ayahuasca en las comunidades de la amazonia. Los pueblos indígenas de toda la
región amazónica se han mostrado sumamente molestos por la patente obtenida por este
biopirata de una planta que es sagrada para ellos. La ambición comercial de Miller lo ha llevado
a realizar la siguiente propuesta que presentamos textualmente del libro del Centro por los Derechos
Indígenas de Meso y Sudamérica, SAIIC.
...que se tomen muestras de plantas del territorio donde vive un pequeño grupo de indios
huaorani
—los Tagaeri— que son un pueblo nómada que vive en lo más profundo de la
Amazonia Ecuatoriana. Miller propuso volar hasta una aldea Tagaeri en helicópteros militares, con
un pequeño batallón de soldados, un grupo de etnobotánicos norteamericanos, un
equipo de filmación que grabara el drama, y otros huaorani en calidad de intérpretes. La
idea era tomar muestras de plantas que utilizan los Tagaeri con fines medicinales, llevarlas a
California para que fueran estudiadas, y realizar un film comercial sobre ello (Rothschild 1996:
42).
La compañía farmacéutica Merck, en Costa Rica, pagó a ese país mil
cien millones de dólares por obtener plantas y recursos genéticos; esto podría
parecer muy generoso, sin embargo hay que contextualizarlo ya que Merck vendió, en 1991, ocho mil
seiscientos millones de dólares, y esto sin tomar en cuenta las licencias que da a otras
compañías por sus patentes (McNally Ruth 1996: 221-228).
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han estudiado, en las montañas de
Esmeraldas, Ecuador, la secreción de la piel de un batracio, Epidedobates policromo, que
tiene poder analgésico doscientas veces más potente que la morfina. Este estudio se
realizó a raíz de la información que se obtuvo de parte de los curanderos locales,
quienes la han utilizado para friccionar las superficies adoloridas de la piel de sus enfermos (McNally
Ruth 1996: 221-228).
Las comunidades indígenas, no obstante que son los depositarias de la tradición herbolaria
y guardianas de la materia prima, no tienen acceso a muchos productos farmacéuticos derivados de
plantas medicinales y elaborados por los países desarrollados, debido a su alto costo o imposible
acceso a través de los sistemas de salud oficiales.
La tramposa lucha de las trasnacionales farmacéuticas en torno al barbasco Discoria
composita, Hemsley; planta trepadora originaria de Veracruz, Tabasco y Puebla, y de cuyo tallo
se extraen las sapogeninas esteroidales para preparar las píldoras anticonceptivas, es un claro
ejemplo del potencial económico que representan las plantas medicinales para la
acumulación de capital en los países del norte.
En 1939 la industria farmacéutica Marker llega a México y se une a los Laboratorios
Hormona, formando la empresa Syntex, S. A. Posteriormente, Syntex se separa de Marker, se regresa a
Estados Unidos y logra sintetizar hormonas a partir de la diosgenina. A inicios de 1954, Marker repunta
en el mercado mundial por la venta de esteroides a partir del barbasco debido a que bajó los
precios en el mercado mundial. Al mismo tiempo el gobierno mexicano crea su propia industria de
esteroides denominada Farquinal. Hacia finales de los años cincuenta, entre 80 y 90% de la
producción mundial de hormonas esteroides provenía de México. Entre julio y
noviembre de 1955, seis compañías farmacéuticas norteamericanas, encabezadas por
Upjohn, la mayor cliente de Syntex, enviaron su protesta a la embajada de Estados Unidos en
México y al secretario de economía en México, rechazando totalmente cualquier
política que los obligara a comprarle a una empresa determinada. A partir de esta presión,
el gobierno mexicano inicia el apoyo a Syntex. Este apoyo se dio en dos formas: primera, mediante
decretos presidenciales que fijaban tarifas de exportación prohibitivas a los principales
productos manufacturados por otras empresas; y segunda, la negativa de otorgar a los competidores de
Syntex los permisos forestales necesarios para recolectar y trasportar el barbasco. Estas medidas
cambiaron las cosas para Syntex, ya que inició el control de la industria de esteroides
sintéticos en México y en otros países (Gomezjara 1980: 293-301).
Para 1962, por falta de apoyo del gobierno mexicano hacia su empresa Farquinal, esta dejó de
funcionar, quedando Syntex con todo el mercado nacional e internacional de esteroides sintéticos.
El barbascoy los campesinos que lo producían para su venta y beneficio pasaron a último
término (Gomezjara 1980: 293-301).
Esta lamentable experiencia, que conllevó el ahorcamiento por parte del mismo gobierno mexicano
de una empresa que trabajaba con números negros, nos demuestra la magnitud del reto que los
países en desarrollo tienen que enfrentar ante los intereses económicos de las empresas y
gobiernos de las naciones hegemónicas.
Hace aproximadamente treinta años llegó al estado de Chiapas un joven etnobiólogo
norteamericano llamado Brent Berlin. Era de su interés investigar el conocimiento milenario que
los mayas tenían sobre el uso de las plantas medicinales. Este trabajo, aparentemente inocuo y
humanitario para muchos legos, y preponderante para algunos «científicos» con una
visión corta de las consecuencias de su quehacer, era la semilla que se estaba preparando para un
proyecto comercial de productos farmacéuticos de gran envergadura para el país del norte.
Durante este periodo pudo recopilar y enviar al herbario de etnobotánica, situado en los
laboratorios de etnobiología en Baldwin Pasillo, Universidad de Georgia, en Atenas, Georgia, sin
ningún problema, 6,570 colecciones que incluyen 1,500 especies y 160 familias botánicas
(UGA 1998). Cabe mencionar que una réplica de esta colección se encuentra en el Herbario
de El Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, y una parte en el Herbario del IMSS, empero no existe un
solo ejemplar en México de las plantas medicinales colectadas por Berlin en Estados Unidos.
Antes de 1998, el Dr. Berlin inicia gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para implementar un
proyecto de bioprospección de plantas medicinales mayas en coordinación con Ecosur y el
laboratorio Génova de Inglaterra.10
A inicios de 1998, la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, A.
C. OMIECH, es invitada a participar en el mencionado proyecto, para lo cual le son explicados, en forma
general, los objetivos tendientes a la obtención y venta de fármacos; capacitación
para el cultivo de plantas medicinales y desarrollo regional a través de las regalías de
las patentes obtenidas por la venta de productos medicinales. La objeción de OMIECH fue en el
sentido de la poca claridad y/o ausencia de leyes mexicanas en esta materia y, por consiguiente, el
posible surgimiento de problemas posteriores; además, se decidió que el Consejo Estatal de
Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Compitch,
participara activamente en estas negociaciones. Ecosur propuso realizar foros y consultas con expertos
para que estas cuestiones legales quedaran claras a ambas partes y, hasta entonces, se daría
inicio al proyecto, no importando que pasaran tres o cuatro años en esta etapa.
Efectivamente se realizó un foro en este sentido, pero las cuestiones legales no se aclararon
para nadie. En marzo de 1998, a petición de Compitch se realizó otra reunión con
los encargados del mencionado proyecto. En ésta se le informó a Compitch sobre la
elaboración de un borrador de convenio que sería firmado por Ecosur, la Universidad de
Georgia y una compañía de investigación biotecnológica de Inglaterra llamada
Molecular Nature Limited; asimismo, se formaría un fideicomiso para recabar las regalías
de las patentes y una asociación civil, Promaya, que incluiría a todas las comunidades y
personas que así lo desearan, con la finalidad de que pudieran presentar sus proyectos para ser
evaluados por un comité técnico, el cual determinaría el ulterior financiamiento
por parte del fideicomiso. Este fideicomiso empezaría a recibir proyectos cuando la venta de
productos farmacéuticos descubiertos produjera regalías, lo que pudiera ser un lapso de
tiempo largo, o tal vez nunca, si no se descubriera ningún producto útil a partir de las
plantas investigadas.
En julio de 1999, nuevamente Compitch invita a los integrantes del proyecto para que informen sobre los
avances de actividades. En esta reunión Ecosur informa que ya firmó el convenio con la
Universidad de Georgia y el laboratorio de Inglaterra y que estaban en borradores las propuestas para el
fideicomiso y Promaya. El objetivo central del convenio Ecosur-Universidad de Georgia- Laboratorio
Molecular Nature Limited, era la investigación de sustancias activas derivadas de las plantas
medicinales, para producir medicamentos de patente y ser comercializados.
A partir de ese momento Compitch decide iniciar la lucha pública contra el proyecto del
ICBG-Maya; en tanto, el doctor Berlin y el director de Ecosur en ese tiempo, Mario González
Espinosa, nunca aceptaron la propuesta de Compitch en el sentido de discutir el problema de manera
abierta y con la participación de toda la sociedad. Sobre esta posición Rural Advance
Fundation International, RAFI, comentó:
Circo Cerrado: Una reunión cara a cara entre los protagonistas parece necesaria y posiblemente
constructiva. Todas las partes confirman que el Consejo ha propuesto una reunión de este tipo y
que el ICBG declara que una reunión abierta sería «un circo» y que
preferirían una discusión privada entre representantes del ICBG y el Consejo —y
quizá otras comunidades mayas—. Los encuentros abiertos en un medio controvertido no son
nunca divertidos. Existen, sin embargo, tres razones de peso por las cuales el ICBG debería
aceptar esta reunión. Primero, porque el ICBG está pidiendo permiso para hacer algo y no
deberá predeterminar las condiciones para la negociación. Si el ICBG no está
preparado para negociar en términos locales, no es capaz de conducir este proyecto. Segundo, una
reunión abierta es un evento que ofrece «oportunidades igualitarias» a todas las
partes, para presentar sus puntos de vista y demostrar el nivel de apoyo que tienen sus posiciones en
Chiapas. Tercero, la alternativa que propone un encuentro que posteriormente podría ser
calificado como «a puertas cerradas» o como discusión «secreta»
sería perjudicial para todas las partes. De hecho, en una coyuntura de encuentro abierto,
sería lo único que podría servir a los intereses de todos (RAFI 1999).
Las acciones que Compitch implementó para que se suspendiera definitivamente este proyecto
estuvieron dentro de los márgenes lícitos y legales. Así, envió un oficio a
Semarnap, Conabio, Secretaria de Salud, Conacyt, gobernador del estado de Chiapas, Comisión del
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, Congreso del estado de Chiapas,
INE y Ecosur, en el cual argumentó su inconformidad sobre la operación del proyecto;
solicitando la suspensión del mismo y proponiendo que Semarnap y el Senado de la República
iniciaran foros con especialistas y consultas a la población para que se estructurará un
marco legal concensuado en relación con esta materia.
Por otra parte, inició una campaña amplia de información a las comunidades de la
región y el estado sobre las características de este tipo de proyectos, con la finalidad
de que ellas decidieran libremente si participaban o no. De igual manera, se llevaron a cabo entrevistas
informativas con periodistas de algunos medios de difusión nacionales e internacionales, y se
invitó, en varias ocasiones, a todo el personal de Ecosur para que, si lo deseaban, obtuvieran
más información de Compitch. Cabe señalar aquí que pocos fueron los
investigadores de Ecosur que se acercaron por esta información. Por último, Compitch
contactó indígenas y organizaciones nacionales y extranjeras que tenían este tipo
de problemas o que eran especialistas en la materia. Con base en todas estas acciones, y principalmente
en la campaña de prensa, Semarnap interviene y trata de mediar, conformando una mesa de
negociación. Se llevaron a cabo reuniones en el Distrito Federal, Ecosur y Ciesas Sureste, sin
llegar a acuerdo alguno. La posición de Compitch fue (es) la de realizar una consulta
pública amplia en relación con el acceso a los recursos naturales; la propuesta de
ICBG-Maya siempre fue en el sentido de una consulta a diez comunidades —cinco del
proyecto ICBG-Maya y cinco de Compitch.
En la reunión del mes de mayo del año dos mil, en la ciudad de México, a la cual
asistieron funcionarios de Semarnap, INE y Profepa, mediante denuncia de Compitch, el doctor Berlin
aceptó haber extraído diversas especies de plantas medicinales mexicanas para llevarlas a
Estados Unidos, las cuales «fueron seleccionadas para investigación
etnobotánica». El etnobiólogo Berlin se justificó aduciendo que el
envío de las plantas a la universidad estadounidense de Georgia fue «de buena fe»
(Pérez 2002: 23). Compitch exigió a Semarnap que el doctor Berlin presentara un informe
pormenorizado de las especies de plantas que se llevó a Estados Unidos y, además, anexara
un inventario de los 35 años de investigación de la herbolaria del sureste mexicano.
Pidió a Semarnap buscara en sus archivos el permiso otorgado a Berlin para que exportara plantas.
El doctor Berlin presentó una lista de diez plantas que se encuentran en la universidad de
Georgia, mas no el informe pormenorizado de sus 35 años de saqueo de plantas en Chiapas. Semarnap
no encontró en sus archivos permiso alguno otorgado a Berlin para extraer plantas de
México.
Ante este delito, Semarnap guardó silencio y no tomó cartas en el asunto.
El apoyo a Compitch —en este proceso de discusión— de asesores externos
indígenas y no indígenas, institucionales y no institucionales, fue un elemento —no
el único— importante para la cancelación del ICBG-Maya. Un mínimo de asesores
tenía la posición de «negociar» con el Proyecto. Su lógica era:
«si de todas maneras nos van a robar los recursos naturales, pues hay que negociar y sacar lo
mejor que podamos». La contra lógica era: «si te dice un ladrón que, quieras o
no, te va a robar en tu casa, que mejor negocies la venta de tus propiedades para que no salgas
perdiendo tanto, ¿negociarías?». Ante estas dos posiciones se realizó una
consulta en las comunidades de Compitch, aceptándose la segunda. Las comunidades dijeron NO
negociamos nuestras plantas. Así, Compitch continuó con su lucha. A partir de este momento
Compitch y sus asesores fueron calificados por el ICBG-Maya y algunos investigadores de Ecosur, o
afines, como intransigentes y radicales.
La información a las comunidades sobre el proyecto ICBG-Maya prosiguió de forma más
acentuada. Algunos proyectos de Ecosur, que no tenían relación con el del doctor Berlin,
se vieron afectados en su relación comunitaria. Los principales investigadores de ese centro
percibieron que podía haber repercusiones sobre otros proyectos y presionaron a su director para
que cancelara el proyecto del ICBG-Maya.
Por otro lado, y como un penúltimo intento por salvar su proyecto, el gobierno de Estados Unidos
envió al responsable de asuntos económicos de su embajada en México a negociar con
los asesores de Compitch: intento infructuoso, pues las comunidades ya habían expresado su
decisión. El enviado de la embajada argumentó que su gobierno tenía que proteger
las investigaciones e intereses de sus empresas a través del sistema de patentes; además,
que los países europeos estaban en gran competencia con Estados Unidos por los recursos naturales
de los países que los tenían, y que las plantas medicinales servirían para elaborar
medicamentos benéficos para toda la humanidad (Compitch 2000).
El 25 de septiembre del año 2000, a través del oficio 126/200, el director de la Unidad
Coordinadora de Análisis Económico y Social de Semarnap, Pedro Álvarez Icaza, dio a
conocer la decisión oficial de rechazo al permiso de colecta científica que le
presentó ICBG-Maya. Con esto, prácticamente, el proyecto quedaba cancelado (Pérez
2000: 41). El 28 de octubre del mismo año, en comunicado del periódico La Jornada
(García 2000: 43), Ecosur desiste de proseguir con el proyecto. No obstante, persiste en
dirigirse a los asesores «no indígenas» para que tengan «… un cambio de
actitud con base en la convicción de que el diálogo constructivo siempre nos podrá
llevar a encontrar nuestros puntos de coincidencia, que buscan impulsar el desarrollo de los pueblos
indios y los campesinos de México».
Pero la situación no terminó ahí. El doctor Berlin declaró: «Han
ganado la batalla pero no la guerra». Efectivamente, hizo otro intento por continuar con el
saqueo. Organiza a los colectores que habían trabajado hasta ese momento en su proyecto. Los
anima a conformar una nueva organización que pudiera contrarrestar a Compitch y que sirviera a
sus intereses. Asimismo, les elabora el proyecto ICBG-Maya «modificado» o
«disfrazado»; el cual presentan a la Secretaría de Pueblos Indios del Gobierno de
Chiapas, Sepi, para ser avalado. Sepi no cae en su juego y rechaza el apoyo al proyecto. Compitch se
entera de esta situación y da parte al gobierno estatal. Este interviene y convoca a nueva
reunión para mediar. Compitch exige la salida del doctor Berlin de Ecosur. Su director lo
defiende, argumentando que el descontento de Compitch es «debido a que es gringo». Compitch
argumenta que no es por esa condición sino porque ha violado acuerdos y reglamentos de la propia
institución donde labora. Esta argumentación de Compitch no fue tomada en cuenta por el
director de Ecosur, ya que él era empleado del doctor Berlin en el proyecto ICBGMaya.
CASI EL FINAL...
Los intentos del doctor Berlin al presentar, a través de un grupo de sus colectores
indígenas, un «nuevo» proyecto al gobierno estatal, para ser avalado por éste,
fueron infructuosos. Los integrantes de esta nueva organización, formada por Berlin, denominada
Organización para la Conservación de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas,
Ocomitch, se percataron de estas intenciones y se deslindaron del etnobiólogo norteamericano.
Esta organización, actualmente, sigue su camino paralelo y con los mismos objetivos que los de
Compitch.
El doctor Berlin prepara la publicación de su Enciclopedia de la Medicina Maya, continuando
así las acciones de apropiación de los conocimientos de los médicos
indígenas de Chiapas.
Compitch, al parecer en descanso, prosigue en su proceso de monitorear a los biopiratas, desarrollando y
defendiendo su conocimiento y práctica médica. Sobre esta problemática el doctor
Javier Lozoya declaró:
Hoy más que nunca surge para nosotros, los países pobres, una alternativa de convertirnos
en productores de nuestros propios medicamentos, adecuando a nuestras necesidades de salud los recursos
y las tecnologías que nos son propios; revalorando nuestro bagaje herbolario y
desarrollándolo a una nueva dimensión científica y tecnológica que sea
aplicada en beneficio de la salud de los mexicanos y que no necesariamente siga los consabidos
procedimientos que las sociedades ricas quieren imponer a los demás (Lozoya 1982: 4).
Desafortunadamente, el Dr. Javier Lozoya, quien hasta el momento de la declaración anterior
jugó un eminente y reconocido papel en la investigación de la herbolaria medicinal en
México, en 2009 se convirtió en agente de ventas de la compañía trasnacional
mexicana
Genomma Lab. Internacional.11
El proyecto operativo ICBG-Maya fue el hilo conductor para lanzar una mirada
dialéctica por la herbolaria medicinal; para desnudar elementos escondidos o disfrazados bajo un
discurso —y un quehacer— aparentemente «aséptico» y «neutro»,
que expelen políticos disfrazados de científicos.
Desnudamos algunos de los mecanismos económicos, políticos e ideológicos que el
poder utiliza para lograr la acumulación de capital a través de un proceso
histórico de fetichización de los recursos herbolarios.
En el trascurso de este ensayo también surgieron preguntas que llevan implícitas algunas
posibles respuestas: el cuestionamiento sobre la «asepsia» de las ciencias sociales y,
principalmente, las biológicas, supuestamente ajenas a toda carga política e
ideológica. La ética, el compromiso social, el involucramiento y los intereses de los
sujetos que realizan investigación bio-socio-médica. La pregunta, ¿se debe realizar
bioprospección de los recursos de la medicina indígena? Y la respuesta: Sí…
pero ¿bajo el control de quién(es)?, ¿para beneficio de quién(es) y
quién debe determinar la equidad de estos beneficios?
También el proyecto ICBG-Maya fue un buen pretexto para descubrir que la salud de las poblaciones
más desprotegidas económica y socialmente no es el fin último de los mecanismos de
fetichización de la herbolaria medicinal, sino la obtención de un «producto»
para una «buena venta». Y que en este proceso confluyen intereses trasnacionales con
características de paradigma dominante sobre la política institucional del gobierno
mexicano; incidiendo y coincidiendo, a la vez, con los intereses de empresas comerciales privadas e
instituciones de investigación sociomédica y biológica a escalas nacional y
trasnacional.
Una de las lecciones aprendidas por todos los participantes en este proceso, principalmente de los
integrantes del ICBG-Maya como de Compitch, es que ningún proyecto de bioprospección de
herbolaria medicinal a gran escala se puede llevar a cabo sin el consentimiento de la mayoría de
la población en donde se va a ejecutar, previa información completa y veraz.
Otra es que los pueblos indígenas, con su participación plena, acuerdos de seguridad y
apoyos adecuados, pueden tomar la dirección de proyectos de bioprospección de herbolaria
medicinal en sus respectivas regiones.
Por último, demostramos que el proyecto de bioprospección ICBG-Maya, como la
mayoría de proyectos de bioprospección en el mundo, tienen no únicamente
componentes biológicos, sino también científicos, políticos y sociales
escondidos en la fetichización de esta actividad etnobotánica. Que la mayoría
esconden, y responden, a intereses propios de naciones que compiten por los recursos naturales de los
países pobres, imponiendo políticas y estrategias sobre gobiernos, instituciones, empresas
y grupos de poder —económico y político— nacionales.
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La Biodiversidad o diversidad biológica comprende toda variedad de seres
vivos que existen en la tierra, en el mar o en los ríos.
Los seres vivos son la materia prima a partir de la cual se pueden obtener recursos
genéticos.
Los Recursos Genéticos son muestras o extractos de material orgánico, tales como
plantas, hongos, insectos, animales e incluso genes humanos, que tienen un uso potencial o real para la
humanidad.
Partiendo de los conceptos anteriores definiremos a la Bioprospección como la
exploración, extracción e investigación de la diversidad biológica y los
conocimientos indígenas en busca de recursos genéticos y bioquímicos de valor
comercial (Rothschild 1996:35).
Siguiendo este último concepto, la Biopiratería es la apropiación o
patentización de recursos genéticos y bioquímicos, provenientes del conocimiento
indígena, principalmente, por parte de países del Hemisferio Norte, sin reconocimiento o
compensación justa y proporcional a los beneficios que, en última instancia, se
derivarán de los conocimientos originarios.