LAS POLÍTICAS CULTURALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ARGENTINA
RESUMEN:
Este artículo tiene por objeto presentar el trabajo que desde el proyecto de investigación Políticas Culturales en los Gobiernos Locales , la Universidad Nacional de Tres de Febrero viene desarrollando en este campo poco explorado del quehacer público en cultura. El trabajo en cuestión consiste en un estudio de casos mediante herramientas metodológicas tales como entrevistas en profundidad, observaciones, grupos focales, análisis presupuestario y observaciones participantes. Desde el 2007 a la fecha, doce municipios han sido objeto de estudio en Argentina. Lo que aquí se presenta son reflexiones en torno a algunos de los resultados hasta ahora obtenidos, los cuales se organizan en los siguientes temas: el desarrollo institucional, los objetivos, la nominación del destinatario y los recursos disponibles. Finalmente, se hace un balance de la actual situación que los gobiernos locales en la Argentina presentan en materia de políticas culturales y cuáles podrían ser algunos caminos para avanzar en un sentido que haga de las políticas culturales locales una fuente de desarrollo y de construcción de lazos sociales.
PALABRAS CLAVE:
políticas culturales, gestión cultural, cultura local, políticas culturales locales.
ABSTRACT:
The objective of this article is to present the work that the Argentine National University of Tres de Febrero has been developing in the practically unexplored field of public engagement with culture, based on a research project on Cultural Policies in Local Governments . This piece of research consists of a study of cases using various methodological tools, such as in-depth interviews, observations, focal groups, budget analysis and participant observations. From 2007 to the present, twelve municipalities have been the object of study in Argentina. This article presents reflections about some of the results obtained so far, which are organized under the following themes: institutional development, objectives, nomination of target groups, and resource availability. Finally, a balance is made regarding the current situation that local governments in Argentina present in terms of cultural policies and which could be some pathways to follow in order to turn local cultural policies into a source of development and a means to construct social bonds.
KEY WORDS:
cultural policies, cultural management, local culture, local cultural policies.
En el último medio siglo las políticas cultuales han
tenido importantes avances tanto en términos de praxis política, como conceptuales. Aunque
desde la academia se ha generado una voluminosa bibliografía especializada, el quehacer cultural
de los gobiernos locales puede decirse que es un recién llegado a este campo. Las
políticas públicas en cultura que despliegan los gobiernos locales han sido un objeto de
estudio escasamente visitado y su escaso desarrollo debe reconocerse en el esfuerzo de redes de ciudades
(Agenda 21 para la Cultura, Interlocal, Federación Española de Municipios y Provincias,
etc.) más que de ámbitos estrictamente académicos.
Lejos de ser la excepción, en la Argentina no existen trabajos especializados de base
empírica sobre la materia. Es en este contexto donde la Universidad Nacional de Tres de Febrero
impulsó el proyecto de investigación Políticas Culturales en los Gobiernos Locales
que presentaremos a continuación.
La República Argentina ha adoptado para su gobierno la forma «representativa republicana
federal»1. En tanto republicano, el gobierno se reparte entre tres poderes: ejecutivo, legislativo
y judicial. Por su parte, del carácter federal se desprende la coexistencia de un gobierno
central («federal») y de 23 provincias, a lo que hay que sumar la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A su vez, cada provincia establece hacia el interior de su territorio diferentes formas de
gobiernos locales, prevaleciendo la forma de municipio. También en algunos casos se da la
organización en departamentos, los cuales están integrados por más de un municipio,
y en los casos de bajo número de habitantes los gobiernos locales tienen un rango menor al de
municipio, adoptando, por ejemplo, la forma de comunas. En el total del país coexisten unos casi
3,000 gobiernos locales, de los cuales unos 2,000 revisten el carácter pleno de municipios, y los
restantes formas menores.
Siguiendo la consigna constitucional de republicanismo, los municipios poseen gobiernos tripartitos: un
ejecutivo, que por lo común adopta la forma de intendencia, un legislativo (Honorable Concejo
Deliberante) y un judicial (Tribunal Municipal de Faltas). La tradición histórica en la
Argentina ha dado por resultado que tanto a nivel nacional como de las provincias y los municipios, el
peso del ejecutivo sea mayor que el de los otros dos poderes.
La estructura institucional de una intendencia por lo común consta del intendente y una
diversidad de secretarías, subsecretarías y direcciones.
Tal como sucediera en otras partes del mundo, hasta no hace mucho los gobiernos locales en la Argentina
tenían funciones muy acotadas, como el ordenamiento del espacio público, la
prestación de algunos servicios básicos y poco más. Las transformaciones del Estado
que se dieron en la década de los noventa tuvieron por corolario un mayor empoderamiento de los
gobiernos locales, en parte como resultado de una política desbocada de descentralización
que no tenía por objeto el aumento de la capacidad del gobierno local sino la reducción
del Estado central, y en parte por una revalorización de lo local cuyos orígenes
habría que buscar, entre otros, en un reflujo de las fuerzas globalizadoras.
Como sea, lo cierto es que cuando el gobierno nacional, siguiendo los lineamientos del Consenso de
Washington, se desentendía de su rol de actor principal del desarrollo delegando esta
función en el mercado, los gobiernos locales emergían a una «mayoría de
edad», como es habitual decir. Ya no sólo se encargaron de la limpieza de las calles y el
alumbrado público, sino que cargaron sobre sí la responsabilidad de ser protagonistas de
sus propios procesos de desarrollo, de proveer servicios de mayor alcance y complejidad, y de trasvasar
sus fronteras y la tutoría provincial para entablar contactos con el mundo entero.
La denominada crisis de diciembre de 2001, que tras fuertes movilizaciones populares marcó el
final del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, fue la bisagra en cuanto a la
visión del rol del Estado en la Argentina. Desde entonces, y sobre todo desde la asunción
de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, comienza un proceso que, si bien no puede ser
caracterizado como de vuelta atrás, sí tiene un eje en la revalorización del papel
del Estado como procurador del bien común. Un elemento que, sin embargo, marca una continuidad,
es la valorización del ámbito local como espacio de desarrollo dada su condición de
proximidad con la ciudadanía.
En el terreno de la gestión de políticas públicas en cultura, la Argentina tiene en
la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente en forma directa del Ejecutivo
nacional, la nave insignia de su política cultural. A la Secretaría se vinculan una serie
de organismos descentralizados y, como tales, con un fuerte poder de autodeterminación respecto
de aquélla, como sucede con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto
Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, etc. Las provincias, por su
parte, presentan disímiles soluciones institucionales para el desarrollo de sus políticas
culturales. La mayoría cuentan con secretarías, otras con ministerios, y algunas con
institutos, entes o formas similares. Decir qué sucede en los municipios en este sentido no
resulta tarea sencilla dado que no existe un registro que dé cuenta de las agencias de cultura de
los gobiernos locales de todo el país, y de hecho nos consta que no todos los gobiernos locales
cuentan con un área dedicada a cultura. Cuando sí las tienen, sus rangos institucionales
van desde subdirecciones hasta secretarías, como ya dijéramos, pero dada la falta de
información confiable no podemos afirmar que no existan agencias que adopten otras formas.
Hasta aquí una breve descripción del contexto político institucional en que se
desarrollan las políticas culturales en la Argentina y en el que se ha venido trabajando desde el
proyecto de investigación Políticas Culturales a Nivel Local, el cual a
continuación describiremos con mayor precisión antes de explayarnos sobre algunos de sus
resultados.
Las políticas culturales comienzan un proceso de reconocimiento en paridad con otras
políticas públicas en la década los sesenta, fuertemente impulsado, entre otras
instancias, por la UNESCO. En las décadas siguientes se impulsó un trabajo de desarrollo
conceptual e investigativo en numerosos países, como bien describe Néstor García
Canclini (1987). Hacia fines de los ochenta, los estudios sobre políticas culturales en
Latinoamérica habían transitado de las descripciones burocráticas a la
conceptualización crítica, de las cronologías y discursos a la investigación
empírica, de las políticas gubernamentales a los movimientos sociales, y de los
análisis nacionales a la investigación internacional. Por su parte, Juan Luis Mejía
Arango (1999), en un artículo que se presenta como continuación del antes mencionado y que
da cuenta de las transformaciones en el campo de las políticas culturales latinoamericanas en los
últimos veinte años, pone de relieve un muy nutrido trabajo que, sobre todo desde el campo
de los estudios culturales, múltiples intelectuales y centros de estudio vienen realizando en
nuestro continente. Sin embargo, se pregunta el autor, «¿por qué motivo semejante
producción intelectual no logra influir de manera contundente en las políticas?»,
poniendo de manifiesto un aparente divorcio entre el campo del pensamiento y el de la gestión
pública en la materia.
La Argentina no ha estado ajena a este proceso descripto para el general del continente impulsado por
García Canclini y Mejía, por los tempranos trabajos de Edwin Harvey (1990),
fundamentalmente orientados al estudio de la institucionalidad y la legislación comparada, y por
otros autores como Adolfo Colombres (1991) o Ezequiel Ander-Egg (1986, 1992), sin olvidar la fuerte
impronta que en estas tierras ha tenido el catalán Tony Puig Picart (1994, 1995, 2000). La
producción intelectual que en las últimas décadas sucediera a estos primeros
nombres es prácticamente inabarcable: Ricardo Santillán Güemes y Héctor Olmos
(2001, 2004) impulsan desde sus producciones una permanente reflexión sobre la práctica de
la gestión cultural, Ana Wortman (2005, 2009) ha analizado las transformaciones recientes en el
campo cultural, de los medios de comunicación y los consumos culturales, Octavio Getino (1995,
2006) ha generado una cuantiosa producción sobre las industrias culturales, Rosalía
Winocur (1996), con un libro prácticamente desconocido, ha aportado uno de los más
lúcidos trabajos de evaluación sobre la implementación de un programa cultural, y
el recuento podría dilatarse ampliamente. Sin embargo, en este muy desarrollado estado del arte
prácticamente no aparece el problema de las políticas culturales a nivel local2 dado que
las iniciativas de los gobiernos locales en cultura no fueron objeto de reflexión por parte de la
academia y menos aún de investigación empírica.
Es en este contexto, y en virtud de esta falencia, cuando en el año 2007 comienza a tomar forma
en la Universidad Nacional de Tres de Febrero el equipo multidisciplinario de investigación que
llevará adelante el proyecto Políticas Culturales a Nivel Local.
Si bien la escasa información previa sobre la materia obligó a que las primeras etapas
fueran eminentemente exploratorias, desde un principio estaba claro que el objetivo del trabajo
consistía en sondear los modelos de gestión puestos en acción por las agencias de
cultura de los gobiernos locales, su factibilidad para el desarrollo de políticas culturales y su
aporte a la capacidad estatal, entendida esta última como «la aptitud de las instancias de
gobierno para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos niveles
posibles de valor social» (Repetto 2003).
Desde lo metodológico, el proyecto consiste básicamente en una serie de estudios de caso.
Las primeras herramientas que se diseñaron para el trabajo fueron entrevistas en profundidad a
los funcionarios, observaciones de los ámbitos de trabajo y análisis presupuestarios. Ya
desde el principio se hizo evidente la necesidad de prestar oídos a los destinatarios de las
políticas, por lo que se comenzó a aplicar el método de grupos focales y, por
último, en el 2009 se implementó el trabajo etnográfico a través de la
participación activa en las agencias estudiadas de miembros del equipo de
investigación.
Hasta la fecha han sido estudiados doce municipios de la provincia de Buenos Aires, nueve pertenecientes
al denominado Gran Buenos Aires3 (cinturón urbano que rodea a la ciudad de Buenos Aires) y tres
en el interior de la provincia.
A continuación se presentan brevemente algunos aspectos que el trabajo de investigación ha
develado sobre el quehacer cultural de los gobiernos municipales en la Argentina. Los distintos
tópicos en que se organiza la presentación en modo alguno representan todas ellas ideas
desarrolladas por el autor, sino que son el trabajo de los distintos miembros del equipo y del esfuerzo
de reflexión conjunta.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
El primer elemento a destacar, y que debe servir de marco para lo que más abajo se
comentará, es el hecho de que las políticas culturales van ganando espacio en la
definición de las agendas de los gobiernos locales estudiados. Dos indicadores que apuntan en
este sentido son: el desarrollo institucional y el avance en la participación presupuestaria que
en los últimos años muestran los casos estudiados.
Aunque el tema presupuestario se abordará adelante con más detalle, digamos sin embargo
que la estructura presupuestaria es un indicador reflejo de la agenda pública, es decir, de los
temas que para un determinado gobierno han adquirido el rango de problema público.
Entre las agencias municipales de cultura estudiadas existen las que podríamos caracterizar como
de muy larga data y que presentan el mismo rango institucional desde hace décadas, como por
ejemplo la del municipio de Avellaneda.6 Otras, que constituyen la mayoría de los casos
observados, han ido «ganando posiciones» en el organigrama del ejecutivo municipal. Un
ejemplo de este tipo es el municipio de Moreno,7 que hasta el año 2006 incluía cultura
simplemente como una mención dentro de una Coordinación General de Gobierno y Relaciones
con la Comunidad, en la que se concentraban junto a cultura temas tan disímiles como defensa
civil, comunicaciones, protocolo o juzgado de faltas. En el año 2007 se creó un programa
en este municipio que tenía como únicos campos de trabajo relaciones institucionales y
culturales, y finalmente en el 2008 se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas.
Aun en aquellas dependencias de cultura que, como mencionábamos antes, poseen un rango
histórico, es posible detectar elementos que manifiestan un avance en la política
cultural. Siguiendo por ejemplo con el caso de Avellaneda, se debe mencionar que sus institutos de
formación artística, de reconocida excelencia académica más allá del
distrito, recientemente han sido trasformados en universidades.
LOS OBJETIVOS
Si bien los objetivos de una política pública son el resultado de la disputa y
negociación permanente entre los actores que intervienen en el campo en cuestión
—funcionarios, estructura burocrática, normativas vigentes, grupos de influencia,
opinión pública, etc.—, también es cierto que la sedimentación de
experiencias, la tradición, el campo académico y otros factores impulsan la
institucionalización de objetivos «básicos» que presumiblemente serían
esperables de dicha política pública (Subirats 1989).
En el terreno de las políticas culturales podemos decir que entre los más difundidos de
estos objetivos «básicos» institucionalizados se hallan la consolidación de
valores nacionales, la difusión universal de las manifestaciones culturales a la
ciudadanía, la promoción de la producción artística, la preservación
del patrimonio y. más recientemente, el respeto por la diversidad cultural y el empleo de la
cultura como un factor paliativo para problemas sociales no tradicionalmente vinculados al campo
cultural. Así, hoy se entiende que desde las políticas culturales se puede aportar a la
generación de empleo, a la inclusión social, al fortalecimiento de la ciudadanía,
etc.
En el marco de la investigación, la principal herramienta diseñada para captar los
objetivos de las políticas culturales municipales es la entrevista en profundidad realizada a los
funcionarios de primera línea. De lo que éstos manifiestan se desprende que participan del
discurso generalizado respecto de lo que hemos denominado objetivos “básicos” que
circula en el mundo occidental desde hace décadas. En el análisis tanto de los objetivos
expresados por los directivos como de aquéllos implícitos en sus gestiones, Marcela
Rebón (2011) ha identificado lo que denomina «tres grandes ejes» sobre los que se
orientan las políticas culturales locales: social, político y económico. Entre los
objetivos sociales son de destacar la inclusión social, la reducción de las desigualdades
y la mejor distribución de los servicios culturales. En el eje político se pueden
mencionar el fortalecimiento de los valores democráticos de la sociedad y la reducción de
los niveles de conflictividad social. Por último, en el registro económico se trabaja en
la generación de emprendimientos de base cultural, en la capacitación para la
inserción en el mercado laboral y en el desarrollo de una oferta turístico cultural.
LA NOMINACIÓN DEL SUJETO DESTINATARIO
A partir del cogito cartesiano, y con ello podríamos decir de la modernidad misma, la figura del
sujeto se torna central en las formas sociales que caracterizamos como modernas. La forma en que el
sujeto es nominado no es un factor menor en la constitución de éste.
Históricamente, el sujeto en los sistemas políticos democráticos representativos lo
constituía el ciudadano, el ciudadano era el soberano, por y para el que el sistema
político desplegaba su dinámica. Como bien analiza Ignacio Lewkowicz (2004) para el caso
argentino, las transformaciones ocurridas durante los 90 —siguiendo los vientos del Consenso de
Washington—, instalaron la figura del consumidor como un nuevo sujeto del sistema
político,10 «estamos ante el agotamiento práctico de un modelo de lazo
social», dirá Lewkowicz. En el marco de la investigación, José Basualdo hizo
una revisión analítica de las Constituciones argentinas (1853, 1949, 1994) constatando, no
sólo las afirmaciones de Lewkowicz, sino también la importancia que la cultura
revestía en la malograda Constitución de 1949.
Teniendo en cuenta este antecedente histórico, José Tasat (2011) se pregunta quién
es el actual sujeto de las políticas culturales municipales: «Las políticas
públicas, se dirá, como curso de acción de los derechos o las demanda de la
sociedad, construyen un destinatario, que es nombrado en sus atributos». Así, el
destinatario de las políticas educativas es el alumno, de las políticas sociales, el
beneficiario, o de las políticas económicas, empresarios y trabajadores. Por su parte,
para las agencias de cultura municipales estudiadas el destinatario de sus políticas es «el
asistente».
La nominación prefigura al sujeto, se constituye en institución y es instituyente, y
modela los comportamientos de los actores intervinientes en la dinámica de la transacción
cultural que el municipio propone: prestadores del servicio y beneficiarios están en alguna
medida condicionados por ésta. En el campo educativo, por ejemplo, la histórica
adopción del vocablo alumno, de origen griego, nos habla de una continuidad con la cultura
grecolatina del mundo occidental. Por otra parte, alumno es el que se alimenta y que alimenta su
espíritu a través de la enseñanza, siguiendo preceptos iluministas. El asistente,
por su parte, es simplemente «el que concurre y está presente» en la eventual
acción en que la cultura es puesta en acto. Esto tiene algunas implicancias interesantes: por un
lado, y en el plano de la filosofía misma de la política cultural en juego, el asistente
se acerca al fenómeno cultural pero no es parte de él. Por otra parte, y en
términos de gestión, esto actúa como una limitante de las aspiraciones de
resultado, dado que la sola asistencia da por cumplida la misión de la agencia de cultura; un
conteo es todo el mecanismo de evaluación necesario, dejando fuera de foco el verdadero impacto
que en términos socioculturales pudiera haber tenido la política.
LA VOZ DE LOS «ASISTENTES»
En el marco de la investigación, los grupos focales promovidos por Lorena Fiore constituyen los
espacios donde la voz de los beneficiarios de las políticas culturales locales es escuchada. Dos
son los resultados más relevantes del análisis de las entrevistas: el tránsito de
una situación de agradecimiento conformista hacia una visión crítica y de demanda,
y los imaginarios que los destinatarios construyen en relación a su apropiación de la
oferta cultural.
La Argentina es un país con una larga tradición en derechos sociales, tal vez el
más notorio de éstos es el derecho a la educación primaria pública, laica y
obligatoria, sancionada por la ley 1420 de 1884. La ampliación y férrea
internalización en la sociedad de los derechos sociales se dio durante los gobiernos peronistas
(1946-1955). Posteriormente, la ola neoliberal, que en el país tuvo su germen en 1976 con la
dictadura militar y fue decididamente abrazada en la década de los noventa, ocasionó una
reingeniería social en la que los derechos sociales fueron uno de los factores a combatir. A
pesar de ello, en el imaginario social pervivió la noción de derecho social, aunque el
concepto se asocia más habitualmente a temas tales como educación, seguridad, salud,
hábitat o espacios públicos que a cultura. Por lo general, la cultura es sólo
considerada como un derecho por quienes de alguna forma participan del campo artístico-cultural,
no así por el grueso de la ciudadanía.
En este marco, la primera reacción de los vecinos que, ajenos habitualmente a la cosa cultural,
se acercan a la oferta de servicios que les ofrece el municipio, es de gratitud y tienden a magnificar
el servicio. Un indicador de ello es que, ignorantes de la inversión de la comuna en los
servicios de los que hacen usufructo, tienden a creer que ésta es mayor de lo que en realidad es.
Sin embargo, quienes participan de los servicios rápidamente internalizan la noción de
derecho cultural y, como corolario, el agradecimiento por un servicio no esperado se convierte en
demanda, y la demanda no transita sólo por el eje prestación-no prestación, sino
que se sumerge más profundamente para exigir calidad en el servicio. Llegada la instancia del
reclamo, los aspectos más demandados son: mayor difusión de las propuestas, mayor carga
horaria para las actividades y mayor nivel de profesionalización en la organización de los
servicios.
Como dijéramos anteriormente, otro de los resultados destacados en los grupos focales de
beneficiarios es la forma en que las personas perciben en sus imaginarios los servicios culturales. Tras
analizar múltiples entrevistas, hemos podido construir tres metáforas que responden, de
manera global, a la visión que la mayoría de los participantes11: el atelier, la
proveeduría y la clínica.
En tanto atelier, los talleres son vistos como espacios de formación artística, de
aprendizaje y de capacitación para poder acceder a alguna salida laboral; pero al promover la
internalización de un canon estético hegemónico, en este sentido, y siguiendo a
Miller y Yudice (2004), estos espacios actúan como formadores del gusto por excelencia. Como
proveeduría, las agencias de cultura son el destino de muchos ciudadanos que, o bien buscan
satisfacer necesidades y por tanto demandan servicios o, mayoritariamente son parte del campo
artístico y ven en éstas una fuente de recursos que van desde espacios para exponer sus
producciones hasta fondos para costear sus formaciones, pasando por recursos técnicos para sus
espectáculos, etc. Por último, están aquellos ciudadanos que asisten en busca de un
espacio terapéutico, sea por iniciativa propia o profesional. Las prácticas
artísticas serían en este sentido un espacio para la distención, para contactar con
elementos anímicos que la enajenación de la vida moderna mantiene acallados.
El presupuesto constituye una herramienta para la definición de la agenda pública y, en
función de las partidas asignadas, el gobierno establece la trascendencia que las distintas
áreas tienen para su gestión.
El análisis de la situación presupuestaria en los municipios estudiados arroja resultados
encontrados: por una parte, desde una perspectiva estrictamente cuantitativa la situación resulta
muy alentadora; pero, por otra, la denominada «cultura del presupuesto» a que aspiran las
sucesivas transformaciones del Estado, dista bastante de ser lo esperado en muchos distritos.
El análisis presupuestario se realizó con base en modelos del campo de las
políticas culturales. Siguiendo esta línea, el principal objetivo del trabajo
consistió en establecer los montos totales asignados a la agencia de cultura local, su
participación del presupuesto total del distrito, el gasto por habitante y la evolución en
el tiempo para series trienales de estas variables, y efectuando comparaciones con variables similares
para el orden nacional y provincial.
Sobre la participación del total del presupuesto cabe una consideración previa. Existe un
axioma basado en una supuesta recomendación de la UNESCO —recomendación que, hasta
donde nuestro rastreo llegó, nunca logró formalizarse como tal— que exhorta a que
los países miembros asignen el 1% del presupuesto a cultura. Esta consigna se ha convertido en un
reclamo permanente del sector cultural. En Argentina, el presupuesto de la Secretaría de Cultura
de la Nación está estacionado en el orden del 0.1%13 y el de la provincia de Buenos Aires
en el 0.35%. Sin embargo, los municipios estudiados están todos, salvo alguna excepción y
para algún período particular, por encima del 1%, llegando este valor hasta el 4%,
lo cual también constituye una excepción.
En un contexto inflacionario del orden del 10% anual para los indicadores oficiales (y el doble para los
privados), obviamente los presupuestos públicos han ido creciendo significativamente de ejercicio
en ejercicio, por lo que el gasto por habitante debe ser considerado año a año. Para el
año 2007, tomado como ejemplo por ser uno de los que más datos consignan, la nación
invertía 3.46 pesos/habitante ($/h), la provincia 7.09 $/h, en tanto que los municipios
estudiados oscilaron entre 4.92 y 22.0 $/h.
La evolución en el tiempo de las variables indica, además, un incremento en el aporte
destinado a cultura en los gobiernos locales, mientras que en la nación y en la provincia de
Buenos Aires se encuentran estacionados en los porcentajes que mencionamos, 0.1% y
0.35% respectivamente. Los municipios muestran entonces un avance en la participación de sus
presupuestos, aunque es más difícil hacer una generalización para el comportamiento
global de las variables que para su análisis individual. Digamos por ejemplo, que Florencio
Varela14 avanzó desde el 1.28% en 2005 hasta un 2.61% en 2008.
Sin embargo, el dato tal vez más inesperado lo representa el importante aporte en términos
absolutos que los municipios realizan en relación a la nación o la provincia. En el
año 2007, por ejemplo, la suma del presupuesto en cultura de ocho municipios representaba el
26.2% del presupuesto nacional, y el 33.8% del presupuesto provincial para el mismo lapso, lo cual rompe
con un prejuicio completamente infundado según el cual los gobiernos locales no son
significativos en términos de aporte financiero al sector cultural.
La situación de las agencias de cultura de los gobiernos locales en la Argentina presenta una
oportunidad para la generación de políticas de desarrollo, inclusión y
generación de lazos sociales de base cultural. Aunque el cuadro presenta algunas notorias
deficiencias, el sostenido desarrollo de la institucionalidad en los últimos años hace
pensar que los gobiernos locales son un terreno propicio para cambios reparadores en el área de
la cultura.
Sin pretender ser exhaustivos, mencionaremos a continuación algunos de los factores que alimentan
este diagnóstico. En primer lugar, debe destacarse el panorama alentador en términos de
avance de la institucionalidad en cultura que ya hemos mencionado. Parte del mismo proceso, pero que
amerita una mención especial, es en qué medida una parte muy significativa de los
funcionarios de cultura actualmente en funciones participan de lo que podríamos llamar el
discurso generalizado de las políticas culturales. Asumir esa base conceptual los hace entender
la cultura tanto desde un registro antropológico como estético, y ser partícipes de
ideas tales como el respeto por la diversidad, la democratización del acceso a los servicios
culturales, el aliento de la participación universal en el desarrollo cultural, los derechos
culturales, etc. No puede dejar de mencionarse como un factor positivo la base material con la que
cuentan muchos municipios15, y no sólo en términos estrictamente presupuestarios, tal como
hemos señalado más arriba, sino también en forma de infraestructuras como museos,
auditorios, centros culturales, etc.
Entre los factores adversos no pueden dejar de considerarse los déficits en materia de
herramientas de gestión de las agencias de cultura locales, los deficientes o inexistentes
mecanismos de evaluación, el desconocimiento y las alteraciones de las estructuras
presupuestarias, la falta de planificación, etc. Otro elemento a superar es la falta de
comunicación con otros actores y el consecuentemente deficitario —cuando no ausente—
trabajo asociativo. Las agencias de cultura de los municipios tienen un escaso diálogo con sus
destinatarios, con instancias superiores (órganos de cultura provinciales y/o nacionales, de
cuyas políticas a su vez son destinatarios), con otras agencias del propio municipio, con la
sociedad civil e incluso con otras agencias de cultura de otros gobiernos locales. Por último,
las áreas de cultura municipales están en deuda con la generación de propuestas
creativas e innovadoras que vayan más allá de talleres de artes, el espectáculo o
la preservación del patrimonio.
Para concluir, puede afirmarse que la generación de
políticas públicas de cultura por parte de los gobiernos locales en la Argentina ofrece el
panorama de un presente respetable y de un futuro alentador, pero para alcanzarlo habrá que
transitar una senda de trabajo y transformación.
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